EN BAJA , AUMENTOS, TARIFAS

Con un dólar importador en baja, el BCRA sumó más reservas
Compró US$154 millones; fue el mayor monto en más de tres meses

Javier Blanco
El Banco Central (BCRA) concretó ayer la mayor compra de reservas de los últimos tres meses, al captar US$154 millones. Fue en una rueda de fuerte volumen de negocios y en la que se dejó ver una retracción en la demanda importadora, sobre todo ahora que quedó confirmado que desde el lunes regirá la rebaja del impuesto PAIS que abaratará 10% el dólar importador para bienes y fletes.
El resultado se vio favorecido además por liquidaciones relacionadas con una inversión en el sector energético, según coincidieron varios operadores. Pero lo cierto es que para dar con una compra mayor hay que retrotraerse hasta el 21 de mayo, cuando adquirió US$189 millones, en un contexto en el que la oferta de divisas aún fluía y la demanda estaba aún afectada por la cuotificación de importaciones.
El ingreso, que le permite mostrar un saldo acumulado por compras en lo que va del mes de US$618 millones, llegó en una rueda en la que se operaron US$481,521 millones, el mayor monto en lo que va del mes. Esto indica que consiguió retener casi el 32% de las divisas transadas en la rueda. Fue al cabo de una jornada en la que, por segunda vez consecutiva, dejó caer $0,50 el dólar mayorista vendedor, que cerró a $949,50 y acumuló un retroceso de $1 en las últimas dos ruedas.
En el mercado adjudicaron el resultado del día básicamente a la conducta ya mencionada de la demanda importadora. “Igual, el volumen negociado sorprendió bastante. No se llegaba a una cifra similar desde el 31 de julio”, explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.
Claro que lo que hoy provoca un beneficio mañana podría volverse en contra. Por caso, el economista Fernando Marull (FyMA) proyectó un aumento en los pagos por importaciones de US$1000 millones para el mes que viene, precisamente alentado por esta rebaja.
“Hasta ayer [por anteayer], el volumen operado de divisa en el segmento oficial estaba US$1000 millones por debajo del registrado en julio, que había marcado el mínimo mensual de 2024. La explicación, un deterioro mayor al esperado de la demanda privada de divisas para pagos que entendemos se explica por la expectativa de baja de 10 puntos porcentuales del impuesto PAIS”, señalaron desde la consultora Oulier.

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A partir del domingo suben la luz, el gas y los combustibles
Los servicios aumentarán un 4%; las naftas y el gasoil lo harán un 2,5%.
Sofía DiamanteEconomía autorizó una nueva suba en los servicios para bajar el peso de los subsidios 
El Ministerio de Economía autorizó que a partir del consumo del domingo 1º de septiembre haya un nuevo aumento en los servicios de gas y electricidad. También se aplicará una suba a los precios de la nafta y el gasoil, como ocurrió cada primer día del mes durante todo el año. Se espera que el incremento sea del 4% para las boletas energéticas, mientras que los precios de los combustibles subirían, en promedio, 2,5%. De esta forma, se suman al alza confirmada de 4,48% que aplicará AySA para las boletas del agua.
El monto final de las facturas de energía se compone del costo de tres servicios más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirla en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.
Desde este mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó que los servicios de luz y gas aumenten para bajar el gasto en subsidios a la energía. Además, se permitirá de nuevo a las empresas de distribución y transporte –entre las que se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS– actualizar sus cuadros tarifarios.
Si bien en abril el Gobierno había fijado que los ingresos de estas empresas iban a subir todos los meses según una fórmula polinómica, la variable de ajuste nunca llegó a aplicarse. Unas horas antes de comenzar el mes de mayo, Caputo anunció que se postergaría el incremento.
“En tarifas queda por aumentar, pero este año ya hicimos la parte más importante. La tarifa es una sintonía fina entre caja, o reducción de subsidios, e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación. También la prioridad es [cuidar] la caja, pero en la medida en que podamos terminar antes con la inercia inflacionaria, eso es más ventajoso. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”, había dicho el ministro en una entrevista radial.
En lo que se refiere a combustibles, en el sector esperan que la suba de precios de nafta y gasoil sea en torno del 2,5% a nivel país, pero el aumento podría ser mayor en la ciudad de Buenos Aires (CABA), como ocurrió el mes pasado, cuando se aplicó un alza de 5% en dos tramos.
Desde que asumió Javier Milei, el valor de los combustibles aumentó 135% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación acumulada. Esto se explica por el aumento de los impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020, y por el atraso que tenían los precios anteriormente.
El litro de nafta súper de YPF en CABA hoy cuesta $992, mientras que la premium vale $1226. El gasoil súper se vende a $1032 por litro, mientras que el diésel premium cuesta $1312.
Esta semana, además, se confirmó el aumento en la tarifa de agua de AySA. Será de 4,48% y comenzará a regir desde el consumo de septiembre. La factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.
Luego de la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC). En el año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 271%.
Geolocalización
AySA mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $22.137 a $23.129; para la zona media (996.718 usuarios), de $20.104 a $21.005, y para la zona baja (1,2 millones), de $16.155 a $16.878.
Los incrementos van a empezar a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre.
Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio. En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.
Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones de usuarios y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).
AySA alcanzó el equilibrio operativo bruto por primera vez en cinco años y está logrando superávit por primera vez en su historia. La nueva gestión de AySA incrementó los ingresos en un 22% en comparación con 2023 en términos reales, lo que representa unos $33.000 millones adicionales, y se redujeron los gastos devengados de operación bruta un 16%, equivalentes a $40.700 millones.
Dentro de este plan de eficiencia, la empresa llevará adelante una estrategia para la reducción de pérdidas físicas de agua potable que permitirá recuperar 500.000 m3 por día de agua (equivalente al consumo de 1 millón de personas) y reducir gastos de insumos químicos y energía de bombeo. Además, se reforzará la continuidad del plan de micromedición para alcanzar una facturación basada en el servicio medido y más justa para los usuarios.
Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 45% de vigilancia, 43% de limpieza, 37% de telefonía, 27% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial, a través de la reducción del 35% de las horas extras y un importante programa de retiros voluntarios. En lo que respecta a las obras de mejora y mantenimiento, se encuentran en etapa de priorización y revisión.
Es el caso del plan de retiros voluntarios, al que adhirieron 1200 empleados, desde la empresa informaron que recibió $36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados.

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En los supermercados prevén que se frenarán aumentos
En los comercios estiman que la reducción de la alícuota del impuesto PAIS ayudará a desacelerar la inflación más que a bajar precios

Alfredo Sainz
La baja en la alícuota del impuesto PAIS que acaba de anunciar el Gobierno tendrá un efecto relativo en las góndolas y, si bien en las empresas todavía están haciendo cuentas, la mayoría reconoce que más que una reducción en los precios de venta al público de los alimentos se espera que sirva para contener nuevos aumentos.

