HISTORIA DEL CRIMEN

ADN del crimen: cárcel y corrupción, cómo funciona el call center tumbero
El ingreso de celulares para los presos se convirtió en la fuente de recaudación ilegal más importante entre los guardias, que cobran $ 40.000 por cada teléfono

G. C.
Los alambrados y la vigilancia no impiden que los presos accedan a celulares

Con la cantidad de celulares secuestrados desde 2020, las cárceles argentinas se transformaron en un call center tumbero. El ingreso de teléfonos para presos se convirtió en la principal fuente de recaudación ilegal de los guardiacárceles. A pesar de las restricciones fijadas para evitar los contagios del Covid-19 entre la población carcelaria, la cantidad de celulares secuestrados en los presidios durante la cuarentena fue similar a la de años anteriores. Esto significaría que los dispositivos eran llevados por efectivos que debían vigilar a los presos y no por los familiares que los visitaban.
Según fuentes penitenciarias, un guardia cobra $40.000 por llevarle un celular a un preso. Solamente en un año, en los penales de Santa Fe, Buenos Aires y las cárceles federales se requisaron más de 38.000 teléfonos.
En el caso de Ariel Cantero, alias Guille, el escándalo es mayor. El jefe de la banda de narcotraficantes conocida como Los Monos está detenido en el penal de Marcos Paz. Allí, la calidad de la señal de la telefonía celular es mala, por lo tanto, un aparato con ese sistema resulta inútil para la necesidad de un jefe narco como Cantero, que lo utiliza para mandar órdenes constantemente a sus subordinados.
Guille Cantero, el líder de Los Monos, tenía dos teléfonos fijos en su calabozo
La solución que un grupo de guardiacárceles le aportó a Cantero consistió en hacerle la extensión del cable correspondiente a una de las líneas fijas del penal, que pasaba desde el sector de los teléfonos públicos, la oficina del jefe del pabellón, recorría el techo, bajaba por el sector externo del calabozo, que en la cárcel se conoce como “la libertad” o “tierra de nadie”, hasta la ventana de la celda del jefe narco.
Semejante tendido de cable no se pudo concretar sin la complicidad de los guardiacárceles. Al entregar esa línea al jefe narco, le restaban un teléfono fijo al resto del penal.
Un funcionario penitenciario indicó que el tendido de esa línea telefónica para uso exclusivo del líder de Los Monos formó parte de una cobertura integral que Cantero le pagó a un grupo de guardiacárceles para que le permitieran vivir cómodamente en la cárcel y con acceso a beneficios vedados a la mayoría de la población del penal.
Facas y celulares secuestrados en una cárcel

Este agente penitenciario manifestó que, en los últimos días, el líder de Los Monos realizó un fuerte reclamó a dos jefes de sección del penal de Marcos Paz porque después del segundo allanamiento en su calabozo fue sancionado con encierro y quita de beneficios.
El reclamo de Cantero se fundó en que habría pagado US$100.000 a dos oficiales superiores para pasar tranquilo sus días de detención, con acceso a teléfono, alcohol y visitas, pero actualmente estaba castigado y aislado en su calabozo.
Estos dos oficiales que aparecen en la mira de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por cobrarle una coima al jefe de Los Monos, serían los mismos que, en septiembre de 2016, fueron acusados por el hallazgo de un teléfono celular, tarjetas de memoria, un módem, cargadores de teléfonos y un mapa con las comisarías de la zona en el calabozo que en el penal de Ezeiza ocupaba el narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre.
Según fuentes penitenciarias, los dos oficiales que permitieron que Mi Sangre tuviera esos equipos de comunicación también cobraron por el ingreso de bebidas alcohólicas y visitas fuera de los días autorizados. Estos oficiales superiores están a cargo del área de seguridad interna de la cárcel y deben realizar las requisas. En el sumario administrativo realizado contra los dos guardiacárceles se determinó que, durante seis meses no ordenaron ninguna requisa en el pabellón donde Mi Sangre estaba alojado con otros jefes narco.
López Londoño había sido detenido en octubre de 2012, cuando cenaba en un restaurante de Pilar; tenía pedido de captura internacional, acusado de ser jefe del cartel colombiano de Los Urabeños.
A pesar del escándalo por los beneficios a Mi Sangre, ninguno de los oficiales penitenciarios fue sancionado y nunca se avanzó sobre la responsabilidad que tuvieron los jefes de los funcionarios acusados.
“Al contrario de lo que ocurre con las organizaciones mafiosas, donde existe una estructura piramidal con un jefe supremo, en la mafia penitenciaria se produce una rotación que solo se puede concretar si varios oficiales superiores se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el jefe de seguridad interna de un penal necesita de la complicidad del encargado del pabellón para que no se realicen las requisas. Esos dos oficiales son designados en una cárcel determinada por alguno de los integrantes de la cúpula de la institución. Una vez que están en la cárcel, el director del penal les asigna la función que deben cumplir”, explicó un exoficial penitenciario.
El narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, tenía acceso a celulares en el penal de Ezeiza

En la prisión, existen dos jefaturas claves: seguridad interna y seguridad externa. El principal foco de corrupción está en la Dirección de Seguridad Interna de un penal, debido a que tiene a su cargo la realización de las requisas en los pabellones. Allí, los guardiacárceles establecen vínculos con los presos, escuchan sus necesidades y fijan las tarifas. Mientras que los guardiacárceles que se desempeñan en la Dirección de Seguridad Externa, al no tener el contacto directo con los presos, porque su función consiste en vigilar el perímetro de la cárcel o los patios, no cuentan con la posibilidad de cobrar coimas.
Estas conductas no son exclusivas del SPF y se replican en algunos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el de Santa Fe.
El seleccionado narco
A partir de la mencionada cadena de favores, los dos oficiales superiores del SPF involucrados en el escándalo de Mi Sangre llegaron al penal de Marcos Paz, donde, entre otros, estaban alojados Guille Cantero; Marco Estrada González; los miembros del clan Loza, que están siendo juzgados por una de las causas de lavado de dinero más grandes de la historia; Néstor Rojas, supuesto líder narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Barreiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país a través de Itatí, Corrientes.
Tan grande es el nivel de impunidad y corrupción de los dos oficiales superiores penitenciarios sospechados de colaborar con el jefe de Los Monos que, pocas horas después que dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Rosario allanaron el calabozo de Cantero y encontraron el teléfono de línea, le instalaron un nuevo aparato.
Cantero está condenado a 62 años de prisión, enfrenta un juicio a través de videoconferencia en el que está acusado de atentar contra 14 residencias de jueces y edificios judiciales. El 20 de agosto pasado, cuando comenzó ese debate oral declaró que su oficio era el de “encargar a sicarios tirar contra jueces”. Esos atentados los habría ordenado a través de comunicaciones telefónicas desde la cárcel. Doce días después, en otro allanamiento, le secuestraron un aparato similar.
Un sistema corrupto
La corrupción se concreta entre los jefes y entre los efectivos de los escalafones inferiores. En un video, incorporado en el sumario N° 2020-364603, quedó registrado el momento en el que un guardiacárcel, cuya credencial termina en 840 le entregaba dos celulares al preso Leonardo Bogarin. La escena fue grabada con una cámara oculta instalada en el denominado Comedor de Requisa de la Unidad Penal Federal N° 7, de Resistencia, Chaco.
A pesar de la gravedad del hecho, de la contundencia de la prueba y, como se consignó en el sumario: “los celulares podrían llegar a ser utilizados para efectuar secuestros extorsivos, planificar o intentar una fuga”, el guardiacárcel, no fue sancionado. Fue echado del SPF y actualmente estaría por ingresar en la policía chaqueña.
Debido a que los dos oficiales superiores involucrados en los escándalos de Mi Sangre y Guille Cantero y el guardiacárcel que le entregó celulares al preso en Chaco nunca fueron imputados formalmente en una causa penal, se mantienen en reserva sus identidades.
“Facilitar una fuga, ingresar celulares en la cárcel o instalar un teléfono de línea en el calabozo de un jefe narco constituyen delitos que tienen penas extremadamente leves. Por ejemplo, la ley castiga la facilitación de fuga culposa con multas de hasta $15.000. Entonces, el guardiacárcel puede decir que se quedó dormido durante una evasión, pagó la multa, no quedó preso y fue liberado de culpa y cargo. A pesar que pudo haber cobrado $100.000, se quedó con $85.000 y siguió trabajando”, explicó el exoficial penitenciario.
Existen casos en que los penitenciarios que cobran por conceder beneficios a los presos no ocultan su relación con los jefes narco que deben vigilar.
“Conociendo Rosario con gente linda”, escribió al pie de la foto que publicó en la red social Facebook Luis César Peñalba, integrante de la banda Los Monos y cómplice de Guille Cantero.
En la imagen, además de Peñalba, aparecen su esposa y un guardiacárcel, con su pareja. Este suboficial trabajó en la cárcel de Marcos Paz en el período que Peñalba estuvo detenido, hasta que recuperó la libertad debido que un tribunal rosarino le concedió la excarcelación.

