Clubes centenarios. Riesgo de quiebra por avalancha de juicios de los caddies
Asesorados por un par de estudios de abogados, presentaron cientos de demandas millonarias por una presunta relación de dependencia encubierta
María Nöllmann y Diego Cabot 
Asustados por las demandas, la mayoría de los clubes de golf no dejan entrar más a los caddies
Una crisis mayúscula hace tambalear a algunos de los clubes más antiguos y tradicionales del país, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven forzados a aplicar cuotas extraordinarias para evitar la quiebra.
La amenaza de derrumbe proviene del adversario más inesperado: los caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales contra los clubes por lo que consideran relación de dependencia encubierta. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló a su favor en cientos de casos.
Una crisis mayúscula está haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados de la Argentina, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club, entre otros cientos. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que atraviesan situaciones más complicadas ya empezaron incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.
La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias –algunas alcanzan los 800 millones de pesos– que muchos clubes no pueden afrontar.
Los números ayudan a entender el fenómeno. Pese a la reserva de los establecimientos deportivos,
reconstruyó mediante sistema de consultas de causas del Poder Judicial algunos de los expedientes que se tramitan. El Jockey Club tiene 210 procesos en curso, en diferentes instancias; en uno de ellos fue condenado a pagar 800 millones de pesos. El Olivos Golf Club también está entre los más afectados: tiene cerca de 40 demandas vigentes y, según lo que se pudo reconstruir, tuvo decenas de causas que fueron “conciliadas”.
En el caso del Hindú Club, las diez demandas encabezadas por excaddies llevaron a la institución al borde del concurso preventivo. “Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras, que empezamos a pagar en cuotas hace dos meses, es equivalente a los ingresos totales del club de cinco meses. Es imposible de afrontar”, afirma Diego Díaz Bonilla, presidente del establecimiento deportivo. Debido a los juicios de caddies, destaca, tuvieron que vender propiedades y comenzaron a cobrar cuotas extraordinarias. Este es solo el inicio: a Hindú le quedan por delante otras ocho demandas y las autoridades vaticinan nuevos fallos en contra. También adelantan que el club no estaría en condiciones de afrontarlos.
“Quizá hace 40 años Hindú era la representación de la opulencia. Pero hoy la mayoría de los socios son de clase media, personas laburantes a las que les cuesta pagar la cuota. Estos juicios están conspirando contra nuestro trabajo. En el rugby y en el hockey hay más de cien tipos como yo, que entrenamos a los chicos gratis. El club también les abre las puertas a los colegios de la zona para que los estudiantes hagan gimnasia acá, en algunos casos de manera gratuita. Tenemos un trabajo social en Don Torcuato y estamos pagando sentencias millonarias –sigue Díaz Bonilla–. Los caddies nunca fueron empleados del club. Se los dejaba pasar para que trabajaran para los golfistas, que son solo el 10% de los socios”.
Este tipo de juicios parece, a simple vista, similar a cualquier litigiosidad del mercado laboral argentino, pero tiene dos particularidades. La primera es que, en los últimos tres años, por el boca en boca se volvieron masivos. La segunda, que a la mayoría los encabeza un puñado de abogados laboralistas con un modus operandi aceitado. Según pudo confirmar, entre las causas se repiten los argumentos de las denuncias y, en algunos casos, también los testigos.
Actualmente, el principal estudio es Montenegro Pávito & Asociados. El diputado nacional de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro (homónimo del intendente de Mar del Plata y uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel) es uno de los socios. El otro, Federico Pávito, es director general de Administración del Senado, lo que lo convierte en uno de los hombres fuertes del cuerpo, a cargo de un presupuesto millonario. Solo para entender: tiene una chequera para gastar alrededor de 3500 millones de pesos anuales, además de manejar los sueldos de todos los empleados de la Cámara alta.
Otro actor en el asunto es el estudio que encabeza el abogado Christian Labanca, un letrado que tiene sus oficinas en San Isidro y que fue el primero que empezó con los reclamos. “Yo tuve unos 20 juicios antes de 2010. En ese momento no había jurisprudencia. Todos fueron contra el Jockey Club y los pude conciliar. Luego tuve otra tanda, de unos 15. Pero no me dedico a esto. Lo que estoy viendo es que creció mucho la cantidad de juicios y que las demandas son a clubes pequeños, incluso del interior”, dijo. Aquel sendero iniciado por Labanca se convirtió hoy en una autopista de juicios millonarios.