Hace unas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la medida tributaria redundaría en una baja en los precios en un amplio rango de productos, incluyendo los artículos de la canasta básica (alimentos, bebidas, tocador y limpieza). “En septiembre vamos a ver una baja de precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles que la gente tiene que recibir confianza del otro lado”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, en las empresas son más cautos a la hora de analizar el impacto que tendrá la baja en diez puntos de la alícuota del impuesto PAIS, que entrará en vigor el domingo.
Los más optimistas aseguran que en el caso de los productos importados el efecto que se sentirá en las góndolas será casi inmediato. La lista de artículos que tendrían que reflejar algún cambio positivo incluye café y atún, algunas frutas como el ananá y la banana, y productos de bazar, textil o electro.
“El mayor impacto del impuesto PAIS es precisamente en otros eslabones de la cadena y es la incidencia que tiene en los insumos como el PET, el aluminio, la lata y en muchos otros que necesita la industria para producir. En lo que hace directamente a la góndola, lo que es consumo masivo, puede incidir en el atún, las bananas y alguna que otra cosa más, y después en lo que importan directamente las cadenas, pero el fuerte del impuesto PAIS golpea en los insumos”, destacaron en el sector supermercadista.
En el punto en que coinciden los supermercados y las empresas fabricantes es que la rebaja del 17,5% al 7,5% en la alícuota del impuesto PAIS ayudará a frenar la llegada de nuevas listas de precios.
“En cosmética y tocador, el 60% de los insumos son importados, empezando por los componentes químicos y llegando hasta el packaging, así que a partir del lunes vamos a tener una mejora en los costos. Pero, por otro lado, hay otros gastos que siguen subiendo, como los fletes y la mano de obra, así que seguramente un factor termine compensando a otro. En nuestro caso, la decisión que tomamos es mantener la lista de precios congelada al menos por los próximos dos meses”, aseguró Alberto Bollati, CEO y fundador de Algabo, firma dueña de los protectores solares Cocoa Beach y los repelentes Vais.
La visión es compartida en la fabricante de productos de limpieza Ecovita. “Aún no tenemos claro cuándo y en qué cargas impactará la baja del impuesto. A partir de ahí, consultaremos con nuestros proveedores cuánto de esa mejora se trasladará a los precios de sus insumos”, señaló Julián Mellicovsky, dueño de la empresa que compite con Unilever y Clorox en el mercado de artículos de limpieza. “En lo que son insumos y materias primas que importamos directamente, por ejemplo, el impacto debería ser bastante lineal y ayudar a reducir los costos, lo cual permitirá contrarrestar subas por inflación, o hacer rebajas de precios”, agregó el empresario.
En Melar, una empresa que provee semillas, condimentos y frutos secos a las principales compañías productoras de alimentos, aseguran que la baja de los impuestos se trasladará en forma automática a sus precios de venta. “Hoy, el 70% de los insumos que utilizamos son importados, así que en nuestro caso la baja en el impuesto se va a sentir en forma automática en nuestros costos y los vamos a trasladar a la lista de precios, entre otras razones, porque necesitamos vender más y recuperar los niveles que teníamos el año pasado”, reconoció Hernán Devalle, director de Melar, empresa que provee a los principales fabricantes de alimentos (Molinos Río de la Plata, Unilever, Arcor) y que también cuenta con su propia marca, El Cosaco.
En otras empresas destacan que el cambio en la alícuota se traducirá en menores costos de producción, pero, a la vez, advierten que para los fabricantes nacionales también implica una mayor competencia de los productos importados.
“La baja en el impuesto PAIS nos ayuda porque reduce los costos de algunos insumos importados, como las hierbas y las botellas que estamos trayendo de afuera, pero más beneficia a las empresas que se dedican a importar la bebida terminada. En términos de porcentaje, a nosotros nos impacta en un 2% en nuestro costo de producción, pero la competencia puede bajar un 10% sus precios, porque no sufren el aumento de los costos locales como las tarifas de los servicios públicos o las paritarias”, explicó Franco Moretti, fundador (junto con su hermano Bruno) de Destilerías Moretti, firma dueña del gin Buenos Aires.

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TARIFAS, PREPAGAS Y NAFTAS

Empiezan a llegar boletas de gas con subas promedio cercanas a 400% en hogares
Aun así, Economía analiza aplicar una quita de subsidios para el mes próximo