La institución nunca denunció penalmente al guardiacárcel. Solamente recibió una sanción de 30 días de arresto. En tanto, los oficiales que lo investigaron y pusieron al descubierto la red de corrupción y los vínculos con los narcos fueron separados de sus cargos

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HISTORIA DEL CRIMEN

ADN del crimen: el trágico final de tres colectiveros asesinados por nada
Los tres homicidios ocurrieron a pocas cuadras de distancia, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, y dos de las víctimas eran amigos
G. C. 
Sergio Gerez fue asesinado en septiembre pasado en La Matanza
Sergio Gerez, Pablo Flores y Leandro Alcaraz compartían el oficio: los tres eran colectiveros. Los tres eran vecinos de La Matanza. Y a los tres los asesinaron por nada, en la misma zona: Virrey del Pino. Gerez y Alcaraz eran amigos, jugaban al fútbol juntos y concurrían a la cancha de River. A Flores lo mataron el 1° de octubre pasado, a pocas cuadras del lugar donde 25 días después asesinaron a Gerez. Tanto a Alcaraz como a Flores les dispararon tres balazos y perdieron la vida cuando conducían los colectivos en los que trabajaban.
Los tres asesinatos causaron conmoción entre los choferes de colectivos. En el caso de Alcaraz, sus colegas suspendieron los servicios de las 35 líneas que recorren el oeste del conurbano y realizaron una manifestación en General Paz y Brigadier Juan Manuel de Rosas. Por el crimen de Flores, los compañeros y familiares cortaron la ruta 3, en Virrey del Pino. Mientras que los amigos y colegas de Gerez marcharon a la comisaría local para exigir las detenciones de los tres autores del homicidio. En este caso, la manifestación terminó con incidentes y daños en patrulleros
En las últimas horas, el Tribunal Oral N° 1 de La Matanza condenó a prisión perpetua a los tres autores del homicidio de Gerez. Durante el debate, los acusados dijeron que se dirigían a un búnker del barrio San Pedro a comprar droga cuando se cruzaron con el automóvil conducía Gerez y dispararon. En su defensa, los imputados sostuvieron que se les escapó el tiro. La fiscal Catalina Baños presentó pruebas que demostraron que los agresores tiraron a matar, en venganza, porque el colectivero no se detuvo cuando intentaron interceptarlo para robarle el Volkswagen Fox que le había prestado un amigo.
Los homicidios de Gerez, Alcaraz y Flores pusieron al descubierto el absoluto desprecio por la vida que tenían los asesinos, la facilidad con la que abren fuego y que el oficio del colectivero los dejaba expuestos a ser víctimas de delitos, debido que, por su trabajo o porque viven en la zona, recorrían una zona del conurbano profundo, donde la policía no llega.
Coraceros y Cañada de Gómez, el lugar donde fue asesinado gerezGoogle Maps
Gerez trabajaba como colectivero en la línea 106. Integraba una familia numerosa y destinaba una parte importante de su salario para costear el tratamiento de su hermana menor, que padece osteogénesis imperfecta, una patología conocida comúnmente como “huesos de cristal”. Minutos antes que lo mataran dejó en la casa a su amigo, quien le prestó un Volkswagen Fox para que se trasladara hasta una de las cabeceras de la línea 106 a tomar servicio. Cinco minutos después, Gerez dobló en Coraceros al 8000. Allí fue interceptado por tres delincuentes. Uno de ellos, vestido con equipo deportivo y zapatillas negras, se puso frente al vehículo con un arma, en posición de tiro, flanqueado por sus cómplices.
Debido a que Gerez no se detuvo, el agresor del conjunto deportivo negro abrió fuego. El balazo disparado con una pistola 9 mm, provocó el estallido del vidrio de la puerta del conductor, perforó el omóplato de Gerez y dañó los pulmones, el corazón y la médula. En los veinte segundos posteriores que le quedaron de sobrevida, Gerez cayó contra el volante y, por inercia recorrió cincuenta metros. Antes de llegar a la esquina de Coraceros y Cañada de Gómez, el vehículo se detuvo. Los tres delincuentes, empujaron el rodado hasta una zanja, dejaron el cuerpo del colectivero en el automóvil y huyeron sin robar nada.
Reconocido en un video
Los sospechosos, a cara descubierta porque que se bajaron los tapabocas, recorrieron sesenta cuadras en los que fueron grabados por cuatro cámaras de seguridad. En uno de esos videos, captado por el dispositivo instalado en un maxiquiosco, los investigadores hallaron a los tres acusados con la misma ropa que usaron cuando interceptaron al colectivero.
Pocas horas después del asesinato, esas imágenes y la grabación de la cámara de seguridad de la casa de un vecino de la calle Coraceros se difundieron por las redes sociales de los vecinos de Virrey del Pino.
Así fue que una joven reconoció a su tío en una de las imágenes y decidió llamar al número de emergencias 911.
“Ocurrió un hecho en el que participaron tres personas. Uno de ellos era mi tío, Ramón Jorge Pratto. En los videos aparece con una gorra roja. No conozco a los otros dos, pero escuché sus nombres Gonzalo y Gustavo”, expresó la joven en la comunicación con la operadora del 911. Con esta pista, los investigadores policiales, supervisados por el fiscal Federico Medone, comenzaron a buscar al sospechoso Pratto, quien fue detenido horas después de la comunicación.
Pratto se negó a declarar y quedó preso. Pero los investigadores comenzaron a analizar las redes sociales de los cómplices, a los que habían identificado, pero estaban prófugos.
Pablo Flores fue asesinado el 1° de octubre de 2020, en La Matanza
Durante el trayecto de sesenta cuadras que los acusados recorrieron después de asesinar a Gerez descartaron la pistola calibre 9 mm que usaron para matar al colectivero de la línea 106.
El arma homicida nunca fue encontrada. Sin embargo, en las imágenes grabadas por la cámara de seguridad quedaron registrados los tres agresores. Uno de ellos, que habría sido identificado como Gustavo Mendoza, aparece con la pistola calibre 9 mm. Para los investigadores, fue el tirador.
Al revisar el automóvil que conducía Gerez, los peritos de la Policía Científica hallaron un proyectil calibre 9 mm. Mientras que en la calle, frente a la casa situada en Coraceros 8037, los técnicos en levantamiento de rastros encontraron una vaina servida del mismo calibre.
Mendoza fue detenido un mes después del homicidio. El tercer sospechoso, que habría sido identificado por fuentes policiales como Gonzalo Emanuel Sosa, fue apresado en diciembre pasado.
Hace tres días, Sosa, Mendoza y Pratto fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral N° 1, de La Matanza, integrado por los jueces Giselle Schiebeler, Matías Rouco y Alfredo Drocchi.
Al exponer su alegato, la defensa de los tres imputados pidió se considere como atenuante la situación de vulnerabilidad de los acusados que vivían en la pobreza.
“No computo como atenuantes para ninguno de los imputados la vulnerabilidad enarbolada por la defensa. Porque el hecho de ser pobres no los conduce fatalmente al delito, es un insulto a la inmensa clase trabajadora que vive en las barriadas humildes, viajan lejos para trabajar y construyen su vida con sacrificios y esfuerzos”, expresó el juez Drocchi al fundar el rechazo al planteo del defensor.
“Tonterías de mentiroso”
Durante el debate la fiscal Baños, presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad que confirmaron que los tres acusados estuvieron juntos en el momento de disparar contra Gerez y cuando huyeron de la escena del crimen.
Además, la representante del Ministerio Público presentó testigos que ratificaron las pruebas expuestas en el debate. Declararon el forense que hizo la autopsia en el cuerpo del colectivero y el perito balístico Juan Villacorta que explicó la trayectoria del disparo.
Esos testimonios derrumbaron las explicaciones de los acusados. Por ejemplo, Mendoza, el tirador, intentó explicar que el disparo fue un error: “Me encontré con el vehículo de frente. Fue ahí cuando saqué un arma de mi ropa y le grité al conductor, creyendo que era una persona con la cual había tenido inconvenientes días previos. Corrí hacia el vehículo para asustarlo mientras le apuntaba y se me escapó un disparo hacia el auto. Me acerqué, vi que lastimé a una persona, me asusté y me fui a mi casa. Después no recuerdo más nada”.
Leandro Alcaraz fue asesinado cuando conducía el interno 103 de la línea 620
Ante los dichos del imputado y, luego de evaluar las pruebas, el juez Drocchi sostuvo: " No es creíble que alguien dispare a quien no sabe y que, además, dispare porque tiene un auto similar. Una pavada, tan grande, que es un verdadero dislate. Se trata de un insulto a la lógica y a la experiencia. Tonterías de mentirosos, tratando de explicar lo inexplicable, de una manera torpe y ridícula”.
Mendoza, Sosa y Pratto fueron condenados a prisión perpetua por el intento de robo y el homicidio criminis causae del colectivero. Los magistrados consideraron que le dispararon por venganza debido a que se resistió al asalto.
Al igual que Leandro Alcaraz, Gerez trabajaba como colectivero, eran amigos y compartían la pasión por River. Alcaraz fue asesinado dos años y medio antes, a pocas cuadras del lugar donde mataron a Gerez. Le dispararon cuando conducía el interno 103 de la línea 620, en el momento en que llegaba a una de las cabeceras del recorrido, en Santiago Bueras y Concordia, en el barrio San Pedro, de Virrey del Pino.
Alcaraz fue asesinado de dos balazos que le dispararon con un revólver calibre .38. Su cuerpo quedó sobre el volante del colectivo. Uno de los dos acusados, identificado como Cristian Nielsen López Brizuela, fue condenado a prisión perpetua. Su cómplice recibió una pena de 14 años, debido a que era menor.
Mientras que por el homicidio del colectivero Flores no hay ningún condenado. La policía apresó a cuatro sospechosos de dispararle al conductor del colectivo 1, de la línea 218, en Virrey del Pino. Uno de los imputados, dijo que lo mataron por error. Una prueba que demuestra el valor que tiene la vida para los delincuentes en el conurbano.

