LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Buenos Aires, el riesgo de una provincia fallida
Sirvió para correr el velo de un distrito invertebrado, con sus músculos institucionales atrofiados, desconocido para sus propios gobernantes y dominado por la anarquía
Luciano Román
La revuelta policial quizá sirva para correrle el velo a la provincia de Buenos Aires. Lo que encontremos tal vez sea una provincia invertebrada, con sus músculos institucionales atrofiados, desconocida para sus propios gobernantes y dominada por torrentes de anarquía que no se sabe a dónde pueden conducirla.
Desde hace décadas, Buenos Aires es gobernada por dirigentes porteños. La mitad de sus últimos ocho gobernadores han sido trasplantados desde la Capital Federal. Pero eso no es lo grave; lo grave es que ni siquiera les ha interesado “hacerse” bonaerenses. Más allá de haberla recorrido o sobrevolado, tampoco se han rodeado de baqueanos. Hoy mismo, una reunión de gabinete en La Plata se parece mucho a la de un consejo académico de la UBA. A varios gobiernos provinciales les han faltado sensibilidad bonaerense y conocimiento profundo de los problemas, los contrastes y las instituciones de la provincia.
Es muy difícil resolver asuntos que siempre han resultado extraños; tan difícil como conducir mundos ajenos. Detrás de la crisis policial no solo hay impericia, hay desconocimiento sobre la transformación cultural de la propia policía. La idiosincrasia bonaerense debe ser interpretada. Y eso no se hace desde ninguna torre de marfil; mucho menos desde un helicóptero. Tal vez en esta ajenidad resida una de las claves para comprender una provincia que parece ingobernable, pero en realidad está ingobernada.
Buenos Aires arrastra problemas enormes y estructurales desde hace al menos cuatro décadas. Ha sido discriminada en el reparto de recursos y está subrepresentada en el Congreso. Tiene profundos desequilibrios territoriales: en el uno por ciento de su superficie viven dos tercios de su población. Es, además, una provincia que ha perdido identidad, que tiene en el conurbano una llaga sangrante y dolorosa, y que más que un Estado tiene un monstruo de mil cabezas que ha dejado de ser eficiente para administrar “un país dentro del país”. ¿Se pueden resolver esos desequilibrios con un manotazo imperial contra la ciudad de Buenos Aires? Lo que se ha hecho es debilitar el federalismo y consagrar la discrecionalidad.
Por impotencia, por la superficialidad de una “dirigencia golondrina” y por su propia fragilidad institucional, la provincia ni siquiera ha sido capaz, en los últimos treinta años, de discutir a fondo un proyecto de regionalización. Ha pegado bandazos de un extremo al otro. Ha degradado la formación de policías y docentes, además de empobrecer la carrera administrativa. No ha sabido defender sus propios intereses. Así fue como quedó cada vez más rezagada en la coparticipación y consintió, con indolencia, la licuación del Fondo del Conurbano. La provincia se ha menoscabado a sí misma con gobernadores convertidos en mendigos de la Casa Rosada. Ahora, las “soluciones bonaerenses” se anuncian desde Olivos. Los intendentes, mientras tanto, son invitados a los actos más como parte del decorado que como los actores y socios fundamentales que deberían ser en la administración de los problemas.