Sofía DiamanteLas boletas de Metrogas ya traen fuertes aumentos y podrían continuar las subas
En los últimos días comenzaron a llegar a los hogares facturas de gas con alzas promedio de 380%, que fueron autorizadas en abril. La suba se explica porque hubo una actualización de tarifas para las empresas de distribución y transporte, dos servicios que componen el costo total de las boletas y que también habían quedado retrasados por el congelamiento tarifario del anterior gobierno.
De un mes a otro, las boletas subieron en algunos casos 900%, como le sucedió a un usuario de Metrogas que duplicó su consumo de 30 a 60 m3, y el costo fijo pasó de $399 a $6456 (1500%). En total, esa factura subió de $1029 a $10.716. En el caso de un usuario de Naturgy, que aumentó su consumo de 70 m3 a 80 m3, el costo fijo pasó de $894 a $5456 (510%), y la factura final, de $3581 a $13.404.
Además, Economía debe decidir si anuncia para junio una quita de subsidios a los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios,lo cual implicaría más aumentos.
Tras la emergencia energética por la falta de gas de esta semana, el Palacio de Hacienda debe decidir si anuncia para junio una quita de subsidios a los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, que hasta ahora no tuvieron modificaciones. El Ministerio de Economía postergó esta decisión en los primeros seis meses de gestión y eso implicó que el 70% de los hogares paguen menos de 5% de lo que cuesta la electricidad y por debajo del 20% de lo que vale el gas.
La situación es políticamente más complicada, porque en los últimos días comenzaron a llegar facturas de gas con alzas promedio de 380% que se autorizaron en abril. La suba se explica porque hubo una actualización de tarifas para las empresas de distribución y transporte, dos servicios que componen el costo total de las boletas y que también habían quedado retrasados por el congelamiento tarifario del anterior gobierno.
El valor final de las boletas de gas y electricidad se compone del costo de tres servicios más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Se encuentra el costo de generar electricidad o producir gas, el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirlo en hogares, comercios e industrias.
En abril, el Gobierno priorizó recomponer la rentabilidad perdida de las empresas de gas, entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS. El aumento se dio, además, justo antes de comenzar el invierno, cuando el consumo de gas residencial se duplica. Esto generó un doble efecto en el valor final de las boletas, por mayores precios (nuevos costos fijos y variables) y por el incremento del consumo de metros cúbicos (m3) de gas.
De un mes a otro, las boletas subieron en algunos casos 900%, como le sucedió a un usuario de Metrogas que duplicó su consumo de gas de 30 a 60 m3, y el costo fijo pasó de $399 a $6456 (1500%). En total, la boleta subió de $1029 a $10.716.
En el caso de un usuario de Naturgy, que aumentó su consumo de 70 m3 a 80 m3, el costo fijo pasó de $894 a $5456 (510%), y la factura final subió de $3581 a $13.404.
Una situación similar sucedió en febrero con los aumentos de las facturas de electricidad. Aun así, los servicios de gas y electricidad se mantienen económicos en relación con otros similares, como el pago de internet o el teléfono móvil. Sin embargo, el Gobierno debe decidir si aplica una quita de subsidios el mes próximo, en un contexto en el cual el poder adquisitivo todavía no repunta (empata con la inflación).
En concreto, los usuarios de ingresos bajos (N2) pagan con sus boletas solo el 4% del costo de generación eléctrica y el 14% del costo de abastecimiento de gas. Los hogares de ingresos medios (N3) pagan un 5% del costo de electricidad y 20% del gas, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
La Secretaría de Energía buscará quitar subsidios para que las boletas de los usuarios cubran mayor parte del costo, pero además, podría haber modificaciones en la forma de subsidiar, como adelantó esta semana en un decreto.
El objetivo de corto plazo es establecer un límite de consumo subsidiado a los usuarios de ingresos bajos, que hasta ahora tienen subsidios ilimitados, y se bajará el bloque de consumo con subsidios que tienen los hogares de ingresos medios. Sobre el excedente de esos bloques de consumo, los hogares pagarán el costo real del servicio.
Al mismo tiempo, Economía volverá a postergar el aumento de tarifas para las empresas de distribución y transporte, como hizo en mayo, apenas un mes después de poner en marcha una fórmula de actualización automática. Esto trajo críticas de parte de las compañías.
“El 26 de marzo firmamos el acuerdo para actualizar las tarifas de manera mensual y al mes se incumplió. Tal vez tendríamos que haber firmado algo distinto, como un congelamiento por tres meses y que suban a partir de agosto. ¿Pero ahora, cómo le explicas al accionista que el Gobierno se había comprometido a normalizar la regulación o a los contratistas que hay que suspender o ralentizar las obras o al banco que te hizo el préstamo? Me parece que se asustaron por las repercusiones en la inflación”, dijo el ejecutivo de una de las empresas del sector.
Para los usuarios residenciales de altos ingresos (N1), comercios e industrias, el Gobierno también podría optar por una quita de subsidios. Actualmente, los hogares N1 pagan el 65% del costo de electricidad y el 51% del abastecimiento de gas. Si bien el Gobierno había dicho que no tenían más subsidios, los costos energéticos suelen aumentar en invierno, más allá del componente inflacionario y de la devaluación del tipo de cambio.
“El costo de la canasta total de servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 295% respecto de diciembre pasado, a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero), agua y gas natural (abril). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo”, dice el informe del IIEP, que dirige Alejandro Einstoss.
En total, un hogar promedio del AMBA sin subsidios gasta $118.825 en el mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Le destina, en promedio por mes, $27.924 al gasto de electricidad, $40.906 al de gas, $20.631 al agua y $29.364 al transporte (boletos de colectivo).
Este mes además hay un alza en las boletas de AySA de 2,77%. La empresa estatal subió 209% sus tarifas en abril y ahora comienza con un ajuste automático mensual.

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Prepagas y naftas, entre los aumentos que llegan en junio
También subirán el boleto de subte, los sueldos del servicio doméstico y la factura de AySA

Luján Berardi
Llega junio y con el nuevo mes, renovados aumentos. Habrá ajustes en segmentos que el Gobierno sigue de cerca en su plan por mantener superávit –actualizaciones en naftas, gasoil y el servicio de agua y saneamiento– y otros rubros regulados, como las prepagas y los haberes del servicio doméstico.
Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal estableciera que dos prepagas recalcularan sus cuotas de forma que los incrementos mensuales siguieran los índices de inflación, se espera que en junio lleguen aumentos del 8,8%, basados en el nivel que arrojó el Indec para abril.
De esta manera lo expresaron desde una de las principales prepagas: “Durante mayo los socios recibirán un aviso que informa un aumento de cuota del 8,8% (vencimiento en junio). Dicho porcentaje fue fijado previo a la próxima audiencia de conciliación y coincide con el IPC de abril, tal como definió la Secretaría de Comercio”.
Las naftas y el gasoil volverán a subir, a raíz del ajuste en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Si las empresas trasladan esta suba, los aumentos serán de al menos 1,2%, a lo que podrán agregar la devaluación mensual del 2% (por el crawling peg). El aumento original estaba planteado para mayo, pero fue postergado en su momento. Ahora, en tanto, se aplicará con una parte diferida para la actualización de julio.
Actualmente, el litro de nafta súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires (CABA) cuesta $837, mientras que la premium vale $1033. El gasoil súper cuesta $883, mientras que el diésel premium, $1123.
Por otro lado, el servicio doméstico percibirá la segunda cuota de la actualización bimestral de abrilmayo a la que se llegó luego de un acuerdo paritario entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y los gremios del sector. En mayo se abonó el 11%, y en esta ocasión será el 7% restante. Los sueldos mensuales serán de entre $284.794 y $316.688.
Las tarifas figuran en la resolución 3/2024, publicada en el Boletín Oficial. A quienes trabajen por horas o jornada les corresponderá cobrar $2322 en caso de hora con retiro, y $2505 sin retiro. Aquellas personas con esquema mensual pasarán a tener un sueldo de $284.794 con retiro, y $316.688 sin retiro.
En el caso del subte, la situación es complicada, ya que la jueza Elena Liberatori dispuso, el lunes, la suspensión del aumento del boleto. Pero el sábado 1º este será aplicado de todas formas, lo que elevará el valor a $650. La Ciudad, de todas formas, aseguró que va a apelar esto.
El lunes también se había anunciado la quita de subsidios al gas para los usuarios de ingresos bajos y medios, pero ayer la decisión volvió a postergarse. Pero en algunos casos sí llegarán boletas con aumentos que corresponden a los ajustes autorizados en abril (ver aparte).
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) confirmó un leve aumento, que, en este caso, será el 2,77% y estará basado sobre un nuevo ajuste mensual de forma polinómica que aplica la empresa estatal.