En muchos casos, especialmente en las demandas a clubes del interior del país, la defensa de los caddies demanda, además de a los clubes, a su presidente y a la Asociación Argentina de Golf. “Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en la Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá”, explica Esteban Carcavallo, abogado de la Asociación Argentina de Golf. Según la entidad, los abogados denunciantes toman esta medida por una cuestión estratégica, porque los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.
Por ejemplo, se demandó en los tribunales porteños a los clubes Córdoba Golf Club y Santiago del Estero Golf Club. El primero tiene seis demandas: todos los reclamos se iniciaron en 2021 y en ese entonces representaban $211 millones de pesos. Hoy, aplicando el sistema de actualización vigente en la Cámara (llamado acta 2764), el valor sería aproximadamente de $2737 millones, lo que equivale a unos dos millones de dólares, sin tener en cuenta gastos de justicia y honorarios.
En caso de confirmarse la sentencia contra el Córdoba Golf Club en estos seis casos, deberá pedir a sus socios una colaboración de más de 3700 dólares cada uno, contando a los menores. “Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución. Se perdería la pyme que más trabajo brinda de manera directa e indirecta en Villa Allende. Hablamos de un club centenario (101 años), uno de los más prestigiosos a nivel nacional, que tiene un importantísimo aporte deportivo, social, cultural y de ayuda solidaria”, afirma el presidente del club cordobés, Rodolfo De Ferrari.
Entre los “artilugios legales” que cree que los abogados demandantes utilizan, menciona: “La jurisdicción natural de estas causas sería la de Córdoba, pero saben que en Córdoba seguramente la Justicia y la jurisprudencia no avalarían semejantes reclamos, que no corresponden, no solo por no haber relación de dependencia entre el club y estas personas y ningún caddie, sino también porque esos montos resultan totalmente disparatados y ajenos a la realidad”.
Pávito, en tanto, sostiene lo opuesto. Afirma que hay una relación de dependencia encubierta entre la centena de caddies que representó y la decena de clubes contra los que litigó en los últimos años. “Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía”, detalla.
A la vez, menciona como prueba de su argumento que el Convenio Colectivo de Trabajadores de Clubes de Campo mencione al master caddie como empleado del rubro. Sin embargo, este convenio no incluye a los caddies, que son los demandantes a los que él y los demás abogados representan. se comunicó con Montenegro, pero el diputado no contestó los mensajes.
Según pudo saber , la mayoría de los demandantes dicen que empezaron lo que consideran su relación laboral entre fines de los 70 y principios de los 80, y prueban esos tiempos con cinco testigos. Ese es uno de los puntos álgidos: los abogados de los clubes sostienen que el peso de las palabras de los testigos que ofrecen los caddies está lejos de representar lo mismo que los que aportan los demandados. De ahí en más, no se producen más pruebas.
Los caddies declaran en las causas décadas de trabajo ininterrumpido en un determinado club, incluso horarios laborales de hasta 12 horas diarias dentro de la institución, y es por ello que las indemnizaciones que se calculan tras la sentencia llegan a valores de centenares de millones de pesos.
Los clubes, por su parte, dicen que los caddies no trabajan de esa manera: “El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no
haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023”, describe el dirigente de uno de los clubes más demandados, que sigue de cerca los juicios de su asociación.
“Agarraron una mina de oro legal. Además, en el fuero laboral lamentablemente nunca un demandado puede ganar un juicio”, dice uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad. Denuncia, al igual que otros letrados consultados por
La utilización de testigos falsos por parte de los demandantes y causas iniciadas por personas que nunca fueron caddies. En el ámbito de los clubes se ha apodado a los abogados laboralistas de los caddies “caranchos de los greens”.
Incluso el Sindicato Argentino de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies critican estas demandas judiciales. “Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas”, considera Claudio Sesto, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato y presidente de la asociación.
Le preocupa el efecto de estos juicios en el presente y el futuro del oficio. Hoy los caddies, dice, no superan los 2300 en todo el país. “Están desapareciendo y esto es, en parte, por los juicios. La acción de un solo caddie que inicia un juicio a un club deja al resto de sus compañeros sin trabajo. Hoy los clubes manejan presupuestos muy acotados, y un nuevo juicio de un caddie los puede arruinar; entonces prefieren no dejarlos entrar”, explica Sesto, quien actualmente trabaja en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies. El proyecto es que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, y así lograr reconciliar la relación que solían tener con los clubes.
