EL ASESINATO DE FERNANDO

El día después de un fallo, el momento en que puede empezar el verdadero duelo
Familiares de víctimas del delito cuentan el difícil proceso de volver a la vida cotidiana luego de llevar a la cárcel a los asesinos
Alejandro Horvat
Primero, el dolor insoportable que genera la muerte de un hijo por un fogonazo de violencia o un siniestro vial. Luego, el vacío, el ardor de la bronca, la búsqueda de castigo. Si el caso se mediatiza suelen aparecer los flashes, las pancartas, las fotos en blanco y negro, las lágrimas, las marchas. Hasta que ese aluvión de desolación suele encontrar una vía racional a través de la maquinaria judicial, que solo en algunos casos ofrece algo de consuelo. Sin embargo, cuando finaliza ese proceso, de pronto se acaban las movilizaciones, las entrevistas, las audiencias, y los padres de la víctima se quedan sin una causa que les marque la agenda. ¿Y entonces?
En los últimos días en la Argentina se leyeron fallos condenatorios en dos casos que acapararon la atención de buena parte de la sociedad. Se trató del asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años, y el abuso y homicidio de Lucio Dupuy, de 5. Los familiares de ambas víctimas atravesaron el dolor montados sobre un enorme caudal de atención que ahora se desvanece.
La reconocida filósofa Diana Cohen Agrest, cuyo hijo, Ezequiel, de 26 años, fue asesinado en un asalto ocurrido en 2011, explica, desde su experiencia sobre el proceso judicial que culminó con la condena del acusado, pero también como acompañante de víctimas de homicidio y femicidio desde la Asociación Civil Usina de Justicia, que, en un principio, cuando las cámaras llegan a la familia del fallecido, el vértigo mediático “nubla” a los seres queridos, que a su vez también se ven reconocidos como víctimas. Es decir, hay un reconocimiento del dolor que atraviesan.
“En caso de que se capture al autor del homicidio, a lo largo del proceso penal la víctima es reconocida como tal: la gente se le acerca en la calle y recibe mensajes de familiares lejanos o vecinos, como también sucede que otros se cruzan de vereda para no tener que enfrentarlos. Pero una vez que se sustancia el juicio, uno vuelve a casa con las manos vacías, con un sabor amargo, pero con la tranquilidad de que se hizo lo posible por hacer justicia. Sin embargo, sea cual fuere la pena, la ausencia continúa. Y allí puede (o no) comenzar el verdadero duelo. Es un duelo que no se supera nunca y que cada integrante de una misma familia lo vive a su manera”, analiza Cohen Agrest.
Viviam Perrone, cofundadora de la Asociación Civil Madres del dolor, es la mamá de Kevin Sedano, el adolescente que murió en 2002 tras ser atropellado por el auto que manejaba Eduardo Sukiassian, quien fue condenado a tres años de prisión efectiva, pero dos meses después recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y hoy cuenta con una licencia de conducir.
Ella describe que en los hechos viales el proceso judicial es particularmente complejo porque los únicos abogados que buscan asistir a los familiares son los que quieren hacer la denuncia civil para conseguir dinero. Además, señala que esos casos no suelen repercutir en los medios de comunicación por la gran cantidad de personas que mueren en hechos viales. “Si bien para vos es lo peor que te ocurrió, para la comunidad es otro caso más”, sostiene Perrone.
Ella reflexiona que al finalizar el proceso judicial, si la familia considera que la condena fue justa, ahí llega el momento de rearmar sus vidas, de buscar un futuro, de disfrutar de un viaje, de un café, de los nietos. “Pero a los que no tenemos justicia nos cuesta mucho todo. Le tenés que buscar un sentido. Ver que el resto de las personas se van olvidando también duele. La vida para los demás sigue, como debe ser, pero en nuestro caso, los que les quitaron la vida a nuestros seres queridos hicieron que nos estanquemos”, lamenta.
Isabel Yaconis, también cofundadora de Madres del Dolor, describe el camino que recorrió a partir de la muerte de su hija, Lucila, que tenía 16 años, y en 2003 fue violada y asesinada en Núñez. En su caso, no hubo un juicio, jamás se logró seguir una pista hasta algún sospechoso.
“Los familiares que tuvieron justicia tienen otra paz. Cuando se te cierran todas las puertas, las heridas no sanan. Mi objetivo, entonces, es que no la olviden, y lo logré. Yo aún hoy trabajo en profundizar el uso del Registro Nacional de Huellas Genéticas, eso hubiera aumentado las posibilidades de, en algún momento, encontrar al asesino de mi hija. Al registro actual solo entran los perfiles genéticos de los condenados por delitos sexuales con condena firme, si el asesino de mi hija fue apresado por otro delito, no ingresó a ese registro”, explica Yaconis.
El psicoanalista José Abadi opina que el duelo por perder un hijo nunca concluye de un modo completo, sobre todo cuando sucedió en un marco violento, pero en los casos donde se hace justicia, al menos, existe la posibilidad de transitar ese camino con menos obstáculos.
“Un duelo de esas características, que desafía la justicia biológica, porque son los viejos los que tienen que morir, no los hijos, genera una enorme sensación de desolación, rabia, desconcierto. Si la Justicia toma el caso en sus manos, como debe hacerlo, le permitirá a la familia no llevar adentro un rencor asociado a la venganza. La condena de la Justicia es para normativizar y para evitar la venganza por mano propia. Lo que puede empezar allí, entonces, es un duelo en condiciones menos obstaculizadas. Es decir, me saca del sentimiento de la necesidad de descarga, de rabia y puedo pasar a admitir la muerte”, resalta Abadi.
Cohen Agrest expone que cuando se inicia el proceso judicial los familiares de la víctima, que ella llama covíctimas, transitan el pasaje de una incomprensión absoluta de lo sucedido a una comprensión cabal de la “perversidad” del sistema penal. “No se puede separar la venganza de la justicia, pues son dos caras de una misma moneda. En un Estado de Derecho, la Justicia es el poder de venganza en manos del Estado. Y la venganza es la justicia en manos del particular”, afirma.
Mientras que Perrone reflexiona: “Si uno como familiar quisiera vengarse, sería más fácil que hacer justicia. A mí se me cruzaron personas en el camino que por dinero me ofrecían vengarme, pero eso es solo quitarse de encima una bronca del momento. En cambio, la justicia es reparadora, no solo para uno, sino para la sociedad.
Sobre este debate, Marcelo Lobosco, filosofo del derecho y director de las olimpíadas de filosofía, postula que hay que pensar a la justicia como norma, discurso y práctica social que intenta solucionar conflictos, y, a su vez, como solución de las tensiones encontradas y de sus intereses en pugna. “La instrumentación de la justicia intenta aplicar un castigo a la falta cometida. Un Estado ausente, que no aplica las reglas y normas instituidas en la sociedad, genera orfandad y sed de venganza”, opina.
“La justicia es reparadora, no solo para uno, sino para la sociedad”, dijo Perrone

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Condenas. El juicio que concentró durante un mes la atención de toda la sociedad
Fueron 16 audiencias que comenzaron el pasado 2 de enero con el desgarrador testimonio de los padres de Fernando; los jueces escucharon a 87 testigos y, al final, los acusados pidieron perdón
Gabriel Di NicolaSilvino Báez y Graciela Sosa, tras escuchar las condenas a los asesinos de su hijo
Tras 16 audiencias, 87 testigos, cinco declaraciones indagatorias y un desmayo, el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020, concluyó el lunes pasado con los ocho acusados condenados a penas de entre 15 años de cárcel y prisión perpetua. Pero la discusión por el crimen que conmovió al país no terminó con la clausura del debate por parte de la jueza María Claudia Castro: la batalla legal continuará en el Tribunal de Casación Penal bonaerense, donde las partes apelarán la sentencia, según anunciaron formalmente.
“Esto recién empieza. Una Justicia débil y contemplativa no es Justicia”, sostuvo a la nacion Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima, cuando se retiraba de los tribunales de Dolores tras escuchar el veredicto y sentencia dada a conocer por Castro y sus colegas Emiliano Lázzari y Christian Rabaia.
Pocas horas después, Burlando y sus colegas Germán Facio, Facundo Améndola y Fabián Améndola formalizaron la reserva para recurrir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense y solicitar la revisión de las penas impuestas a tres de los ocho condenados. Lo mismo hicieron los representantes del Ministerio Púbico Fiscal, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.
En sus alegatos, los acusadores públicos y privados pidieron la pena de prisión perpetua para los ocho acusados: Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21.
Pero el tribunal solo condenó a prisión perpetua como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]” a Thomsen, Benicelli, Comelli y a los hermanos Luciano y Ciro Pertossi.
En cambio, los jueces Castro, Rabaia y Lázzari entendieron que Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi fueron partícipes secundarios de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”. Esta parte de la sentencia será la que recurrirán ante Casación los abogados de los padres de Báez Sosa y los fiscales.
“Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas (por Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli)”, sostuvo tras conocer la sentencia Dávila, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por su colega García y el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.
El representante del Ministerio Público agregó: “Son coautores y no tienen una participación secundaria como dictó el tribunal. Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso que se presentará ante Casación”. Los primeros días de marzo serán el límite para presentar los argumentos de apelación.
Hugo Tomei, el abogado defensor de los ocho acusados, también formalizó la reserva de recurrir el fallo ante Casación. Él apelará las ocho condenas impuestas por el tribunal. Tras conocer la sentencia, hasta el momento, no hizo declaraciones.
“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad y la opinión pública y contra eso es muy difícil porque es una forma de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública”, había dicho Tomei en parte de su alegato, que sintetizó la estrategia seguida en el juicio.
“Ha quedado acreditado, con el grado de certeza que requiere este pronunciamiento, que Fernando Báez Sosa murió como consecuencia de brutales golpes recibidos durante el breve ataque propinado por múltiples agresores luego de haber quedado inmovilizado, semiinconsciente, tras recibir los primeros golpes. Desde que la víctima cayó al piso como consecuencia de los primeros golpes, momento en que gran parte de sus amigos se retiraron o fueron retirados del lugar, hasta que se produzco el óbito, se encontró en absoluto estado de indefensión, ya que producto de aquellos primeros golpes, quedó tendida en el piso en un estado de semiinconsciencia que obturaba cualquier posibilidad de resistencia”, sostuvo la jueza Castro, presidenta del tribunal, en su voto. Sus colegas adhirieron. La calificación de alevosía fue uno de los agravantes que sustentó la pena de prisión perpetua para aquellos que golpearon directamente a Báez Sosa en el suelo.
Mensajes frente al tribunal
El juicio comenzó el 2 de enero y terminó el lunes pasado. Tuvo 16 audiencias: 13 jornadas donde se presentaron las pruebas, dos para los alegatos y la última donde se leyó el veredicto y la sentencia.
La primera audiencia, después de la presentación de los lineamientos de los acusadores y de la defensa, tuvo el pico de emoción con la declaración de los padres de la víctima. “No entiendo, no comprendo y nunca aceptaré cómo chicos de la edad de Fer le han hecho esto. Lo atacaron por la espalda, le reventaron la cabeza… Ese cuerpito tan lindo que tuve nueve meses en mi panza”, sostuvo Sosa, al declarar como testigo. Su testimonio conmovió a varios de los presentes en la sala de audiencia. Una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no pudo contener las lágrimas.
“¿Con qué derecho le arrebataron la vida? No tengo razón para vivir. Quisiera retroceder el tiempo para recuperar a mi hijo. Nadie se merecía esto. Quiero justicia por mi hijo. Somos huérfanos para siempre”, exclamó en parte de su desgarrador testimonio la madre de Báez Sosa.
Durante el debate, fueron cinco los acusados que declararon en indagatoria: Thomsen, Cinalli y los primos Luciano, Ciro y Lucas Pertossi. En cambio, todos los imputados hicieron uso de decir sus últimas palabras antes de que los jueces se retiraran a deliberar.
“Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal, muy triste por todo lo sucedido. A toda persona que afecté quiero pedir sinceramente mis disculpas. Nunca tuve intención de matar nadie y de participar de ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme”, afirmó Lucas Pertossi, el primero en hablar.
Luego fue el turno de Cinalli, que repitió el mensaje de arrepentimiento. Algo similar dijo después Benicelli, enfocándose en su caso en afirmar que no había tenido “ningún plan e intención de matar a nadie”, sustentando así el concepto central que durante el juicio intentó fijar la defensa. Los pedidos de perdón a la familia Báez Sosa se reiteraron enseguida en las voces de Ciro Pertossi y Viollaz.
El sexto en declarar fue Thomsen, señalado por los acusadores como el líder del grupo. El joven de 23 años rompió en llanto. “Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, pero sé que las disculpas no alcanzan. Ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás para revertir todo esto, pero no lo podemos hacer y nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido. Gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.
Tras Thomsen, habló Enzo Comelli. “Sinceramente, quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando y también quiero pedir disculpas a mi familia y a todas las personas que fueron afectadas lamentablemente por este hecho aberrante que falleció una persona de nuestra misma edad que al igual que nosotros tenía la vida por delante. Quiero dar mis sinceras disculpas a todos, a todos los involucrados que no solo fueron nuestras familias y la familia de Fernando, sino cada una de las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario”.
La ronda la cerró Luciano Pertossi. “Quiero pedirle disculpas a la familia de Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Nunca quise ni quería participar de una pelea donde fallezca una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo. Siento que los que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos”. En ese momento, su hermana Emilia, abogada que acompaña a Tomei en la defensa, lloraba.
Las últimas palabras fueron dichas por los acusados el 26 de enero pasado, tras el alegato de Tomei. Once días después, los jueces presentaron el veredicto condenatorio y la sentencia. Ahora, falta conocer los fundamentos y argumentos en las apelaciones de cada una de las partes

