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miércoles, 16 de octubre de 2024

RECLAMO , CLAVES AMERICANAS, MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS


Fuerte advertencia de los cardiólogos sobre la crisis de la especialidad
Apuntaron al éxodo de médicos, la deserción en las residencias y los bajos ingresos
Fabiola CzubajTres de cada diez cardiólogos pensaron en dejar la medicina
La entidad que agrupa a los cardiólogos advirtió sobre el “dramático estado” en el que los profesionales están trabajando en el país. Perciben, indicaron, que su trabajo –el acto médico– está devaluado. “Transitamos el peor escenario del que tengamos recuerdo: aun en la crisis de 2001 contábamos con personal médico numeroso, especialistas capacitados e instituciones viables. Todo eso se fue deteriorando y hoy no lo tenemos”, sostuvo Pablo Stutzbach, presidente electo de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Víctor Mauro, actual presidente de la SAC, apuntó como causa a una sucesión de “políticas erráticas y sin horizonte”.
En conferencia de prensa en la sede de la SAC, sus autoridades señalaron que la situación es tan apremiante a partir de los resultados de una encuesta entre sus miembros que esta semana, durante el 50º Congreso Argentino de Cardiología, dedicarán dos horas a un debate en el que se cruzarán autoridades de Salud, financiadores y prestadores. Será mañana y plantearán problemas que van desde cómo se financia y gestiona el sistema hasta los honorarios, las condiciones en las que se está trabajando en la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, y el valor que se les está dando a la formación profesional, la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.
“El 60% de los cardiólogos de una edad promedio de 47 años y una media de 12 años de formación están dispuestos a emigrar si consiguen una oferta laboral interesante en el exterior. Esa proporción crece al 80% entre los médicos que están haciendo la residencia”, dijo Mauro. “Incluso, tres de cada diez cardiólogos pensaron en dejar la medicina”, continuó.
Los datos surgen de una encuesta hecha en abril pasado a una muestra de 1475 cardiólogos y representativa de más de 6000 socios. La mayoría (85%) manifestó haber perdido capacidad de sostener el nivel de formación y actualización profesional por “limitaciones económicas”: en aquel momento, el 41% declaró retener un ingreso de bolsillo de entre $400.000 y $1,5 millones. “Prácticamente la mitad de los cardiólogos están en un nivel socioeconómico de clase baja superior o clase media baja”, había anticipado Mauro hace un mes.
Desde entonces, los honorarios “mejoraron un poco”, en gran parte por el acuerdo entre sociedades y asociaciones profesionales en fijar un honorario ético mínimo y en la atención de consultorio. Sin embargo, aún no terminan de actualizarse, según explicó ayer.
Tras repasar los resultados, las autoridades de la SAC atribuyeron esa caída sostenida a un gasto en salud por reordenar y actualizar. Fue, según explicaron, en función de que los financiadores del sistema de salud asumieron costos “cada vez más altos” de la atención de las enfermedades cardiovasculares en una población con mayor expectativa de vida que hace décadas.
“Hoy se detectan y tratan muchas enfermedades que antes no se diagnosticaban y no tenían tratamiento, pero esto tiene un costo económico que desborda al sistema y la variable de ajuste terminan siendo los cardiólogos y sus salarios”, expresó Stutzbach. En esa línea, para Mauro, “los aumentos de la inversión no les están llegando a los profesionales ni al recurso humano y vemos cómo eso atenta contra la posibilidad de formación individual y de los equipos, como así también contra la calidad de la atención”.
Pérdida de interés
Otro punto que abordaron durante la conferencia de prensa fue la preocupación por la pérdida de interés que observan en los médicos jóvenes por la residencia, junto con lo que definieron como una “caída en el perfil global académico” de los profesionales que se inscriben a los concursos de ingreso.
Como viene publicando la nacion, con cada vez más voces que reclaman que la residencia sea obligatoria para poder ejercer, se mantienen las dificultades para completar los cupos ofrecidos cada año, sobre todo en los centros privados especializados. En el sector público, en tanto, está siendo más alta la deserción una vez iniciada la residencia, según mencionó Sergio Baratta, vicepresidente 1º de la SAC.
“Sabemos fehacientemente que la calidad de la formación muestra un deterioro significativo –agregó Stutzbach–. Antes, quedar afuera [de la residencia] era jugar en otra división, no en primera. Pero eso hoy ya no ocurre. Como la medicina en general es una profesión muy exigente en la formación y actualización permanente, buscan caminos más cortos o cómodos.”
En paralelo, se está dando una migración de profesionales formados en el país, ya sea porque regresan a sus países o, en el caso de los argentinos, porque buscan mejores mercados laborales, más estables y mejor pagos. “Se van los mejores. Es una sangría que afecta al sistema y pone en peligro a la cardiología”, coincidieron las autoridades de la SAC.
“Es necesario trabajar más en mejorar un sistema de salud desigual y cuidar recursos humanos cada vez más deteriorados”, advirtió Mauro el mes pasado en el auditorio del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), al referirse con sus colegas a la crisis que atraviesa la práctica profesional. Casi un 60% de los cardiólogos, de hecho, considera que la sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad de la atención a sus pacientes.
“¡Queremos que nos escuchen, pero apenas nos oyen en este momento!”, planteó Mauro en la reunión del CACI, dos semanas después del “apagón de monitores”, un paro simbólico por 48 horas con el que especialistas en hemodinamia y cardiología intervencionista buscaron exponer la pérdida de valor de los honorarios.
En ese encuentro del 16 de septiembre, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, también el CACI y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) presentaron sus encuestas. Los datos relevaron, como en el trabajo de la SAC, un alto porcentaje de burnout, honorarios por debajo de la demanda laboral y el nivel de formación, escaso tiempo libre y familiar, falta de oferta de perfeccionamiento en las instituciones y alta percepción de corrupción en el sistema de salud y baja confianza en que la crisis que atraviesa vaya a cambiar.
Otros datos
En la SAC, ayer insistieron en que “el gran problema” del sistema de salud es que “no se puso como foco al paciente, cómo le va y la calidad de la atención que recibe”. En la encuesta, de hecho, un 76% de los cardiólogos respondió que “sí” a la pregunta sobre si había observado una disminución de los controles ambulatorios de sus pacientes. En el relevamiento del CACI, en tanto, surgía que un 77% percibía un aumento de los reclamos o quejas de los pacientes por demoras para la atención en el último año.
Más allá de insistir en “la necesidad de que la opinión pública comprenda la gravedad de la crisis que atraviesa la salud”, los tres cardiólogos presentes en la conferencia de prensa ayer mencionaron que tienen por delante “una batalla cultural” con los propios médicos para que se involucren a través de las entidades profesionales que los representan. Así lo consideró un 91% de los profesionales.
Para un 32,8% de los encuestados, la medicina en la Argentina va a empeorar en general, mientras que para un 33,9% seguirá igual y un 15,7%, dijo que “no sabe”. Hubo un 17,9% que consideró que mejorará.
Como mayor debilidad del sistema los participantes señalaron el desfinanciamiento (31,8%), la corrupción (26,6%), la inequidad (15,7%), la fragmentación (13,1%) y la ineficiencia (11%). La mayor fortaleza que reconoció el 95% de los entrevistados fue el recurso humano. Menos del 1% tildó, en cada caso, la tecnología o la infraestructura.
Al momento de evaluar el nivel de desgaste profesional o burnout, la SAC no solo lo preguntó, sino que también lo evaluó de manera objetiva con una escala de uso clínico. El 69% dijo que se sentía “quemado” por el trabajo, mientras que el 75% realmente lo estaba. Eso, que se replica en las demás especialidades, está lejos del 49% relevado este año en otros países. “Uno de cada cuatro [cardiólogos] que no se percibía así lo estaba”, definió el relevamiento.
“Es necesario empezar a discutir en serio la crisis en la que está el sistema de salud, que nunca estuvo tan explícita como hoy, y cómo revertir la situación crítica de los recursos humanos”, cerró Stutzbach.
Pablo Stutzbach presidente electo de la sac
“estamos transitando el peor escenario del que tengamos recuerdo alguno: aun en la crisis de 2001 contábamos con personal médico numeroso, especialistas capacitados e instituciones viables. todo eso se fue deteriorando y, hoy, no lo tenemos”
Víctor Mauro presidente de la sac
“los aumentos de la inversión no les están llegando a los profesionales ni al recurso humano y vemos cómo eso atenta contra la posibilidad de formación individual y de los equipos, como así también contra la calidad de la atención”