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HISTORIA DEL CRIMEN

ADN del crimen: las balas de las guerras narco desangran el conurbano
Aumentan los casos de enfrentamientos entre vendedores de drogas y se incrementan las víctimas inocentes en esos tiroteos

Gustavo Carabajal

Grupos de vendedores de drogas disputan, incluso, cada metro de la vera del río Matanza
Guerras narco protagonizadas por una serie de bandas de traficantes desangran el conurbano. Todavía el Gran Buenos Aires no se convirtió en Rosario, pero existen varias zonas del conurbano en las que la situación de violencia es más sangrienta que en la ciudad santafesina. Otro de los factores que influyó para que el conurbano aún no sea un espejo de Rosario fue la mayor extensión del territorio en el que se libran los enfrentamientos entre las distintas organizaciones criminales bonaerenses.
A pesar de la gravedad del caso, los responsables del Ministerio de Seguridad provincial relativizan la cantidad de homicidios provocados en los enfrentamientos entre bandas de narcos, con el argumento de que la mayoría de los hechos fueron ajustes de cuentas.
La violencia aplicada por los grupos criminales provocó asesinatos de inocentes e influyó directamente en la inseguridad y el aumento del delito por dos motivos esenciales: los habitantes de los barrios tomados por los narcos tienen miedo de salir de sus casas ante la posibilidad de ser baleados al quedar en medio de algún enfrentamiento y, además, pueden sufrir robos perpetrados por los adictos que los asaltan para quitarles los celulares que cambian por efectivo para comprar drogas.
Villa Rudecindo, en Florencio Varela; Itatí, en Quilmes; 9 de Julio, Loyola y La Rana, en San Martín; Centenario, en Lomas de Zamora; San Petersburgo, Puerta de Hierro y Palito, en La Matanza; Cuartel V, en Moreno, constituyen algunos de los barrios con sectores donde el Estado no ingresa y las organizaciones criminales desarrollan sus actividades con la complicidad de algunos policías bonaerenses.
Allí, las peleas por el dominio del territorio para vender droga se arreglan a sangre y balas. En esas guerras narco fueron asesinados transas e integrantes de las bandas de traficantes, pero también inocentes y policías que se animaron a investigarlos.
A principios de junio, Luis Gustavo Ponce, un cartonero, de 45 años, fue asesinado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas rivales, en la villa 9 de Julio, en San Martín. Benjamín Iñigo, de tres años, estaba en la casa de su abuela, en González Catán cuando un grupo de sicarios disparó una ráfaga de balazos desde un Ford Focus, contra el frente de la vivienda. Según fuentes judiciales, el objetivo del ataque era el tío del niño, vinculado con una banda de narcotraficantes de la zona.
Guerra narco, tres muertos durante un intenso tiroteo en Florencio Varela Una adolescente de 18 años recibió un disparo letal en la puerta de su casa, en una zona humilde de la localidad de Bosques
Milagros Paola Saavedra, de 18 años, fue otra víctima inocente de la sucesión de enfrentamientos entre narcos. El 12 de agosto pasado estaba en su casa, del barrio San Rudecindo, de Florencio Varela, cuando uno de los 54 balazos que dispararon dos grupos de vendedores de droga que se enfrentaron del otro lado de un arroyo, atravesó la pared de la precaria vivienda de sus padres y la mató en el acto.
Durante el enfrentamiento también fueron asesinados Matías Larrosa y Guillermo Aguirre, señalados por sus familiares como soldados de la banda narco que maneja la venta de droga en ese barrio.
La misma banda que provocó la masacre de San Rudecindo, en marzo pasado, asesinó de tres balazos en la cara a Alejandro Ledesma, de 32 años. El grupo de “Los Paisa” opera hace siete años en la zona de La Carolina, barrio Pepsi, Bosques e Ingeniero Allan. En esa área hubo un homicidio por mes a raíz de ajuste de cuentas narco.
Hasta el momento, no hubo ningún sospechoso detenido por el asesinato de Ledesma. La única consecuencia del homicidio fue el desplazamiento del titular de la seccional Bosques de la policía bonaerense, acusado de presunta connivencia con la banda de “Los Paisa”.
Complicidad policial
La supuesta complicidad entre bandas narco y algunos oficiales de la policía bonaerense no es nueva y está íntimamente relacionada con la primera guerra entre organizaciones criminales que tuvo como escenario los asentamientos encadenados de San Martín, Billinghurst, Loma Hermosa y José León Suárez.
Según consta en el informe policial N° 140204 de 2009, el 2 de septiembre de ese año se concretó en la villa 9 de Julio, de San Martín, una reunión entre los principales lugartenientes de Javier Pacheco, alias “Rengo” y Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”. El objetivo de dicho encuentro apuntaba a sellar un pacto de no agresión y dividir el territorio para vender drogas.
“En esa época, la mayoría de la marihuana y la cocaína que se traficaba en el conurbano se fraccionaba en los asentamientos de San Martín. Los cargamentos grandes llegaban a través de las rutas 8 o 9 y se cortaban en alguno de los barrios manejados por los narcos. Desde allí, se hacían envíos de 30 o 40 kilogramos a los distribuidores en el conurbano. Así se minimizaban las pérdidas, en caso que el correo con la droga fuera detenido por algún efectivo de una fuerza de seguridad con la que no se había pactado la venta de protección”, explicó un exintegrante de la cúpula de la policía bonaerense.
Javier Alejandro Pacheco, alias El Rengo, detenido en su lujosa casa de Parque Leloir, acusado de narcotráfico
Sin embargo, oficiales que habían sido asignados para romper la recaudación ilegal de algunos comisarios y apresar a los narcos que manejaban el tráfico mayorista de drogas, se enteraron de la reunión cumbre y decidieron irrumpir en medio del cónclave.
El operativo terminó con un narcotraficante muerto, otro herido y un policía con un balazo en un brazo. Entre los detenidos figuraba Gerardo Gonzebat, un colaborador del Rengo Pacheco, quien vivía frente a la Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense, en la avenida Amadeo Sabatini, en Caseros.
Menos de un año después, todos los efectivos de la policía bonaerense que participaron del operativo fueron reasignados a otros destinos. “Mameluco” Villalba salió de la cárcel y se presentó como precandidato a intendente de San Martín, en las PASO de 2011. Pacheco potenció su banda y aumentó el volumen de droga que pasaba por su manos.
Aunque fue detenido durante un operativo de la Policía Federal, Villalba manejó la organización desde la cárcel, a través de uno de sus hijos.
A pesar de este antecedente, Pacheco se movió con impunidad por el conurbano durante casi doce años. Mientras que los policías que lo investigaron en 2009, terminaron fuera de la fuerza de seguridad provincial y fueron reemplazados por otros jefes policiales nombrados por un funcionario político de la administración Justicialista del partido de Tres de Febrero, de esa época.
Candela Sol Rodríguez, la niña, de 11 años, secuestrada y asesinada en agosto de 2011, fue otra de las víctimas inocentes de la mencionada guerra narco que salpicó a policías bonaerenses que le vendían protección a las bandas.
Unidades especiales participaron de la captura del Rengo PachecoTélam Agencia de noticias
En los últimos cinco años, esos enfrentamientos se extendieron por gran parte del conurbano. Durante los últimos doce meses, recrudeció la cantidad de asesinatos por ajustes de cuentas.
Las huellas de la violencia
Marco Pérez Ávila, un narcotraficante peruano que se dedicaba a la venta de drogas en Llavallol fue asesinado durante una emboscada ocurrida en la esquina de Primero de Mayo y Sarratea. Un socio, de apellido Paz, murió tres días después a raíz de las heridas que sufrió durante ese ataque.
A principios de mayo pasado, Rubén Fleita, fue asesinado de 28 balazos por dos sicarios que se movilizaban en moto y le dispararon cuando estaba en la puerta de un autoservicio en Melchor Romero, en el partido de La Plata. Uno de sus hermanos había sido secuestrado y asesinado en el barrio 1-11-14.
Alberto Villalba, de 35 años, con antecedentes por tráfico de drogas fue asesinado cuando miraba un partido de fútbol 5 en la cancha situada en Yapeyú y Espora, en Longchamps. Dos sicarios le dispararon desde una camioneta Ford Ecosport.
La versión chilena del SIG 540 fue encontrado en 2019 en un asentamiento de Florencio Varela ...Policía bonaerense
Hace dos meses, un supuesto transa de drogas, que habría sido identificado por fuentes policiales como Andrés Cantón, fue asesinado de cinco balazos en el barrio El Ensueño, de la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno.
Si bien en la clasificación de los homicidios dolosos no se describe si el móvil fue un ajuste de cuentas, debido a que no constituye una figura penal que derive en un agravante, se estima que de los 841 asesinatos ocurridos durante 2020 en el conurbano, poco más de 300 tuvieron relación con una venganza narco.
La cifra contrasta con los 212 homicidios registrados durante el mismo año en el Gran Rosario, la mayor cifra desde 2015.
Aunque, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes correspondiente a Rosario es mayor que la que se registra en el Gran Buenos Aires, donde viven más de trece millones de personas, la estadística revela la magnitud de la guerra narco que tiene como escenarios distintos sectores del conurbano, donde la falta de controles favoreció la complicidad de algunos efectivos de la fuerza de seguridad provincial con los traficantes.
En la lista de esos 300 homicidios ocurridos por ajustes de cuentas durante 2020, figuran las víctimas de otra masacre: Ariel Villalba Galeano, Braian Martínez y Gustavo Soto Peláez, de 24, 25 y 18 años, respectivamente, asesinados hace casi un año en la Villa Loyola, de San Martín. Una zona donde los jefes narco recurren a chicos, menores de 16 años, como sicarios, debido a que para la ley son inimputables.