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Invitación a reflexionar sobre el juicio de Dolores
Con reclamos estentóreos, el caso ha estado envuelto en las pasiones que afectan en innumerables órdenes a la República
Juan José Ávila (*) y José Claudio Escribano (**)
Ha concluido el enjuiciamiento en Dolores a ocho jóvenes por cuya golpiza se produjo tres años atrás en Villa Gesell la muerte brutal de Fernando Báez Sosa. Salía de la adolescencia como aquellos otros.
Nadie con alguna autoridad jurídica ha propuesto todavía desautorizar por arbitraria la sentencia del tribunal actuante. Ha sido un juicio con las garantías debidas a la querella, la defensa y la fiscalía como representación legal esta del interés social.
A partir de un fallo con argumentos sostenibles en doctrina jurídica, se han hecho observaciones, algunas de no poco peso, que las partes ventilarán en el Tribunal de Casación de la provincia. Cada uno argüirá con razones diferentes. Y, eventualmente, procurarán llevar la causa por recurso extraordinario a la Suprema Corte de Buenos Aires y, por último, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pasarán, en principio, alrededor de dos años, o más, para que el caso se cierre con la sentencia definitiva.
El hecho de que se trató de un juicio desarrollado simultáneamente en dos escenarios –puertas adentro del tribunal y puertas afuera– ha sido un epifenómeno de las pasiones que afectan en innumerables órdenes a la República. Los entresijos de la aplicación del Derecho Penal son de la complejidad y especialización derivadas de la naturaleza de las disciplinas que se ocupan de la suerte de los hombres, de la familia y la sociedad. ¿Quién se atrevería a golpear a las puertas de un quirófano para demandar a los profesionales intervinientes cómo resolver y con qué resultados una ardua operación?
Sin embargo, medio país se lanzó a opinar sobre lo que se debía debatir judicialmente, y de qué manera, en Dolores. Acaso quepa el atenuante de que las sutilezas y el tecnicismo del lenguaje jurídico, potenciados en sus arcanos por la oscuridad con la que suelen estar escritas las leyes y la doctrina jurídica hayan creado la confusión generalizada de que era posible embestir, sin más ni más, contra barreras conceptuales de difícil comprensión. Y no es que los especialistas estén siempre a salvo del mismo error.
Los gritos estentóreos, vulgares y simplistas de “perpetua” resonaron con su desmesura en ese contexto manifiestamente más amplio que el del estricto ámbito judicial de la causa. La dotó de nuevas connotaciones sociológicas y de psicología social, y puso a prueba no solo la templanza de los tres magistrados convocados a dictar sentencia, sino que develó una diferenciación de naturalezas en el entramado de cualquier sociedad.
Es la diferenciación que media entre el derrame emocional, raramente reflexivo en los comportamientos colectivos callejeros e inorgánicos, y la conciencia serena, ordenada y respetuosa de las instituciones –y de normas penales que perduran desde hace más de cien años– que confiere carácter único y superior a la identidad ciudadana. O sea, a la de la nacionalidad organizada jurídicamente sobre un territorio soberano como expresión cabal del Estado.
Habría que remontarse a la Guerra de las Malvinas, o a algunas de las crisis militares que colocaron en peligro el Estado de Derecho o a triunfos nacionales históricos en deportes, para hallar equivalencias aproximadas a la amplificación extraordinaria que tuvo el hecho horrendo de hace tres años en Villa Gesell. No se explica ese tremendo eco por rareza alguna del caso, pues lo antecedían incontables situaciones de igual índole, y más aún por las que se prolongaron en los tres años que lo siguieron. Con harta frecuencia se replican entre el desquicio de un país que no se resuelve a poner coto a la violencia generalizada y un Estado indolente para asumir de verdad el más primario de sus deberes: defender el orden público y la seguridad de los habitantes. Sin ir más lejos, la Argentina es el único país en el mundo que ha impuesto hace años discriminaciones para el ingreso en los estadios de fútbol por no saberse a ciencia cierta si serán controlables las grescas entre hinchadas rivales.
Fenómenos como esos se han agravado con los años, fermentados en el caldo de cultivo de gobiernos populistas que han descalificado el concepto de control social necesario de los delitos violentos, y también de otros de la gravedad de la corrupción en actos administrativos. Graves en sí mismos y como síntoma de que todo lo inadmisible es posible.
Si la toma de posiciones, por así llamarlas, populares en reclamo de un castigo inolvidable por el asesinato de Báez Sosa debe interpretarse como el clamor estruendoso de rechazo a tanta inseguridad como la que cunde hoy por las calles de la
República, bienvenida sea. Obraría como un virtuoso catalizador del “Nunca más”, esta vez contra la violencia irracional, desenfrenada y sin neutralización eficiente por los poderes públicos.
Pero sobran motivos para creer también que entre la irresponsabilidad desbordada que nos abruma se ha hecho un lugar, tan inapropiado como indeseable en el espacio público argentino, el morbo de considerar a un crimen, a la destrucción de una vida juvenil y de sus sueños, como parte del mismo espectáculo alocado en que pierden a diario seriedad la política, la economía, y cuanto concierne a la identidad humana y social en su más digna y decorosa proyección. Si ha sido así estaríamos ahora en un sentido aún peor que antes del juicio.
Planteemos esa reflexión de otra forma: ¿tiene el periodismo argentino razones de orgullosa conformidad por las estribaciones a que se ha empujado, por la espectacularidad enfática y machacona del tratamiento informativo y ligereza en comentarios, la genuina centralidad de la muerte producida por una banda de camorreros? ¿No ha habido, salvo las excepciones propensas en la radio, la televisión, las plataformas digitales, y en particular, la prensa gráfica al examen minucioso, sereno y calificado de los hechos, adhesión en demasía acrítica a la demanda callejera de “prisión perpetua”?
Queda abierto hacia adelante el debate sobre la premeditación, que si existió tal como se ha argumentado con insistencia, habrá debido ser de una condición más elaborada que la de pelearse en riña o gresca, suscitada a altas horas de la madrugada, a partir del interior de la discoteca Le Brique y luego en la calle, con gente alcoholizada e involucramiento, de un lado y otro, de grupos de personas, y no solo de dos personas. La sentencia afirma que los acusados se organizaron para atacar a Báez Sosa a golpes, por sorpresa y desde dos frentes sin que la víctima pudiera advertir por sorpresivo lo que afrontaba. Ahora bien, ¿en qué momento se premeditó u organizó el hecho de matar con alevosía en un contexto definido temporalmente por instantes, más que por minutos?
El sentido común indica que a partir de la apelación inminente la defensa deberá encauzarse hacia intervenciones profesionales más personalizadas. Observamos esto más allá de la ponderable actuación profesional, cauta, precisa, sobria, del doctor Hugo Tomei y de la larga y experimentada mirada con la cual alegó seguramente pensando en el siguiente e inevitable escenario, el Tribunal de Casación. Escenario más recóndito y, todo lo hace prever, más libre de presiones sociales por la concesión del tiempo que transcurra.
Es decir, que debería romperse la concentración de la defensa en una única voz profesional como la que se articuló en Dolores en nombre de ocho acusados. Impele a presumir ese cambio de estrategia, entre otras consideraciones, la distinción que el tribunal hizo entre los cinco imputados a quienes impuso prisión perpetua, por un lado, y los otros tres jóvenes, a quienes condenó a quince años entre rejas por considerarlos incursos en “participación secundaria” en la comisión de homicidio aparentemente acordado por unanimidad. ¿Acordado, pero en qué momento?
Los interrogantes pendientes de resolución exceden los límites de una enumeración taxativa. ¿Irán los jueces de Casación más allá de lo realizado en el examen de la conducta de los cinco condenados a perpetuidad y distinguirán de esa forma el comportamiento de los tres que más claramente golpearon hasta causar la muerte de Báez Sosa, respecto de los otros dos condenados con igual pena y que asistieron a aquellos en el accionar delictivo?
¿Se replanteará ese tribunal la cuestión descartada del dolo eventual, que no encontró en Dolores acogida, y concierne a la hipótesis –dudosa, es cierto, después de los repetidos puntapiés en la cabeza de la víctima– de que los agresores no se representaran las consecuencias trágicas de lo que hacían? ¿Se atreverán los magistrados a detenerse sobre lo que ha habido tras el “velo de la ignorancia”, no de la ley, sino de la diversidad de situaciones que un mismo hecho puede suscitar en cuanto a la vida y muerte de los hombres, sobre lo cual profundizó John Rawls, profesor de Harvard y de Princeton, y uno de los mayores exponentes de la filosofía política del siglo XX?
En la continuación del caso en La Plata serán también jueces, aunque de un tribunal de alzada, quienes decidan sobre la evolución del drama que ha atormentado a varias familias. En primer lugar, la que ha perdido de manera irrecuperable a un hijo, afectada por el máximo dolor que padres puedan padecer, y otras, las que han sufrido el oprobio y hostilidad públicos, y después, el dolor y la angustia por el futuro que esperaría a sus hijos a raíz de las condenas recibidas. Carecen estas últimas familias hasta del consuelo de que las cárceles sirvan en los hechos para la rehabilitación de los delincuentes y no para potenciar los peores instintos de agresividad del género humano. Ya se advierte, además, cómo gravita sobre ellas el debate generalizado sobre cuál será el grado de tenebrosidad del territorio penitenciario al que serán arrojados estos hijos.
Comprensión para las familias afectadas. Comprensión como la que demostró llamativamente la política, al menos por una vez. Se abstuvo de extraer provecho de que la madre del principal imputado por su saña con la víctima era al momento de la tragedia secretaria de Obras Públicas del municipio bonaerense de Zárate, cargo al que renunció como secuela de lo ocurrido. Zárate se halla gobernada desde hace años por quien era su jefe, un exdirigente vecinalista encumbrado en el Frente de Todos.
Dato rescatable entre tanto desconcierto, desolación y vergüenza.