Un círculo vicioso
Con el objetivo de no recibir nuevas demandas, ratifican desde la Federación de Clubes de Campo, en los últimos años la mayoría de los clubes de golf optaron por no dejar entrar más a los caddies, aplicando en cambio soluciones tecnológicas como carritos eléctricos, o de arrastre. La decisión, afirman, afectó negativamente tanto a los caddies como a los golfistas y al propio club.
Hay algunos campos de golf que aún aceptan el ingreso de caddies, pero solo de unos pocos. Este es el caso de Hindú. Mientras que hace unas décadas tenía una treintena de caddies por día, actualmente solo le permite el ingreso a cinco de confianza, que trabajan en el lugar a cambio de propina de los golfistas desde hace mucho tiempo y promedian los 50 años de edad. Algunos tienen esposas o hijos que trabajan en relación de dependencia en el club, sostienen desde la institución.
La negativa de aceptar nuevos caddies es una regla a lo largo y ancho del país. “Hoy un club ve un caddie y sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo consiguieron trabajo, o pudieron estudiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas”, describe Marcelo Soria, director del Tour Profesional de Golf, quien de joven, durante un par de años, trabajó como caddie en el Jockey Club San Isidro. “Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además de permitirte llevar platita a tu casa”, continúa.
Las sospechas sobre la connivencia de varios actores en los procesos se basan en que muchos de los demandantes son simultáneamente testigos de otro caddie que tiene otro juicio. Según pudo ver a partir de registros judiciales, los argumentos de las denuncias se repiten continuamente. Dicen que les realizaron un examen preocupacional y que, además de acompañar a los golfistas en sus caminatas, los hacían limpiar la cancha y cortar el pasto. De esa forma argumentan la relación laboral.
La producción de la prueba con pocos requisitos y la rapidez para determinar la actualización de la sentencia son los elementos que hacen que los demandados sospechen que existe una suerte de animosidad en la Cámara, cuya mayoría de miembros se mostraron muy cercanos a la mirada de los demandantes a la hora de administrar justicia en el fuero laboral.
Existen dos miradas opuestas entre los 35 jueces que conforman la Cámara. La mayoría tienen una ideología marcadamente protrabajador y contraria a la empresa. La minoría, apenas cinco, tienen una postura más atenuadaSe habló con dos camaristas del fuero que no quisieron dar su nombre. Uno de los jueces del primer grupo dijo que no existe abuso a la hora de fallar contra los clubes de golf. El otro fue cauto, pero sostuvo que las condenas son impagables por la tasa que aplican y que se han convertido en un abuso.
En los clubes, juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones. Hasta se animan a decir que solo alrededor del 30% fueron caddies, aunque jamás con relación laboral formal. El 70% restante, cuentan, son personas que se prestaron a ser parte de la maquinaria, pero que en ningún caso pudieron ser reconocidos en el club.
Dicen que hasta hay reclutadores de posibles reclamantes que consiguen voluntarios en barrios vulnerables. El proceso incluye una suerte de hoja de ruta que contiene una pequeña capacitación como para entender de qué se trata el oficio, la compra de ropa y la búsqueda de testigos conocidos.
Pávito señaló que en su estudio les hacen algunas preguntas al demandante para ver si fue efectivamente caddie o no. ¿Qué se le pregunta?, inquirió . “Por ejemplo, cantidad de hoyos que tiene la cancha en la que trabajó, cantidad de palos que lleva una bolsa y si conoce a alguien”, contestó. A primera vista, no parecen cuestiones determinantes. “Nosotros no tenemos ninguno trucho, al menos eso es lo que creo”, dice el abogado, que reconoce que entre los terminados, los que acordó y los que tiene en trámite, intervino en unos 90 juicios.
También generan sospechas los montos que expresan haber ganado por sus trabajos como caddies los demandantes. Un ejemplo es el caso Ayala contra Jockey Club (expediente 47.646/2021). Según lo de consultas de causas, la Cámara le asignó al supuesto caddie un salario mensual de $160.000 a febrero de 2020, más allá de que el abogado de la parte había pedido $72.000, de acuerdo con el intercambio telegráfico. A esa fecha, ese era casi el sueldo que ganaba un secretario letrado de la Corte. Para ilustrar, en ese momento el dólar cotizaba 63 pesos, es decir, le fijó un sueldo de 2539 dólares. El monto, actualizado, lleva el cheque para cancelarlo a varios centenares de millones de pesos.
