RAÍCES DE LA CRISIS

La inseguridad, política de Estado
Texto Diana Cohen Agrest La autora es doctora en Filosofía y presidenta de Usina de JusticiaMarcha en Pilar contra la inseguridad, tras el crimen de Andrés Blaquier
Entre los principales factores que inciden en el avance del delito se encuentran la existencia de fronteras sin controles rigurosos y la sucesión de tres generaciones que desconocen el valor del trabajo y fueron criadas en una cultura de la desigualdad; la liberación de presos, decidida en la pandemia, tuvo un impacto negativo
Si debiéramos condensar en un término las raíces de la inseguridad en la Argentina, esa palabra sería “impunidad”, entendida como la ausencia de sanción frente a una conducta ilegal. El núcleo del análisis de la impunidad es el sistema de justicia penal y seguridad pública.
Por cierto, entre los factores que inciden en la producción y reproducción del delito, es insoslayable mencionar la sucesión de tres generaciones que desconocen el valor del trabajo y a menudo carecen de un referente, pues el padre, la madre o las clásicas figuras del maestro o del sacerdote fueron despojados de su valor formativo. Generaciones de “ni ni” criados en una cultura de la desigualdad. A esto se agregan la existencia de fronteras porosas y una absoluta falta de control de los antecedentes penales en las oleadas migratorias de las últimas décadas.
El eje que articula los factores mencionados es un abordaje exclusivamente ideológico y carente de datos científicos orientados a la disminución del delito: en la Argentina de hoy, la inseguridad es una política de Estado. De un Estado omnipresente en el control de los ciudadanos, pero ausente en la protección de la vida y los bienes, razón fundacional del nacimiento y existencia del Estado.
Si buscamos las raíces, un comienzo históricamente diferenciado de la inseguridad, la genealogía de la impunidad nos remite al 25 de mayo de 1973, el día en que asumió la presidencia Héctor José Cámpora y pidió la liberación de los presos políticos encarcelados durante el régimen de Onganía. Tras la invención ad hoc de un “acta de liberación”, esta permitió la salida ilegal de encarcelados políticos y de unos 3000 presos condenados por delitos ordinarios. El “Devotazo”, nombre con que se conoció el vaciamiento del centro penitenciario, se llevó adelante antes de que el presidente Cámpora firmara el indulto y el Congreso sancionara la amnistía.
La segunda liberación de presos con anuencia del poder político fue durante la cuarentena. En abril de 2020, el juez Víctor Violini liberó a un número indeterminado de presos –se calcula una cifra de más de tres mil– que, tras la pandemia, no regresaron a los penales. A menudo rechazados por la familia en su vuelta imprevista al hogar, sin trabajo, esos liberados retomaron el delito como medio de vida. A los fines de la comunicación con sus familiares y de una presunta resocialización, durante la pandemia también se autorizó el uso de teléfonos celulares en las cárceles, que, como era de esperar, derivó en la participación y dirección de los reclusos en los delitos que se cometen extramuros.
Masacre por goteo
La flexibilización de las reglas se gestó a lo largo de las dos décadas anteriores. La sanción de la ley 24.660, en 1996, estipuló la concesión de las salidas transitorias, la incorporación al régimen de la semilibertad y otros beneficios que, si bien eran optativos, solían ser interpretados por los jueces como obligatorios. La lucha de las asociaciones de víctimas y un reconocimiento del aumento del delito por la discrecionalidad de los beneficios liberatorios condujeron a que en 2017 el Poder Ejecutivo promulgara la ley 27.375, de ejecución de la pena privativa de la libertad, modificatoria de la ley 24.660, con el objetivo de limitar las excarcelaciones y las salidas transitorias a los condenados por delitos graves en todo el territorio nacional. Entre la sanción original de la ley y su reforma, se cocinó un caldo de cultivo desde las postrimerías de los años 90, cuya expansión podría datarse a partir de 2001.
¿Quiénes son los responsables de esta “masacre por goteo”, parodiando una expresión de la que tanto se abusó? En principio, los tres poderes del Estado, dominado durante 16 de los últimos 20 años por un solo color partidario, a menudo con la complicidad del arcoíris político. Prueba de esa complicidad es una comisión constituida por decreto del Poder Ejecutivo en 2013, coordinada por el entonces juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni e integrada orgullosamente por el exministro de Justicia y Seguridad bonaerense, diputados de Pro, de la UCR y del Frente Amplio Progresista. Finalmente, esa reforma fue abortada por el camaleónico Massa.