(*) Exprofesor regular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (**) Exsubdirector de abogado

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Las peleas en Zárate fueron un antecedente importante para establecer las penas a perpetua
En varios pasajes del fallo se menciona que los condenados estaban acostumbrados a organizarse en forma premeditada para golpear
Daniel GalloLos condenados fueron trasladados anteayer a Melchor Romero
La diversión nocturna era pelear. O mejor, pegar. Desde el mismo momento del arresto en una casa alquilada en Villa Gesell, empezó a conocerse la repetición de agresiones que habían transformado a un grupo de jóvenes en el terror de los boliches de Zárate. Siempre se encontraba alguna excusa. Una mirada fuera de lugar, un vaso que derrama alcohol, un simple pisotón al pasar entre la muchedumbre, cualquier detonante provocaba una explosión de agresividad. Así lo recordaron quienes fueron víctimas de la patota en Zárate. Y esa reiterada actitud de bravucones finalmente los llevó a la cárcel. A prisión perpetua en cinco casos. A 15 largos años, en otro tres. Esos puñetazos y patadas dados en su ciudad natal repercutieron en el tribunal de Dolores. Fue esa experiencia en grescas callejeras el factor más importante con el que la jueza María Claudia Castro fundamentó la premeditación en el homicidio de Fernando Báez Sosa.
“No solo eran amigos, sino que no fue la primera vez que se organizaban para pelear”, definió en la sentencia la magistrada que redactó el voto que fue compartido por sus colegas Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.
La presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores citó a los testigos, entre ellos Juan Pedro Guarino, que en el juicio señalaron la costumbre de golpear en grupo a personas aisladas que tenían Máximo Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23 (todos condenados a prisión perpetua); Ayrton Viollaz, de 23; Lucas Pertossi, de 23, y Blas Cinalli, de 21 (con penas de 15 años de cárcel). Y eso fue tomado en cuenta en el momento de establecer que los ocho mencionados “acordaron atacar a golpes” a Báez Sosa.
El fallo no deja lugar a dudas sobre el peso que los ataques a otros jóvenes –relatados durante las audiencias por testigos y los propios damnificados por golpes en Zárate– tuvieron en la definición de la sentencia. Si bien la alevosía fue un agravante comprobado por el tribunal frente a los golpes a traición que derribaron a Báez Sosa y las posteriores patadas cuando este se encontraba indefenso en el suelo, la premeditación en el crimen fue decidida por esa experiencia de pegar en patota, situación que volvió innecesaria la asignación de roles en la madrugada de Villa Gesell, porque cada uno sabía qué hacer.
“Como se advierte de la plataforma fáctica que tengo por demostrada, me aparto parcialmente del alcance que los acusadores adjudicaron al suceso que nos convoca. Puntualmente, el análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio me ha convencido de que el plan originario en el que los ocho acusados se confabularon consistió, en su origen, en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa. A tal fin se organizaron para golpearlo brutalmente, en grupo, como en otras ocasiones y respecto de otras personas ya lo habían hecho”, se indicó en el voto de la jueza Castro, el único que argumentó la decisión del tribunal.
Los ocho ahora condenados por el asesinato cometido en la madrugada del 18 de enero de 2020 fueron denominados en el veredicto “un clan criminal”.
Y se agregó: “Esa cohesión grupal se vio plasmada en la coordinación del hecho y el apoyo de unos a otros, por un insignificante incidente ocurrido en el interior del local bailable, como asimismo en la actitud asumida por todos, ante la expulsión de Máximo Thomsen del interior de Le Brique, así como la particular ofuscación del nombrado. De algunos de los testimonios escuchados en el juicio, extraigo que golpear violentamente era una actividad habitual para todo el grupo, lo que me permite inferir que todos conocían la gravedad de las consecuencias que la modalidad de la forma de atacar desencadenaba”.
Claro que no buscaban una pelea pareja, un desafío, algo que los pusiese en riesgo de recibir lesiones más allá de sus nudillos lastimados por las percusiones de puño en los rostros de las víctimas. Los antecedentes marcan que esos jóvenes de Zárate, algunos de los cuales practicaban un deporte de contacto como es el rugby, pegaban cuando estaban seguros de que no recibirían golpes. Por lo general desde atrás, como iniciaron la secuencia de ataque contra Báez Sosa. Y eso también fue consignado por la jueza Castro en el momento de rechazar el pedido de la defensa sobre una calificación de homicidio en riña, que hubiese derivado en condenas de hasta seis años de prisión.
Según estableció la magistrada en su fallo, para que existiese una riña habría sido necesario que dos partes tuviesen proporcionalmente actitudes de ataque y defensa. No fue ese el caso de la madrugada mortal en Villa Gesell. Atacaron a Báez Sosa “por sorpresa y desde dos frentes” y luego “dirigieron su voluntad a matarlo, aprovechándose del estado de absoluta indefensión en que se encontraba la víctima”.
En ese momento del ataque, la jueza Castro y el tribunal al compartir su voto determinaron que Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli no participaron de esos golpes directamente, ya que ni las filmaciones ni los testigos los ubicaron alrededor del cuerpo caído de Báez Sosa. Y las penas de prisión perpetua fueron solo para aquellos identificados como agresores mientras la víctima estaba en el suelo, sin siquiera reacciones defensivas. El ADN de Cinalli encontrado en una uña de Báez Sosa no fue considerado relevante para su condena.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

El crimen de Fernando Báez Sosa: los ocho condenados podrían ser trasladados a cárceles de máxima seguridad, como Sierra Chica
Los jóvenes encontrados culpables del homicidio, por el momento, están alojados, de a dos, en la Alcaidía de Melchor Romero y aislados del resto de la población carcelaria; una vez que que se fije su nuevo destino podrían ser separados
Gabriel Di Nicola
Los ocho condenados poco antes de escuchar el veredicto
Ayer, tras la sentencia, los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020, dejaron la ciudad de Dolores y fueron trasladados a la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, donde cumplieron la prisión preventiva hasta el inicio del juicio oral y público. Pero será solo un destino transitorio. Los cinco condenados a prisión perpetua y los tres sentenciados a 15 años de cárcel podrían ser alojados en unidades penitenciarias de máxima seguridad, como la de Sierra Chica o las de Urdampilleta, en Bolívar, y General Alvear, en Olavarría.
Así lo informaron  fuentes oficiales al tanto de la política penitenciaria. “Los presos, hasta que la condena esté firme, están a cargo del tribunal y después del juez de ejecución penal. Todavía el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que se encarga de su alojamiento, no recibió instrucción del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores sobre el destino de los ocho condenados. Pero, por las condenas impuestas, todo indica que existe una posibilidad importante que se ordene el traslado a cárceles de máxima seguridad”, explicaron los voceros consultados.