Al igual que en otras decenas de casos, esta demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala IV, una vez apelada, la dio vuelta y decidió lo contrario.
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Suspenden por 48 horas la colocación de stents y las angioplastías
La medida de los cardiólogos intervencionistas arranca hoy, pero no afectará la atención de las emergencias
Una crisis mayúscula hace tambalear a algunos de los clubes más antiguos y tradicionales del país, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven forzados a aplicar cuotas extraordinarias para evitar la quiebra.
La amenaza de derrumbe proviene del adversario más inesperado: los caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales contra los clubes por lo que consideran relación de dependencia encubierta. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló a su favor en cientos de casos.
Una crisis mayúscula está haciendo tambalear a algunos de los clubes más renombrados de la Argentina, como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club, entre otros cientos. Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que atraviesan situaciones más complicadas ya empezaron incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.
La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias –algunas alcanzan los 800 millones de pesos– que muchos clubes no pueden afrontar.
Los números ayudan a entender el fenómeno. Pese a la reserva de los establecimientos deportivos,
reconstruyó mediante sistema de consultas de causas del Poder Judicial algunos de los expedientes que se tramitan. El Jockey Club tiene 210 procesos en curso, en diferentes instancias; en uno de ellos fue condenado a pagar 800 millones de pesos. El Olivos Golf Club también está entre los más afectados: tiene cerca de 40 demandas vigentes y, según lo que se pudo reconstruir, tuvo decenas de causas que fueron “conciliadas”.
En el caso del Hindú Club, las diez demandas encabezadas por excaddies llevaron a la institución al borde del concurso preventivo. “Son sentencias expropiatorias. El monto de las dos primeras, que empezamos a pagar en cuotas hace dos meses, es equivalente a los ingresos totales del club de cinco meses. Es imposible de afrontar”, afirma Diego Díaz Bonilla, presidente del establecimiento deportivo. Debido a los juicios de caddies, destaca, tuvieron que vender propiedades y comenzaron a cobrar cuotas extraordinarias. Este es solo el inicio: a Hindú le quedan por delante otras ocho demandas y las autoridades vaticinan nuevos fallos en contra. También adelantan que el club no estaría en condiciones de afrontarlos.
“Quizá hace 40 años Hindú era la representación de la opulencia. Pero hoy la mayoría de los socios son de clase media, personas laburantes a las que les cuesta pagar la cuota. Estos juicios están conspirando contra nuestro trabajo. En el rugby y en el hockey hay más de cien tipos como yo, que entrenamos a los chicos gratis. El club también les abre las puertas a los colegios de la zona para que los estudiantes hagan gimnasia acá, en algunos casos de manera gratuita. Tenemos un trabajo social en Don Torcuato y estamos pagando sentencias millonarias –sigue Díaz Bonilla–. Los caddies nunca fueron empleados del club. Se los dejaba pasar para que trabajaran para los golfistas, que son solo el 10% de los socios”.
Este tipo de juicios parece, a simple vista, similar a cualquier litigiosidad del mercado laboral argentino, pero tiene dos particularidades. La primera es que, en los últimos tres años, por el boca en boca se volvieron masivos. La segunda, que a la mayoría los encabeza un puñado de abogados laboralistas con un modus operandi aceitado. Según pudo confirmar, entre las causas se repiten los argumentos de las denuncias y, en algunos casos, también los testigos.
Actualmente, el principal estudio es Montenegro Pávito & Asociados. El diputado nacional de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro (homónimo del intendente de Mar del Plata y uno de los asistentes a la visita a los represores en la cárcel) es uno de los socios. El otro, Federico Pávito, es director general de Administración del Senado, lo que lo convierte en uno de los hombres fuertes del cuerpo, a cargo de un presupuesto millonario. Solo para entender: tiene una chequera para gastar alrededor de 3500 millones de pesos anuales, además de manejar los sueldos de todos los empleados de la Cámara alta.