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TARIFAS, AJUSTE

Frenan las subas en el transporte para contener la inflación
Economía decidió hacer más lento el ritmo de aumentos de los boletos de colectivo
Sofía DiamanteAdemás de en el transporte, el ministro buscó demorar subas en los combustibles
Al igual que en el sector eléctrico, el sistema de transporte automotor en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también atraviesa una crisis en la cadena de pagos. Es por la decisión del Tesoro de frenar las transferencias de subsidios y de disminuir el ritmo de aumento de los boletos de colectivo para no afectar el proceso de desaceleración de la inflación
En el sector se esperaba que las tarifas de servicio de transporte aumentaran 36% en abril debido a la resolución publicada a mediados de febrero que posibilitaba aplicar actualizaciones bimestrales de los boletos por hasta la inflación acumulada en los dos meses previos. El costo del tramo mínimo en el AMBA hubiera subido de $270 a $367.
Sin embargo, hubo una decisión política del Ministerio de Economía de no realizar el aumento para aquellos usuarios que tengan la SUBE registrada, que serían al menos 2 millones de personas. Es decir, continuarían pagando los $270 actuales por el boleto mínimo.
Para aquellos pasajeros que no registraron la SUBE (una cantidad similar de personas), a partir del 1º de abril el tramo mínimo de colectivo pasará a costar $430 y el máximo, $590. En tren, el costo del pasaje se duplicará de $130 a $260.
No es la primera vez que la cartera que conduce Luis Caputo demora aumentos estimados para cuidar el proceso de baja de la inflación. Esta semana, por caso, pidió a los supermercados que cambien la forma en la que presentan las promociones de descuento.
En el pasado, también intervino en el sector de combustibles, tras pedirle a YPF que modere los aumentos. La idea original del presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, era llevar el valor interno del barril de petróleo, que cuesta alrededor de US$70, al de paridad de exportación, US$78. A partir de febrero, sin embargo, la compañía redujo el porcentaje de suba. Lo mismo ocurrió con las tarifas de gas, que debían haber aumentado el mes pasado. Los nuevos cuadros tarifarios con las subas recién se publicarán hoy, a mediados de mes, para que los impactos en las boletas se repartan entre abril y mayo.
El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó ayer que “se corre riesgo de que en los próximos días no haya transporte público de pasajeros en el AMBA” debido a la “falta de compromiso” del Ministerio de Economía con relación a la recomposición salarial homologada el mes pasado.
Durante enero y febrero, el Tesoro les transfirió a las empresas de colectivos del AMBA alrededor de $20.000 millones, pero todavía adeuda $50.000 millones, según explican las cámaras empresariales.
Sin esas transferencias, en el sector dicen que hoy no podrán pagar la suma no remunerativa de $250.000 a los trabajadores que se había acordado en el acuerdo paritario. De hecho, varias empresas todavía adeudan la suma anterior de $140.000 que se tendría que haber pagado el 15 de febrero; otras pidieron un crédito para hacer frente a ese compromiso acordado.
“La Secretaria de Transporte adeuda parte de la liquidación de compensaciones tarifarias de los meses de enero y febrero 2024 por la suma de $50.278 millones. En este cuadro de situación, la mayoría de las empresas no podrán abonar una suma no remunerativa de pesos 250.000 el próximo 15 de marzo 2024 (según acuerdo salarial del 02/02/2024)”, dice la carta documento que las cámaras empresariales le enviaron al ministro de Economía.
Las empresas del AMBA explican que el 70% del costo del colectivo aún es financiado con subsidios, mientras que los pasajeros con el boleto solo cubren el 30%. Hasta diciembre, la relación era 90% de subsidios y 10% lo aportaban los usuarios de colectivo.
“El costo real del boleto de colectivo en febrero debería ser $1200, que es el monto mínimo necesario para renovar las unidades y mantener la frecuencia del transporte. La brecha entre lo que reconoce el Gobierno y el estimado por nosotros se amplió porque Transporte redujo la cantidad de flota que remunera de 18.5000 colectivos a 17.000 en el AMBA. Esas reducciones de servicios las venían haciendo las empresas de manera transitoria porque no les alcanzaban los ingresos; ahora el Gobierno las fijó como permanentes y bajó el standard del servicio. También realizó un cálculo del costo teniendo en cuenta una antigüedad de los colectivos de 13 años, en vez de 10. Calculó un sistema de más antigüedad de flota y menos coches en la calle”, explicó Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
Durante el día, la Secretaría de Transporte recibirá a representantes de UTA y de las cámaras empresariales, pero la decisión política de aumentar los boletos o transferir los subsidios seguirá dependiendo del Ministerio de Economía, donde están más preocupados por cumplir con el déficit cero y con bajar la inflación.

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Recortan 54,5% las transferencias a las empresas públicas
AySA y Aerolíneas Argentinas no recibieron fondos; las de los sectores energético y ferroviario cayeron 60,1% y 41,7%

Ignacio Grimaldi
“El trabajo de Caputo es admirable”. Así elogió el presidente Javier Milei al ministro de Economía, encargado de defender la meta de déficit cero. Esta misión implicó recortes a empresas estatales del 54,5% en términos reales, al contrastar el primer bimestre de 2024 con el de 2023, según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
“Es una reducción muy fuerte. La gran pregunta es hasta qué punto es sustentable”, analizó el especialista en política fiscal Rafael Flores. En tanto, para el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz, “es el ajuste más grande de los últimos 30 años y lo de las empresas va en la misma línea”.
Las compañías más perjudicadas por el recorte fueron AySA y Aerolíneas Argentinas, dos sociedades que el Gobierno propuso que estuvieran “sujetas a privatización” en el proyecto de “Ley de bases”, también conocida como “ley ómnibus”. En enero y febrero del año pasado, la compañía que era dirigida por Malena Galmarini recibió $2330 millones. La línea de bandera tampoco había recibido fondos durante el primer bimestre de 2023.
Una fuente vinculada con AySA dijo a que “se está pasando la nacion el peine fino para llegar al déficit cero, funcionar sin subsidios y evitar impactar demasiado en la gente”. A su vez, especificó que la empresa busca reducir sus costos 20%. Algunas de las medidas que tomó fue el despido de 200 empleados y la venta de 600 vehículos que, por tal disposición, dejaron de usarse.
Argañaraz analiza que para no afectar el servicio que ofrecen “las empresas tienen que adecuarse: bajar el gasto, buscar nuevos ingresos o endeudarse”. Flores advirtió que “para eso se necesita un bisturí” y no una “motosierra”.
Cammesa es otra de las firmas que más sufrieron el ajuste. Los fondos transferidos a esta compañía “se destinan principalmente para compensar la diferencia entre el costo de la energía y las tarifas pagadas por los usuarios del servicio eléctrico”.
Según el estudio, cayeron 72,3% las transferencias acumuladas hasta febrero que Cammesa recibió del Gobierno en términos reales en comparación con el año pasado.
La compañía eléctrica mayorista es el segundo mayor destinatario de fondos del sector energético. Solo la supera Energía Argentina (exIeasa). Esta firma fue destinataria de $169.522 millones en el primer bimestre del año. Esto significó, en términos reales, una pérdida interanual del 35,6% en el periodo.
En el sector ferroviario, Ferrocarriles Argentinos recibió una transferencia del Gobierno en febrero por primera vez en 2024: solo $188 millones. Pero los números negativos en el sector llegan al analizar la situación de la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, cuyas transferencias del Gobierno cayeron un 70,2% en términos reales. La sigue Operador Ferroviario, con una reducción del 43,3%.
Según explicó el Ministerio de Transporte, esta firma es la encargada de la operación y el mantenimiento de las líneas metropolitanas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa, y otras de larga distancia y regionales. A su vez, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la empresa encargada del mantenimiento de vías, sufrió una caída del 27,2% en términos reales.