Uno por uno. Qué condena recibió cada uno de los ocho acusados por el asesinato de Villa Gesell
Ayer, los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia condenaron a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, de 23 años; a Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Enzo Comelli, de 22, y Matías Benicelli, de 23. En un fallo unánime, los magistrados los encontraron coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]”.
Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, de 23; Lucas Pertossi, de 23; y Blas Cinalli, de 21, fueron condenados a la pena de 15 años de prisión. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.
Tras la sentencia, el SPB trasladó a los condenados a la Alcaidía de Melchor Romero, donde estuvieron alojados hasta el 1° de enero pasado, cuando fueron llevados a Dolores para el inicio del debate. Durante el juicio estuvieron alojados en la Unidad 6 de esa ciudad bonaerense.
Hugo Tomei, el abogado defensor de los ocho condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa
Existe la posibilidad de que la defensa de los ocho condenados, a cargo del abogado Hugo Tomei, pida ante el tribunal que sus asistidos sean derivados al penal de Campana, para poder estar cerca de sus familiares: todos son oriundos de Zárate, pero las fuentes consultadas insistieron en explicar que las unidades penitenciarias de máxima seguridad son los destinos para los condenados a “cumplimiento de prisión prolongado”. Sin embargo, “la última palabra la tiene el tribunal”, agregaron citados voceros.
Las cárceles de máxima seguridad del SPB están situadas en Sierra Chica, en Olavarría; en General Alvear y en Urdampilleta, en Bolívar.
En Melchor Romero, según se pudo saber, están alojados en cuatro celdas con capacidad para dos personas y aislados del resto de la población carcelaria, por cuestiones de seguridad.
“Están alojados en las mismas celdas que tenían asignadas hasta el momento que fueron trasladados a Dolores para el inicio del juicio oral. Esta semana tendrán habilitada visitas de familiares, como todos los detenidos de la alcaidía. Por el momento, no pidieron asistencia psicológica”, agregaron los voceros consultados.
Graciela Sosa, la madre de Fernando, el día del veredicto
Según la página de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Alcaidía III Melchor Romero tiene 11 pabellones (diez para hombre y uno para mujeres) con una capacidad aproximada de 300 plazas.
Se sabe que no continuarán alojados en la Alcaidía de Melchor Romero porque se trata de un lugar de detención transitorio.
En julio pasado, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Julio Alak, anunció la construcción de una nueva alcaidía en Melchor Romero con la intención de descomprimir la población de presos en comisarías. Según el anuncio oficial, el proyecto contempla 32 celdas de alojamiento, distribuidas en cuatro módulos metálicos en torno a un patio central de acceso.
“Es muy probable que los ocho condenados sean separados”
“Cuando sean trasladados a su nuevo lugar de detención, es muy probable que los ocho condenados sean separados. Puede ser que algunos vayan a la misma unidad penitenciaria, pero que sean alojados en pabellones distintos”, sostuvieron las fuentes consultadas.
Mientras estuvieron alojados en la Unidad 6, en Dolores, desde el 1 de enero pasado hasta ayer, estuvieron en el pabellón de aislamiento, donde también se alojan los presos en tránsito.
Dentro del pabellón del aislamento, también conocido como SAC los ocho imputados por el homicidio de Báez Sosa estuvieron asignados a cuatro calabozos. Viollaz y Comelli, compartieron una de esas celdas. Thomsen y Luciano Pertossi, otra; Lucas Pertossi y Blas Cinalli, tuvieron el mismo calabozo y Ciro Pertossi y Benicelli, el restante.
Los próximos pasos: las apelaciones
La sentencia dada a conocer ayer por el TOC N° 1 de Dolores será apelada en los próximas días por las acusaciones pública y privada y por la defensa.
“Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas [por Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli”, sostuvo tras conocer la sentencia el fiscal Juan Manuel Dávila.
El representante del Ministerio Público agregó: “Son coautores y no tienen una participación secundaria como dictó el tribunal. Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso se presentará ante Casación”.
Fernando Burlando, que es uno de los abogados que representa Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima, también sostuvo que iban a apelar la condena que recibieron Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
“Se dio el primer paso en el pedido de justicia por Fernando, marcando un precedente en el país, en especial para la juventud. La violencia nunca es el camino, puede traer consecuencias tan tristes como la muerte o la cárcel. Pero el fallo no fue suficiente, vamos a apelar”, sostuvo en su perfil de la red social Twitter.
Además, tras conocer la sentencia, Burlando dijo “Esto recién empieza. Una Justicia débil y contemplativa no es Justicia”.
Si bien no hizo declaraciones tras el veredicto, Tomei anticipó que tenía que estudiar la sentencia y adelantó que recurrirá la condena ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

La defensa tiene que cambiar por la sentencia
Roberto Durrieu
La sentencia del Tribunal de Dolores para los ocho condenados por el homicidio calificado de Fernando Báez Sosa genera una serie de reflexiones fundamentales. En primer lugar, vemos que el tribunal no compartió en un todo lo solicitado tanto por el Ministerio Público y la querella: la prisión perpetua para los ocho por igual, alegando que todos habían tenido codominio sobre el homicidio resultado con alevosía y la premeditación de más de dos personas. Esto, sin dudas, va a generar la correspondiente apelación de la fiscalía y la querella ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
El segundo elemento a destacar es que el hecho de que la sentencia divida a los condenados en dos grupos (cinco a “prisión perpetua” y tres por “participación secundaria”) da cuenta de la inconveniencia procesal de haber defendido a los ocho acusados por igual. Es que el propio fallo desnuda la evidente “incompatibilidad”; en cuanto a que no todos estaban en igualdad de condiciones probatorias.
Dicho de otra forma, lo que en los medios se dio a conocer como “pacto de silencio” (el mantener a todos los acusados en la misma postura de defensa) podría haber jugado en desmedro procesal de Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, los tres condenados a quince años, ya que se valió de su silencio para intentar beneficiar a los otros cinco.
La principal conclusión de este análisis es, sin dudas, que ambos grupos de condenados deberían contar con defensas dispares e independientes entre sí, pudiendo optar el abogado defensor actuante a representar al menos a un grupo de condenados. De otra forma, continuaría afianzando la “grieta” que hay entre las dos realidades jurídicas expresadas en la parte resolutiva de la sentencia, de manera muy detallada, clara y muy bien fundada a nivel probatorio.
En términos de responsabilidades penales, una condena por “participación secundaria” está más cerca de una absolución que de la cadena perpetua. Así, entonces, al doblegarse las defensas, necesariamente las apelaciones podrán hacer hincapié entre las tremendas diferencias que destaca el fallo en cuanto a los cinco que realizaron “las patadas mortales” del “rendido” e “indefenso” Fernando, con los tres que se dio por probado que no lo golpearon.
Todo lo expuesto no significa, en lo más mínimo, que aquel estado de indefensión pueda traducirse en algún pedido válido de nulidad. En el caso, los propios condenados avalaron libremente la “estrategia del silencio”; colocándose, ellos mismos, en la “misma bolsa” procesal.
En fin, la otra cara de la moneda es que el silencio de los acusados solo sirvió para contribuir a la idea (claramente refrendada por las pruebas abrumadoras que pondera el fallo) de que, en este caso, la cadena perpetua es justa, por lo menos para los cinco condenados a la misma

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Fortalezas y debilidades del fallo, en la mirada de abogados penalistas
Especialistas coinciden en que la resolución del Tribunal Oral Nº 1 de Dolores fue justa y acorde a derecho, pero que tiene algunas aristas que avalarían la revisión en Casación