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HISTORIA DEL CRIMEN

Walter Bento, el juez de los millones
Para la Justicia, el magistrado tiene propiedades y gastos que no puede justificar y sería el jefe de una banda que cobraba sobornos para beneficiar a detenidos
G. C.

Al juez federal de Mendoza Walter Bento no le cierran las cuentas. Tiene nueve propiedades distribuidas en cuatro countries, un departamento en un edificio del centro de la capital provincial y cuatro vehículos de alta gama. Desde 2007 a 2017 a la actualidad realizó veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubái y Chile. Por dichos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia. La Justicia abona la sospecha que el magistrado más poderoso de Mendoza no pudo solventar semejante nivel de gastos y adquirir el millonario patrimonio, con el sueldo de juez federal. El suntuoso nivel de vida tampoco podría haberse costeado con los ingresos que su esposa percibe como funcionaria judicial y como una monotributista que, únicamente emitió facturas a nombre de una empresa de alojamiento temporal que funciona en el departamento del edificio situado en España 948, que pertenece al matrimonio Bento.
Para la Justicia, el juez Bento es el presunto jefe y organizador de una banda integrada por delincuentes y abogados que se dedicaba a cobrar coimas millonarias a narcotraficantes y contrabandistas, a cambio de beneficiarlos con excarcelaciones y sobreseimientos.
Desde junio pasado, consejero de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli lleva adelante la investigación contra Bento en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, a pesar que el juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas dictó el procesamiento y la detención de su colega, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura no dispuso la suspensión y tampoco ordenó la realización de peritajes contables para analizar la situación patrimonial del juez acusado.
Hasta el momento, los consejeros oficialistas no tomaron ninguna medida para avanzar con la investigación contra el magistrado que, sigue en libertad porque sus fueros lo protegen. Además, como juez electoral dictó resoluciones que favorecieron a los candidatos kirchneristas.
Según el informe presentado en el expediente por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que figura entre las páginas 498 y 491, Bento se alojó en hoteles y departamentos situados en zonas exclusivas de Miami, en la avenida Collins; en los hoteles Wynn y Caesar’s Palace, en Las Vegas y en el hotel Grand Floridian, de Orlando. En el caso del hotel Wynn, de Las Vegas, el costo por habitación por noche, no baja de los $ 159.000.
Estos datos aportados por el Departamento de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Interna de los Estados Unidos echaron por tierra los argumentos expuestos por el juez federal Bento que, en su escrito de 59 páginas que presentó como defensa, sostuvo que muchos de sus viajes fueron “realizados por motivos laborales y solventados con viáticos otorgados por el Poder Judicial”.
En su descargo, Bento no especificó cuáles de los viajes fueron realizados por motivos laborales y cuales por vacaciones. Al revisar la documentación presentada por el magistrado con los comprobantes de viáticos, sólo correspondían a dos viajes por año. Pero, según el informe de la Dirección nacional de Migraciones, desde 2007 a 2017, el juez Bento cruzó la frontera en 69 oportunidades pasó 761 días fuera del país.
Antes de asumir en el juzgado federal n° 1, de Mendoza, con competencia electoral, Bento, de 56 años, trabajó en una casa de cambio, en Buenos Aires. Durante un viaje a Chile, conoció a su esposa, Marta. En 1992, el matrimonio decidió radicarse en Mendoza y, a partir de ese momento, comenzó la carrera judicial de Bento. Su vida cambió radicalmente en 2005, cuando durante el gobierno de néstor Kirchner se hizo cargo del tribunal con jurisdicción en la extensa frontera con Chile.
Los cinco integrantes de la familia Bento trabajan para el Estado. Esta circunstancia hizo más notoria la inconsistencia de los argumentos para justificar las millonarias propiedades, los tres Audi, S3, Q5 y A3 que compraron desde cero kilómetro y la camioneta Amarok.
El magistrado tampoco puede explicar el origen de los $ 153.000 dólares, 3600 euros y $ 160.000, en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Además de otros tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.
“Las pruebas e indicios que llevan a sospechar fundadamente que en las operaciones referidas, podrían haber existido maniobras de ocultación de los montos reales, para procurar de esta forma blanquear ingresos que no tendrían un origen lícitamente comprobable, mediante la minimización de los gastos verdaderamente producidos en las compras y el aumento de los valores documentados en las ventas”, sostuvo el juez Puigdéngolas en los fundamentos del procesamiento.
La investigación encarada por el fiscal federal de Mendoza Dante Vega, sobre el crecimiento patrimonial del juez Bento, se remontó hasta 2008, cuando el juez federal conoció a un personaje clave en su vida: Diego Aliaga, un despachante de aduanas, acusado en la causa 11088445/2007, iniciada por un millonario contrabando. En los sumarios policiales, Aliaga figuraba como el “informante 59”. Cobraba un sueldo por aportar datos que derivaban en operativos contra bandas de contrabandistas.
En 2010, Bento dictó la falta de mérito de Aliaga en ese expediente y, en 2017 lo sobreseyó definitivamente. Durante ese proceso, Aliaga se convirtió en el reclutador de la banda liderada por Bento.
A partir de su relación con el juez Bento, Aliaga sumó a sus ingresos como informante policial, los porcentajes de las coimas que recibía la asociación ilícita por arreglar beneficios y excarcelaciones para los imputados.
“Aliaga era el nexo de confianza con el magistrado y enlace con los abogados organizadores y actuantes de imputados que obtendrían los beneficios a cambio de sobornos”, indicó el juez Puigdéngolas en su resolución.
La investigación que terminó con el procesamiento del juez Bento y de otros 22 imputados, comenzó hace un año, a partir de la nota 206/20 de la Dirección de Lucha contra el narcotráfico de la Policía de Mendoza.
Dicha nota corresponde al informe del análisis del celular 2616532510 secuestrado al detenido Walter Bardinella Donoso, procesado en un caso de drogas que se ventilaba en el juzgado del magistrado Bento.
Al revisar los llamados y mensajes, una oficial encontró textos en los que se referían a beneficios procesales que recibían los imputados Eugenio Javier nasi Pereira y Javier Santos Ortega Pérez. Esas comunicaciones eran entre Bardinella y un contacto identificado como “Luciano”, que sería identificado como el abogado Luciano Ortego.
En el mismo teléfono aparecía agendado un apellido muy común: “Fernández” que, en realidad pertenecía al celular de Diego Aliaga. En la reconstrucción de la tarjeta única de identificación de la línea
2616654473, a nombre de Aliaga se determinó la existencia de256 llamadas con el juez Bento, entre septiembre de 2018 y el 5 de marzo de 2020.
Según la investigación del Ministerio Público, 11 de esas 256 comunicaciones entre el juez y el “informante 59” se registraron entre el 17 y 19 de septiembre de 2018, cuando el magistrado dictó la falta de mérito y excarcelación del imputado nasi, acusado en uno de los siete expedientes en los que se habrían encontrado irregularidades en los fallos decretados por Bento.
En la agenda del teléfono de Aliaga, el celular de Bento figuraba con el nombre “Primo”. “Cuando Aliaga hablaba por teléfono y decía ‘sí primo’ para que quedara grabado en el celular, significaba que todo se había arreglado en el expediente”, expresó Diego Barrera, en su declaración.
Así como Aliaga resultó fundamental en la organización que, según la Justicia comandaba el juez Bento; su muerte marcó el final de la banda. El cuerpo de Aliaga fue hallado en septiembre de 2020. La autopsia determinó que fue asesinado. El mencionado Barrera fue detenido como presunto responsable del asesinato.
Durante el análisis de los teléfonos, los investigadores encontraron mensajes en los que se hacía referencia al “gran jefe”, “el número uno”, el “gran gran”. Según consta en la causa, con esos términos, el resto de los integrantes de la banda se referían al juez Bento.
Luego de revisar los testimonios sumados al expediente, quedó al descubierto que Ortega Pérez habría pagado U$S800.000 para ser desvinculado de un caso de contrabando.
Ese dinero, según la declaración del imputado lo habría abonado dividido en U$S150.000 en efectivo; una lancha, valuada en U$S70.000; por la venta de dos departamentos de U$S480.000 y U$S100.000, a los 30 días. Ese dinero habría sido entregado al abogado Alejandro Aramayo, quien después se convirtió en imputado colaborador, junto con su colega Martín Leopoldo Ríos
En el escrito presentado como descargo, Bento aseguró que la acusación en su contra era falsa e inventada. En esta oportunidad, como en 2012, cuando le pidieron el juicio político por primera vez, sus fueros evitaron que quedara preso. Queda por saber si, como hace nueve años, sus aliados en el kirchnerismo, lo vuelven a salvar.
La Justicia encontró nueve propiedades a nombre del juez Bento y su familia
En la casa del juez, secuestraron US$153.000 y 3600 euros en efectivo
Según Migraciones, entre 2007 y 2017, Bento salió 69 veces del país
Algunos de esos viajes fueron a Las Vegas, Miami, Dubái y Barcelona

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HISTORIA DEL CRIMEN

El asesino de las mil caras: mató a un estanciero para robarle el campo
Manuel Roseo, dueño de la estancia La Fidelidad, asesinado por Raúl Menocchio, "el asesino de las mil caras"
Para la Justicia, Luis Menocchio, un conocido playboy de Misiones, fue el coautor de los homicidios de Manuel Roseo y de su cuñada para quedarse con La Fidelidad, un establecimiento rural de 250.000 hectáreas, en Chaco, convertido hoy en parque naciona
G. C.