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TARIFAS

Aumentó el transporte y en febrero sumarán más subas
Los colectivos llegarían a entre $250 y $300; los trenes, a $150

Diego Cabot

Aquel aumento del boleto anunciado el 28 de diciembre que descomprimió un reclamo de los transportistas terminó por aplicarse desde ayer a la medianoche. La suba llevó el valor del viaje en colectivo de $52,96 a $76,92, mientras que el tren tendrá un boleto mínimo de entre $37,38 y $48,38, según la línea. El de hoy es el primer tramo del incremento, al que se sumará otro desde el 1° de febrero, con el que el Gobierno espera llevar el boleto mínimo de colectivos a entre $250 y $300, y el del ferrocarril, a $150.
Con quince días de retraso pese a lo anunciado, a la medianoche empezó a regir el nuevo cuadro tarifario en el transporte metropolitano. Será el primer tramo, al que se sumará otro desde el primero del mes próximo, al menos si los planes del Gobierno se cumplen.
Empieza, así, el camino que se propuso el presidente Javier Milei para bajar la proporción de los subsidios en el gasto total de la Administración Pública.
El boleto mínimo de colectivos pasó de los actuales $52,96 a $76,92, es decir, un 45% de incremento. El ferrocarril, por su parte, también exhibirá un incremento similar. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza y el Tren de la Costa tendrán una tarifa de $48,38 para el tramo más económico (el que le sigue es de $61,57), mientras que el Roca y el Belgrano Sur y Norte pagarán $37,38 para la sección 1 y $48,38 para la segunda.
El transporte ferroviario de pasajeros se encuentra fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, siendo el monto del subsidio mensual transferido a las operadoras ferroviarias equivalente al 98% del costo de operación, ello producto de una política pública equivocada de congelamiento de tarifas del entonces Ministerio de Transporte”, se puede leer en un comunicado del Ministerio de Infraestructura.
Todo indica que esta misma semana, mediante la convocatoria de audiencias virtuales y no vinculantes, se dará inicio al proceso de revo visión integral para tener un nuevo esquema vigente el 1° de febrero. En el Gobierno trabajan con un objetivo claro: los colectivos deberían costar, al menos, $270 por tramo, y el ferrocarril, un 60% de ese valor, es decir, $160.
El aumento que se inició a las cero horas de hoy debería haberse aplicado desde el 1° de enero pasado. En el Gobierno intentan explicar la tardanza en la carga del nuevo cuadro en las máquinas de SUBE. Sin embargo, esa operación, confiaron fuentes del sistema, es simple y rápida y se puede hacer en horas.
Lo que sucedió es que varios contratiempos aparecieron. En principio, hubo varios errores administrativos y falta de conocimiento específico para ponerlo en marcha ni bien anunciado. Solo algunos días después de que se conozca la iniciativa, salió la resolución.
Los cuadros tarifarios, que deben ser comunicados a cada una de las empresas que aplicarán ese nueprecio del boleto, llegaron hace unos pocos días. Además, hubo formalidades administrativas que pasaron por alto. Una cosa más, el secretario de Transporte, Franco Moguetta, fue designado el 5 de enero pasado, designación demorada como la de varios funcionarios del Ministerio de Infraestructura.
Audiencia virtual
Por estos días se espera la convocatoria formal a la audiencia pública para llevar la tarifa a valores cercanos a los que se pagan en el resto del país. “Nuestro objetivo es colocar la tarifa en valores similares a los del interior. Y con eso no solo me refiero a lo que sucede en provincias como Córdoba o Santa Fe, sino también en Mar del Plata, donde se viaja en transporte urbano a cambio de $297”, dijo una fuente oficial empapada de la negociación.
Será cuestión de decisión oficial, ya que las audiencias no son vinculantes ni tampoco presenciales. Con lo cual, cumplida la formalidad, se avanzará con la nueva tarifa.
La idea de Milei y su equipo es bajar la dependencia del subsidio que tiene el transporte para circular. De hecho, como se dijo, el tren tiene 98% de subsidios sobre el total de dinero que necesita para circular, mientras que el colectivo, alrededor del 90. Solo una cuestión para recordar: hasta 2002, y pese a las enormes crisis argentinas, jamás el Estado destinó un peso, o austral, para subsidiar el boleto del transporte automotor.
Los tiempos cambiaron y de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Transporte, el año pasado se destinaron $454.714 millones para compensar a los dueños de las empresas.
El ferrocarril, donde conviven varias empresas, como Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y Ferrocarriles Argentinos, necesitó $332.498 hasta noviembre, último dato presentado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Más allá de la intención de bajar el subsidio, el sistema está inmerso en una deformación muy difícil de corregir, acentuada por la fuerte inflación. A medida que sube la tarifa, los costos se escapan