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El mito de que Trump fue un gran presidente
Andrés Oppenheimer
El candidato presidencial republicano Donald Trump en un evento en Butler, Pensilvania, el 5 de octubre del 2024
El mayor mito que el candidato republicano Donald Trump está tratando de venderles a los estadounidenses y al mundo es que fue un buen presidente. Si uno mira los datos duros, dejó a Estados Unidos mucho peor que antes. Sin embargo, a fuerza de repetir la mentira de que fue un gran presidente, Trump logró convencer a muchos, incluso a algunos, a quienes no les gusta el personaje.
“Sí, ya sé, tiene 78 años, miente todo el tiempo, ha engañado a todas sus esposas, hace comentarios racistas, es un delincuente convicto y trató de dar un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones. Pero fue un buen presidente”, me dijo recientemente un amigo republicano. Permítanme compartir con ustedes algunos datos para combatir la amnesia política.
En materia económica, Trump dejó el mayor déficit en la historia de EE.UU. La deuda nacional aumentó casi 7,8 billones de dólares a los 28 billones durante los 4 años de Trump, según datos de la Reserva Federal de Nueva York. La deuda ha seguido creciendo desde entonces, pero a un ritmo significativamente más lento. En cuanto al crecimiento económico, la economía estadounidense durante el gobierno de Trump creció un 6,8%. En comparación, creció un 8,4% durante los años del presidente Joe Biden.
En cuanto al empleo, Trump dejó el cargo con 3 millones de empleos menos que cuando llegó a la Casa Blanca. Es cierto que eso se debió en gran medida a la pandemia, pero Biden ha creado casi 16 millones de puestos de trabajo desde entonces, según datos oficiales. Es cierto que la inflación fue menor con Trump que con Biden. La pandemia interrumpió las cadenas de suministro de China e hizo que los precios de los productos se dispararan en 2021 y 2022. Pero desde entonces la inflación ha caído a un 2,4%, cerca de sus niveles previos a la pandemia.
En materia de democracia, Trump socavó las instituciones democráticas y el Estado de Derecho como ningún otro presidente estadounidense en la historia reciente. Es el primer presidente en tiempos modernos que intentó dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder, después de su derrota electoral de 2020. Luego, el 6 de enero de 2021, Trump alentó tácitamente el ataque al Capitolio por una turba de sus partidarios, en el que más de 100 policías fueron heridos. Trump sigue elogiando hasta el día de hoy a los manifestantes violentos que ocuparon el Capitolio, llamándolos “patriotas” y “rehenes” del gobierno actual. En política exterior, Trump debilitó la posición de EE.UU. en el mundo al iniciar peleas con los aliados europeos y, al mismo tiempo, abrazar a dictadores como Vladimir Putin, de Rusia, y Kim Jong-un, de Corea del Norte.
Trump se retiró del Acuerdo Climático de París y amenazó con abandonar la alianza militar de la OTAN entre EE.UU. y Europa. Las amenazas de Trump de abandonar la OTAN debilitaron a la organización de defensa mutua, y probablemente alentaron a Putin a invadir Ucrania en 2022. Trump merece crédito por los Acuerdos de Abraham, que ayudaron a establecer lazos diplomáticos entre Israel y algunos países árabes. Pero el hecho concreto es que Trump dejó el poder en 2020 con una alianza pro-estadounidense más débil y una China y una Rusia más fuertes.
En materia de criminalidad, los delitos de odio aumentaron un 28% durante el mandato de Trump, y los asesinatos por odio racial, principalmente cometidos por supremacistas blancos, alcanzaron su cifra más alta en 28 años, según estadísticas del FBI. Trump exacerbó el odio racial desde que comenzó su campaña de 2016 declarando falsamente que la mayoría de los indocumentados mexicanos son “violadores” y están “trayendo el crimen” a EE.UU. En 2017, dijo que había “gente muy buena en ambos lados” en una confrontación entre supremacistas blancos y sus críticos en Charlottesville, Virginia.
La lista de fracasos y promesas no cumplidas durante los años de Trump es mucho más larga. De manera que mi respuesta a mi amigo que planea votar por Trump fue la siguiente: si lo vas a hacer por alguna promesa específica que él esté haciendo, y estás dispuesto a creerle a un charlatán, hazlo. Pero, por favor, no me digas que fue un buen presidente: fue un desastre en prácticamente todos los frentes.

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Un capítulo de la Argentina que se repite
Bernardo Saravia Frías
La historia de los medicamentos, y más precisamente de los laboratorios en la Argentina, es un capítulo para prestar mucha atención y entender todo lo que está bien y lo que está mal, en un país esencialmente enfermo.
Arturo Oñativia fue ministro de Salud del presidente Illia. Los dos médicos, impulsaron la ley de medicamentos, con la sana convicción de quien ha hecho el juramento hipocrático y sabe mejor que nadie que salud publica suprema lex est (la salud del pueblo es la ley suprema). Ese acto valiente y republicano fue uno de los principales causantes del golpe de Estado asestado por Onganía. Demasiados intereses. No es casualidad que lo primero que hizo el golpista fue derogar la ley, con un decreto ley; lo segundo, entregar las obras sociales a los gremios. Ahí se entendió todo, especialmente quiénes tiraban la piedra y escondían la mano.
Pasaron muchos años y presidencias, con el statu quo blindado. El presidente Macri retomó la línea: abarató los costos de los medicamentos que con enormes sobreprecios cobraban algunos laboratorios al PAMI. El dispositivo no fue una ley, sino una acción antimonopólica que justificó la apertura y posterior baja de precios. Duró su presidencia; se instalaron luego las viejas prácticas, llegando al extremo en la pandemia, con importaciones plenas de sospechas y favoritismos.
Con estos antecedentes, lo que está promoviendo la provincia de Mendoza, a la que se sumó con apoyo decidido el Ministerio de Desregulación de la Nación, es de los actos políticos e institucionales más importantes. La provincia importaría ciertos medicamentos esenciales de la India, país que se ha convertido en polo de industria química de punta. La clave, sin duda, es el menor costo (muy menor) comparado con el que cobran los laboratorios en el país. El justificativo constitucional tan simple como potente, y que da cuenta de cualquier subterfugio burocrático: un medicamento es un bien social y tiene primacía; se impone ante cualquier excusa de segundo orden.
Como no podía ser de otra manera, aparecieron las resistencias y las ofertas. Palo y zanahoria, tan predecibles, tan lo de siempre. De un lado, los laboratorios ofrecieron sin mucha resistencia bajar sus precios, evidenciando la robustez de las tasas de retorno. Del otro, las excusas administrativas, que intenEl tan instalar el miedo por la falta de control y posibles consecuencias. Una forma elegante de decir que no están dispuestos a competir, al menos tomando como referencia preponderante el precio. En las declaraciones off the record dejan traslucir una de las últimas balas: analizan acciones judiciales, seguramente con el forum shopping del caso que les asegure una cautelar.
El mismo dilema, los mismos intereses, la misma historia. Cicerón afirmó que la historia es maestra de la vida, de la que hay que aprender para no repetir errores. Shakespeare, a través de uno de sus personajes, decía que es un cuento que no significa nada, contado por un idiota. La Argentina parece encolumnarse obsesivamente en la segunda mirada. Esperemos que en este nuevo capítulo de los medicamentos se impongan por una vez los buenos. Y que dure. Está la salud de por medio. También la libre competencia y el federalismo. Casi toda la Constitución en un acto.
Que se impongan por una vez los buenos y que dure; está la salud de por medio, también la libre competencia y el federalismo; casi toda la Constitución en un acto

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jueves, 29 de agosto de 2024