Para Luis Raúl Menocchio, matar no era algo nuevo. Antes de asesinar al estanciero Manuel Roseo y a su cuñada, Nélida Bartolomé, había cometido otros tres homicidios. En marzo de 2005, el Niño o el Gusano, como se lo conocía, asesinó, en Corrientes, al productor de cine Claudio Nozzi. Además, tenía un pedido de captura internacional dictado por la Justicia paraguaya, que lo consideró presunto responsable de los homicidios del comerciante formoseño Eduardo Maciel y su pareja, Graciela Méndez, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de dos tambores rellenos con cemento, ladrillos y tres baterías de autos en un monte de Fernando de la Mora, cerca de Asunción.
Al llegar a Resistencia gastó todo el dinero en efectivo que llevaba para pagarle a un cirujano plástico la operación de cambio de rostro. También adquirió la identidad falsa a nombre de Hugo Jara. Usó esta identidad apócrifa para armar la puesta en escena que terminó con el homicidio de Nozzi.
Los cinco homicidios cometidos por Menocchio, quien también fue conocido como el asesino de las mil caras, por las cirugías plásticas a las que se sometió para modificar sus rasgos, tuvieron un móvil en común: la codicia.
Menocchio mató a Maciel, Nozzi y Roseo para obtener el dinero que le permitiera seguir con la vida de ostentación y lujo que tuvo desde niño, en Misiones. A Méndez y Bartolomé las mató para no dejar testigos. Su familia se dedicaba a la producción de yerba mate. Tan poderoso fue el imperio agrícola e industrial que forjó su padre que construyó una localidad llamada Puerto Menocchio para mandar hacia los centros de consumo la yerba mate producida en sus establecimientos.
Por el asesinato quedó preso el misionero Luis Raúl “El Gusano” Menocchio
Hasta el derrumbe del imperio económico familiar, Menocchio tuvo, en Posadas, una vida de playboy. Se movía cómodamente en la alta sociedad.
Con pedido de captura internacional por los homicidios en Paraguay, y después de salir de la cárcel por la falta de una sentencia firme por el asesinato del productor de cine, Menocchio necesitaba conseguir dinero de forma urgente.
Así fue que, a través de un abogado, Menocchio se enteró en diciembre de 2010 del campo La Fidelidad, de 250.000 hectáreas, situado entre Chaco y Formosa, propiedad de Manuel Roseo, un productor agropecuario que, al contrario del Gusano, vivía sin ostentaciones y de forma austera, en una humilde casa de la ciudad chaqueña de Juan José Castelli.
Roseo era el estanciero más importante de Chaco. A principios de la década del 70 le compró el campo a Jorge Born. Junto con su hermano se instaló en el Impenetrable después de vender el emprendimiento textil que tenía en Buenos Aires. Su hermano y su esposa fallecieron, y quedó solo con su cuñada.
Con 2500 kilómetros cuadrados, el campo de Roseo tenía una superficie similar a la de Luxemburgo. Ocupaba 150.000 hectáreas en Chaco y las otras 100.000 hectáreas en Formosa, con el río Bermejo en el medio.
“El plan de Menocchio consistía en estafar a Roseo con la confección de un boleto de compraventa falso y desapoderarlo del campo. Pero necesitaba de la complicidad de Claudio Gómez, quien tenía un litigio por el campo de la víctima. La maniobra se completaba con la desaparición de Roseo, bajo un escenario sumamente ingenioso: fraguando un asalto”, explicó uno de los abogados querellantes al presentar los lineamientos de la acusación en el juicio oral contra Menocchio.
Para ganar la confianza de Roseo, Menocchio se presentó en la ciudad de Juan José Castelli como un interesado en comprar una parte del campo del productor agropecuario. Por entonces, Roseo tenía la intención de vender parte de las 250.000 hectáreas con el objetivo de invertir ese dinero en un emprendimiento productivo que le permitiera obtener un mayor rendimiento de la tierra.
“Roseo fue torturado para que firmara el boleto de compraventa que los asesinos llevaron hecho. A Nélida Bartolomé la mataron delante de Roseo, quien se negó a firmar y le sacaron la huella digital por la fuerza. Nidio Gómez, un hábil dibujante de firma que Menocchio conoció en la cárcel fue el encargado de asentar la rúbrica de Roseo en la escribanía”, manifestó uno de los letrados que representaban a los hijos y la pareja de la víctima en el juicio oral.
Según la investigación realizada por la fiscal Juana Rosalía Nis, Menocchio, Gómez y Salvador Borda llegaron a la casa de Roseo, situada en España 365, minutos después de las 7 del 13 de enero de 2011. Allí, torturaron al empresario y a su cuñada hasta matarlos.
Después de concretar su faena asesina, los homicidas limpiaron la vivienda con solvente y quitaesmaltes. Antes de abandonar la casa, armaron la escena del crimen para que pareciera que Roseo y su cuñada habían sido asesinados durante un robo.
El chivo expiatorio y el error delator
El plan se completaba con la maniobra para culpar por ambos homicidios a Sergio Omar Berg, empleado del estanciero. El hombre de confianza de Roseo fue sorprendido por los asesinos cuando ingresó en la vivienda. Allí le propinaron una serie de golpes en la cabeza hasta que lograron reducirlo. Luego, los homicidas le pusieron cinta de embalar en la cabeza, le colocaron dos bolsas que apenas le permitían respirar, lo cargaron en el baúl de su Chevrolet Aveo patente JEO137 y, a las 8.50, huyeron de la vivienda.
“Mientras estaba en el baúl escuchaba que llamaron al celular de uno de los delincuentes y una voz que decía: ‘Raúl, Raúl. Ya se enteró la policía’. Entonces, uno de ellos expresó: ‘Tenemos que hacer desaparecer a este. Hay que hacer un pozo y enterrarlo’. Trataba de respirar, pero la bolsa se empezó a pegar en mi cara. Con desesperación comencé a mover las manos, pero no podía romper la bolsa”, expresó Berg durante el juicio oral.
Convencidos de que Berg estaba muerto, los asesinos lo abandonaron en un camino de tierra cerca de la Colonia Vélez Sarsfield, en la localidad de Tres Isletas. No lo sabían, pero, en realidad, el empleado de Roseo simuló que había fallecido. Por la bolsa, los homicidas no pudieron percibir su respiración que, debido a los golpes recibidos, era muy débil.
Delfina Beatriz Duarte había llegado a la casa de Roseo porque el estanciero la había convocado para enseñarle el manejo del campo y el aserradero. Ante la falta de respuesta a su llamado, se asomó por una ventana y halló el cuerpo de Nélida, con una bolsa negra en la cabeza. Entonces, le mandó un mensaje a un colaborador de Roseo y llamó al número de emergencias 101.
A las 9.20, un grupo de policías de la comisaría de Castelli llegó a la casa de Roseo. Uno de los efectivos ingresó en la vivienda por una ventana y abrió la puerta para que ingresaran sus compañeros que, en una de las habitaciones, encontraron el cadáver del estanciero.
“No lo mataron en el acto. Su muerte tuvo un desarrollo que abarcó un intervalo de tiempo previo a que ocurriera el fallecimiento. Ese período fue lo suficientemente prolongado como para causar en la víctima un sufrimiento adicional y una lenta agonía”, expresó uno de los peritos durante el debate.
Menocchio siendo trasladado a la División de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes
Menocchio fue identificado por el testigo Claudio Gallinger, debido a que lo vio llegar a la casa de Roseo. En tanto que Berg manifestó que el sospechoso al que los asesinos llamaban Raúl hablaba con un tartamudeo especial, igual que el Gusano.
En su defensa, Menocchio afirmó: “No tuve ninguna vinculación con el hecho del que se me acusa. Yo le compré la propiedad a Roseo el 27 de diciembre de 2010 por un valor total de US$40.000.000. Además, cuando ocurrió el hecho, estaba de vacaciones en Ituzaingó, Corrientes”.
Sin embargo, los jueces Fanny Alicia Zamateo, Rosana Glibota y Nelson Pelliza Redondo, de la Cámara II en lo Criminal, no creyeron en los argumentos de Menocchio debido a que cada uno de los elementos presentados fue refutado por testigos y pruebas físicas.
“No se puede explicar desde la lógica cómo hizo un hombre mayor, de físico enjuto y desnutrido que, según los testigos, había viajado solo desde Chaco hasta una escribanía, en Posadas, para juntar todo ese dinero, retirarse llevando consigo 340 kilogramos de billetes y recorrer 600 kilómetros de regreso”, expresó en los fundamentos, el juez Pelliza Redondo.
Según el abogado Carlos Gustavo del Corro, que representó a una de las querellantes, el plan supuestamente pergeñado por Menocchio consistía en que un escribano confeccionara una escritura del campo de 250.000 hectáreas a nombre del asesino, a partir del boleto de compraventa falso. En dicho documento los asesinos habían puesto la impronta digital de la víctima y le falsificaron la rúbrica con la colaboración del dibujante de firmas que el Gusano había conocido en la cárcel y que le había dado refugio al imputado.
Después, Menocchio vendería el establecimiento y abandonaría el país. Toda la maniobra de desapoderamiento contaba con la complicidad de un grupo de abogados y escribanos. Pero Menocchio fue detenido trece días después del doble homicidio.
En septiembre de 2013, los jueces condenaron a Menocchio, Gómez y Borda a prisión perpetua. “Creyeron que nadie podría verlos, pero los vieron. Quisieron pasar inadvertidos, pero pudieron reconocerlos”, concluyó uno de los querellantes.