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TARIFAS

Sube la luz este mes y anuncian más aumentos
En febrero se confirmó un alza de hasta 29%; las facturas sufrirán otro golpe en abril y junio
Melisa ReinholdSecretaría de energía..Walter Martello (ENRE), Flavia Royón (Energía) y Cecilia Garibotti (subsecretaria de Planeamiento), ayer
La factura de luz llegará con aumentos de entre un 17% y 29% para los hogares que residan dentro del área metropolitana de Buenos Aires( AMBA ). Así lo confirmó ayer el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al autorizar los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Edenor y Edesur vigentes para los consumos desde este mes.
Se trata del tercer y último aumento que dispuso la Secretaría de Energía en el proceso de segmentación tarifaria, con el objetivo de reducir los subsidios en el sector. El alza había sido anunciada el jueves último. Aun así, por el momento, los hogares de nivel 1 continuarán recibiendo ayuda estatal: con la nueva suba, pasan a abonar el 71% del valor estacional (pagan $9311 MW/h por el costo de la energía contra $13.096 MW/h del valor real).
Además, el Gobierno anunció que habrá más subas para todos los segmentos en abril y en junio (serán de $380 promedio cada una). Se llamará a audiencia pública en octubre.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución 179/2023, en la que el ENRE detalló el impacto final que tendrá sobre la factura la nueva actualización de precios mayoristas, que habían sido publicados en la resolución 54/2023, para el período comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de abril.
En el caso de los hogares residenciales de nivel 1, considerados aquellos que tienen mayor poder adquisitivo o que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), la factura de luz vendrá con aumentos promedio de 29% con respecto al mes previo.
En cambio, para los hogares de ingreso medios, son catalogados como de nivel 3, la suba de tarifas de electricidad será del 17% en promedio, siempre y cuando la demanda sea menor o igual a los 400 kWh/ mes. En caso de excederse, el consumo que supere el umbral establecido pagará los valores del nivel 1.
En cuanto a los hogares de nivel 2, categoría que engloba a aquellos de menores ingresos o que tienen algún tipo de ayuda social, no se verán impactados por las actualizaciones que realizó la Secretaría de Energía.
Los incrementos serán más fuertes en el área metropolitana de Buenos Aires, ya que el costo de la energía representa alrededor del 50% del precio final que pagan los consumidores, la provincia en donde más peso tiene este componente al observar la factura a fin de mes. No obstante, las subas llegarán a los hogares de todo el país.
Las variaciones entre las diferentes provincias se explican por cómo está conformada la factura energética. Además del costo de la energía, se suman los cargos correspondientes a impuestos, tasas municipales, el transporte y la distribución, que tiene una incidencia diferente, según cada distrito. Si bien la quita de subsidios es la misma para todo el país, la distorsión de precios se explica por estos factores.
Por ejemplo, para los hogares de nivel 1 en la provincia de Río Negro los aumentos promediarán el 20%, según proyecciones que realizó la consultora Economía & Energía, que dirige Nicolás Arceo. En tanto, en San Luis los incrementos serán del 16%; en Mendoza, del 15%, y en Salta, del 13%. Lo mismo sucede con los hogares de nivel 3, de acuerdo con un consumo de 250 kWh/mes. Siguiendo con los cálculos de Arceo, una familia de San Luis recibirá una factura de luz un 10% más cara en febrero, mientras que en Río Negro será del 8%; en Córdoba, del 6% y en Mendoza, de apenas el 2%.
Aun así, falta todavía un trecho para que en la Argentina se deje de subsidiar la energía. El costo real de la energía se estableció en $13.096/ MWh para la hora resto (horario de consumo habitual), según la Secretaría de Energía. En cambio, los hogares de nivel 1 abonarán $9311/ MWh (el 71% del valor real), los de nivel 2 pagarán $2981/MWh (23%) y los del nivel 3, $3756/MWh (29%).
De acuerdo con la secretaria de Energía, Flavia Royón, hay un 33% de los usuarios de energía que no solicitaron el subsidio y por eso están comprendidos en el nivel 1. “En miras a esto, vemos que todavía hay población y usuarios que pueden seguir necesitando el acompañamiento del Estado. Por eso, no vamos a retirar de forma total los subsidios en este mes de febrero a este segmento de altos ingresos, que contempla a quienes no solicitaron el subsidio”, explicó en conferencia. Para revertir la situación, se llevará adelante una campaña para que más argentinos se inscriban en el formulario voluntario.
Del anuncio que brindó Energía ayer también participó Walter Martello, titular del ENRE. En referencia a cómo serán los incrementos para los usuarios en 2023, dijo que las empresas distribuidoras y transportistas de electricidad, entre las que se encuentran Edenor y Edesur, “no van a tener los aumentos que pretenden, sino los que las familias puedan pagar”. En la audiencia pública de noviembre las compañías habían solicitado subas de hasta un 260%.
“Para que no tengan el impacto acumulado, el aumento a determinar se realizará en dos tramos. Uno a partir del 1º de abril y otro que tendrá vigencia el 1º de junio. Y asimismo se convocará a una nueva audiencia pública para los últimos días de octubre de 2023. No solo para evaluar las consideraciones que tengan que ver con tarifas, sino también con las inversiones, para que todo el mundo tenga un servicio acorde con lo que se merece”, añadió.
Con el foco puesto en los segmentos de bajos ingresos, el titular del ENRE detalló que para los sectores residenciales de categoría 2 el aumento no será superior a los $360 promedio por cuota para ambas distribuidoras. Para el nivel 3, las cuotas tampoco excederán los $360 para los consumos de 350 kWh/mes. Y para los hogares de mayores ingresos, no superará los $410. “En este universo, que totaliza el 72% de los usuarios, el aumento en cada cuota no excederá los $400”, reiteró.
En la resolución que publicó en EN RE, también se detallaron los cuadros tarifarios para los diferentes comercios, consorcios e industrias. Frente a la factura de luz que se abonó al 31 de enero, los usuarios generales que tengan consumos de hasta 800 kWh/ mes no enfrentarán cambios.
Para las categorías G 2 y G 3, que suele englobar a los comercios y consorcios, los incrementos en la factura a pagar serán del 7% y 16%, respectivamente. Finalmente, las tarifas para los usuarios T2 –empresas más grandes e industrias– tendrán aumentos promedio del 19%.
Para la categoría T3, los precios se incrementan un 20% para la baja tensión y del 24% para la media tensión. Y para los grandes usuarios de las distribuidoras (GUDI), con demandas de potencia eléctrica superior esa 300 kW, los valores trepan 21% para baja tensión y 23% en media tensión.
Flavia Royón Secretaria de energía “Vemos que hay población y usuarios que pueden seguir necesitando el acompañamiento del estado. Por eso, no vamos a retirar en forma total los subsidios en este mes de febrero a este segmento de altos ingresos, que contempla a quienes no solicitaron el subsidio”
Walter Martello titular del enre “[las distribuidoras y transportistas de electricidad] no van a tener los aumentos que pretenden, sino los que las familias puedan pagar”