JUICIOS MILLONARIOS, RECLAMO


Clubes centenarios. Riesgo de quiebra por avalancha de juicios de los caddies
Asesorados por un par de estudios de abogados, presentaron cientos de demandas millonarias por una presunta relación de dependencia encubierta
 María Nöllmann y Diego Cabot Asustados por las demandas, la mayoría de los clubes de golf no dejan entrar más a los caddies
Una crisis mayúscula hace tambalear a algunos de los clubes más antiguos y tradicionales del país, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven forzados a aplicar cuotas extraordinarias para evitar la quiebra.
La amenaza de derrumbe proviene del adversario más inesperado: los caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales contra los clubes por lo que consideran relación de dependencia encubierta. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló a su favor en cientos de casos.
Una crisis mayúscula está haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados de la Argentina, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club, entre otros cientos. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que atraviesan situaciones más complicadas ya empezaron incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.
La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias –algunas alcanzan los 800 millones de pesos– que muchos clubes no pueden afrontar.
Los números ayudan a entender el fenómeno. Pese a la reserva de los establecimientos deportivos,
reconstruyó mediante sistema de consultas de causas del Poder Judicial algunos de los expedientes que se tramitan. El Jockey Club tiene 210 procesos en curso, en diferentes instancias; en uno de ellos fue condenado a pagar 800 millones de pesos. El Olivos Golf Club también está entre los más afectados: tiene cerca de 40 demandas vigentes y, según lo que se pudo reconstruir, tuvo decenas de causas que fueron “conciliadas”.
En el caso del Hindú Club, las diez demandas encabezadas por excaddies llevaron a la institución al borde del concurso preventivo. “Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras, que empezamos a pagar en cuotas hace dos meses, es equivalente a los ingresos totales del club de cinco meses. Es imposible de afrontar”, afirma Diego Díaz Bonilla, presidente del establecimiento deportivo. Debido a los juicios de caddies, destaca, tuvieron que vender propiedades y comenzaron a cobrar cuotas extraordinarias. Este es solo el inicio: a Hindú le quedan por delante otras ocho demandas y las autoridades vaticinan nuevos fallos en contra. También adelantan que el club no estaría en condiciones de afrontarlos.
“Quizá hace 40 años Hindú era la representación de la opulencia. Pero hoy la mayoría de los socios son de clase media, personas laburantes a las que les cuesta pagar la cuota. Estos juicios están conspirando contra nuestro trabajo. En el rugby y en el hockey hay más de cien tipos como yo, que entrenamos a los chicos gratis. El club también les abre las puertas a los colegios de la zona para que los estudiantes hagan gimnasia acá, en algunos casos de manera gratuita. Tenemos un trabajo social en Don Torcuato y estamos pagando sentencias millonarias –sigue Díaz Bonilla–. Los caddies nunca fueron empleados del club. Se los dejaba pasar para que trabajaran para los golfistas, que son solo el 10% de los socios”.
Este tipo de juicios parece, a simple vista, similar a cualquier litigiosidad del mercado laboral argentino, pero tiene dos particularidades. La primera es que, en los últimos tres años, por el boca en boca se volvieron masivos. La segunda, que a la mayoría los encabeza un puñado de abogados laboralistas con un modus operandi aceitado. Según pudo confirmar, entre las causas se repiten los argumentos de las denuncias y, en algunos casos, también los testigos.
Actualmente, el principal estudio es Montenegro Pávito & Asociados. El diputado nacional de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro (homónimo del intendente de Mar del Plata y uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel) es uno de los socios. El otro, Federico Pávito, es director general de Administración del Senado, lo que lo convierte en uno de los hombres fuertes del cuerpo, a cargo de un presupuesto millonario. Solo para entender: tiene una chequera para gastar alrededor de 3500 millones de pesos anuales, además de manejar los sueldos de todos los empleados de la Cámara alta.
Otro actor en el asunto es el estudio que encabeza el abogado Christian Labanca, un letrado que tiene sus oficinas en San Isidro y que fue el primero que empezó con los reclamos. “Yo tuve unos 20 juicios antes de 2010. En ese momento no había jurisprudencia. Todos fueron contra el Jockey Club y los pude conciliar. Luego tuve otra tanda, de unos 15. Pero no me dedico a esto. Lo que estoy viendo es que creció mucho la cantidad de juicios y que las demandas son a clubes pequeños, incluso del interior”, dijo. Aquel sendero iniciado por Labanca se convirtió hoy en una autopista de juicios millonarios.
En muchos casos, especialmente en las demandas a clubes del interior del país, la defensa de los caddies demanda, además de a los clubes, a su presidente y a la Asociación Argentina de Golf. “Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en la Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá”, explica Esteban Carcavallo, abogado de la Asociación Argentina de Golf. Según la entidad, los abogados denunciantes toman esta medida por una cuestión estratégica, porque los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.
Por ejemplo, se demandó en los tribunales porteños a los clubes Córdoba Golf Club y Santiago del Estero Golf Club. El primero tiene seis demandas: todos los reclamos se iniciaron en 2021 y en ese entonces representaban $211 millones de pesos. Hoy, aplicando el sistema de actualización vigente en la Cámara (llamado acta 2764), el valor sería aproximadamente de $2737 millones, lo que equivale a unos dos millones de dólares, sin tener en cuenta gastos de justicia y honorarios.
En caso de confirmarse la sentencia contra el Córdoba Golf Club en estos seis casos, deberá pedir a sus socios una colaboración de más de 3700 dólares cada uno, contando a los menores. “Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución. Se perdería la pyme que más trabajo brinda de manera directa e indirecta en Villa Allende. Hablamos de un club centenario (101 años), uno de los más prestigiosos a nivel nacional, que tiene un importantísimo aporte deportivo, social, cultural y de ayuda solidaria”, afirma el presidente del club cordobés, Rodolfo De Ferrari.
Entre los “artilugios legales” que cree que los abogados demandantes utilizan, menciona: “La jurisdicción natural de estas causas sería la de Córdoba, pero saben que en Córdoba seguramente la Justicia y la jurisprudencia no avalarían semejantes reclamos, que no corresponden, no solo por no haber relación de dependencia entre el club y estas personas y ningún caddie, sino también porque esos montos resultan totalmente disparatados y ajenos a la realidad”.
Pávito, en tanto, sostiene lo opuesto. Afirma que hay una relación de dependencia encubierta entre la centena de caddies que representó y la decena de clubes contra los que litigó en los últimos años. “Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía”, detalla.
A la vez, menciona como prueba de su argumento que el Convenio Colectivo de Trabajadores de Clubes de Campo mencione al master caddie como empleado del rubro. Sin embargo, este convenio no incluye a los caddies, que son los demandantes a los que él y los demás abogados representan. se comunicó con Montenegro, pero el diputado no contestó los mensajes.
Según pudo saber , la mayoría de los demandantes dicen que empezaron lo que consideran su relación laboral entre fines de los 70 y principios de los 80, y prueban esos tiempos con cinco testigos. Ese es uno de los puntos álgidos: los abogados de los clubes sostienen que el peso de las palabras de los testigos que ofrecen los caddies está lejos de representar lo mismo que los que aportan los demandados. De ahí en más, no se producen más pruebas.
Los caddies declaran en las causas décadas de trabajo ininterrumpido en un determinado club, incluso horarios laborales de hasta 12 horas diarias dentro de la institución, y es por ello que las indemnizaciones que se calculan tras la sentencia llegan a valores de centenares de millones de pesos.
Los clubes, por su parte, dicen que los caddies no trabajan de esa manera: “El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no
haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023”, describe el dirigente de uno de los clubes más demandados, que sigue de cerca los juicios de su asociación.
“Agarraron una mina de oro legal. Además, en el fuero laboral lamentablemente nunca un demandado puede ganar un juicio”, dice uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad. Denuncia, al igual que otros letrados consultados por
La utilización de testigos falsos por parte de los demandantes y causas iniciadas por personas que nunca fueron caddies. En el ámbito de los clubes se ha apodado a los abogados laboralistas de los caddies “caranchos de los greens”.
Incluso el Sindicato Argentino de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies critican estas demandas judiciales. “Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas”, considera Claudio Sesto, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato y presidente de la asociación.
Le preocupa el efecto de estos juicios en el presente y el futuro del oficio. Hoy los caddies, dice, no superan los 2300 en todo el país. “Están desapareciendo y esto es, en parte, por los juicios. La acción de un solo caddie que inicia un juicio a un club deja al resto de sus compañeros sin trabajo. Hoy los clubes manejan presupuestos muy acotados, y un nuevo juicio de un caddie los puede arruinar; entonces prefieren no dejarlos entrar”, explica Sesto, quien actualmente trabaja en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies. El proyecto es que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, y así lograr reconciliar la relación que solían tener con los clubes.
Un círculo vicioso
Con el objetivo de no recibir nuevas demandas, ratifican desde la Federación de Clubes de Campo, en los últimos años la mayoría de los clubes de golf optaron por no dejar entrar más a los caddies, aplicando en cambio soluciones tecnológicas como carritos eléctricos, o de arrastre. La decisión, afirman, afectó negativamente tanto a los caddies como a los golfistas y al propio club.
Hay algunos campos de golf que aún aceptan el ingreso de caddies, pero solo de unos pocos. Este es el caso de Hindú. Mientras que hace unas décadas tenía una treintena de caddies por día, actualmente solo le permite el ingreso a cinco de confianza, que trabajan en el lugar a cambio de propina de los golfistas desde hace mucho tiempo y promedian los 50 años de edad. Algunos tienen esposas o hijos que trabajan en relación de dependencia en el club, sostienen desde la institución.
La negativa de aceptar nuevos caddies es una regla a lo largo y ancho del país. “Hoy un club ve un caddie y sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo consiguieron trabajo, o pudieron estudiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas”, describe Marcelo Soria, director del Tour Profesional de Golf, quien de joven, durante un par de años, trabajó como caddie en el Jockey Club San Isidro. “Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además de permitirte llevar platita a tu casa”, continúa.
Las sospechas sobre la connivencia de varios actores en los procesos se basan en que muchos de los demandantes son simultáneamente testigos de otro caddie que tiene otro juicio. Según pudo ver a partir de registros judiciales, los argumentos de las denuncias se repiten continuamente. Dicen que les realizaron un examen preocupacional y que, además de acompañar a los golfistas en sus caminatas, los hacían limpiar la cancha y cortar el pasto. De esa forma argumentan la relación laboral.
La producción de la prueba con pocos requisitos y la rapidez para determinar la actualización de la sentencia son los elementos que hacen que los demandados sospechen que existe una suerte de animosidad en la Cámara, cuya mayoría de miembros se mostraron muy cercanos a la mirada de los demandantes a la hora de administrar justicia en el fuero laboral.
Existen dos miradas opuestas entre los 35 jueces que conforman la Cámara. La mayoría tienen una ideología marcadamente protrabajador y contraria a la empresa. La minoría, apenas cinco, tienen una postura más atenuadaSe habló con dos camaristas del fuero que no quisieron dar su nombre. Uno de los jueces del primer grupo dijo que no existe abuso a la hora de fallar contra los clubes de golf. El otro fue cauto, pero sostuvo que las condenas son impagables por la tasa que aplican y que se han convertido en un abuso.
En los clubes, juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones. Hasta se animan a decir que solo alrededor del 30% fueron caddies, aunque jamás con relación laboral formal. El 70% restante, cuentan, son personas que se prestaron a ser parte de la maquinaria, pero que en ningún caso pudieron ser reconocidos en el club.
Dicen que hasta hay reclutadores de posibles reclamantes que consiguen voluntarios en barrios vulnerables. El proceso incluye una suerte de hoja de ruta que contiene una pequeña capacitación como para entender de qué se trata el oficio, la compra de ropa y la búsqueda de testigos conocidos.
Pávito señaló que en su estudio les hacen algunas preguntas al demandante para ver si fue efectivamente caddie o no. ¿Qué se le pregunta?, inquirió . “Por ejemplo, cantidad de hoyos que tiene la cancha en la que trabajó, cantidad de palos que lleva una bolsa y si conoce a alguien”, contestó. A primera vista, no parecen cuestiones determinantes. “Nosotros no tenemos ninguno trucho, al menos eso es lo que creo”, dice el abogado, que reconoce que entre los terminados, los que acordó y los que tiene en trámite, intervino en unos 90 juicios.
También generan sospechas los montos que expresan haber ganado por sus trabajos como caddies los demandantes. Un ejemplo es el caso Ayala contra Jockey Club (expediente 47.646/2021). Según lo de consultas de causas, la Cámara le asignó al supuesto caddie un salario mensual de $160.000 a febrero de 2020, más allá de que el abogado de la parte había pedido $72.000, de acuerdo con el intercambio telegráfico. A esa fecha, ese era casi el sueldo que ganaba un secretario letrado de la Corte. Para ilustrar, en ese momento el dólar cotizaba 63 pesos, es decir, le fijó un sueldo de 2539 dólares. El monto, actualizado, lleva el cheque para cancelarlo a varios centenares de millones de pesos.
Al igual que en otras decenas de casos, esta demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala IV, una vez apelada, la dio vuelta y decidió lo contrario.