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HISTORIA DEL CRIMEN,

Bonnie & Clyde criollos: el robo del oro de Ezeiza
Seductora, intrépida y con pocos escrúpulos, Nelly Herrera Thompson dejó atrás la glamorosa carrera de azafata a comienzos de los años 60 para imponer su nombre en las crónicas policiales. Su primer proyecto criminal fue por demás atrevido: planeó un millonario asalto en el aeropuerto de Ezeiza. Despedida de la aerolínea Pan Air do Brasil por acusaciones por robos, sedujo a un joven que trabajaba junto a la pista de aterrizaje en la oficina de la Dirección Nacional de Aduanas. "¿Cuántos años me darán?", se preguntó nerviosa al enterarse que todos los miembros de su banda habían sido capturados por los detectives de la Policía Federal, de la sección Robos y Hurtos, liderados por el comisario Evaristo Meneses. En la cárcel se quitó esa duda y siguió, al ser liberada en pocos años, su actividad criminal. Con su pareja en el mundo del hampa recibieron un alias cubierto de sangre: los Bonnie & Clyde criollos.

La joven de 26 años involucró al agente aduanero José María Quevedo en los planes del asalto, le prometió una parte de las ganancias y así consiguió la información necesaria para detectar un envío de oro y efectivo. Esa carga estaba destinada a bancos locales, pero un grupo de cuatro ladrones logró apoderarse del botín. Caerían casi tres meses después al utilizar el dinero, que en total ascendía a 38 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares por aquellos días.
El 13 de enero de 1961 entraron en el aeropuerto cuando el reloj marcó las 4.15 en una camioneta sobre la que habían pintado el logo de la empresa Pan American Grace Airways (Panagra). El golpe, aunque audaz y efectivo, era peligroso. Nelly abrazó como principal socio a un comerciante de poca monta, adicto al juego, llamado Saúl Lipsitz. En la noche del atraco, él estaba dentro del vehículo para guiar a tres peligrosos matones del conurbano que habían contratado para la ocasión.
Nelly Edith Herrera Thompson autora del robo del oro
Lipsitz conocía todos los movimientos de la oficina de la Dirección Nacional de Aduanas por los informes internos que Nelly había recibido de Quevedo. Así que no dispararon ni una sola vez para reducir a los empleados; se llevaron 60 kilos de oro y muchísimo dinero en efectivo.
"Entraron y salieron del aeropuerto por el mismo camino: la autopista, pasando delante del puesto policial sin ser detenidos por ningún motivo", escribió el cronista asignado por aquellos días a la cobertura del caso.
Cuando los miembros del grupo fueron capturados, Nelly Herrera Thompson accedió a declarar ante los investigadores y pidió protección porque temía que sus cómplices intentaran asesinarla por guiar a los detectives en el rastro del botín. Es a partir de esta declaración que se pudo reconstruir el camino recorrido por la joven de 26 años luego del golpe en Ezeiza.
El oro fue dividido en seis partes iguales para los cuatro ladrones, el informante y la jefa, que esperó el desarrollo del asalto en la ciudad balnearia de Atlántida, Uruguay. Se enteró del éxito de su plan por las notas periodísticas. Sobre ese momento, dijo después a la Policía Federal: "Me di cuenta de que había empezado mi vida delictiva y me resistía a creerlo. Mi suerte estaba ligada, ya no a un solo hombre, sino a cinco. Y pensé que en cualquier momento sería detenida"

Sin embargo, pasaron casi tres meses hasta la captura. La líder de la banda se quedó con buena parte del dinero en efectivo. Además, guardó su fracción del botín, pero también quedaron bajo su custodia las partes de Quevedo y de Lipsitz. Era una mujer sensual y determinada. Hablaba con soltura alemán, inglés, francés, portugués e italiano.
Lo primero que hizo Nelly después del atraco fue invertir dinero en la bolsa; luego viajó con sus dos principales cómplices a Mar del Plata, donde llegaron a gastar mil dólares por día en el casino. También allí compró dos pulseras de oro, cámaras filmadoras y casi doscientos trajes, con un par de zapatos para cada uno. Además, hizo que le enviaran al aeropuerto de Ezeiza, el lugar de su golpe, los muebles adquiridos en la ciudad costera. Nadie pareció percatarse en esa época del derroche de dinero de la mujer y sus dos amigos en Mar del Plata.
Los detectives de la Policía Federal llegaron a la banda porque un vendedor de joyas del local ubicado en la calle Libertad, en el microcentro porteño, ofrecía "el gramo de oro fino a menor precio que el fijado en plaza", según se consignó  en la crónica sobre el caso policial. Esto llamó la atención de los investigadores, que seguían los movimientos de ese mercado luego del robo de los lingotes.
Al ser interrogado, el comerciante denunció a Gabriel Kreda como facilitador de ese metal precioso que vendía a bajo costo: se trataba del primo de Saúl Lipsitz. Nelly se había ocupado no solo de la parte operativo del robo, sino de la posterior logística de la circulación de la mercancía robada.
Los preparativos comenzaron el 10 de enero, con el hurto de una camioneta. Lipsitz fue hasta la zona sur del conurbano para buscar a un viejo amigo de la primaria, Ramón Toscano, de 31 años, un hombre de mirada torva, con antecedentes por robos. A su vez, Toscano reclutó a otros dos asaltantes de Lanús: Antonio González y Juan Francisco Muraciole, de 32 y 41 años. Juntos se dirigieron al barrio porteño de Belgrano.
En el cruce de la avenida Cabildo y La Pampa, interceptaron a un hombre que subía a su furgoneta Chevrolet, modelo 1960. Le dieron dinero para tomar un taxi y prometieron cuidar el vehículo. Pero la víctima rechazó los billetes y huyó a pie. Luego, daría aviso a la policía.
"Kreda alquiló entonces un galpón en la calle Garabano, de Ciudadela, en el que tendrían que guardar el vehículo. Con pintura especial, copiaron de un cartel publicitario el nombre de Panagra en la puerta del rodado", se consignó en una nota publicada
"Durante dos días aguardaron el momento más oportuno para realizar el asalto. Quevedo les informó en dos oportunidades que no concurrieran. A las 22 del 12 de enero les advirtió que era el momento oportuno para el atraco".
La caída de la banda
Uno de los pistoleros, Muraciole, corrió luego del robo a comprarse una casa en efectivo, donde guardó su tajada y la de González: dispersó el tesoro por toda la vivienda. Levantó dos baldosas de la cocina y cavó un pozo de medio metro de profundidad por cuarenta centímetros de ancho. Allí escondió algo de oro.
El jefe de la división Robos y Hurtos, comisario Meneses, entrevistó personalmente a Kreda para recuperar el dinero, que el delincuente confesó haber depositado en un banco ubicado en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Reconquista. Durante el interrogatorio, se declaró culpable, y admitió: "Decidí quebrar mi línea de conducta. Decidí delinquir, pero por algo muy grande, que me permitiera vivir como un multimillonario por el resto de mi vida".
Por otro lado, Lipsitz accedió a decirle a la policía donde guardaban casi todos los lingotes, y confesó que -con el dinero del robo- se encontraba montando un local vinculado al rubro de los metales preciosos.
Del aeropuerto, González, Muraciole, Toscano y Lipsitz se llevaron 360 kilos de oro en barras; 400.000 pesos moneda nacional; 200.000 cruzeiros en papel; 800 libras; 90 monedas de oro; 200 francos viejos; 200.000 marcos; 2000 libras papel; 3000 monedas mexicanas de dos pesos. La cifra total del golpe fue de 38.187.00 pesos moneda nacional, valuados en alrededor de un millón de dólares.
Todos los miembros de la banda fueron encarcelados. Sin embargo, Nelly Herrera Thompson y Saúl Lipsitz salieron libres bajo fianza dos años después del asalto.
Continuaron con el ritmo frenético de su vida delictiva y fueron acusados por asaltar dos bancos en Santa Fe; de una de estas instituciones se llevaron al menos siete millones de pesos en moneda nacional. Los agentes de esa provincia también les endilgaron los homicidios de dos policías. Intensamente buscados, finalmente los detectaron mientras se refugiaban en una casa del conurbano.
La policía bonaerense vigiló a la pareja durante una semana. Por ese entonces ya los conocían como los Bonnie & Clyde criollos. Y ellos mantendrían una conducta acorde con esa fama. Finalmente, con la certeza de que se trataba de Herrera Thompson y de Lipsitz, intentaron capturarlos cuando llegaban al chalet de la calle Necochea 2550, en la localidad de Martínez, donde llevaban tres meses escondidos. La pareja de delincuentes resistió a balazos; ella con un revólver calibre 32 y él con una pistola calibre 45. Las crónicas de aquel 16 de septiembre de 1970 indican que los vecinos escucharon más de 200 tiros. La exazafata y su cómplice fueron acribillados.
Una pareja rodeada
Nelly Herrera Thompson y Saúl Lipsitz se conocieron en la noche marplatense a mediados de los años 50. A la mujer le gustaba la playa y el casino. También las aventuras fuertes. Estuvieron juntos en la organización del millonario atraco en el aeropuerto de Ezeiza y gastaron como pareja parte del botín en Mar del Plata. Salieron también casi al mismo tiempo de prisión en 1963. Afirman las crónicas de la época que la mujer y su cómplice habían entregado al resto de la banda y conseguido de esa manera una pena reducida. Seguirían como un tándem hasta el final.
Tras su liberación robaron sucursales bancarias en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Santa Fe y Córdoba. Nelly entraba en los bancos con una pistola en la mano. Se le adjudican a la pareja las muertes de al menos dos policías.
Casi como enemigos públicos N°1 y con fuerzas de cuatro distritos tras sus pasos, Nelly y Saúl, Bonnie & Clyde por su alias criminal, fueron rodeados y acribillados en Martínez.
El gran atraco
Un botín millonario
Sin disparos y con gran precisión, la banda interceptó en Ezeiza un cargamento de oro, monedas y billetes que totalizó un valor de un millón de dólares de esa época.
La pista clave
Un local en la calle Libertad
Los investigadores lograron dar con el grupo criminal al detectar que un negocio de compra y venta de alhajas ofrecía el gramo de oro a un valor muy inferior al precio de mercado.
A sangre y fuego
El final anunciado
La jefa del clan y su principal secuaz fueron rodeados por la policía bonaerense en septiembre de 1970 en la localidad de Martínez. Los vecinos escucharon más de 200 disparos.