Gustavo CarabajalLos jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari (izquierda)
A partir del momento en que se conoció la sentencia contra los ocho acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa se sucedieron las críticas contra el veredicto de todas las partes que intervinieron en el proceso. El veredicto será objeto de recursos que presentarán la defensa de los ocho condenados; los abogados que representan a los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa, y los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García.
Graciela, la madre de Fernando, afirmó que la sentencia le había llevado algo de tranquilidad. No obstante, su abogado, Fernando Burlando, anticipó que en las próximas horas se concentrará en la lectura de los fundamentos para presentar un recurso en el que solicitará la revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Nº 1 de Dolores que condenó a prisión perpetua a cinco acusados e impuso quince años de prisión para los otros tres imputados, por considerarlos partícipes secundarios.
La misma diferencia de criterios y cuestionamientos a la sentencia se concretó también entre los abogados, que, aunque tuvieron críticas para el veredicto, coincidieron en que la resolución había sido justa y ajustada a derecho.
“La sentencia del juicio oral por el homicidio de Fernando Báez Sosa reconcilió a la gente con la Justicia. La sentencia constituyó un punto de inflexión”, expresó el abogado Mauricio D’Alessandro, al resaltar el impacto social de la resolución dictada por el tribunal dolorense. Además, el letrado destacó el desarrollo transparente del debate que se realizó entre el 2 de enero y el 6 de febrero.
“El proceso contempló todas las garantías. No hubo apremios. Se respetó el silencio de los acusados sin que ello implicara una presunción en su contra. Declararon testigos, se sumaron a las pruebas digitales entregadas por los imputados, que aportaron las claves de sus teléfonos celulares. Todas esas pruebas se completaron con grabaciones de las cámaras de seguridad y las que los particulares hicieron con sus dispositivos móviles. Todas esas grabaciones aportaron algo”, agregó D’Alessandro.
Además, el abogado aportó una crítica contra la defensa de los condenados, aunque sin nombrar al colega que cumplió ese rol. “Los imputados tuvieron la defensa más amplia. No obstante, este juicio sepultó una generación de abogados. De los abogados del ‘yo no fui doctor’. Le poníamos a la Justicia la obligación de probar. Pero la Justicia, sin medios, no podía encontrar la prueba”, sostuvo D’Alessandro.
En el momento posterior a que la fiscal de Villa Gesell presentó su dictamen para que los ocho acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa fueran sometidos a juicio oral, la defensa de los imputados tuvo la posibilidad de elegir que fueran juzgados por un jurado popular. No obstante, el defensor se inclinó por la opción de que los imputados fueran juzgados por un tribunal técnico o profesional. Esta circunstancia fue destacada por D’Alessandro, que sostuvo que la mayor tasa de condenas corresponde a tribunales técnicos, con más veredictos condenatorios que los jurados populares.
“Esta sentencia también nos dejó una lección. Los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa fueron condenados por un tribunal formado por jueces profesionales. Esto significa que la gente grita en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero en el momento de condenar a alguien por un delito grave se apiada, como algunos hicieron con los imputados por el homicidio del joven estudiante de Derecho. Los juicios por jurados populares tienen muy baja tasa de condenas”, sostuvo el abogado.
La escala penal elegida
Para Fernando Soto, defensor del policía Luis Chocobar, en la sentencia se logró probar que hubo intención de matar por parte de los acusados.
“La sentencia fue bien fundada. Se hicieron cambios en la interpretación de la ley en hechos en los que claramente se estableció que hubo un homicidio con la intención de matar. Los jueces analizaron los elementos que demostraban por qué hubo dolo y dolo directo tomando como reveladora la actividad de los imputados con posterioridad a los actos desarrollados después de cometer el homicidio”, dijo Soto.
Además, el abogado del jubilado Jorge Ríos, que mató en Quilmes a uno de los asaltantes que entraron a robar en su taller de herrería, indicó que la sentencia tuvo algunas inconsistencias. “Como ocurre con toda sentencia, se le pueden encontrar inconsistencias que no deberían existir, por ejemplo, el descarte del dolo eventual; un tema no menor. También resultó llamativa la incompleta fundamentación de la determinación sobre las funciones que cumplieron los tres condenados como partícipes secundarios. Esta falta de fundamentación quedó marcada en el caso de Blas Cinalli, cuyo ADN fue hallado debajo de la uña del dedo meñique izquierdo de la víctima”, agregó Soto.
Eduardo Gerome, que se desempeñó como juez de Instrucción, coincidió con sus colegas en que se trató de una sentencia justa y destacó los argumentos de los magistrados. “Fue una sentencia justa; más allá de las diferencias de criterios con respecto a las penas impuestas a todos los acusados, por cuestiones que el tribunal explicó en los fundamentos de la sentencia y con los que se podrá estar de acuerdo o no. Lo cierto es que los jueces aplicaron el máximo de la pena a cinco de los acusados”, manifestó el exmagistrado.
Gerome ponderó que los jueces del Tribunal Oral Nº 1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, fundaron con elementos sólidos y contundentes por qué aplicaron el máximo de las condenas tanto para los autores del homicidio como para los partícipes secundarios.
“También aplicaron el máximo de la pena establecido por la ley para los acusados a los que consideraron partícipes secundarios. En este caso, según el artículo 46 del Código Penal, los que cooperen de cualquier u otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años, y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años. Por este motivo a los tres condenados por su participación secundaria les dieron quince años de cárcel”, explicó Gerome.
El exmagistrado destacó que la sentencia tendrá un efecto ejemplificador en la sociedad debido a la dureza de las penas impuestas a los ocho imputados: “A los acusados que fueron considerados por el tribunal coautores también les aplicaron penas duras, acordes con el aberrante hecho que cometieron. Estas penas no solamente cumplirán la función ejemplificadora sobre cada uno de los imputados. También cumplirán una función sobre nosotros como parte de una sociedad que no dejará impunes a aquellos que cometen delitos, que deberán recibir una pena adecuada al daño ocasionado”.
En tanto que el abogado Sergio Borrone marcó algunos cuestionamientos contra la sentencia en relación con que no compartía que se hubiera probado la existencia del agravante por premeditación, pero afirmó que la alevosía que implica actuar sobre seguro había quedado demostrada.
“Entiendo que la sentencia resultó ajustada a derecho debido a que los principales implicados en la autoría y la participación actuaron con alevosía. En la sentencia quedó claro que los golpes que ocasionaron la muerte de Báez Sosa fueron asestados sobre seguro y aprovechando el estado de indefensión de la víctima”, manifestó Borrone.
Tras leer la sentencia, el abogado consideró, en cambio, que no había elementos que permitieran probar que hubo un plan criminal para matar: “Con la participación criminal, entiendo que no fue probada. Tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen que este agravante no quedó demostrado ni en la etapa de instrucción o de la denominada investigación penal preparatoria ni en el juicio oral”.
No obstante, el abogado afirmó que en la sentencia los magistrados incluyeron pruebas que fundaron las condenas como partícipes secundarios: “Sí quedó ajustada a derecho la diferenciación de las conductas desarrolladas durante el ataque por los tres acusados que fueron condenados como partícipes secundarios. Se demostró que no intervinieron en la golpiza. Por este motivo no quedó probado que tuvieran que ver con el homicidio. Tampoco se pudo demostrar que tuvieran la intención de matar, sino que la participación fue para lesionar. Tienen que responder por lo que hicieron, no por lo que no cometieron”.

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Los argumentos usados en el fallo para separar penas entre los agresores
La presidenta del tribunal apuntó a la mayor responsabilidad de los cinco jóvenes que siguieron el ataque cuando la víctima estaba indefensa
DOLORES (De un enviado especial).– La presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, María Claudia Castro, fue la redactora del voto que sustentó las condenas por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Sus colegas Christian Rabaia y Emiliano Lazzari adhirieron a la posición argumentada por la jueza, que había participado aquí de otro debate con fuerte interés social, ya que había integrado el equipo de fiscales que acusó a los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas.
Fue Castro, entonces, la que fundamentó la separación de responsabilidades en el crimen de Fernando Báez Sosa. Y consideró, apoyada luego por los otros dos magistrados, que Lucas Pertossi, Ayrton viollaz y Blas Cinalli debían tener una pena inferior a la de los otros cinco imputados y optó por una sentencia de 15 años de prisión para esos tres jóvenes de Zárate por el asesinato cometido el 18 de enero de 2020.
Y en el fallo, al que accedió la nacion, la jueza Castro fundamentó esa decisión: “Lucas Fidel Pertossi, Ayrton Michael viollaz y Blas Cinalli, luego de ver en el estado de absoluta indefensión en que quedó la víctima inmediatamente después de recibidos los dos primeros golpes y el accionar de sus consortes, apoyaron a los coautores y, de acuerdo con el rol que cada uno asumiría en el ataque focalizado en la víctima fatal, prestaron una colaboración, si bien no imprescindible, lo suficientemente apta para favorecer la consumación del crimen”.
Con esa explicación de la secuencia del ataque, la magistrada empezó a separar las responsabilidades. Y agregó que esos tres acusados “propinaron golpes de puño y patadas a ignacio vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D’Alessandro, con objeto de evitar que los mencionados amigos de Fernando Báez Sosa pudieran socorrerlo, causándoles a los mencionados lesiones que fueron caracterizadas como leves”.
En la línea argumental del fallo se establecen dos momentos: el acuerdo de los ocho para golpear a Báez Sosa y la continuidad de solo cinco para dar muerte al joven de 19 años en esa madrugada de villa Gesell.
La descripción del ataque es sintetizada por la jueza Castro: “De tal modo, a las 4.44 horas, aproximadamente, Enzo Tomás Comelli lo golpeó por la espalda a la vez que Ciro Pertossi –en simultáneo– lo hizo de frente. Como consecuencia de tales golpes, Fernando Báez Sosa cayó de rodillas al piso y luego, cuando ya se encontraba reducido, en el suelo y sin posibilidad de defensa, parte del clan criminal –Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Franco Benicelli y Enzo Tomás Comelli–, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los dos primeros golpes quedó la víctima, con claras intenciones de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, continuaron agrediéndolo brutalmente, con patadas, esencialmente dirigidas a la cabeza y otras al cuerpo, como también con golpes de puño, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte por paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa, como también lesiones de gravedad en el hígado, en los pulmones y en el intestino grueso.
Un clan
Fundamentó entonces la separación de la culpa entre los acusados: “Puntualmente el análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio me ha convencido de que el plan originario en el que los ocho acusados se confabularon consistió, en su origen, en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa. A tal fin, se organizaron para golpearlo brutalmente, en grupo, como en otras ocasiones y respecto de otras personas ya lo habían hecho”.
Marcó en ese momento la responsabilidad de aquellos que golpearon directamente a Báez Sosa: “La situación para los acusados cambia cuando la víctima queda inmovilizada, semiinconsciente y a merced de los atacantes. La brutalidad de los golpes que en tal situación parte del grupo continuaron propinándole hasta dejarlo sin signos vitales me permite afirmar que en tales circunstancias, internalizaron –actualizando su propio conocimiento– y encaminaron su voluntad conjunta y en un todo de acuerdo a darle muerte a Fernando Báez Sosa”.
Consideró también la jueza la “extensión del daño” al tomar en cuenta “la juventud de la víctima y la consecuente obturación de sus proyectos de vida”.
La querella que representa a los padres de Báez Sosa anticipó que apelará ese decisión de penar con 15 años a Lucas Pertossi, Ayrton viollaz y Blas Cinalli, ya que considera que los ocho jóvenes que llegaron a juicio deberían compartir la pena: perpetua.