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Suspenden por 48 horas la colocación de stents y las angioplastías
La medida de los cardiólogos intervencionistas arranca hoy, pero no afectará la atención de las emergencias
Fabiola CzubajSe salvan 200.000 vidas por año con angioplastías
El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) anunció un “apagón de monitores” por 48 horas debido a los bajos honorarios que perciben por las prácticas tanto en el sector público como en el privado. La medida de fuerza, que se extenderá hoy y mañana, alcanzará a la colocación de stents y las angioplastías que estaban programadas en centros de todo el país. No afectará la atención de las urgencias o emergencias, según reiteraron 
La decisión llega con la especialidad declarada en estado de emergencia desde hace tres meses y tiene que ver con la situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista. Durante estas 48 horas, según indicaron a través de un comunicado difundido ayer, solo se atenderán los casos que requieran intervención urgente “para no dejar morir a los pacientes graves”.
Juan José Fernández, presidente del CACI, explicó en diálogo que aguardan que, coneste reclamo que en la institución consideran un paro simbólico, las autoridades nacionales de Salud los convoquen para dialogar y destrabar esta situación con los financiadores.
El valor de una angioplastía, un procedimiento que salva vidas, debería rondar los US$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El profesional interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo.
Los insumos, como los contrastes, o las prótesis o los stents los proveen los centros o las coberturas, según corresponda. Son productos que no se producen en el país. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta entre 400 y 500 dólares.
Un módulo considera la internación, los materiales que utilizan los profesionales y los honorarios. Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por lo que la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran “muy crítica”, los insumos subieron entre 600 y 1200% en el último año.
“Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes”, planteó Fernández.
En sucesivas comunicaciones, que comenzaron el año pasado cuando el cierre de importaciones afectó el ingreso de insumos médicos, las autoridades del CACI siguen señalando que se está atravesando una “tormenta perfecta” en la práctica diaria. En esta ocasión, explicaron que se debe al deterioro de los ingresos por un efecto inflacionario, el “aumento exponencial” de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo en dólares de los insumos que utilizan durante los procedimientos.
Hasta el momento, insistieron los cardiólogos intervencionistas, las obras sociales, las prepagas y los ministerios de Salud provinciales y nacional “no dieron respuesta” a los pedidos.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Procedimientos, que administra el CACI, se estima que en la Argentina se hacen cerca de 200.000 angioplastías cada año.
A partir de ese registro, con datos consolidados a 2022 y difundidos este mes durante el Congreso Internacional Solaci-CACI 2024, se calculó que se colocarían cerca de 110.000 stents anualmente en el país.
“En el país, los cardiólogos intervencionistas hacen alrededor de 1,5 millones de procedimientos terapéuticos y diagnósticos por año. Solo diagnósticos coronarios son unos 800.000 para llegar a 200.000 angioplastías anuales”, precisó Fernández.
Señaló que alrededor del 6070% son urgencias o emergencias. El 30-40% son procedimientos programados y son estas prácticas las que estarán afectadas por el apagón de monitores de 48 horas. Esos turnos se cancelaron previamente a la medida y los profesionales llevaron tranquilidad al explicar que ya están reprogramados.
“Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad –repasaron en el comunicado de la entidad sobre este paro simbólico–. El sector atraviesa una ‘tormenta perfecta’: la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents”.
Denunciaron, a la vez, que es esa realidad la que “viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor” al demorar el tratamiento.
En el CACI, ya anticipan que la medida se podría repetir en los próximos meses, aunque sería cada vez por más tiempo. “Con estas prácticas, cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente y, de persistir la actual situación, la actividad literalmente desaparecerá”, argumentaron los cardiólogos intervencionistas por escrito.
Y finalizaron: “Preocupa que, tal como ocurrió durante la pandemia, pueda incrementarse la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce al colapso de la especialidad y, aunque en este momento los insumos estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto de la especialidad”

200.000
Angioplastías por año
Es la cantidad de procedimientos terapéuticos coronarios que los cardiólogos intervencionistas estiman que se hacen en el país.
60-70%
Son prácticas urgentes
El resto son intervenciones programadas.Para el apagón de monitores de 48 horas que comienza hoy, el CACI informó que esos turnos fueron cancelados y se reprogramaron en todos los casos para las próximas semanas.