¿Quiénes representan en el gabinete de La Plata la voz del interior bonaerense? ¿Quiénes la del conurbano profundo? Uno solo de los quince ministros fue intendente municipal. ¿Quiénes aportan, en el equipo de Kicillof, experiencia y sensibilidad desde el sector privado? ¿Quién tiene el mapa de la provincia en la cabeza, no enmarcado en la pared? Por supuesto, no hay que ser chacarero para manejar Asuntos Agrarios. Pero tampoco se puede tener con ese mundo una completa ajenidad. Se necesita, al menos, actitud de aprendizaje. Los problemas de la policía, por caso, son demasiado complejos como para conducirlos con eslóganes y arrebatos actorales. Berni ha pasado más horas en los estudios de TV que en una comisaría. A los intendentes ni los atiende y a muchos los ha destratado. Si miramos en Salud, Gollán nació en Santa Fe, se recibió de médico en Rosario y vivió años exiliado en Alemania. No se ha formado en el sistema hospitalario bonaerense. La directora de Educación (de la que dependen 18.000 escuelas, 375.000 docentes y casi 5 millones de alumnos) viene de los laboratorios pedagógicos. No se trata de nombres propios, sino de una cultura de gobierno. El inmenso desafío de la provincia necesita dirigentes comprometidos, conocedores y dispuestos a sumergirse en los problemas. Necesita humildad para escuchar y vocación para embarrarse.
Hoy empiezan a explotar crisis previsibles, que se vienen incubando desde hace años. Hay fuerzas descontroladas que se han desatado, y eso se ve en las periferias urbanas –donde avanza el narcotráfico–, en las tomas de tierras –donde impera la ley de las mafias–, en la inseguridad –justificada por la ideología zafaroniana– y en un repliegue institucional que erosiona la autoridad de la provincia. ¿Dónde está el Poder Judicial bonaerense? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los liderazgos bonaerenses? ¿Dónde está el poder simbólico de la capital de la provincia? No hay una intelectualidad que se identifique con Buenos Aires. Hasta cuesta encontrar rasgos de un orgullo bonaerense. Lo más parecido a una identidad provincial parece archivado en las caricaturas de Molina Campos.
De los ocho gobernadores que tuvo la provincia desde el 83, seis están vivos y en actividad. ¿Se reunieron alguna vez? Es una provincia que hasta parece haber extraviado la noción del diálogo. ¿Qué impide la conversación entre Kicillof y Vidal? Tenemos un gobierno que usa lenguaje inclusivo, pero divide a la sociedad en “argentinos de bien y de mal”, además de reabrir una grieta absurda entre la Capital y el interior.
La Nación le ha garantizado a Kicillof los fondos que su mismo gobierno les había negado a Scioli y a Solá. Ha comprometido un refuerzo presupuestario de 65.000 millones de pesos más 45.000 millones por el zarpazo contra la Capital. Es mucha plata. El riesgo es que se escurra en el barril sin fondo del clientelismo y de un Estado inviable, mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse.

Por viejos y nuevos motivos, hoy tenemos una provincia a la deriva. La cuarentena se ha desarmado de manera anárquica y desordenada, ante un gobierno que ha apelado al miedo como única estrategia. Se ha quebrado la economía sin salvar la salud. Pero detrás de la pandemia asoman los escombros de una provincia en ruinas: en la policía se ha roto la cadena de mandos; el sistema sanitario está al límite (y lo estaba antes del coronavirus); las escuelas siguen cerradas; la Justicia y la Legislatura funcionan a media máquina; el Servicio Penitenciario es una bomba de tiempo; el IOMA está al borde del colapso, y el IPS acumula un déficit explosivo. El Tribunal de Cuentas ha sido loteado entre tribus del peronismo y produce fallos con atrasos increíbles. La Fiscalía de Estado se ha consolidado como el coto de una facción universitaria. Un entramado de intereses sindicales ha colonizado el sistema educativo y la administración, además de enclaves estratégicos como la empresa Aguas Bonaerenses. El centralismo burocrático opera como una máquina de impedir. El Tesoro vive “en rojo” y el Banco Provincia, sobregirado. Mientras tanto, el conurbano bulle en un caldo de miseria y exclusión. Hay barrios en los que gobierna el narco y funciones que el Estado ha delegado en las organizaciones sociales.
Una alarma ensordecedora sonó con la rebelión policial. ¿Los bonaerenses sabremos escucharla? ¿O seguiremos jugando con fuego? Buenos Aires está peligrosamente cerca de ser una provincia fallida.
Hoy empiezan a explotar crisis previsibles que se vienen incubando desde hace años
Hay fuerzas descontroladas que se han desatado

LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Casinos sí, escuelas no; los chicos, arrojados a la banquina
cuarentena. En la Argentina han sido afectados derechos fundamentales, entre ellos, la igualdad educativa