Otro actor en el asunto es el estudio que encabeza el abogado Christian Labanca, un letrado que tiene sus oficinas en San Isidro y que fue el primero que empezó con los reclamos. “Yo tuve unos 20 juicios antes de 2010. En ese momento no había jurisprudencia. Todos fueron contra el Jockey Club y los pude conciliar. Luego tuve otra tanda, de unos 15. Pero no me dedico a esto. Lo que estoy viendo es que creció mucho la cantidad de juicios y que las demandas son a clubes pequeños, incluso del interior”, dijo. Aquel sendero iniciado por Labanca se convirtió hoy en una autopista de juicios millonarios.
En muchos casos, especialmente en las demandas a clubes del interior del país, la defensa de los caddies demanda, además de a los clubes, a su presidente y a la Asociación Argentina de Golf. “Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en la Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá”, explica Esteban Carcavallo, abogado de la Asociación Argentina de Golf. Según la entidad, los abogados denunciantes toman esta medida por una cuestión estratégica, porque los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.
Por ejemplo, se demandó en los tribunales porteños a los clubes Córdoba Golf Club y Santiago del Estero Golf Club. El primero tiene seis demandas: todos los reclamos se iniciaron en 2021 y en ese entonces representaban $211 millones de pesos. Hoy, aplicando el sistema de actualización vigente en la Cámara (llamado acta 2764), el valor sería aproximadamente de $2737 millones, lo que equivale a unos dos millones de dólares, sin tener en cuenta gastos de justicia y honorarios.
En caso de confirmarse la sentencia contra el Córdoba Golf Club en estos seis casos, deberá pedir a sus socios una colaboración de más de 3700 dólares cada uno, contando a los menores. “Si los socios decidieran no afrontar de su bolsillo estas eventuales condenas, habría que liquidar la institución. Se perdería la pyme que más trabajo brinda de manera directa e indirecta en Villa Allende. Hablamos de un club centenario (101 años), uno de los más prestigiosos a nivel nacional, que tiene un importantísimo aporte deportivo, social, cultural y de ayuda solidaria”, afirma el presidente del club cordobés, Rodolfo De Ferrari.
Entre los “artilugios legales” que cree que los abogados demandantes utilizan, menciona: “La jurisdicción natural de estas causas sería la de Córdoba, pero saben que en Córdoba seguramente la Justicia y la jurisprudencia no avalarían semejantes reclamos, que no corresponden, no solo por no haber relación de dependencia entre el club y estas personas y ningún caddie, sino también porque esos montos resultan totalmente disparatados y ajenos a la realidad”.
Pávito, en tanto, sostiene lo opuesto. Afirma que hay una relación de dependencia encubierta entre la centena de caddies que representó y la decena de clubes contra los que litigó en los últimos años. “Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía”, detalla.
A la vez, menciona como prueba de su argumento que el Convenio Colectivo de Trabajadores de Clubes de Campo mencione al master caddie como empleado del rubro. Sin embargo, este convenio no incluye a los caddies, que son los demandantes a los que él y los demás abogados representan. se comunicó con Montenegro, pero el diputado no contestó los mensajes.
Según pudo saber , la mayoría de los demandantes dicen que empezaron lo que consideran su relación laboral entre fines de los 70 y principios de los 80, y prueban esos tiempos con cinco testigos. Ese es uno de los puntos álgidos: los abogados de los clubes sostienen que el peso de las palabras de los testigos que ofrecen los caddies está lejos de representar lo mismo que los que aportan los demandados. De ahí en más, no se producen más pruebas.
Los caddies declaran en las causas décadas de trabajo ininterrumpido en un determinado club, incluso horarios laborales de hasta 12 horas diarias dentro de la institución, y es por ello que las indemnizaciones que se calculan tras la sentencia llegan a valores de centenares de millones de pesos.
Los clubes, por su parte, dicen que los caddies no trabajan de esa manera: “El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no
haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023”, describe el dirigente de uno de los clubes más demandados, que sigue de cerca los juicios de su asociación.
“Agarraron una mina de oro legal. Además, en el fuero laboral lamentablemente nunca un demandado puede ganar un juicio”, dice uno de ellos, quien prefirió resguardar su identidad. Denuncia, al igual que otros letrados consultados por
La utilización de testigos falsos por parte de los demandantes y causas iniciadas por personas que nunca fueron caddies. En el ámbito de los clubes se ha apodado a los abogados laboralistas de los caddies “caranchos de los greens”.
Incluso el Sindicato Argentino de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies critican estas demandas judiciales. “Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas”, considera Claudio Sesto, secretario de Relaciones Institucionales del sindicato y presidente de la asociación.