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lunes, 17 de junio de 2024

BULLRICH Y CAPUTO , RECLAMO


Patricia Bullrich quiere avanzar sobre la inteligencia, que quedó bajo el control de Santiago Caputo
Ambos tienen el aval del Presidente pero ahora pugnan por controlar las estratégicas herramientas de poder del Estado
Candela Ini
Salida de Ministros de Casa Rosada luego de la reunión con Javier Milei. Patricia Bullrich, Luis Petri y Santiago Caputo
Aunque Javier Milei delega la gestión de los servicios de inteligencia en gente de su confianza porque no son su materia de interés, los alrededores del tema comienzan a tornarse dilemáticos para el Presidente: el asesor todoterreno Santiago Caputo, uno de los hombres más influyentes del Gobierno, mantiene bajo su órbita todos los “fierros” del Estado para hacer inteligencia y diagrama con su gente una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia. A su vez, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, elogiada por Milei por los operativos del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso durante la votación de la Ley Bases quiere ganar terreno más allá de su área. No hay emisores entre ella y Caputo, según supo este medio. Ambos hablan con el Presidente. Y los dos quieren manejar el joystick de la inteligencia.
Varias fuentes independientes entre sí dieron cuenta de que en las últimas semanas Bullrich dejó en claro a sus interlocutores que para combatir el crimen organizado requiere de más herramientas para que las fuerzas puedan fortalecer sus aparatos de inteligencia. Eso significa recibir más presupuesto para su cartera y más facultades para hacer desplegar actividades y operaciones de inteligencia. “Bullrich quiere llevarse todo para el Ministerio de Seguridad”, dijo a este diario un experto en la materia que conoce desde adentro las estructuras de inteligencia de las fuerzas de seguridad. “Es como un pac-man”, ironizó un experimentado funcionario que sigue con atención la disputa.
Más allá de que no es su rol primordial, en la actualidad las oficinas de inteligencia de las fuerzas de seguridad, que deberían cumplir un rol preventivo, trabajan de hecho como auxiliares judiciales en investigaciones penales. “Hoy en día todas las oficinas de inteligencia trabajan como auxiliares judiciales en investigaciones penales. La inteligencia tiene un rol preventivo, lo que pasa es que como no están claras sus funciones y genera mucha desconfianza, hace tiempo ya que se transformaron en auxiliares de la justicia”, dijo un investigador experto en temas de inteligencia, en alusión a las oficinas de la inteligencia de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Caputo busca evitar que las fuerzas de seguridad mantengan y ganen autonomía para hacer inteligencia en materia de seguridad interior. Quiere que todo quede nítidamente bajo la órbita de la Presidencia.
Dos comisiones del Senado tratarán mañana el proyecto de disolución de la ex SIDE y creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
Mientras tanto, como informó hace dos semanas, la venidera reforma de inteligencia implicará no solo un cambio de nombre y de estructura sino que la actual AFI sea subdividida en tres agencias abocadas a la seguridad interior, a los asuntos exteriores y a la ciberseguridad. El mundo del espionaje está pendiente de los cambios y de los casilleros por llenar. En los últimos días crecieron las versiones de que se restituirá la figura de subdirector, que fue eliminada durante la intervención por decisión de Cristina Caamaño. Y para ese lugar sonó el nombre de una abogada penalista que defendió a exagentes de inteligencia en una de las causas por espionaje ilegal de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En paralelo, el nuevo interventor de la AFI Sergio Neiffert, que no es experto en la materia para la cual fue nombrado, se encuentra a cargo de una estructura que contiene capas geológicas de agentes nombrados a lo largo de las distintas administraciones y sin la estructura jerárquica completa. Más bien todo lo contrario; en los últimos días la cúpula que hasta ahora cumplía funciones al frente de las disintas direcciones quedó vacante.
Pero la puja no es solo por la inteligencia para la seguridad interior. Cerca de Bullrich también empujan para quedarse con los contactos internacionales. La ministra puso el ojo en el área de Defensa, que tiene bajo su órbita la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem) y se interesó en colocar agentes en el exterior.
Luego de la conferencia de Guillermo Francos varios miembros del gabinete fueron a un café cercano a la Casa Rosada. Diana Mondino; manuel Adorni; Sandra Pettollo; Patricia Bullrich; Santiago Caputo; Luis Petri;
Como informóen los pasillos de la Cancillería, que conduce Diana Mondino, se notó revuelo por una descoordinación entre la Direccion de Inteligencia Criminal (Dinic) que depende del Ministerio de Seguridad y la AFI: ambas enviaron propuestas para cubrir cargos de inteligencia y seguridad con rango diplomático en el exterior. Algo que fue interpretado en esos pasillos como una suerte de competencia por los casilleros.
Esa superposición de propuestas para enviar espías al exterior comenzó a darse antes de la salida de Silvestre Sívori y Nicolás Posse del Gobierno. Por ese entonces, Bullrich y Posse ya se disputaban el manejo de la inteligencia de las fuerzas de seguridad. “Patricia quiere manejar los enlaces y la información desde acá”, dijo a este medio una fuente al tanto de las internas. En medio de este revuelo, trascendió que un miembro retirado de las Fuerzas Armadas que había llegado a la AFI por decisión de Posse y dejó el organismo en los últimos días quiso designar a familiares suyos como delegados en otros países. Desprolijidades que irritan a los castrenses.
Mientras la plasticidad del sistema nacional de inteligencia promete nuevos cambios, la semana pasada la Argentina recibió la orden de normativizar y regular el ingreso de información de inteligencia a los expedientes judiciales. El llamado de atención vino nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado argentino por la no prevención y la impunidad del atentado a la AMIA, un caso en el que el espionaje se metió de lleno.

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Los petroleros frenan la actividad en Vaca Muerta
El sindicato del sector comenzará un paro el martes en Neuquén, Río Negro y La Pampa
Paz García PastormerloSe reactiva la protesta gremial de los petroleros 
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Luego de la amenaza lanzada el jueves en una multitudinaria asamblea, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó un paro por 48 horas, que afectará la producción. La medida comenzará el martes y paralizará la actividad en Vaca Muerta.
En el sindicato que dirige Marcelo Rucci indicaron que, como no hubo “un avance concreto sobre la cuestión salarial reclamada”, a partir del martes llevarán adelante “una medida de acción directa con afectación a la producción y por 48 horas, con todo el alcance jurisdiccional de este gremio, sin perjuicio de la posible ampliación de la misma”.
Agregaron que se encuentra “harto vencido el plazo de la gestión conciliatoria” y que desde el sindicato han apostado “por la buena fe y el diálogo”, pero no lograron las paritarias que pretendían.
Tras la reunión del jueves entre el gremio y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales, Rucci había advertido: “Llega un punto en que el hilo se termina cortando. Hemos sido prolijos y hemos dado los argumentos necesarios, pero las respuestas no están. Si la solución a esto es mediante medidas de fuerza y tener que romper la mesa de negociaciones porque no hay un criterio para poder resolver, tendrá que ser así”.
En concreto, los petroleros rechazaron la semana pasada la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y pidieron que se regularice la situación de los trabajadores de la industria con sueldos por debajo de la canasta básica.
Si bien la Ley Bases restituía la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, tras la votación en el Senado con mayoría en contra, el tema vuelve a la Cámara de Diputados para su nuevo tratamiento. La alícuota mínima que proponía era del 5% sobre la ganancia neta y se incrementaba hasta el 35% de acuerdo con el nivel de ingresos.
“Hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron. Entonces dijimos ‘vamos a regular esto, vamos a poner la letra clara, negro sobre blanco’. El trabajador tiene que cobrar tanta guita como mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza”, dijo Rucci.
El dirigente gremial explicó que las cámaras empresarias propusieron que fueran los trabajadores que más ganan los que se hagan cargo de ese fondo compensatorio. “¿Tenemos cara de boludos?”, sentenció Rucci durante la asamblea en la localidad neuquina de Añelo.
En el sindicato advirtieron que hay trabajadores, como los que se desempeñan en refinería, que están por debajo de la línea de pobreza. Son los denominados “trabajadores de ocho horas”, que perciben salarios por debajo de la línea de la canasta básica, de entre $600.000 y $800.000.
“Un petrolero está por debajo de la línea de la pobreza. Por las buenas o las malas, lo vamos a arreglar. No va a existir un petrolero que tenga que pasar ese tipo de necesidades. Los responsables son ellos. Van a tener que arreglar este quilombo. Y espero que lo arreglemos en esta semana. Porque si no, la próxima semana estamos de paro”, sentenció Rucci.
El dirigente también comparó la industria argentina con lo que ocurre en la Cuenca Permian de Estados Unidos, la principal región de shale del mundo. “Nuestra mano de obra es de primera, pero la paga es de cuarta. Un trabajador en Permian inicial cobra 35.000 dólares anuales, nosotros no llegamos a 20. Nosotros pagamos los impuestos de ellos, que no se animan a ir a plantarse al gobierno y decirle ‘no me saqués el 35% en Ganancias, dejame el 25%, como lo hacen en Estados Unidos”, indicó Rucci.
Sumó que la cuestión del impuesto a las ganancias es una lucha que los petroleros han perdido con gobiernos anteriores también. “Si algo comparto con el presidente de la Nación es que en el Senado y en la Cámara de Diputados está lleno de ratas inmundas. Porque nosotros lo elegimos para que defienda los intereses de los argentinos y de los trabajadores. Y fíjense cómo nos pagan”, afirmó.
En ese sentido, el dirigente gremial subrayó que trabajarán para tener sus propios representantes en la política. “Hoy el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados son empleados de las corporaciones. Nosotros necesitamos tener gente adentro. ¿Y saben por qué necesitamos tener gente adentro? Porque tenemos gente muy potable. Ellos no quieren que ustedes estén ahí porque el laburante, el que se rompe bien el traste, tiene convicciones”, señaló Rucci.