B. S.

HISTORIA DEL CRIMEN,

La banda de la metralleta Un rastro de sangre entre San Fernando y Montevideo

En septiembre de 1965, una organización criminal dejó una huella de muerte luego de apropiarse de un importante botín en la puerta de una sucursal bancaria de la provincia de Buenos Aires; el robo se hizo célebre por la novela Plata Quemada, de Ricardo Piglia
El martes 28 de septiembre de 1965, pocos minutos después de las 16, el policía Francisco Otero escuchó las detonaciones de una ametralladora y vio cómo decenas de personas comenzaban a correr por la plaza principal de San Fernando. Desde los asientos traseros de la camioneta, mientras intentaba cubrirse, giró levemente el cuello. Miró los bolsos que debía custodiar y que contenían siete millones de pesos, casi cuarenta mil dólares en ese momento, en efectivo. Pero el agente no pudo hacer mucho más. Las municiones atravesaron su cuerpo: dos tiros en la cabeza, uno en el pecho y una ráfaga en la espalda. Murió allí mismo, frente a la municipalidad, a muy pocos metros de la sucursal del Banco Provincia en la que acababa de retirar el dinero –junto a tres empleados municipales– para pagar los sueldos de la comuna.
Testigos confirmarían con el correr de las horas que los asaltantes eran al menos cuatro: dos abrieron fuego desde la plaza Mitre y otros dos dispararon desde la esquina de Madero y Constitución, parapetados en un puesto de venta de diarios. Un empleado huyó corriendo y se refugió en la municipalidad, mientras las balas que lo buscaban estallaban en la gruesa puerta de madera del edificio. Los otros dos empleados, heridos, quedaron tendidos junto al cadáver de Otero. Uno de ellos, el tesorero Martínez Tovar, moriría una semana después por una herida de bala en el tórax, según consignó la nacion en las crónicas del caso.
Los asaltantes tomaron el dinero y se escaparon a toda velocidad en un Chevrolet 400 rumbo a la avenida Libertador, dejando en la escena tres heridos graves por la balacera, además de un agente muerto. Con unos minutos de ventaja, lograron evadir a los agentes de la Comisaría 1a. de San Fernando que los perseguían furiosos por la muerte de su compañero Otero, un hombre de 39 años, que tenía una década años de servicio y era padre de cinco niños.
En el cruce de Libertador y Quintana los ladrones se toparon con un retén y, sin dudar, aceleraron. Al pasar junto a los cinco policías volvieron a disparar con su ametralladora. Entonces, uno de los agentes se trepó en una motocicleta y comenzó a seguirlos de cerca, hasta el barrio de Martínez. Allí, puntualmente frente a la comisaría que estaba ubicada en Libertador 14243, comenzó un tercer y violento tiroteo. Uno de los delincuentes resultó herido y perdió el control del Chevrolet. Las puertas quedaron abiertas y en el piso sucio del vehículo brillaba una ametralladora calibre nueve milímetros abandonada por los criminales.

A pie, los cuatro asaltantes rodearon el automóvil para cubrirse, y desde allí volvieron a abrir fuego contra los policías. Caminando y disparando, llegaron al cruce de Libertador y Aristóbulo del Valle, adonde se apropiaron de un segundo automóvil que había quedado en medio del tiroteo.
Utilizaron como escudos a un hombre y a una mujer que estaban dentro de ese vehículo, y así –por la presencia de dos nuevos rehenes– las detonaciones dieron paso al silencio durante unos pocos segundos. El grupo de ladrones aprovechó estos instantes para acelerar en el nuevo automóvil, y huir hacia el oeste.
En su escape, alcanzaron el cruce de Pacheco y las vías del ferrocarril Mitre, adonde los sorprendió la barrera baja que anunciaba la llegada de una locomotora. Por eso, encañonaron al banderillero y lo obligaron a abrir el paso. Llegaron hasta la avenida Santa Fe y luego se perdieron en la autopista Panamericana.
El momento de la confesión
La ametralladora abandonada en el auto, junto a dos cargadores, los condenó. Cuando apenas había pasado una hora desde el asalto, la policía unió esa pista con el robo de una ametralladora cometido poco tiempo antes e identificó la punta del ovillo: los vendedores de las armas.
De esta forma, cayó también la hipótesis de que el robo podría haber sido cometido por un grupo terrorista y la investigación se inclinó definitivamente a la búsqueda de una gavilla delictiva.

Quienes habían provisto de las ametralladoras al grupo criminal eran dos primos, ladrones de poca monta con aspiraciones criminales e inclusive vinculados con la clase alta de la zona norte. Se llamaban Carlos y Abdir Nocito. Fueron ellos los que, durante el primer interrogatorio con la policía bonaerense, confirmaron no sólo que habían facilitado las armas, sino que también habían aportado la fecha exacta del traslado del dinero, ya que uno de los primos era empleado municipal.
Los primos Nocito señalaron como miembros del grupo criminal a Carlos Alberto Mereles, de 22 años, y Enrique Mario Malito, de 24; dos peligrosos delincuentes que habían quedado al frente de una importante banda, luego de que el líder –llamado Carlos Alberto Argañaraz– cayera en un tiroteo siete meses antes de ese robo al Banco Provincia de San Fernando.
Con esa certeza, los policías de la zona norte sabían ahora que no perseguía a cuatro intrépidos e improvisados, sino que se trataba de miembros de una peligrosa banda. Sólo ese año, ese grupo había matado al menos a tres personas, entre ellas un adolescente de 16 años, durante asaltos contra una agencia de automotores y una cooperativa. El agente Otero y el tesorero Martínez Tovar, fulminados en la plaza de San Fernando, engrosaron esa lista. No serían los único.
Detectives al mando del comisario Enrique Silva comenzaron a seguir el rastro de los sospechosos Carlos Alberto Mereles y Enrique Mario Malito. La persecución los llevó hacia Recoleta, luego al barrio bonaerense de Caseros y, finalmente, a un departamento ubicado en Güemes al 3302, en la esquina con Coronel Díaz, Palermo. Allí fueron detenidos la esposa de Carlos Mereles junto a su hermano, y miembro de la banda, Raúl Francisco Mereles. Además, capturaron a la viuda de Argañaraz. En el departamento A del tercer piso, la policía encontró dos pistolas ametralladoras calibre 9 milímetros y 778.000 pesos, equivalentes según la cotización de aquellos días a casi cinco mil dólares en efectivo.

Tras estos allanamientos, los policías confirmaron varios datos. Uno de ellos indicaba que, a través de su familia, el prófugo Mereles invirtió toda su parte del botín, rápidamente, poco tiempo después del asalto. Al irrumpir en la guarida principal de la banda, a su vez, los detectives supieron que los otros dos autores del asalto fueron Roberto Dorda, de 32 años, y Marcelo Brignone, de 22.
El último disparo
Durante un mes, los detectives caminarían a ciegas, sin saber la ubicación exacta de los asaltantes prófugos, aunque en ese lapso detuvieron en total a 18 colaboradores de la banda, casi todos por encubrimiento.
Hasta que 37 días después del robo, el 5 de noviembre de 1963, los propios criminales se expusieron fatalmente: habían logrado salir del país con éxito rumbo a Uruguay, pero en Montevideo ejecutaron a tiros al policía Alberto Cancela Britos, que los detectó en la calle cambiando las patentes de un automóvil.
Ese homicidio resultó determinante para que algunos informantes de la policía entregasen la ubicación exacta de “los porteños”: Edificio Liberaj, calle Julio Herrera y Obes 1280, primer piso, departamento 9. Luego de que el grupo matara a Cancela Britos, uno de sus miembros –Enrique Mario Malito– decidió separarse y huir por su propia cuenta. A las 22 del 5 de noviembre, el Edificio Liberaj estaba completamente rodeado por las fuerzas de seguridad. A través del portero eléctrico, comenzó la negociación. “¡Nada de rendirse! ¡Vengan a buscarnos, si se animan!”, gritaron los delincuentes, que nuevamente dispararon contra la policía para abrirse paso hacia otro departamento del edificio en busca de un camino de fuga. Así, dieron inicio a un tiroteo que se extendió durante 15 horas, en el que inicialmente murió el comisario Santana Cabris.
Para el mediodía del sábado 6 de noviembre, Dorda y Brignone ya habían muerto. Mereles resistía a los balazos en el primer piso. El edificio había sido desalojado completamente, y la policía uruguaya intentaba de todo para forzar la salida del criminal hacia la calle; granadas, ametralladoras e incluso un incendio provocado intencionalmente.
Sin embargo, el asesino continuaba de pie, atrincherado en un baño destruido por los balazos del enfrentamiento. Se asomó por una ventana. Con la última munición que le quedaba, sin que nadie lo viera, apuntó y desde allí fusiló al agente de policía Héctor Aranguren, un joven de 21 años que –distraído– conversaba con su jefe en la calle para que lo dejara ingresar en el edificio y participar del enfrentamiento. Poco después sería abatido el último miembro de ese clan criminal.