Entre otras perlas, el anteproyecto introducía las llamadas “penas alternativas” a la prisión; a saber: detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de las instrucciones judiciales y multa reparatoria. Se eliminaba la pena perpetua y se fijaba la condena máxima en 30 años. Se suprimía el registro de reincidencia. Se mantenía la suspensión del juicio a prueba o probation, introducida en los últimos años. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, se despenalizaba la tenencia de droga para consumo personal, pero se agregaba el cultivo (para el mismo fin). Y hasta podría haber exención y reducción de la pena “cuando el agente fuere parte de un pueblo originario, el delito se hubiere cometido entre sus miembros y hubiere sufrido una sanción conforme a sus costumbres”.
El anteproyecto fue archivado, pero no fue a parar a un estante de un museo: si bien nunca se sancionó, la mayoría de las propuestas se fueron ejecutando gracias a la jurisprudencia, que suele introducir por la ventana lo que sacó por la puerta.
La delincuencia juvenil
El sociólogo Matías Bruno, director del informe “Las voces de los y las adolescentes privados de libertad en Argentina”, editado por Unicef en 2018 y mencionado por Mundo Untref en una nota de mayo de 2019, señala en su trabajo que tres de cada diez adolescentes habían vivido en la calle antes de ser apresados, el 50% es reiteen la cárcel –entraron, cumplieron pena, salieron y volvieron a entrar–, el 50% no estaba yendo a la escuela al momento de ser detenido; entre jóvenes de 16 y 17 años, el 50% ya había probado cocaína y uno de cada cuatro son padre o madre durante el encierro. Este escenario condensa las políticas públicas en materia social y penal de las últimas décadas.
Si nos preguntamos: ¿quiénes son responsables de la inseguridad ciudadana?, la respuesta engloba a los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, en calidad de máxima autoridad del Estado y de sus ministros que ejecutan políticas orientadas a la cooptación de votos amigos. El Poder Legislativo, por sancionar leyes con enorme carga discursiva inversamente proporcional a su cumplimiento. Y el Poder Judicial, en cuanto hizo de la puerta giratoria el instrumento por antonomasia para “sacarse las causas” de encima.
Finalmente, es esencial interrogarse acerca de las raíces y fundamentos teóricos y doctrinarios de la inseguridad. Una primera respuesta se remonta a medio siglo atrás.
El número abultado de legisladores, funcionarios y dirigentes vintage que convergen en el pensamiento abolicionista del sistema penal prosiguen las huellas de Mayo del 68, cuando la intelectualidad francesa dictó el “prohibido prohibir” y “la imaginación al poder”.
Dos años antes, el noruego Niels Christie publicó sus críticas a la prohibición de las drogas y al sistema carcelario, alegando que el derecho penal le había “expropiado” el conflicto a la víctima. El administrador de Justicia debía ocuparse de devolver el poder expropiado. Así lo entendió también el holandés Louk Hulsman, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue confinado en un campo de concentración. Esa experiencia personal, cuenta Hulsman, dejó su huella en su adhesión fortuita al abolicionismo penal: transcurridos unos años de su confinamiento, Hulsman sufrió un robo en su casa. Los autores eran unos jóvenes, quienes habían ingresado en el hogar familiar dos veces en tres semanas. Hulsman habló con ellos y con sus padres. Y en lugar de denunciarlos ante las autoridades, llegaron a un acuerdo amistoso y hasta el seguro resarció los daños de la vivienda. (Créase o no, en una controvertida analogía, asimiló el sufrimiento de los jóvenes si ingresaban a prisión con su propio sufrimiento en los campos de exterminio).
Unos años más tarde, el italiano Luigi Ferrajoli, vía Foucault, recogió esas ideas, que fueron sumadas a la premisa de que quien delinque es una víctima del sistema capitalista y, en calidad de tal, no debe ser castigado. De ese brebaje bebió Zaffaroni, quien se valió de una caricatura teórica de las enseñanzas de Ferrajoli para formar a generaciones de jóvenes abogados consagrados a defender a quienes roban, violan y matan.
Todo lo demás es historia ya conocida. Si la única verdad es la realidad, es notorio que el buenismo de la dirigencia, alentado por la progresía local, es un ideario que debe ser extirpado. Porque como un cáncer, hizo metástasis y, a menudo, ministros, legisladores, jueces, fiscales y defensores matan con su lapicera.

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