Le preocupa el efecto de estos juicios en el presente y el futuro del oficio. Hoy los caddies, dice, no superan los 2300 en todo el país. “Están desapareciendo y esto es, en parte, por los juicios. La acción de un solo caddie que inicia un juicio a un club deja al resto de sus compañeros sin trabajo. Hoy los clubes manejan presupuestos muy acotados, y un nuevo juicio de un caddie los puede arruinar; entonces prefieren no dejarlos entrar”, explica Sesto, quien actualmente trabaja en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies. El proyecto es que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, y así lograr reconciliar la relación que solían tener con los clubes.
Un círculo vicioso
Con el objetivo de no recibir nuevas demandas, ratifican desde la Federación de Clubes de Campo, en los últimos años la mayoría de los clubes de golf optaron por no dejar entrar más a los caddies, aplicando en cambio soluciones tecnológicas como carritos eléctricos, o de arrastre. La decisión, afirman, afectó negativamente tanto a los caddies como a los golfistas y al propio club.
Hay algunos campos de golf que aún aceptan el ingreso de caddies, pero solo de unos pocos. Este es el caso de Hindú. Mientras que hace unas décadas tenía una treintena de caddies por día, actualmente solo le permite el ingreso a cinco de confianza, que trabajan en el lugar a cambio de propina de los golfistas desde hace mucho tiempo y promedian los 50 años de edad. Algunos tienen esposas o hijos que trabajan en relación de dependencia en el club, sostienen desde la institución.
La negativa de aceptar nuevos caddies es una regla a lo largo y ancho del país. “Hoy un club ve un caddie y sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo consiguieron trabajo, o pudieron estudiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas”, describe Marcelo Soria, director del Tour Profesional de Golf, quien de joven, durante un par de años, trabajó como caddie en el Jockey Club San Isidro. “Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además de permitirte llevar platita a tu casa”, continúa.
Las sospechas sobre la connivencia de varios actores en los procesos se basan en que muchos de los demandantes son simultáneamente testigos de otro caddie que tiene otro juicio. Según pudo ver a partir de registros judiciales, los argumentos de las denuncias se repiten continuamente. Dicen que les realizaron un examen preocupacional y que, además de acompañar a los golfistas en sus caminatas, los hacían limpiar la cancha y cortar el pasto. De esa forma argumentan la relación laboral.
La producción de la prueba con pocos requisitos y la rapidez para determinar la actualización de la sentencia son los elementos que hacen que los demandados sospechen que existe una suerte de animosidad en la Cámara, cuya mayoría de miembros se mostraron muy cercanos a la mirada de los demandantes a la hora de administrar justicia en el fuero laboral.
Existen dos miradas opuestas entre los 35 jueces que conforman la Cámara. La mayoría tienen una ideología marcadamente protrabajador y contraria a la empresa. La minoría, apenas cinco, tienen una postura más atenuadaSe habló con dos camaristas del fuero que no quisieron dar su nombre. Uno de los jueces del primer grupo dijo que no existe abuso a la hora de fallar contra los clubes de golf. El otro fue cauto, pero sostuvo que las condenas son impagables por la tasa que aplican y que se han convertido en un abuso.
En los clubes, juran que muchos de los supuestos caddies que reclaman millones jamás pisaron las instalaciones. Hasta se animan a decir que solo alrededor del 30% fueron caddies, aunque jamás con relación laboral formal. El 70% restante, cuentan, son personas que se prestaron a ser parte de la maquinaria, pero que en ningún caso pudieron ser reconocidos en el club.
Dicen que hasta hay reclutadores de posibles reclamantes que consiguen voluntarios en barrios vulnerables. El proceso incluye una suerte de hoja de ruta que contiene una pequeña capacitación como para entender de qué se trata el oficio, la compra de ropa y la búsqueda de testigos conocidos.
Pávito señaló que en su estudio les hacen algunas preguntas al demandante para ver si fue efectivamente caddie o no. ¿Qué se le pregunta?, inquirió . “Por ejemplo, cantidad de hoyos que tiene la cancha en la que trabajó, cantidad de palos que lleva una bolsa y si conoce a alguien”, contestó. A primera vista, no parecen cuestiones determinantes. “Nosotros no tenemos ninguno trucho, al menos eso es lo que creo”, dice el abogado, que reconoce que entre los terminados, los que acordó y los que tiene en trámite, intervino en unos 90 juicios.