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sábado, 23 de marzo de 2024

RECLAMO, PRECIOS Y CARLA MARTÍN BONITO EN LA COPAL


Productores de Buenos Aires y La Pampa intentan frenar la suba de impuestos
Una entidad promueve asambleas, una reunión con Kicillof en La Plata y acciones puntuales en oficinas de ARBA
En medio de la disputa del campo bonaerense con el gobierno de Axel Kicillof por la suba del impuesto inmobiliario rural, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anunció que apoyará la realización de asambleas en la provincia y hará una reunión extraordinaria en la ciudad de La Plata, posiblemente en la segunda quincena del mes próximo. Allí le reclamará tanto a la administración local como a la Legislatura.
En un comunicado difundido tras una reunión de su Consejo Directivo, la entidad, que agrupa a 114 entidades de base ubicadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, anunció una serie de acciones destinadas a hacer frente a lo que considera “abusivos y confiscatorios” incrementos impositivos.
“Se le requiere al señor gobernador revertir la situación de las partidas”, se dijo en el comunicado. En ese sentido, le solicitaron la restitución de los descuentos “unilateralmente” eliminados para 2024, como el de buen contribuyente y de adhesión al débito automático, y retrotraerse al estado de la misma a 2023. Vale recordar que para los productores los descuentos significaban un ahorro en torno del 15% en la boleta, pero el gobierno provincial los sacó.
Los ruralistas vienen alertando que hay subas de hasta el 500% en el inmobiliario rural, muy por encima del 200% como tope que aguardaban. En respuesta a esta situación, en Salto y Salliqueló los productores hicieron asambleas. En el primer lugar hubo propuestas para no pagar hasta que quede en 200% “total” y en el segundo se instó a los productores a ir a la Justicia.
Tras la reunión de ayer, Carbap instó también a respetar el límite aprobado por la Legislatura provincial, “donde el contribuyente no debe pagar más del 200% entre las boletas de 2023 y de 2024”. La entidad pidió fijar un tope para las parcelas con base imponible superior a los $198.900.900 y revisar los aumentos expresados en el impuesto inmobiliario complementario. Carbap reclamó a la Legislatura acciones para modificar la ley fiscal que, sostuvo, dio lugar a estos “abusivos montos impositivos”, los cuales, según el comunicado, “desconocen el espíritu de la misma y los topes aprobados”.
En este contexto, en lo que respecta al ámbito judicial, la entidad señaló que “los productores quedarán liberados de realizar las acciones de amparos previstas en la ley frente a estos abusos, tal como se viene realizando en distintos casos en la provincia”.
Por otro lado, la organización anunció que el Consejo Directivo decidió asimismo “instar a la realización de asambleas regionales para dar a conocer la vulneración de lo aprobado en la ley fiscal, debatir y sugerir acciones, como así también que las rurales expliquen a las autoridades municipales sobre los abusos impositivos, y llevar adelante acciones puntuales en distintas oficinas de ARBA de la provincia”.
Vale recordar que, en medio de la disputa con el campo por el inmobiliario rural, desde el gobierno provincial dejaron trascender que no hay errores en las boletas de pago y que todo se ajusta a la ley. Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), dijo sobre el tributo: “No se trata de un impuestazo, ya que los incrementos se ajustan a la lógica de progresividad de la política tributaria bonaerense. Si ponemos la cuestión en perspectiva, resulta que ese tributo, en promedio, viene bajando en términos reales durante la gestión de Axel Kicillof”.
El funcionario agregó: “Más de 99% de las partidas rurales tuvieron topes en la emisión del Inmobiliario Rural, todos por debajo de la inflación. Solo un 0,7% del total, que corresponde a 2138 partidas con un valor de mercado superior a los US$3.000.000, no [tiene] tope en el incremento. Todo esto en función de lo que determina la ley impositiva 2024, que fue aprobada en la Legislatura por amplia mayoría”.
Como medida de presión adicional, informó que se convocará a una reunión extraordinaria en abril próximo en la ciudad de La Plata, donde se efectuarán reclamos directos al poder ejecutivo y legislativo para buscar soluciones a la situación actual. Fuentes ligadas a la organización dijeron a este medio que la reunión en La Plata se haría en la segunda quincena del mes próximo.
Finalmente, se advirtió que, de no obtenerse respuestas satisfactorias antes de mayo, se sugerirá a los productores eliminar el pago electrónico o débito automático de las boletas y se seguirán analizando acciones en busca de “justicia económica” para el productor agropecuario. “Queda claro para el Consejo Directivo que, si hay que elegir entre producir y pagar impuestos abusivos, el productor siempre elegirá producir”, concluyó


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Revelan el riesgo para la producción ante la importación de alimentos
Un estudio muestra que varios son más baratos en el país
Gabriela OrigliaEl café fue uno de los productos apuntados
CÓRDOBA. – Entre 15 productos alimenticios autorizados a importar por el gobierno nacional con el objetivo de reducir la inflación seis son más baratos en la Argentina que en Brasil (en nueve, en tanto, el mercado local es más caro) y en 14 los precios argentinos son más bajos que en Uruguay. Los datos derivan de un estudio realizado por Coninagro en función de un relevamiento web, teniendo en cuenta que haya disponibilidad en los tres países analizados y que sean de interés para el campo.
La entidad agropecuaria, además, estableció diferentes niveles de riesgo de la apertura de importaciones en función de la diferencia de precio que presentan los productos. Con respecto a Brasil, en el escalón más alto (más de 10% la brecha) ubicó arroz, poroto negro, naranja, leche, aceite de oliva y azúcar; en el del medio (la Argentina es entre 10% más barata y 10% más cara) están pollo entero, carré de cerdo, bife de cuadril y yerba mate, y sin riesgo (a nivel local cuestan 10% menos o más) figuran aceite de girasol, papa, manzana, arvejas y mozzarella.
Las importaciones de los productos alimenticios seleccionados por el Gobierno representan alrededor de US$1000 millones anuales: bananas y café se quedan casi con la mitad del total (48,5%); la carne porcina representa 6,9%; los productos lácteos 5,2% (principalmente quesos), las frutas en conserva, 4,8% y las hortalizas en conserva, 4,4%.
Para los tres países se utilizó el tipo de cambio oficial del lunes pasado. En el caso de Argentina se agregó el 17,5% del impuesto PAIS y se compararon los mismos productos en los tres supermercados que más volumen manejan en cada localización.
Con la lupa sobre cada producto, se registra que el aceite de girasol es 49% más barato a nivel local que en Brasil y cuesta 41% menos que en Uruguay; el kilo de papas cuesta 48% y 60% menos en comparación con Brasil y Uruguay, respectivamente; el de manzanas, 40% y 43% menos, respectivamente; la arveja en lata, 27% y 32% abajo, y el kilo de mozzarella, 21% y 38% menos.
También es más barata en la Argentina la yerba de 500 gramos: 5% menos que en Brasil y 36% menos que en Uruguay. En cambio, el arroz es 57% más caro que en Brasil y 29% más que en Uruguay. El bife de cuadril cuesta 3% más que en Brasil y 39% menos que del lado uruguayo; el kilo de carré de cerdo sale 5% más que el brasileño y 52% menos que el uruguayo; el pollo entero, 7% más y 53% menos, respectivamente.
El kilo de azúcar está 12% más caro que en Brasil y 33% más barato que en Uruguay; el aceite de oliva vale un 17% menos en el mercado brasileño y 6% más en el uruguayo; el litro de leche entera, 18% más en el mercado local que en Brasil y 33% menos que en Uruguay; en el caso de la naranja la diferencia es de 33% menos y 26% más respectivamente. El poroto negro se vende a 41% menos en Brasil y a 47% más en Uruguay.
El miércoles pasado, en la Jornada Integral del Agro y la Papa realizada en Otamendi, desde Coninagro indicaron: “El productor no fija el precio de la papa, no especula con su producto, porque es 80% agua y es perecedero, el precio lo pone la oferta y la demanda; la diferencia que paga el consumidor sobre el precio que recibe el productor es producto de una distorsión en la cadena de logística, distribución y comercialización”.
No hay necesidad
Mario Raiteri, secretario de la entidad, subrayó que “de ninguna manera es necesario importar papa, la zona sudeste de Buenos Aires está en condiciones de satisfacer la demanda de todos los mercados frescos del país”.
En el caso del cerdo, el Centro de Información de Actividades Porcinas (CIAP) enfatizó que las importaciones “no solo” afectarán a los productores argentinos, “desde hace tiempo golpeados por los distintos acontecimientos que se han sucedido: guerra y aumento de los granos, devaluación y aumento de insumos en dólares, disminución de las ventas y consecuente caída del precio pagado en pie”, sino que “profundizará la situación distorsionando el mercado interno, ya atestado de carne ante la pérdida del poder adquisitivo y la recesión”

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Funes de Rioja dejará de presidir la Copal

Daniel Funes de Rioja Presidente de la Uia y Copal

Luego de 16 años ocupando ese sillón y en medio de la tensión por la apertura de las importaciones de alimentos, el empresario Daniel Funes de Rioja dejará de ser presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
Según pudo saber  la decisión se debe a un tema de recambio generacional y también a una cuestión de incompatibilidad de funciones, puesto que Funes de Rioja es también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Se le dijo hace un mes muy respetuosamente que se le agradecía por estos 16 años en la presidencia, pero que había llegado el momento para un cambio generacional, más técnico e independiente de la UIA”, confiaron las fuentes.
Asimismo, descartaron que el motivo haya sido una pelea con una gran empresa local de alimentos, como así también que haya sido un enojo por la apertura de la importación de alimentos que autorizó el Gobierno.