B. S.

HISTORIA DEL CRIMEN,

Crónicas del crimen. El "Pampa" Félix Orte: el asesinato impune de un ídolo
El silencio y la tranquilidad de la madrugada se interrumpieron de golpe, destrozados por un estruendo seco. Marisa Sanfilippo intuyó que algo grave había pasado en la puerta de su casa. Dejó a Nadia, su beba, en la cama, apoyó la mamadera en la mesa de luz, corrió la cortina y miró hacia la calle a través de la ventana. Fue todo estupor: su marido, el futbolista Félix Lorenzo Orte, el Pampa, estaba gravemente herido en la vereda. La mujer llegó a ver a un joven con un arma en la mano correr y subirse a un auto de color terracota, según describió.
Eran las 5.15 del 19 de noviembre de 1989. El Pampa Orte, de 33 años, potente delantero que fue ídolo en Banfield y dejó un recuerdo imborrable en Racing y en Rosario Central, murió poco después en el Policlínico de Lomas de Zamora, adonde fue trasladado en el auto de un vecino. Le habían disparado en la cara, a no más de medio metro de distancia; el proyectil, calibre 32, había ingresado por el pómulo izquierdo y le dañó varios órganos en su recorrido posterior.

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Un día después del homicidio, el juez a cargo de la investigación, Gustavo Amoroso, descartó el robo como móvil del crimen. Según las publicaciones de la época, comenzaron a sopesarse las hipótesis de una venganza, de un crimen por encargo. Pero el asesinato del ídolo nunca pudo ser esclarecido. Pasaron 30 años y quedó impune. Fue, al cabo, un crimen perfecto.
"La gran dificultad que tenemos es especificar el móvil del homicidio. No se trató de un robo. El asesino actuó con tranquilidad. Después del disparo, se dirigió sin prisa a un Peugeot 504 terracota en el que lo aguardaban tres sujetos y todos partieron a velocidad normal", sostuvo el juez Amoroso días después del asesinato, según reflejó una nota de la época en el diario Crónica.
La casa de Félix Lorenzo Orte, frente a la cual lo mataron
Orte, que había nacido el 2 de junio de 1956 en Catriló, La Pampa, vivía con su esposa y sus hijos -la pequeña Nadia y Mauro, de 9 años- en Carlos Croce al 200, una zona residencial de Lomas de Zamora. A los 33 años, el Pampa integraba el plantel de El Porvenir, daba clases en una escuelita de fútbol y tenía una zapatería.
La noticia del homicidio de Orte fue publicada en la página 14 de la edición de los diarios del 20 de noviembre de 1989. "Una patota asesinó de un tiro al futbolista Félix Orte", fue el título de esa crónica.
En un recuadro, titulado "Su estilo, pura potencia", se hizo un perfil de su carrera como jugador de Banfield, Racing, Rosario Central y Loma Negra, aquel proyecto deportivo de Amalia Lacroze de Fortabat. Se recordó que en 1977 había sido convocado a la selección por César Luis Menotti.
"Había heredado de su padre el oficio de maestro panadero. A los 16 años, decidió independizarse, y en Temperley su personalidad fluctuaba entre el calor del horno y el papi fútbol en un clubcito [sic] de barrio
Como juvenil se probó en Independiente, Banfield y Racing. Siempre fue rechazado hasta que, en una nueva oportunidad, en El Taladro, el maestro Adolfo Pedernera lo hizo dedicarse con exclusividad al fútbol y se alejó del pan.
Mural en homenaje al Pampa Orte, en Lomas de Zamora
Debutó en la primera de Banfield en 1972. Seis años después, fue vendido a Rosario Central por 80.000.000 de pesos de la época. En un generoso gesto, el goleador donó $1.200.000 para "fomento de las divisiones juveniles".
Después pasó por Loma Negra, de efímera pero fulgurante presencia en los torneos nacionales entre 1981 y 1983. Siguió en Racing, hizo una experiencia en México y regresó a Banfield, donde formó parte del equipo que ascendió a primera en 1987. Dos años después se incorporó a El Porvenir, pero no llegó a debutar por una serie de lesiones y por el balazo que segó su vida.
"Félix era mi gran amigo. Un hermano mayor. Me enseñó a caminar la vida. En esos días iba a ser papá y el Pampa era el padrino de mi primer hijo. Cuando lo mataron yo estaba concentrado. Era jugador de Independiente y esa tarde enfrentábamos a River en el Monumental. Era un partido muy importante. No paraba de llorar. Jorge Solari me dijo que era importante que jugara. Lo hice pensando todo el partido en él. Cuando terminó, no pude parar de llorar. Me fui al velatorio y le dejé en el cajón la camiseta que usé esa tarde. Todavía lo recuerdo mucho a Félix", le contó el exfutbolista Elvio Vázquez al periodista e investigador Carlos Aira para la nota "Redescubriendo al Pampa Orte", publicada en www. xenen.com.ar.
Final de fiesta
La madrugada del 19 de noviembre de 1989, la familia Orte acababa de regresar de una fiesta de 15. Después de entrar el auto en la cochera, y mientras su esposa le preparaba una mamadera a Nadia, de solo un año, el Pampa salió a la calle. Algunos testimonios de la época decían que había ido a tomar mate a la vereda, como solía hacer a esas horas. Otros se quedaron con la versión de que había ido a tirarles sal a las babosas que acechaban en el jardín del frente.
"Alrededor de las 5.15, Félix, mi hija y mis nietos regresaron a su casa después de una fiesta. Guardaron el auto en la cochera y después de sacarse la ropa mi yerno se puso pantalones cortos y salió a la puerta a tomar mate. Mientras, mi hija le daba la mamadera a la beba", afirmó al diario Crónica, pocas horas después del crimen, Ricardo Sanfilippo, suegro y agente de la víctima.
El comisario Félix Murad, que cumplía funciones en la comisaría 1ª de Lomas de Zamora en el momento del homicidio, sostuvo ante los medios de comunicación que según el testimonio de los vecinos era normal que Orte tomara mate en la vereda en horas de la madrugada. Para el jefe policial, el "grupo agresor" había atacado "a sangre fría".
Cuatro días después del homicidio, la policía bonaerense difundió un identikit del supuesto asesino e incluso se hicieron varios allanamientos en San Justo, partido de La Matanza.
Según la descripción de los testigos, el homicida tenía unos 25 años, era de 1,70 metros de estatura y debía pesar 70 kilos; tenía cutis blanco, cabellos de color castaño oscuro y ojos del mismo tono.
El 27 de noviembre de 1989, la primera edición de Crónica anunciaba que el asesino del Pampa Orte había sido identificado. En la publicación periodística se sostenía que había sido un crimen por encargo y que el móvil podía estar relacionado con una venganza, sin revelar el motivo. Además, se afirmaba que se avecinaban horas decisivas para la investigación.
Dos días después, el mismo medio informaba que el presunto asesino del Pampa había sido detenido en el barrio porteño de San Cristóbal, en un operativo conjunto entre la policía bonaerense y detectives de la Federal.
El sospechoso del crimen de Félix Lorenzo Orte, luego liberado por falta de pruebas
"La fisonomía del sospechoso coincide con el identikit", publicó Crónica. El imputado, Miguel Quintana, tenía 28 años y trabajaba en la fábrica de galletitas Terrabusi. Vivía con su familia en un hotel de pasajeros de la calle Estados Unidos al 1300, en el barrio porteño de Constitución.
"Yo sé que esto se dice siempre, pero alguna vez van a tener que escuchar la voz de los pobres y no solamente la de la policía. Mi esposo es un trabajador", rogaba Dinarda, la mujer de Quintana, después de la detención.
Durante varias semanas, el diario Crónica siguió día a día las alternativas del caso. El 1º de diciembre de 1989 informó que la declaración indagatoria del sospechoso había durado cuatro horas y que había negado su participación en el homicidio del ídolo.
Alevosía
El juez Amoroso había calificado el caso como homicidio calificado y con alevosía. Antes de la declaración indagatoria, hubo una rueda de reconocimiento.
"La viuda [por Sanfilippo] estalló en una crisis de nervios y gritó '¡es él, es él!'", según la reconstrucción que se hizo en el diario Crónica de la rueda de reconocimiento.
Dinarda, la esposa de Miguel Quintana, declaró como testigo y sostuvo que la noche del homicidio su marido había dormido con ella y se había levantado a las 11.
Mientras el sospechoso continuaba detenido y el juez Amoroso analizaba si había pruebas para procesarlo o sobreseerlo, se hacían allanamientos para intentar encontrar el Peugeot 504 terracota en el que subió el asesino después de ejecutar a Orte.
El 19 de diciembre de 1989, justo un mes después del asesinato, el juez Amoroso ordenó la libertad del sospechoso: no había pruebas concretas en su contra y, en consecuencia, le dictó la falta de mérito.
Mural en homenaje al Pampa Orte, en Lomas de Zamora
"A pesar de que tenía tiempo hasta el 27 de diciembre para determinar la situación procesal del sospechoso, tomé esta decisión porque se probaron sus coartadas", sostuvo el juez Amoroso después de liberar a Quintana, que finalmente terminó sobreseído y desvinculado totalmente de la investigación criminal.
Fuentes al tanto de esa causa recordaron que el juez Amoroso llegó a investigar al círculo más íntimo de Orte en busca de dar con el móvil del crimen.
Tiempo después, mientras le enseñaba a manejar a su hijo Nicolás (hoy, juez de un tribunal oral de Lomas de Zamora), Amoroso se cruzó con la viuda de Orte en Pinamar. Ella le agradeció su esfuerzo por encontrar al culpable. "Mi padre siempre lamentó no haber podido esclarecer el crimen", afirmó el hijo del magistrado, que falleció en 1999, diez años después del trágico final del Pampa.

G. D. N.