Aceptaron la denuncia contra Colazo y Guarino por falso testimonio
El tribunal dio curso a la acusación sostenida por el Ministerio Público
Además de las condenas a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado que recibieron Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli y las penas de 15 años de cárcel dictadas por su rol de partícipes secundarios a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores aceptó la apertura de una causa por falso testimonio contra Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, dos amigos de los condenados que estuvieron con ellos durante la mortal madrugada. Ese pedido había sido efectuado por la fiscalía durante los alegatos por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
Los testigos, a diferencia de los imputados, tienen la obligación de decir la verdad frente al tribunal, por eso el fiscal Dávila aseguró que los acusados del asesinato de Báez Sosa mintieron y, sin embargo, no agregó una causa por ese hecho, algo que sí hizo con Guarino y Colazo. La potencial pena en caso de ser encontrados culpables es de un mes a cuatro años de prisión.
De todas maneras, esos jóvenes podrían sustentar su defensa en el hecho de que no están obligados a incriminarse en un delito, algo que podría ocurrir si reconocieran que sabían de un plan criminal o que estaban al tanto de lo que pasó luego del ataque, cuando formaban parte del grupo.
“¿Escuchaste algún comentario cuando llegaste a la casa?”, preguntó Fernando Burlando cuando la querella interrogó a ese testigo. “No, estaba muy enojado. Me metí en la habitación, cargué el celular”, respondió Guarino. “¿Cuándo te enteras de que habían asesinado a una persona?”, lo consultó Burlando. “A la tarde, cuando estábamos con los precintos. Lo dijo un policía”, reveló Guarino, que ahora es acusado de falso testimonio.
Colazo, en tanto, era menor cuando ocurrió el crimen, el 18 de enero de 2020. No compartía el alojamiento con los otros jóvenes de Zárate, ya que él estaba en Villa Gesell con su familia, pero sí acompañaba a los acusados en sus salidas nocturnas. Eso pasó también en la madrugada del homicidio. La querella siempre lo apuntó como un posible imputado, pero nunca avanzó en forma concreta. En el juicio, Colazo contó su versión de los hechos ante el tribunal. La fiscalía estima que mintió.
No se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas de que estas personas mintieron por omisión”, había expresado el fiscal Juan Manuel Dávila al pedir que se acusara de falso testimonio a Guarino y Colazo.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Para los jueces, hubo un plan criminal
Gustavo CarabajalMáximo Thomsen se desmayó en el momento de escuchar la sentencia
Para los jueces del Tribunal Oral Nº 1 de Dolores hubo un plan criminal para matar a Fernando Báez Sosa y los homicidas se aprovecharon de la indefensión de la víctima para atacar sobre seguro. No obstante, a pesar de las duras condenas que impusieron los tres integrantes del tribunal, la sentencia contra los ocho responsables del homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell no conformó a ninguna de las partes.
En el momento de definir las condenas, los magistrados consideraron a cinco de los ocho imputados responsables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.
Esas conductas delictivas están contempladas en los incisos 2 y 6 del artículo 80 del Código Penal, que establece la pena de prisión perpetua para los homicidios cometidos con los agravantes de la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, respectivamente.
Además, los magistrados consideraron que el homicidio de Fernando fue cometido en concurso ideal con las lesiones leves que sufrió Tomás D’Alessandro Gallo, un amigo de Báez Sosa que fue golpeado por tres de los condenados cuando intentó socorrer a la víctima. Según los jueces, Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz tuvieron una participación secundaria en el homicidio de Fernando y recibieron la pena de 15 años de prisión.
En los fundamentos de la sentencia, los jueces aplicaron el artículo 54 del título IX del Código Penal, que determina que “cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fija la pena mayor”. En este caso, los magistrados consideraron que el homicidio de Fernando y las lesiones sufridas por su amigo Tomás fueron parte de un mismo hecho o acción. Debido a que las lesiones leves tienen una expectativa de pena de un mes a un año de prisión, correspondía aplicar la condena por el hecho más grave, que, en este caso, fue el homicidio.
Si los jueces hubieran considerado que el homicidio y las lesiones fueron hechos o acciones separadas e independientes, “la pena aplicable al acusado tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”, según lo establece el artículo 55 del Código Penal.
El tiempo de las apelaciones
Tanto Hugo Tomei, defensor de los ocho condenados, como Fernando Burlando, representante de los padres de la víctima, y los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila presentarán recursos ante la Cámara de Casación para tratar de modificar la resolución.
En el caso de Tomei, el tribunal integrado por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia rechazó todos y cada uno de los pedidos de nulidad que presentó en la primera audiencia del juicio, el 2 de enero pasado, y durante los alegatos. Además, los jueces descartaron no solamente el pedido de absolución, sino también la posibilidad de que, en forma subsidiaria, se juzgara y condenara a sus defendidos por algunas de las tres figuras penales que tienen expectativas de condena más leves, como el homicidio en riña, el homicidio preterintencional o el homicidio simple con dolo eventual.
Para los jueces no hubo pelea como intentó demostrar Tomei, lo que hubiera derivado en una eventual condena de entre 2 y 6 años de cárcel; tampoco hubo un hecho en el que la muerte hubiera sido un resultado no buscado por los acusados cuando atacaron a Fernando Báez Sosa, tal como es la característica principal del homicidio preterintencional. También descartaron los magistrados que el crimen de Fernando hubiera sido un homicidio en el que los acusados tendrían que haberse representado que al pegarle patadas en la cabeza a la víctima podían causarle la muerte, figura penal que tiene una expectativa de condena de 8 a 25 años de prisión.
Si los jueces hubieran tenido en cuenta esta calificación, los defendidos por Tomei habrían contado con la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional. Pero, después de revisar las pruebas que se expusieron en trece audiencias, los jueces consideraron que Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, y Ciro y Luciano Pertossi acordaron atacar a Fernando cuando los echaron del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
Para los jueces, entre las 4.37 y las 4.44, los ocho condenados pergeñaron un plan criminal. Después de que uno de los amigos gritó “¡es ahora!”, cruzaron la calle, fueron a buscar a Fernando y lo atacaron a golpes hasta matarlo.
Luego de revisar las pruebas, los jueces consideraron que con testigos y videos fueron reconocidos Thomsen, Comelli, Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi como los autores materiales de los golpes. Debido a que ninguno de los otros testigos identificó a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi como autores de la golpiza, para los magistrados tuvieron una participación secundaria al impedir que la víctima recibiera ayuda de parte de los amigos.
Esto significa que los jueces solo condenaron a prisión perpetua a los cinco acusados que fueron reconocidos por los testigos como los autores materiales de los golpes que provocaron la muerte de Fernando. Con respecto a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi, los jueces aplicaron el beneficio de la duda sobre la coautoría material del homicidio, pero los condenaron por la participación secundaria.
Para los magistrados quedaron probados dos agravantes: la premeditación y la alevosía. En el primer caso, los jueces consideraron que los condenados atacaron sobre seguro, debido a que eligieron el momento en que los policías que custodiaban la zona abandonaron el lugar para ir a dispersar a un grupo de jóvenes que arrojaban piedras contra los autos estacionados.
Con respecto a la alevosía, para los magistrados se probó que los condenados se aprovecharon de la superioridad numérica para aumentar el estado de indefensión de la víctima.
Burlando, que representa a Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de la víctima, tampoco quedó conforme con la sentencia y anticipó que presentará un recurso debido a que consideró que no quedó claro por qué Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi fueron beneficiados con una pena más leve.
Durante todo el proceso desarrollado desde que ocurrió el homicidio y en las trece audiencias del juicio oral, Burlando manifestó que los ocho acusados habían golpeado a la víctima y que todos debían ser condenados a prisión perpetua.
A partir de ahora, la fiscalía, la defensa de los ocho condenados y el representante de los padres de Fernando tienen 21 días para presentar los recursos ante la Cámara de Casación.
Mientras que los condenados volvieron al penal de Melchor Romero, donde esperarán la decisión del tribunal que evaluará si separa al grupo, de acuerdo con las penas recibidas, y los mandan a otra cárcel.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Zárate: de la tensión a querer “pasar de página”
Muchos acompañaron el reclamo de justicia por Fernando, pero tras el fallo repitieron “ya fue”; hermetismo entre los familiares
Alejandro HorvatEn Zárate esperan que las condenas dejen atrás las historias de violencia nocturna en esa ciudad
ZÁRATE.– “Se me fue el hambre, se me cerró el estómago”, dijo Shirley Chefi, que estaba almorzando en el bar El Más Querido, en la costanera de Zárate, mientras miraba en los televisores del lugar la transmisión en vivo del fallo contra los ocho jóvenes acusados de matar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020, en Villa Gesell. “Fue una larga espera para llegar a tener justicia”, agregó.
Esta ciudad ribereña es la que vio crecer a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, que ayer recibieron la pena de prisión perpetua como coautores del homicidio que conmocionó a todo el país; también, a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, que fueron condenados a una pena de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del asesinato.
En una recorrida por Zárate, era notable la expectativa que algunos tenían por la sentencia, aunque muchos otros ya estaban “hartos” de que la ciudad –en el norte de la provincia de Buenos Aires– sea invadida por la prensa con cierta frecuencia para hablar del caso.
“Es una tragedia para todos. Obviamente los principales damnificados son los padres de Fernando, pero también pienso en los padres de los condenados. De todos modos, el otro día que vi a Máximo Thomsen ponerse a llorar creo que fue más de miedo que de arrepentimiento. Creo que tenían mucho odio, de hecho le dijeron negro de mierda a Fernando, luego del asesinato se fueron a comer, evidentemente era un grupo muy violento”, opinó Chefi.
En el mismo bar, Claudio, que prefirió no dar su apellido, pidió que sintonizaran algún canal de noticias para poder ver el fallo, que se leyó poco después de las 13. “Vengo siguiendo el caso y la sentencia fue un momento histórico. Creo que se hizo justicia, yo nunca pensé que iban a condenar a perpetua a todos y por eso creo que fue adecuado el fallo. Ahora se viene una parte muy difícil para la familia de Fernando, porque queda un vacío enorme”, dijo Claudio.
Mientras que a pocos metros de ahí, también en la costanera del río Paraná, ignacio Pico, que vive en Zárate desde hace 20 años, sostuvo que se cansó del tema y que hace tiempo que la ciudad solo es noticia por eso. “Hay un circo enorme alrededor de esto. Yo no vi el fallo, me parece bien que se los haya condenado, pero ya está, no es el juicio a los militares. Tampoco creo que esos pibes, que eran evidentemente violentos, hayan salido a matar, creo que todo se magnificó de una manera notable. Se dijeron muchas mentiras, como que esto era una pelea entre ricos y pobres, pero ninguno de los rugbiers tiene guita”, argumentó Pico.
En la Plaza Mitre, uno de los lugares céntricos más transitados de Zárate, estaba Edgardo Pérez, que trabaja en una parada de taxis y es chofer hace 20 años. Dijo que había varias “bandas” de jóvenes que se solían pegar fuera de los boliches. “La violencia era algo recurrente. Luego del asesinato, un poquito se calmó la cosa. Yo a los rugbiers no los tenía de vista, pero sí conozco otros pibes que hacían lo mismo que ellos. Sin saber de leyes, creo que la sentencia fue adecuada: no es lo mismo el que le pega una patada en la cara que uno que filmaba o que miraba. Pero bueno, ya está, ya había que cerrar este tema”, señaló Pérez.
El club de rugby
 También se visitó el Club náutico Arsenal Zárate, donde entrenaban algunos de los jóvenes sentados en el banquillo. Días atrás, Bernardo Ditges, uno de los referentes de esa institución, defendió a los ahora condenados. “Es una payasada decir que un grupo salió a matar. Fue totalmente un accidente”, consideró.
Sin embargo, la comisión directiva del club se desligó de los dichos de Ditges con un comunicado. La institución deportiva afirmó en el mensaje, en mayúsculas y en negrita: “nuestra institución rechaza, repudia, condena enfática y terminantemente todo hecho de violencia. Como institución somos totalmente ajenos a los hechos acontecidos en Villa Gesell”, y “no es real que las 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club. Como institución de bien, hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CnAZ”.
