SALUD...EMBARAZO ADOLESCENTE

Embarazo adolescente: con una mejor prevención, calculan que se ahorrarían unos US$834 millones de dólares
La estimación fue hecha por el Fondo de Población de Naciones Unidas; ese dinero se podría redireccionar hacia becas universitarias y programas para combatir la violencia de género
Fabiola Czubaj
Los especialistas sostienen que prevenir el embarazo adolescente es promover el desarrollo
El sistema sanitario podría ahorrar US$140,3 millones por año en costos de atención si se previniera el 70% de los embarazos en las chicas de entre 15 y 19 años que es la proporción de embarazos no intencionales a esa edad. Son casi 36.400 de los más de 53.000 nacimientos que aún se registran de madres de entre 10 y 19 años, de acuerdo con el primer estudio sobre el impacto económico de esas gestaciones a propósito de la implementación hace cinco años del Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA).
La estimación hecha por un equipo del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por su sigla en inglés) revela, además, que la maternidad tan anticipada termina por costarle al país una cifra nada despreciable: US$ 834,7 millones anuales en pérdida de oportunidades de estudio, trabajo, costos sanitarios e ingresos fiscales. “Una chica de clase media embarazada va a formar un hogar pobre”, sostiene Federico Tobar, autor principal del relevamiento y asesor regional del organismo internacional.
Afirma que prevenir el embarazo adolescente es promover el desarrollo. “Sabemos que impacta en la calidad de vida y las posibilidades de crecimiento a futuro tanto de las madres como de sus hijos. Hace que tengamos mujeres del siglo XXI con la esperanza de vida al nacer, la tasa de fecundidad, el nivel educativo y los ingresos de sus abuelas a principio del siglo XX”, agregó en diálogo 
Alcance
Los costos de programas nacionales y becas universitarias que consideró el equipo de Unfpa permitieron estimar que con esos US$ 834,7 millones se podría construir y equipar nada más ni nada menos que un hogar de protección integral para víctimas de violencia de género en cada municipio del país, ofrecer 850.000 becas de apoyo económico a estudiantes universitarias y costear la formación de casi 13.000 universitarios.
Solo con los US$ 140,3 millones destinados a atender desde la gestación hasta el puerperio del 70% de los embarazos no intencionales entre los 15 y 19 años, sería más que suficiente para garantizar la provisión gratuita de todos los métodos anticonceptivos a las argentinas que los soliciten. Es más: de acuerdo con las estimaciones de Unfpa, ese monto equivale al presupuesto necesario para evitar el embarazo adolescente en América latina y el Caribe.
Por cada dólar invertido en prevención, según explicó Tobar, la sociedad y el Estado recuperaría US$43.
Estos cálculos son parte de una evaluación integral de resultados logrados con el plan ENIA, una política pública que se implementa en el país desde 2018, sin interrupción, en las provincias del noroeste, el noreste y de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de casos. Intervienen los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación a través de la asistencia a los distritos en la prestación de servicios clave para prevenir el embarazo adolescente, como el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la consejería en salud sexual y reproductiva en centros de atención, la educación sexual integral (ESI) y la prevención del abuso y atención a las víctimas.
En los tres primeros años del ENIA, la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA), el indicador considerado más confiable para su seguimiento, se redujo un 38,4%: de 25,4 nacimientos por cada 1000 chicas de entre 10 y 19 años en 2018 a 15,4 en 2020, que es el último año relevado. En ese trienio, la cantidad de bebés de madres adolescentes descendió de 87.118 a 53.260, de acuerdo con las estadísticas vitales nacionales. “Dado que el ritmo de descenso en las provincias con ENIA resultó mayor que en las provincias sin el plan, puede esperarse que la brecha se elimine en el corto plazo”, opinan los autores, de sostenerse esta política pública.
En las chicas de entre 15 y 19 años (TEFA tardía), la reducción fue del 39,4%. Entre los 10 y 14 años (TEFA temprana), el grupo en el que la mayoría de los casos es por abuso, la tasa bajó a la mitad, de 1,4 a 0,7 por cada mil chicas de esa edad o de 2350 nacidos vivos de madres niñas el primer año de implementación del ENIA a 1294 a los dos años. Chaco, Formosa y Misiones eran las provincias que más casos concentraban cuando arrancó ese plan, como se  publicó
Este medio consultó al Ministerio de Salud de la Nación sobre el impacto del plan ENIA y qué intervenciones habría que reforzar para alcanzar las metas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Alto impacto
Para el estudio de impacto económico, Tobar y el economista Iván Rodríguez Bernate aplicaron el modelo Milena (Metodología de Impactos Laborales Educativos, en la Nómina Salarial y Asistenciales) a datos nacionales que relevó un equipo de consultores locales: Julia Frenkel, Javier Curcio y Alejandra Sánchez Cabezas. Unfpa utiliza ese modelo para analizar la evolución de los programas, como el ENIA, en los que participa con asistencia técnica en 14 países.
“Con el modelo Milena pudimos comparar cómo les fue a las mujeres que fueron madres tempranas (19 años o menos) con las que fueron madres adultas (entre los 20 y 29 años) en cinco áreas socioeconómicas: el nivel educativo alcanzado, la participación laboral y el empleo, los ingresos individuales, la atención médica de la gestación, el parto, el puerperio y del recién nacido, y los ingresos fiscales que el Estado percibe como impuestos”, detalla Tobar.
Con eso, el equipo estimó el costo de oportunidades perdidas a través de la brecha en la actividad productiva, los gastos asistenciales en salud y la pérdida de ingresos por impuestos debido al desempleo y la inactividad entre mujeres que fueron madres antes y después de los 20 años. Hay 874.715 argentinas en edad de trabajar que en la última Encuesta Permanente de Hogares declararon que tuvieron un hijo antes de los 19 años.
El 38% de las mujeres que fueron madres adolescentes tenía el secundario completo, comparado con el 55% de las que fueron madres adultas, que a la vez tenían tres veces más posibilidad de tener un título terciario o cinco veces más de ser universitarias. El desempleo era un 21,4% más alto con la maternidad adolescente, mientras que el ingreso era un 29% más bajo que con la maternidad después de los 20 años. De hecho, la mayor proporción (68%) de los US$834.720.198 que le cuesta el embarazo adolescente al país cada año se debe a “los ingresos que las madres tempranas pierden en comparación con las madres adultas”, explica Tobar.
Silvina Ramos es socióloga, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes), excoordinadora técnica del ENIA y asesora externa de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ante la consulta, ratificó esa tendencia a una “caída importante” de la fecundidad adolescente tardía y temprana, que es “la más resistente a la baja”, como define. Está pendiente, según indicó, evaluar el efecto de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento con los datos de 2021. Opina que deben sostenerse las políticas públicas de acceso a la anticoncepción, el aborto y la ESI, que considera que “hay que darle fuerte impulso” para que alcance a los chicos de manera efectiva.
“El plan ENIA debería sostenerse y ampliarse a otras provincias porque tiene muchas fortalezas en sus intervenciones. Pero lo más importante, además de sostener las políticas públicas y ser más vigilantes para conocer si su implementación es la apropiada, hay que observar las desigualdades que hay en la Argentina porque muchas de esas políticas se definen a nivel central, pero se implementa a nivel local –agrega Ramos–. A veces, la voluntad política local no es suficiente y las decisiones sobre recursos humanos, financieros e insumos dependen de esas decisiones y se termina consolidando un patrón de desigualdades.”
Las campañas de comunicación son, según afirma, una deuda pendiente con la sociedad en el acceso a la información para poder reclamar y acceder a los servicios disponibles

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