Ayer se supo, además, que en la próxima asamblea que realizará la Copal el 8 de abril, Funes de Rioja cederá cargo a Carla Martín Bonito, quien actualmente es la CEO de la entidad. Además, según pudo saber el resto de la comisión  directiva quedará conformada así: secretario, Agustín Torres Campbell (Molinos); tesorero, Gonzalo Fagioli (Quilmes); vicepresidente primero, Diego Cifarelli (FAIM, Federación Molinera), y vicepresidente segundo, Adrián Kaufmann Brea (Arcor)

Funes de Rioja seguirá, eso sí, siendo presidente de la UIA hasta 2025.

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sábado, 3 de febrero de 2024

RECLAMO, IMPORTACIONES


El sector de la construcción declaró el “estado de emergencia” en todo el país
El consejo federal de la cámara sectorial advirtió por la grave situación y solicitó a las autoridades que adopten las medidas necesarias para evitar la quiebra de empresas
Juan Cruz NievaEn Camarco describieron una situación “terminal” y que tiene “efectos irreversibles”
Tras la advertencia elevada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) frente a la “grave” situación que atraviesa el sector por la paralización de la obra pública, ayer su consejo federal se reunió para declarar el “estado de emergencia” en todo el país y reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en “brevísimo” plazo a los problemas planteados.
A través de un comunicado, informaron que hay cerca de 3500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas asociadas a Camarco que dan empleo a más de 500.000 trabajadores y familias.
En diálogo Gustavo Weiss, presidente de la entidad, dijo que, pese a tener un diálogo aceitado con el Gobierno, no hay precisión en el Ministerio de Economía respecto de los fondos que serán destinados a la obra pública. Tampoco ofrecen soluciones para los problemas que suponen para las empresas de la construcción y sus empleados el corte de fondos por parte del ejecutivo. “Hay muchos despidos ya ocurridos y otros en camino. Si se prolonga, las empresas van a quebrar”, indicó.
Camarco integra el influyente Grupo de los 6, junto a la UIA, la Cámara de Comercio (CAC), la Bolsa y los bancos. El sector tiene, a su vez, un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos de gran relevancia en todo el territorio nacional.
El consejo federal es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país, y sus delegaciones. El pasado 29 de enero, la organización había convocado para ayer a ese ente con el objetivo de “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en la Argentina”.
Los consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de “carácter terminal”, y emitieron una declaración en la que señalaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá “efectos irreversibles” sobre el sector en particular y la economía en general.
En el comunicado se enfatizó la necesidad de no dilapidar un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, la estructura y el conocimiento acumulados en las empresas que prolonguen aún más una crisis que lleva meses. A su vez, el texto aseguró que“este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas,con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.
“El país vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”, describió la entidad.
Asimismo, Camarco también remarcó que en todo el país “el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”. Y agregó: “El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”.
Por todo esto, se explicó en el comunicado, el consejo federal declaró el “estado de emergencia” en todo el país e instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias para obtener, “en brevísimo plazo”, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
De la misma manera, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de “crisis extrema” que atraviesa el sector. “Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, concluyó el comunicado.
Tras la expulsión de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y su posterior absorción por parte de la cartera de Economía, conducida por Luis Caputo, los fondos destinados a la obra pública han quedado bajo la lupa del Gobierno.
Es que, tras retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus en el Gobierno esperan ahorrar aproximadamente 3 puntos del PBI en los gastos relacionados con subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
En caída
La actividad de la construcción ya viene golpeada desde 2023, año que podría cerrar con una gran caída, cuando se conozca el dato correspondiente a diciembre, que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el martes próximo. En el último informe, correspondiente a noviembre, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción( ISA C) mostró una caída intermensual de 2,2% e interanual de 2,1%.
Al analizar el comportamiento en los insumos, se destacó entonces la baja en el consumo del asfalto (-44,7 interanual), del hormigón (-12%) y del cemento (-10,9%). Estos insumos tienen una gran participación en la obra pública, por lo que su merma fue concordante la retracción interanual del 5,8% en el gasto de capital durante noviembre

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Aumentó un 64% la liquidación de divisas del agro
La suba se produjo luego de la devaluación del peso

En enero de este año, el sector agroindustrial aportó a la economía argentina divisas por unos US$1522 millones, cifra que representa un aumento del 64% con relación al mismo mes de 2023 y una mejora del 22% con relación a diciembre pasado. Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.
Los exportadores explicaron que ese ingreso de divisas es el resultado del nuevo régimen de dólar agro y de los movimientos macroeconómicos del nuevo gobierno que impactan sobre las decisiones de venta de la oferta de granos, aunque subrayaron que “la exportación sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa así como la industria aceitera”. Según datos de los propios exportadores, actualmente tiene una elevada capacidad ociosa cercana al 50%.
Resultado del DNU
Para Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, “el ingreso de divisas del mes de enero es el resultado del decreto del Gobierno, del dólar exportador y de una recuperación leve del flujo de entrega de granos a la exportación”. Sin embargo, el directivo señaló que “la caída de los precios internacionales está afectando el ingreso de divisas, pero también las condiciones macroeconómicas, particularmente el movimiento del mercado cambiario”.
El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. Tal como explican en la industria, la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

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sábado, 3 de junio de 2023

EL CEPO, RECLAMO


Reclamo de los operadores de comercio ante la ampliación “de facto” del cepo
Coincidieron en su preocupación por un aumento en las trabas
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Unas 20 cámaras empresariales se encontraron en el Centro de Despachantes de Aduana y los ejes de esa reunión fueron las restricciones para el pago de fletes internacionales en la Argentina y la “extrema preocupación” porque desde hace una semana las SIRA para importación de bienes de capital están saliendo a 365 días.
De la reunión participaron, entre otras, las cámaras de exportadores, de importadores, de las navieras, la CAME; la de agentes de carga internacionales, de industriales, de transporte y la Fecacera (representa a las de exportadores de todo el país).
Los empresarios debatieron la posición pública a tomar. Para comenzar pedirán una reunión con Guillermo Michel, titular de la Aduana. “Entiende el tema, conoce cómo funciona la cadena”, razonó ante uno de los asistentes. la nacion En general cada entidad ya viene planteando por nota sus reclamos a Economía
El primer pedido será que se dé marcha atrás con la Comunicación A7771 del Banco Central del 18 de mayo pasado. La norma estableció que las empresas no podrán acceder inmediatamente al mercado de cambios para pagar los fletes, sino que están obligadas a contar con una declaración aprobada por el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase) para realizar pagos al exterior por dicho servicio.
Al instrumentarse el Sirase la documentación debe ser revisada por la Secretaría de Comercio; por lo que la “pasó del BCRA a Economía y ya sabemos que hay una puja de poderes en ese ámbito”.
Una lista de reclamos
También insistirán en que las SIRA salgan en los plazos “que deben salir, no a los 365 días”, como vienen notando que “empezaron a salir” en las últimas semanas.
En el debate hubo distintos enfoques que pueden resumirse en el de los más combativos, que apuntan a la necesidad de que haya un “sinceramiento de las variables macroeconómicas”, entre las que, por supuesto, está una devaluación.
Los más moderados impulsaron propuestas que, entienden, permitirán aliviar la situación dentro del contexto en el que se mueve el Gobierno: “No hay reservas y no quieren devaluar, esa es la verdad. Vamos por lo ‘aplicable, lo posible’, que es que las Sirase salgan en una semana y las SIRA en 90 días. No es lo que queremos pero...”.
Los empresarios subrayan que el hecho de que las SIRA para bienes de capital salgan a 365 días “no estaba avalado por ninguna normativa; el alargamiento de los plazos se aplicó de hecho y lo detectaron los despachantes de aduana”.
Plantean que existe “mercadería que no se puede retirar, lo que traba líneas de producción y hace mucho daño”. Y denuncian que ya se trata de trabas sobre trabas, algo que a “las pymes las destroza”.