Sin nombrarlos, aclararon que solo tres de los imputados practicaron deportes en el club. Ellos son Thomsen, y Ciro y Lucas Pertossi.
Ayer el club estaba cerrado. Solo había algunos empleados que circulaban haciendo tareas de mantenimiento. Uno de ellos conversó brevemente con la nacion: “Se hizo justicia, me parecen bien las condenas, ya está. Me parece que todos tenemos ahora que pasar de página porque este tema estuvo demasiado presente durante mucho tiempo”.
Mientras que en la casa de Máximo Thomsen, que ayer se descompensó mientras escuchaba el fallo, el hermetismo era total. La vivienda está situada en la calle Sáenz Peña 755. Cuando se tocó el timbre, nadie contestó y se bajaron las persianas bruscamente. Diferente fue la recepción que tuvo un camarógrafo del canal América, ya que denunció que fue golpeado por un hermano de Thomsen.
La casa de los Pertossi
Sobre la calle Antártida Argentina está la casa de Lucas Pertossi, condenado ayer a 15 años de prisión por ser partícipe secundario en el asesinato de Báez Sosa, y primo de Ciro y Luciano, condenados como coautores a prisión perpetua. En la puerta, se encontraba la moto Honda con la que apareció Lucas en algunas fotos en redes sociales. Allí, Ramiro Pertossi, su hermano menor, abrió la puerta Apenas podía hablar, se lo escuchaba acongojado.
“Disculpen, no los puedo atender. Es un día muy difícil, apenas puedo hablar. Sepan disculparme, pero la estamos pasando muy mal. Es muy dolorosa la situación para todos”, dijo a este medio, mientras sus padres permanecían en Dolores, lugar donde se desarrolló el juicio.
A media cuadra de allí, uno de los vecinos se presentó como el tío de los Pertossi y solicitó con amabilidad que se retiraran los equipos de prensa. “Mi madre está descompensada dentro de la casa, les pido por favor que nos den tranquilidad en un día tan difícil. Ya será momento de hablar y de dar nuestra opinión sobre todo lo que ocurrió, pero por favor hoy no es el día”, solicitó.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Dolores: los bares fueron la caja de resonancia de las sensaciones sociales
La gente que se acercó a respaldar a la familia Báez Sosa festejó como un gol las condenas a perpetua y protestó por las otras penas
Darío PalavecinoEn Dolores se siguió con atención la lectura del veredicto
DOLORES.– Lo siguieron como un partido final de esos que hacen historia. En un bar repleto, con mesas completas y compartidas entre desconocidos, ansiedad, nervios y, llegado el momento, un grito de celebración, con puños apretados y en alto, más abrazos.
“Perpetua es un gol”, había advertido un rato antes Verónica Amodio, que junto a Adriana Martínez vinieron desde Mar del Plata sin otro incentivo que acompañar el reclamo de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Y vaya si se festejó cuando, desde los dos grandes televisores de la confitería Mingo’s, frente a la plaza principal, escucharon que cinco de los acusados tendrían la máxima condena que prevé el Código Penal argentino. “Vinimos a esperar un juicio en el que todos paguen por igual”, señalaron Griselda y Alfonsina Ríos, que llegaron desde Villa Madero, partido de La Matanza.
Los insultos arrasaron con el audio de las pantallas cuando se escuchó la segunda mitad de la sentencia, con tres de los imputados con penas menores. “No…”, “hijos de p…”, se escuchó en un rincón y otro del bar.
“La justicia se quedó corta”, plantea Rubén Crego, papá de Lautaro, asesinado por un automovilista que en 2021 lo embistió luego de cruzar un semáforo en rojo. “Está libre, y mientras mi hijo agonizaba él se tomaba vacaciones”, contó, indignado. Muchos familiares de víctimas de delitos llegaron aquí para apoyar a los padres de Báez Sosa en un camino que ellos recorrieron antes.
Severiana López es paraguaya y viajó desde Vicente López con una bandera de su país, grande como el deseo de “una condena ejemplar”.
“Fue poco, los otros tres también merecían la pena más dura”, dijo a la nacion un rato después, cuando la suerte de los acusados estaba confirmada.
Desde temprano se vivió el arribo de grupos desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, en muchos casos motorizados por historias trágicas familiares que los identifican con esta causa. Y otros, por el solo hecho de adherir a un reclamo de justicia en un caso emblemático por su trascendencia pública y particularidades.
Más de 400 personas siguieron la lectura del fallo entre La Ley, el clásico bar de la esquina de tribunales, y Mingo’s, en Belgrano y Castelli. Justo al lado del hotel donde se alojan Graciela Sosa y Silvino Báez, a quienes aplaudirían luego al grito de “justicia, justicia”, cuando regresaron tras escuchar el fallo.
Muchos se tuvieron que acomodar desde las veredas, para observar a través de los amplios ventanales, ante la falta de lugar puertas adentro. “No se escucha”, lamentaban. Y se dejaron llevar por esa ovación que desde el interior acompañó a la lectura de pena para Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano y Ciro Pertossi. “Vamos”, se escuchó. “Que se pudran en la cárcel”, pidieron desde afuera, entre aplausos.
En esa esquina más alejada de la sala de audiencias se había dispuesto una segunda valla como límite a los ajenos, en este caso también convertida en una suerte de santuario, pero con banderas que recuerdan a otras víctimas de delitos.
Allí, Sergio vendía otras banderas con la imagen de Fernando Báez Sosa. “No es un tema lindo, pero se venden, la gente quiere expresarse”, comentó a la nación mientras caminaba por la plaza con las últimas diez que le quedaban.
Acalorados en un local gastronómico sin aire acondicionado en una tarde con casi 30 grados, lloraban varios de alegría en una mesa de La Ley cuando llegó la lectura del segundo lote de condenados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli. El secretario del tribunal confirmó que deberán cumplir una condena de 15 años de prisión y entre la gente que apoyaba a la familia Báez Sosa tuvo gusto a poco. “La p… madre, cagones”, amagó a gritar y bajó el tono un hombre que tenía en una mano una foto en blanco y negro de Fernando Báez Sosa y con la otra pegaba una palmada de bronca contra la mesa.
Apoyo de otra víctima
“Hay que seguir reclamando porque las pruebas están a la vista”, dice Cristian Dupuy, que pocos días atrás escuchó la condena por homicidio calificado para las asesinas de Lucio Dupuy, su pequeño hijo. Nada menos que la madre del niño y la joven que es pareja de ella.
“El pueblo y la Argentina querían que paguen todos y la sociedad queda muy disconforme con el fallo para quienes mataron a Fernando”, afirmó a lanacion.
Ramón Dupuy, el abuelo del menor asesinado de La Pampa, también llegó a esta ciudad a abrazar a Graciela y Silvino: “Estaremos conformes cuando cumplan la condena que merecen”, les dijo cuando pudo saludarlos en el hall del palacio judicial, donde también se cruzó con Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, asesinado tras un secuestro en 2004.
Graciela Arce, que montó un santuario de recuerdo a Báez Sosa cercano a la sede judicial ,donde se desarrolló este debate durante más de un mes, sintetizó la opinión de muchos que pasan delante de las pancartas con la imagen del joven asesinado: “Tuvo sabor a poco, pero estuvo bien”. Y también utilizó el fútbol para explicar sensaciones. “Lo de hoy fue un gol, perpetua para todos es el campeonato que tenemos que ganar”, dijo 
“Esperábamos perpetua para los ocho”, comentó Sara Troncoso, madre de Valentino Troncoso, niño asesinado en el distrito de Malvinas Argentinas y que espera una condena ejemplar para su padrastro, detenido. “La Justicia, como pasó acá, no se puede quedar corta”, aseguró a la nacion.
Resumió ella en buena medida la sensación que dejó entre quienes vivieron desde aquí, bien cerca de los padres de Fernando, un fallo que la propia querella valoró por la contundencia de las condenas y por acompañar en buena medida los fundamentos presentados en su alegato, pero que consideró, de todas maneras, insuficiente.
La bronca estalló cuando el videograph de las pantallas advirtió que Thomsen se descompensó y se pidió un médico en sala de audiencias para que lo asistiera. Ahí sí, entonces, desde las mesas se multiplicaron los insultos y las acusaciones extremas.
“Ahh… bue, sigue la farsa”, dijo uno. “Que no lo atienda nadie, que lo dejen tirado como un perro”, gritó otro desde el fondo. “Que se muera”, soltó una señora, y otro hombre de voz ronca no tuvo piedad en su pensamiento: “Que lo tapen con diarios”, reclamó.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Un primer paso para destacar el valor de la vida por sobre los impulsos
Diana Cohen Agrest Doctora en filosofía y presidenta de Usina de Justicia
Una de las razones de por qué el asesinato de Fernando Báez Sosa conmovió a una sociedad que a menudo permanece impasible frente a otros crímenes es que era y no era esperable. Puede ser esperable que la noche y el alcohol sean un cóctel explosivo que facilita la violencia. Puede no ser esperable porque los agresores eran jóvenes de clase media y, según el manual buenista del abolicionismo penal, solo caen los perejiles pobres que se equivocaron. Ese escenario cambiado alimentó y fue alimentado en cada audiencia por un público ansioso por saber hasta dónde puede alcanzar la agresión gratuita de una manada contra un inocente.
Sin lugar a dudas, el peso más gravoso lo sufrirán los padres de Fernando, pues recién ahora comienza su calvario. Hasta hoy, los flashes mediáticos, el justo apoyo popular y la empatía del dolor ajeno no solo colmaron el afán de reconocimiento del dolor de toda víctima, sino que además postergaron el dolor que significa enfrentarse con una silla vacía. Con una habitación a desarmar. Con los pares de zapatillas a regalar… Esa cotidianidad, precisamente por prosaica, le otorga un peso infinito. Recién hoy comienza el verdadero itinerario del duelo. Lo más difícil, sin lugar a dudas.
Los familiares de los condenados también tendrán lo suyo. Comenzarán un itinerario por acortar los tiempos, porque siempre se cuenta con que el tiempo carcelario difiere del tiempo del reloj y del almanaque. Puede ser, subjetivamente, más lento el tiempo del reloj, las horas que no pasan, las nuevas rutinas, el nuevo orden al que se tiene que adaptar la existencia. Y respecto del tiempo del almanaque, empezará a correr para que, beneficios mediante, puedan ser finalmente liberados. Porque no olvidemos que la pena perpetua en la Argentina es una ficción jurídica más entre tantas otras, muchas corporativamente silenciadas.
No obstante, tampoco debemos olvidar que son varios los sentidos de la pena. El más mencionado, a modo de axioma, es el de la rehabilitación. Atribuido incluso a la Constitución Nacional, cuyo artículo 18 proclama literalmente que “[Las] cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. De allí a repetir que el único fin de la pena es únicamente la reforma del condenado, ni siquiera el más fino trabajo hermenéutico puede explicarlo. Tampoco lo dicen en esos términos los tratados internacionales a los que la Argentina adhirió sin restricción alguna.
El justo castigo, además del valor reformista, disuasorio y ejemplificador de la pena, implica el sentido retributivo. En todas las prácticas humanas de la cultura occidental en la cual convivimos y de la cual abrevamos a una falta le sigue una sanción. Por ejemplo, si olvido abonar la factura de electricidad, probablemente no solo interrumpan el servicio, sino además al mes siguiente deberé pagar una suma extra por ese olvido. Si eso sucede en un contrato de uso, ¿cómo es posible que se diga ante el asesinato de un inocente, una y otra vez, que el solo fin de la pena es rehabilitar a quien perpetró el mal, olvidando el castigo merecido por justicia?
El contrato social –hipótesis, ficción, constructo ahistórico, sea cual fuere su estatuto– legitimó, reguló y sancionó las conductas y las relaciones entre los seres humanos desde entonces: se renunciaba a ejercer la venganza por mano propia y se depositaba el “afán vindicativo” en el Estado que, a cambio, garantizaba a los ciudadanos la protección de su vida y de su propiedad. En ese nuevo orden, el castigo –entendido como el sufrimiento impuesto intencionalmente en respuesta a una acción indebida– expresaba la sanción a quien hubiese transgredido la ley. Y el transgresor cedía su libertad y hasta su vida debido al incumplimiento del pacto rubricado implícitamente, por el solo hecho de ser uno de los miembros de la sociedad que encomendó la facultad de impartir justicia a sus representantes.
Los padres de Fernando esperaron justicia, una justicia que, cuando llega, los enfrenta a sus manos vacías de abrazos. La sociedad, impulsada por un abanico de sentimientos, los acompañó. La Justicia dictó una sentencia que probablemente los condenados cumplirán y esperemos que alcancen su rehabilitación. Solo falta que se cumpla su carácter disuasorio y ejemplificador. El primer paso se ha dado. Los siguientes dependen, en gran medida, de padres, educadores, formadores y de todos nosotros. Para que la incorporación reflexiva de las normas detenga la violencia. Para concienciar sobre el valor de la vida por sobre los impulsos. Que no haya más Fernandos que no mirarán atardeceres. Que no haya más jóvenes amputados de por vida
Recién hoy comienza el verdadero itinerario del duelo, lo más difícil