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TARIFAS

En cinco meses, la luz aumentó hasta 89% en las categorías más altas
Los hogares de mayores ingresos ya tuvieron dos alzas entre junio y noviembre, con incrementos mayores al 80%, según un informe privado
Sofía DiamanteFlavia Royón, secretaria de Energía
Las consecuencias de haber congelado prácticamente los precios de las tarifas energéticas durante los primeros dos años y medio de gobierno son que, en poco tiempo, tienen que aumentar más que la inflación para compensar el tiempo y la rentabilidad perdidos. Preocupado por la aceleración de los gastos en subsidios, el Ministerio de Economía apuró los aumentos de tarifas y eso generó que, en algunos casos, los incrementos hayan alcanzado el 89% en apenas cinco meses.
Así se desprende de un informe de la consultora Energía y Economía, que dirige Nicolás Arceo, exasesor en materia energética del ahora gobernador Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, en 2014.
Según el consultor, los hogares considerados de ingresos altos (nivel 1 de la segmentación) tuvieron incrementos de sus tarifas de hasta 89% entre junio y noviembre, para aquellos que son categoría R2 (consumen entre 151 y 325 kWh mensuales), y actualmente pagan un costo promedio de $2738.
Dentro de los usuarios de ingresos altos –a los que les corresponde la quita progresiva del subsidio a través de tres aumentos–, los de la categoría residencial R1 (consumen hasta 150 kWh mensuales) tuvieron subas de 83% en cinco meses y pagan hoy alrededor de $872. Para los R3 (consumos de entre 326 kWh y 400 kWh mensuales), el incremento fue de 87% y la factura cuesta actualmente $4392.
A medida que el hogar consume más, los aumentos porcentuales son menores. Por eso, para los usuarios R7, que consumen alrededor de 601 kWh, el alza fue del 57% entre junio y noviembre y hoy pagan una factura promedio de $10.050. Las diferencias en los aumentos radican en el peso del valor de distribución (VAD) en cada segmento. Los segmentos de bajo consumo tienen una menor incidencia del VAD en la tarifa media. precio de la energía para los usuarios de nivel 1 se elevó de $5070 a $6787 el MWh a partir de noviembre de 2022, un 34% más respecto de septiembre y un 128% respecto de los valores abonados en junio de 2022”, dice el informe. El impacto del aumento en la tarifa final luego es menor, porque la boleta tiene incluidos los costos de transporte y distribución eléctrica, que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantuvieron sin cambios.
“Si se considera el costo monómico promedio de los primeros nueve meses de 2022 (US$95 el MWh), el precio estacional para los usuarios de nivel 1 cubriría el 44% del costo monómico de generación en el mes de noviembre de 2022”, agrega.
Con la segmentación de tarifas, el Ministerio de Economía busca reducir los subsidios destinados a cubrir la diferencia entre el costo de generar la electricidad y el precio que pagan los usuarios. Pero como el costo de generación eléctrica au“El menta según la variación del tipo de cambio, la evolución de la inflación y el alza del costo del gas, la Secretaría de Energía debe aplicar aumentos significativos para reducir las transferencias del Tesoro.
Para los usuarios de ingresos medios, se subsidia la generación eléctrica hasta un consumo de 400 kWh por mes, un nivel que está por arriba de la demanda eléctrica residencial promedio (300 kWh por mes). En estos casos, las subas aplicadas entre junio y noviembre alcanzan el 59% si son categoría R9 (consumen unos 1401 kWh por mes) y pagan una factura de $26.321.
Para los hogares de la categoría R5, que consumen más de los 400 kWh subsidiados (en promedio, 451 kWh), el alza en los últimos cinco meses fue de 15%. Hoy pagan una factura de alrededor de $3826.
En el caso de los comercios, el incremento de tarifas en la generación eléctrica fue del 79% en promedio desde junio. “El precio de la energía para los usuarios comerciales se elevó de $6005 a $7441 el MWh en noviembre, un incremento del 24% respecto de septiembre y del 79% respecto de junio de 2022”, dice el informe.
Las tarifas de gas tuvieron aumentos menores con relación a las eléctricas y promediaron el 18%, según el estudio de Economía & Energía. En concreto, las facturas medias pasaron de valer $2533 en junio a $2983 en noviembre, cuando se calcula un consumo de 1342 metros cúbicos (m3) anuales.
El incremento también varió según la distribuidora. Por ejemplo, los usuarios de Metrogas tuvieron subas en torno al 8% entre junio y noviembre, mientras que los incrementos para los hogares de Camuzzi Gas del Sur fueron de 26%.
“Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur tienen los mayores incrementos entre junio 2022 y noviembre 2022 (28% y 26%, respectivamente). Pero todos los usuarios de estas distribuidoras tienen descuentos por la ley de zona fría”, explicó la consultora. •

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ECONOMÍA; LAS TARIFAS Y EL IPC

Estiman que el cambio en el pago de tarifas de gas no afectará el IPC
El Indec y los economistas indicaron que el aumento se computará todo junto en abril
Los cambios opcionales propuestos en el pago que los consumidores tendrán que enfrentar tras los aumentos de la tarifa del gas no impactarán en el IPC nacional que calcula el Indec . Esto quiere decir que, más allá del financiamiento con interés para aplanar el incremento en las facturas del período más duro del invierno, no se producirá un prorrateo de la inflación oficial, por lo menos en los datos producidos oficialmente.
Fuentes del Indec confirmaron que, como indica la metodología actual del IPC nacional, el aumento de más del 30% en los precios del gas solo impactará en abril, tal como estableció el nuevo marco tarifario aprobado. El mismo camino seguirán los privados, por lo menos, algunos de los más relevantes a la hora de realizar un seguimiento de precios. Dos consultoras que calculan mes a mes índices de inflación propios y que son promediados junto a otros en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que suele publicar mensualmente el Banco Central (BCRA), usarán la misma metodología del Indec a la hora de computar las alzas del gas.
"El IPC la incorpora [la suba] al cálculo a partir de la fecha en que se establece la nueva tarifa", indicaron desde el organismo, y ratificaron que el impacto de la suba del gas se verá solo en el dato de abril, más allá de la decisión de los usuarios de financiar o no su pago de acuerdo con sus necesidades.

Jorge Todesca - director del Indec: El Indec computará la inflación según su metodología, por lo que el aumento del precio del gas solo se verá en el índice de abril y no se prorrateará a otros meses, pese al financiamiento ofrecido
La semana pasada, el presidente Mauricio Macri aceptó la propuesta de la UCR para financiar las tarifas de gas y postergar los cambios propuestos por el ministro de Energía, Juan José Aranguren , a la tarifa social. Como explicó el senador radical Mario Negri en la puerta de la Casa Rosada, el Gobierno aceptó el "aplanamiento" de las facturas de gas en los dos bimestres de mayor consumo del invierno, entre junio y octubre. Así ese último aumento se pospone y se pagaría opcionalmente en tres cuotas con interés en el período que va de noviembre a abril.
A partir de esta determinación oficial, la duda de economistas privados y funcionarios oficiales, entre otros actores de la economía, es si esa posibilidad de financiar los aumentos implicaría un prorrateo de la inflación, lo que imposibilitaría al Gobierno mostrar una reducción de los precios a partir del segundo semestre del año y la volvería a encender a comienzos de 2019, un año electoral.
"No se prorratea en el índice", dijo Gabriel Zelpo, economista jefe de Elipsys, consultora que mide la inflación. "Esto es porque se va considerando cuánto varían los ítems que componen la tarifa, lo único que importa, no el financiamiento", afirmó el especialista.
"El pago en cuotas no cambia el cálculo. Es una cuestión financiera de cómo se paga una deuda", coincidió Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, otra consultora privada que también tiene su propio índice de precios. " El prorrateo es un poco más complejo porque podría afectar el precio de la tarifa. Quiero ver exactamente cómo lo va a implementar el Gobierno", cerró el especialista.