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sábado, 20 de mayo de 2023

RECLAMO


La Iglesia pidió garantizar la independencia del Poder Judicial
La Comisión de Justicia y Paz, un organismo del Episcopado, planteó la inquietud de los obispos y llamó a “fortalecer la democracia”; prioridades frente a la campaña electoral
Mariano de VediaEl titular del Episcopado, monseñor Oscar Ojea
Pocos días antes de la fecha patria del 25 de Mayo y en momentos en que el Gobierno mantiene una fuerte ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia pidió a la dirigencia política “fortalecer la democracia, asegurando la transparencia e independencia del Poder Judicial respecto del poder político”.
El pronunciamiento se conoce en las puertas de la campaña electoral y en momentos en que el kirchnerismo impulsa un proceso para remover a los jueces del máximo tribunal de Justicia, a partir del juicio político promovido en la Cámara de Diputados de la Nación. Coincide, además, con la reciente revelación del papa Francisco, quien en un encuentro con jesuitas en Hungría dijo que fue perseguido por el kirchnerismo, cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires.
A través de un documento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que recoge las preocupaciones expresadas por los obispos en la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia reclamó “combatir la corrupción en todos sus niveles”, llevar adelante políticas de desarrollo sustentable y estabilidad económica, y dejar atrás los “intereses sectoriales”, en favor del bien común.
El pronunciamiento se elaboró teniendo en cuenta los aportes que compartieron los obispos en las instancias de intercambio pastoral de la reciente asamblea plenaria, que reunió a un centenar de obispos y fue presidida por el titular del Episcopado, monseñor Oscar Ojea. El texto se presenta con el título “Pautas básicas para la construcción de consensos”.
En el documento, la Iglesia llama a “reconstruir la confianza en nuestro país y con ella, el sentido de pertenencia, generando un acuerdo político y social, con primacía del bien común por sobre los intereses sectoriales”.
También pide “trabajar por la dignidad de todas las personas que habitan la patria, en particular los más pobres y débiles, cuidando la vida desde su inicio hasta su fin natural” .
La Comisión Nacional de Justicia y Paz es un organismo integrado por laicos, que depende del Episcopado.
Creado en 1968, a instancias del Concilio Vaticano II, su finalidad es promover el compromiso de dirigentes de distintos campos de la sociedad para promover los valores de la justicia y la paz, especialmente en escenarios de confrontación. Su actual presidente es el abogado y profesor universitario Humberto Podetti.
El jueves próximo se espera un nuevo pronunciamiento de la Iglesia, cuando el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, encabece el tedeum en la Catedral Metropolitana, ante la festividad del 25 de Mayo.
Frente a la crisis, la Iglesia reclama la implementación de “políticas de desarrollo sustentable y estabilidad económica, estimulando la generación de trabajo digno e incrementando la participación del salario en la economía, facilitando las inversiones necesarias para la generación de puestos de trabajo genuino y garantizando el acceso al sistema de seguridad social a todas las personas que trabajan, cualquiera que sea la condición en que lo hagan”
“Educación para todos
Además de fortalecer la democracia y asegurar la “transparencia e independencia del Poder Judicial”, el documento transmite el reclamo de “extender la educación para todos los habitantes, en todos los niveles, respetando la pluralidad y los valores humanistas de nuestra cultura, libres de toda ideología reductiva y propiciando el desarrollo de la formación en oficios”.
En el mismo sentido, los obispos, a través del documento de Justicia y Paz, piden a la dirigencia política “contribuir y estimular el desarrollo científico y tecnológico al servicio de la persona humana”.
En sintonía con los lineamientos del papa Francisco en la encíclica Laudato si, el texto promovido por las autoridades del Episcopado puntualiza la necesidad de “atender los derechos de los pueblos originarios y cuidar los bienes naturales de la casa común, impulsando su aprovechamiento mediante tecnologías respetuosas de la naturaleza y de las personas, estableciendo mecanismos efectivos de control social”.
Otro reclamo de la Iglesia apunta a “intensificar la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, ampliando la protección a las mujeres y demás personas vulnerables”. Y pide “incrementar el cuidado y acompañamiento de las personas que sufren problemas de adicción, en particular niños y adolescentes”.
En sintonía con la preocupación del Episcopado, el arzobispo de Córdoba, el jesuita Ángel Rossi, se reunió con los candidatos a gobernador y a intendentes de la capital de la provincia, junto al equipo de la Pastoral Social, y llamó a revalorizar la política, como “una de las formas más altas de la caridad”.

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“Proponemos fortalecer la democracia, asegurando la independencia del Poder Judicial respecto del poder político”

domingo, 26 de febrero de 2023

RECLAMO


Massa reiteró en el G-20 que la guerra y la sequía condicionan a la Argentina
Afirmó que el contexto global dificulta la recuperación a corto plazo y los objetivos futuros; pidió subvenciones y crédito
EconomíaSergio Massa, en el plenario del G-20 en la India
En su exposición durante la segunda jornada de la Cumbre del G-20, que se realiza en la ciudad india de Bengaluru, el ministro de Economía, Sergio Massa, puso ayer de relieve que los países como la Argentina están en una coyuntura global desafiante, donde la pandemia, la guerra y la sequía por el cambio climático condicionan la seguridad alimentaria global y el desarrollo económico.
En este sentido, el ministro de Economía explicó que estas circunstancias del contexto internacional “no solo ponen en peligro la recuperación a corto plazo, sino que socavan la capacidad de los países para cumplir los objetivos de desarrollo a largo plazo”.
Massa consideró que “el financiamiento sostenible presenta desafíos especialmente para los países en desarrollo” y que “muchos países no tienen acceso a subvenciones y financiación climática en condiciones favorables para invertir en mitigación, adaptación y transición energética”.
Massa viene pidiendo al FMI que se contemple la crisis de la sequía y la guerra a la hora del cumplimiento de las metas de reservas de 2023. Por otro lado, busca fondos frescos para las alicaídas reservas.
Específicamente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el ministro dijo: “Quiero plantear, y pido disculpas por la extensión, un tema central respecto aloque reiteradamente se ha planteado alrededor del tema de la guerra; es clave que los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra en materia económica den mandato a sus directores en los organismos multilaterales para que los países que fuimos víctimas económicas de los daños de la guerra seamos escuchados cuando vamos a estos foros”.
Algunas cifras oficiales buscan sustentar su argumentos. Según un informe sobre el impacto de la guerra en la Argentina (V2-UGA), el conflicto en Ucrania ocasionó importantes cambios en el escenario económico mundial, que generó un efecto negativo de US$4940 millones en la balanza comercial que se atribuye a un shock general de precios internacionales del sector agropecuario (soja, 9,4%; trigo, 33,7%, y maíz, 17,8%) y sobre el precio de los combustibles (gas de Bolivia, 114%; GNL, 233%, y gasoil, 85%).
El informe también indica que se observa un aumento del valor de las importaciones de combustibles en US$3757 millones con relación a los US$1999 millones proyectados a precios preguerra. Respecto del complejo agroexportador se evidencian exportaciones netas por un total de us $617 millones adicionales a lo proyectado antes de la guerra.
Además, se estima que la Argentina importa un 70% de los fertilizantes que utiliza para su producción agropecuaria. Asumiendo una importación para 2022 igual a la del período 2020-2021, y manteniendo los precios vigentes durante el primer semestre de 2022, las importaciones de fertilizantes ascenderían a US$4400 millones durante todo 2022 (un alza de 93% respecto de las importaciones del 2021).
Finalmente, el costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de US$1800 millones con relación a las estimaciones anteriores a la guerra. El contexto global, según Massa, ha hecho endurecer los tipos de interés en muchas economías avanzadas, lo que, a su entender, exacerbó “las asimetrías ya existentes en las condiciones de financiamiento entre las economías en desarrollo y las avanzadas”.
Asimismo, Massa recalcó la necesidad de “incrementar las fuentes para la inversión en infraestructura social y sostenible”, a la que consideró un “factor clave” para la recuperación económica, la competitividad y para dar respuesta a desafíos estructurales como el cambio climático, la urbanización y la digitalización.
A su vez, el ministro cuestionó que no se haya alcanzado un acuerdo en el directorio del FMI para revisar la política de sobrecargos. “Es regresiva, porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento; procíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago, y opaca, porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos”, consideró.
Reuniones bilaterales
Massa también mantuvo ayer encuentros bilaterales con sus pares de Italia, Giancarlo Giorgetti; Francia, Bruno Le Maire; Alemania, Christian Lindner, y Brasil, Fernando Haddad, con quienes, indicaron, analizó el contexto económico mundial y en particular el programa de ordenamiento macroeconómico, el cumplimiento del acuerdo con el FMI y el impacto que tendrá la sequía en la economía del país. A su vez, se destacó “la potencialidad de las inversiones en sectores estratégicos”

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