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EL ASESINATO DE FERNANDO

Los expertos exhortan a seguir trabajando en la prevención
Sostienen que un fallo judicial no alcanza para frenar la violencia y que es necesario educar a los chicos desde edades tempranas
Josefina Gil MoreiraHomenajes a Fernando Báez Sosa en Dolores
Conocida la sentencia contra los ocho acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, la pregunta que queda es: ¿puede esta resolución judicial resultar aleccionadora para la sociedad, especialmente para los jóvenes y los adolescentes?
Especialistas consultados opinaron que si bien la sentencia puede tener algún efecto en la sociedad, de nada sirve si no se trabaja en la prevención de la violencia y en la educación desde la infancia.
Miguel Espeche, psicólogo especialista en vínculos, dijo que, si bien la condena puede marcar un límite a la violencia para una porción de la sociedad y convertirse una referencia en cuanto a crímenes y castigos, no cree que eso suceda de forma masiva. “Despierta la conciencia de una porción de la población, pero no hará mella en aquellos que están muy sumidos en su mundo, en sus microsituaciones de boliche y educados en una cultura del aguante, la pelea y el desenfreno, ayudados por la ingesta de alcohol y las drogas. Allí se requiere otro tipo de políticas públicas o cambios culturales que requerirán un largo tiempo”, dijo.
Por su parte, Juan Eduardo Tesone, psiquiatra de la Universidad de París XII y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), sostuvo: “No creo que una sentencia cambie la cabeza de nadie. Puede ser ejemplar cuando se ajusta a derecho, pero no aleccionadora. Lo interesante de este caso fue la difusión mediática que tuvo y que permite pensar en trabajar preventivamente contra la violencia”.
En el mismo sentido se expresó la psicóloga Susana Mauer, quien dijo que una condena como esta es, en realidad, el último capítulo de una larga historia que se seguirá repitiendo mientras no trabajemos en la falta de freno. “Tenemos que enseñar a vivir en el marco de la legalidad. Esa es nuestra responsabilidad como adultos, ya sea como padres o en el rol que nos toque, y eso no se define frente a una sentencia, sino que se transmite desde la infancia”, explicó.
“En este caso, como en tantos otros, hay una apuesta a que la sentencia tenga un efecto directo en lo social, en mostrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero no logrará frenar los embates de la violencia, que vuelven una y otra vez a surgir como parte de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y el contrato social que una y otra vez vuelve a romperse y que hay que volver a ordenar y a entrelazar a través de la educación y la justicia”, agregó Jorge Catelli, psicólogo miembro de la APA e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
José Eduardo Abadi, médico psiquiatra y psicoanalista, dijo que en primer lugar la importancia de la sentencia radica en la tranquilidad social que transmite al darle una existencia práctica a la justicia y transmitir la sensación de protección.
“Como segundo punto, lo importante de la sentencia es que nos hace reflexionar sobre la noción de límite, de frontera entre lo que está bien y lo que está mal, lo permitido y lo prohibido, y la vida del semejante, que no solo debe ser reconocida, sino también respetada. Cuando una sociedad ha perdido esa noción de límite, se encuentra muy desamparada y expuesta a cualquier explosión de violencia”, señaló Abadi.
De hecho, durante el tiempo que duró el juicio por el crimen de Báez Sosa, que comenzó el 2 de enero pasado, se conocieron al menos dos casos de golpizas similares, pero que no terminaron en muerte.
En la madrugada del domingo 15 de enero, por ejemplo, en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Pedro, hubo una feroz pelea entre un joven de 19 años y otro de 28. Hubo piñas y patadas en el suelo. “¡Basta! ¡Lo podés matar! ¡Soltalo!”, gritaba una mujer mientras intentaba, sin resultado, frenar la situación. Otra situación similar se vivió el fin de semana siguiente en Bahía Blanca, también en la provincia de Buenos Aires, donde un joven terminó inconsciente luego de un ataque a golpes.
Al respecto, Catelli explicó: “Los seres humanos somos la única especie de seres vivientes capaz de matar por placer, por venganza o por deliberada intención de eliminar al otro. Lo que ocurrió en San Pedro, Bahía Blanca o en Cañuelas, donde hubo otras golpizas, simultáneamente al juicio, no hace más que corroborar esto. Mientras que casi en cadena nacional se muestra esta situación horrorosa, siguen imponiéndose los surgimientos de ese mismo odio, de esas violencias con raíces sociales, de época, hondamente propias de la pulsión de muerte en el ser humano y de los modos subjetivos, en que la singularidad de cada quien se entrama en la administración de las violencias propias, los odios sin mediatización de identificación alguna y con la dificultad propia de quien puede sentirse tan omnipotente e impune”.
De acuerdo con Abadi, mientras la problemática patológica de fondo no se trate, la situación de violencia se repetirá tal como se repitió en los casos mencionados: “Una de las conductas patológicas del ser humano a nivel personal y colectivo es la repetición. Hay que trabajar en equipo en la prevención en el ámbito educativo, social y en los medios de comunicación, así como en la rehabilitación”, dijo.

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EL ASESINATO DE FERNANDO

La desmesura, siempre latente
Enrique Valiente Noailles
Más allá de las cuestiones jurídicas y penales del asesinato de Fernando Báez Sosa, no dejan de ser notables la conmoción y la manera en la que el juicio y su veredicto cautivaron la atención de la sociedad. Tal vez sea porque podemos identificarnos con algunas de las emociones en juego. Podemos sentir, por de pronto, la injusticia irreparable y la tragedia del chico que fue asesinado, tanto como el dolor y la incomprensión de los padres ante el hecho. Podemos sentir el terror potencial de recibir una llamada en medio de la noche diciendo que algo le pasó a un hijo en contextos en los que priman el alcohol y el descontrol. El contexto en el que cada ser humano se encuentra potencialmente disminuido para comprender sus propios actos, lo cual ensancha las posibilidades de que ocurra algo inesperado.
A ello se agrega la presencia potencial de las patotas y de lo que señalaba Antonio Porchia: “Cien hombres juntos son la centésima parte de un hombre”. Porque la masificación licua la conciencia individual y genera una forma inmediata de amnesia moral. Es que esa masificación es uno de los narcóticos que recorren la noche, una forma de descargarse de sí, una forma de relevarse de las fronteras de tener que elegir como individuo. Y esto ocurre en todas las escalas en la que se produce. Sea en el caso de millones de personas, como nos lo enseñan las experiencias tremendas de la historia, sea en una patota de apenas ocho chicos jurando a otro una extraña venganza tribal. Siempre el efecto rebaño disminuye a un hombre. No le quita responsabilidad, pero su conciencia queda parcialmente eclipsada y fundida en la corriente que lo rodea.
Otra cuestión que impactó también en este evento fue la inmensa asimetría entre la causa y el efecto. Mojar involuntariamente la camisa de otro con una bebida culmina, sin mucha mediación, en el asesinato de un chico de 19 años. Eso nos deja a todos la inquietante sensación de que la desmesura está siempre latente bajo la primera napa civilizada de nuestra sociedad. Algo extraño pasa si alguien relativamente educado puede convertirse repentinamente en un monstruo a causa de casi nada. la agresividad y el acuerdo de la patota para buscar a su presa, con la frialdad, premeditación y el desquite anunciados que supuso el paso del tiempo entre el incidente dentro del boliche y la golpiza, superan toda comprensión.
Y otro aspecto con el que podemos identificarnos es con la irreversible crueldad que supone el muro del tiempo. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de volver atrás en algún acontecimiento? Porque, salvo alguna psicopatía grave, es posible que los condenados se hayan arrepentido y que no puedan entender, al igual que el resto, cómo y por qué asesinaron a Fernando Báez Sosa. A ello se aplica la frase de Friedrich Nietzsche: “las consecuencias de nuestros actos nos toman de los cabellos. les es indiferente que en el transcurso nos hayamos hecho mejores”. Es que la lección llega a veces cuando en nada puede cambiarse el curso de las cosas. Como el Mesías de Franz Kafka, llega un día tarde, luego de que sea necesario. la condena de los hechos se dicta de inmediato, apenas las cosas ocurren. El resto, incluidas las consideraciones penales, no son más que su desenvoltura. Que será larga y que recién comienza.

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