F. J.

REVOLUCIÓN EN EL AVISPERO

El clima económico desmejoró con los ajustes de tarifas y su impacto en la inflación, pero además por el timing y los sobrentendidos oficiales


Mauricio Macri comenzó a pagar los costos de su política económica de "dos velocidades" y de haber blanqueado tardíamente la herencia recibida del kirchnerismo para apostar a la mejora de expectativas que produjo en diciembre el cambio de gobierno. Cinco meses después, ingresa a una etapa en la que muchas medidas tardarán en mostrar resultados, mientras sus efectos inmediatos no se corresponden con las expectativas creadas. Esto lo obliga a prometer para más adelante logros que suponía más cercanos.Y lo expone a prematuras presiones de una amnésica oposición peronista (sindicalistas y legisladores), como ocurre con la ley antidespidos.
Algunos errores del Gobierno tampoco ayudan a mejorar el clima económico. Uno es dar por sobrentendidos muchos de los problemas heredados y los efectos de las medidas para corregirlos. Otro es la coordinación y el timing de esas decisiones.

Por caso, Macri asumió prometiendo que bajaría gradualmente la inflación. Pero sólo dejó implícito que antes debía desactivar las dos principales fuentes de inflación reprimida que dejó la gestión K: el insostenible atraso cambiario agravado por las retenciones y el atraso tarifario que dio lugar a los también insostenibles subsidios a la energía y el transporte. Así, la combinación de medidas de shock (devaluación, fin del cepo, de retenciones, de trabas al comercio exterior, etc.) y de gradualismo fiscal (que en lo inmediato se limitan a la reducción parcial de subsidios vía aumentos de tarifas), hicieron que la inflación se disparara en estos meses y en abril fuera la más alta de los últimos 14 años (en torno de 7% mensual).
Buena parte de este salto inflacionario se explica en los ajustes de tarifas de gas, transporte y agua que el gobierno dispuso simultáneamente; quizá para disimularlos en medio de las favorables expectativas generadas por el fin del default y la vuelta al financiamiento externo. Sin embargo, al cabo del primer cuatrimestre la inflación ya se ubica casi en 20%; o sea en el rango inferior del objetivo oficial anunciado en enero para todo 2016 (20/25% anual). En mayo se suman los aumentos del 10% en naftas y gasoil, de hasta 60% en cigarrillos (por suba de impuestos) y de 192% en el abono de telefonía fija (de $ 16 a $ 46). Y en junio habrá que agregar el incremento de 66% en subtes (a $ 7,50) y el ajuste pendiente de 15% en prepagas (más otro 5% en julio).

En su último informe, FIEL sostiene que anunciar "malas noticias" cada mes no ayuda a estabilizar la economía. También agrega que el optimismo oficial en materia de inflación contrasta con aumentos salariales en paritarias que superan a los sugeridos por el gobierno a comienzos de año. De hecho, los últimos acuerdos se ubican en un rango de 30/40% anual, según los gremios. Y van en función de la mayoría de las estimaciones privadas de inflación, que apuntan a una tasa de 34/38%; entre siete y 11 puntos más que en 2015. La contracara es la licuación de salarios en los sectores que todavía no cerraron la negociación. Y más aún de los ingresos de trabajadores en negro, autónomos o cuentapropistas no comprendidos en paritarias, ni alcanzados por planes ni tarifas sociales.
Para FIEL, sólo con mayores precisiones sobre la política fiscal y mayor consistencia en las políticas del gobierno podría reducirse la incertidumbre. Sin embargo, hasta ahora la principal herramienta para frenar presiones inflacionarias sigue siendo la alta tasa de interés fijada por el BCRA, con su efecto contractivo sobre el consumo y la actividad económica. De ahí que, ante las presiones para bajarla surgidas del propio gobierno, el BCRA haya accedido a una reducción simbólica (de 38 a 37,5% anual para las Lebac a 35 días), que espera continuar en las próximas semanas.

Otra derivación de esta política monetaria es un dólar "planchado" en torno de los $ 14,50, que en el corto plazo difícilmente repunte por la mayor oferta estacional de agro-dólares y el ingreso de capitales financieros. Esto obligó al BCRA a elevar los límites de compra de 2 a 5 millones de dólares diarios para estimular la demanda. No obstante, la mayor inflación de estos meses provoca un deterioro del tipo de cambio real que preocupa a los exportadores, ya que amenaza con diluir el impacto de la devaluación de diciembre, a menos que se desacelere en la segunda mitad del año (a 1,5% mensual en septiembre, como prevé el BCRA). Para fin de diciembre varias consultoras un dólar entre $ 16,25 (Bein), $ 16,50 (Broda) y $ 17 (Kiguel).
A fin de contener las expectativas inflacionarias, el Gobierno confirmó que este año habrá menos emisión y más deuda para financiar el déficit fiscal.
Por su parte, Macri en persona se encargó de asegurar que los aumentos de tarifas y combustibles ya en vigor serán los últimos de este año. Esta afirmación deja abiertas algunas dudas. Como el precio de las naftas y el gasoil se ajusta en función del dólar, cabe suponer que, con una cotización de $ 16/17 a fin de año, quedaría pendiente una suba del orden de 14% que se trasladaría a 2017. Algo similar ocurriría con la electricidad, ya que el incremento de febrero fue a cuenta de una revisión tarifaria integral a concretarse en el último tramo de 2016.

De todas formas, que el propio Presidente deba ocuparse de esas aclaraciones revela un inexplicable déficit de comunicación oficial. Sólo los incrementos en las tarifas de electricidad y transporte fueron explicados en su momento a través de conferencias de prensa abiertas, con menor o mayor fortuna. Pero los demás (gas y agua) se difundieron través de complejas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, al mejor estilo kirchnerista. O bien mediante escuetos comunicados (combustibles y cigarrillos) difundidos horas antes del domingo 1° de mayo. También aquí se dieron por sobreentendidas las causas y efectos de las medidas. Y se perdió la oportunidad de remarcar que son consecuencia de políticas adoptadas durante el gobierno de Cristina Kirchner (congelamiento tarifario, precio sostén del petróleo más alto que el internacional, etc.).

No sólo eso. En el caso de la energía eléctrica, colectivos y trenes, los ajustes porcentuales de tres dígitos en las tarifas pueden hacer suponer erróneamente que han permitido eliminar o reducir fuertemente los subsidios estatales. Sin embargo, los que aún subsisten (más la tarifa social) equivalen en 2016 a 3% del PBI. Y a raíz de la devaluación, la suba de combustibles, los aumentos salariales o la mayor inflación, según el caso, en términos nominales suman en pesos un monto algo más alto que el de 2015. Todo un desafío para el Presupuesto 2017, si se buscan evitar los dibujos 
N. O. S.