También generan sospechas los montos que expresan haber ganado por sus trabajos como caddies los demandantes. Un ejemplo es el caso Ayala contra Jockey Club (expediente 47.646/2021). Según lo de consultas de causas, la Cámara le asignó al supuesto caddie un salario mensual de $160.000 a febrero de 2020, más allá de que el abogado de la parte había pedido $72.000, de acuerdo con el intercambio telegráfico. A esa fecha, ese era casi el sueldo que ganaba un secretario letrado de la Corte. Para ilustrar, en ese momento el dólar cotizaba 63 pesos, es decir, le fijó un sueldo de 2539 dólares. El monto, actualizado, lleva el cheque para cancelarlo a varios centenares de millones de pesos.
Al igual que en otras decenas de casos, esta demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala IV, una vez apelada, la dio vuelta y decidió lo contrario.
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Suspenden por 48 horas la colocación de stents y las angioplastías
La medida de los cardiólogos intervencionistas arranca hoy, pero no afectará la atención de las emergencias
Fabiola Czubaj
Se salvan 200.000 vidas por año con angioplastías
El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) anunció un “apagón de monitores” por 48 horas debido a los bajos honorarios que perciben por las prácticas tanto en el sector público como en el privado. La medida de fuerza, que se extenderá hoy y mañana, alcanzará a la colocación de stents y las angioplastías que estaban programadas en centros de todo el país. No afectará la atención de las urgencias o emergencias, según reiteraron
La decisión llega con la especialidad declarada en estado de emergencia desde hace tres meses y tiene que ver con la situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista. Durante estas 48 horas, según indicaron a través de un comunicado difundido ayer, solo se atenderán los casos que requieran intervención urgente “para no dejar morir a los pacientes graves”.
Juan José Fernández, presidente del CACI, explicó en diálogo que aguardan que, coneste reclamo que en la institución consideran un paro simbólico, las autoridades nacionales de Salud los convoquen para dialogar y destrabar esta situación con los financiadores.
El valor de una angioplastía, un procedimiento que salva vidas, debería rondar los US$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El profesional interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo.
Los insumos, como los contrastes, o las prótesis o los stents los proveen los centros o las coberturas, según corresponda. Son productos que no se producen en el país. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta entre 400 y 500 dólares.
Un módulo considera la internación, los materiales que utilizan los profesionales y los honorarios. Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por lo que la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran “muy crítica”, los insumos subieron entre 600 y 1200% en el último año.
“Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes”, planteó Fernández.
En sucesivas comunicaciones, que comenzaron el año pasado cuando el cierre de importaciones afectó el ingreso de insumos médicos, las autoridades del CACI siguen señalando que se está atravesando una “tormenta perfecta” en la práctica diaria. En esta ocasión, explicaron que se debe al deterioro de los ingresos por un efecto inflacionario, el “aumento exponencial” de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo en dólares de los insumos que utilizan durante los procedimientos.
Hasta el momento, insistieron los cardiólogos intervencionistas, las obras sociales, las prepagas y los ministerios de Salud provinciales y nacional “no dieron respuesta” a los pedidos.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Procedimientos, que administra el CACI, se estima que en la Argentina se hacen cerca de 200.000 angioplastías cada año.
A partir de ese registro, con datos consolidados a 2022 y difundidos este mes durante el Congreso Internacional Solaci-CACI 2024, se calculó que se colocarían cerca de 110.000 stents anualmente en el país.
“En el país, los cardiólogos intervencionistas hacen alrededor de 1,5 millones de procedimientos terapéuticos y diagnósticos por año. Solo diagnósticos coronarios son unos 800.000 para llegar a 200.000 angioplastías anuales”, precisó Fernández.
Señaló que alrededor del 6070% son urgencias o emergencias. El 30-40% son procedimientos programados y son estas prácticas las que estarán afectadas por el apagón de monitores de 48 horas. Esos turnos se cancelaron previamente a la medida y los profesionales llevaron tranquilidad al explicar que ya están reprogramados.
“Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad –repasaron en el comunicado de la entidad sobre este paro simbólico–. El sector atraviesa una ‘tormenta perfecta’: la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents”.
Denunciaron, a la vez, que es esa realidad la que “viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor” al demorar el tratamiento.
En el CACI, ya anticipan que la medida se podría repetir en los próximos meses, aunque sería cada vez por más tiempo. “Con estas prácticas, cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente y, de persistir la actual situación, la actividad literalmente desaparecerá”, argumentaron los cardiólogos intervencionistas por escrito.
Y finalizaron: “Preocupa que, tal como ocurrió durante la pandemia, pueda incrementarse la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce al colapso de la especialidad y, aunque en este momento los insumos estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto de la especialidad”
200.000
Angioplastías por año
Es la cantidad de procedimientos terapéuticos coronarios que los cardiólogos intervencionistas estiman que se hacen en el país.
60-70%
Son prácticas urgentes
El resto son intervenciones programadas.Para el apagón de monitores de 48 horas que comienza hoy, el CACI informó que esos turnos fueron cancelados y se reprogramaron en todos los casos para las próximas semanas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
La decisión llega con la especialidad declarada en estado de emergencia desde hace tres meses y tiene que ver con la situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista. Durante estas 48 horas, según indicaron a través de un comunicado difundido ayer, solo se atenderán los casos que requieran intervención urgente “para no dejar morir a los pacientes graves”.
Juan José Fernández, presidente del CACI, explicó en diálogo que aguardan que, coneste reclamo que en la institución consideran un paro simbólico, las autoridades nacionales de Salud los convoquen para dialogar y destrabar esta situación con los financiadores.
El valor de una angioplastía, un procedimiento que salva vidas, debería rondar los US$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El profesional interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo.
Los insumos, como los contrastes, o las prótesis o los stents los proveen los centros o las coberturas, según corresponda. Son productos que no se producen en el país. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta entre 400 y 500 dólares.
Un módulo considera la internación, los materiales que utilizan los profesionales y los honorarios. Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por lo que la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran “muy crítica”, los insumos subieron entre 600 y 1200% en el último año.
“Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes”, planteó Fernández.
En sucesivas comunicaciones, que comenzaron el año pasado cuando el cierre de importaciones afectó el ingreso de insumos médicos, las autoridades del CACI siguen señalando que se está atravesando una “tormenta perfecta” en la práctica diaria. En esta ocasión, explicaron que se debe al deterioro de los ingresos por un efecto inflacionario, el “aumento exponencial” de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo en dólares de los insumos que utilizan durante los procedimientos.
Hasta el momento, insistieron los cardiólogos intervencionistas, las obras sociales, las prepagas y los ministerios de Salud provinciales y nacional “no dieron respuesta” a los pedidos.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Procedimientos, que administra el CACI, se estima que en la Argentina se hacen cerca de 200.000 angioplastías cada año.
A partir de ese registro, con datos consolidados a 2022 y difundidos este mes durante el Congreso Internacional Solaci-CACI 2024, se calculó que se colocarían cerca de 110.000 stents anualmente en el país.
“En el país, los cardiólogos intervencionistas hacen alrededor de 1,5 millones de procedimientos terapéuticos y diagnósticos por año. Solo diagnósticos coronarios son unos 800.000 para llegar a 200.000 angioplastías anuales”, precisó Fernández.
Señaló que alrededor del 6070% son urgencias o emergencias. El 30-40% son procedimientos programados y son estas prácticas las que estarán afectadas por el apagón de monitores de 48 horas. Esos turnos se cancelaron previamente a la medida y los profesionales llevaron tranquilidad al explicar que ya están reprogramados.
“Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad –repasaron en el comunicado de la entidad sobre este paro simbólico–. El sector atraviesa una ‘tormenta perfecta’: la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents”.
Denunciaron, a la vez, que es esa realidad la que “viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor” al demorar el tratamiento.
En el CACI, ya anticipan que la medida se podría repetir en los próximos meses, aunque sería cada vez por más tiempo. “Con estas prácticas, cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente y, de persistir la actual situación, la actividad literalmente desaparecerá”, argumentaron los cardiólogos intervencionistas por escrito.
Y finalizaron: “Preocupa que, tal como ocurrió durante la pandemia, pueda incrementarse la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce al colapso de la especialidad y, aunque en este momento los insumos estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto de la especialidad”
200.000
Angioplastías por año
Es la cantidad de procedimientos terapéuticos coronarios que los cardiólogos intervencionistas estiman que se hacen en el país.
60-70%
Son prácticas urgentes
El resto son intervenciones programadas.Para el apagón de monitores de 48 horas que comienza hoy, el CACI informó que esos turnos fueron cancelados y se reprogramaron en todos los casos para las próximas semanas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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