Luciano Román
En el manejo dogmático, contradictorio y por momentos absurdo que se ha hecho de la cuarentena, se han afectado en la Argentina derechos fundamentales, entre los cuales figuran nada menos que la libre circulación y el trabajo. El sacrificio más doloroso, sin embargo, es el de la igualdad educativa, y tal vez sea el más difícil de remediar. Se han consagrado, lisa y llanamente, el abandono generalizado de los alumnos y la más absoluta inequidad: solo se han salvado los chicos de sectores privilegiados.
En medio de un debate que todo el tiempo parece ponernos entre la vida y la muerte, el cierre de las escuelas parece un tema ignorado. Ya se ha perdido el año entero. Es engañoso suponer que las clases virtuales han permitido mantener viva la escuela. Eso solo ha pasado en los colegios de elite, y ni siquiera en todos. Hay que admitirlo: así como se optó por sacrificar la economía (como si fuera algo separado de la salud, de la vida, del bienestar y del equilibrio de una sociedad), se ha optado, también, por sacrificar la educación. El costo lo veremos más adelante. Especialistas en hipotecar el futuro, los argentinos ya hemos confirmado que la educación, después de todo, ha dejado de preocuparnos. Si no fuera así, resultaría inexplicable el derrumbe de la escuela pública en las últimas décadas.

A veinte años de haber escrito

La tragedia educativa, el profesor Guillermo Jaim Etcheverry acaba de publicar Educación. La tragedia continúa, un libro que debería ser de lectura obligatoria entre padres, docentes y dirigentes de cualquier ámbito. Describe ni más ni menos que una actitud suicida, un virtual abandono de la educación pública argentina y un declive cada vez más pronunciado que condena a las nuevas generaciones. En cualquier país habría provocado un terremoto; habría escandalizado a la sociedad. Acá no ocurrió nada de eso. Da la impresión de que no queremos escuchar, ni siquiera queremos enterarnos de que la Argentina ha dinamitado uno de los capitales más valiosos que supo tener: el de la educación pública de calidad.
No es raro, entonces, que ahora miremos con indiferencia, en silencio y casi con desinterés el cierre de los colegios, la suspensión lisa y llana del servicio educativo y la pérdida, para millones de chicos y adolescentes, no solo de un año de clases, sino también de todo lo que significa la escuela en materia de contención, de guía, de disciplina, de formación y de estímulo. ¿Hay en la Argentina una verdadera preocupación por este gigantesco apagón educativo? ¿Hay suficiente presión social para volver a poner en marcha las escuelas? ¿Es un tema prioritario en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en el propio sistema educativo, en las familias, en los gobiernos? Nadie parece creer que sea un asunto de necesidad y urgencia.
Los gremios docentes solo han roto el silencio para avisar que nos olvidemos de que las escuelas reabran hasta que algún día aparezca una vacuna. De ellos parece depender. Los gobiernos se han subordinado a los sindicatos docentes. Y el único intento de hacer una mínima reapertura para los chicos más vulnerables en la ciudad de Buenos Aires fue abortado desde el Ejecutivo nacional por la presión sindical. De paso, fue pisoteada la autonomía jurisdiccional.
Nadie discutió, en una primera fase de la pandemia, la conveniencia de suspender las clases para atenuar riesgos sanitarios. Pero han pasado seis meses. Han reabierto casi todas las actividades. En algunas provincias (como Chubut) hasta han habilitado los casinos. ¿No se pueden pensar protocolos y métodos seguros para un gradual y cuidadoso regreso a las aulas? Por supuesto que no es sencillo ni se podría hacer de una manera atolondrada. Eso no significa que no se puedan pensar alternativas responsables.
Está claro que muchísimos docentes y directivos, como muchos alumnos y padres, han hecho grandes esfuerzos para sostener un trabajo educativo que ha sido fundamental. Pero no podemos engañarnos. Relevamientos en varios municipios confirman que una enorme cantidad de alumnos (al menos 40% de los secundarios) han perdido en estos meses todo contacto con sus docentes; muchísimos otros solo han tenido una conexión esporádica. Es obvio, por otra parte, que en el mejor de los casos lo que se ha hecho es algo precario, limitado, que ni siquiera permite evaluar a los alumnos y mucho menos estar encima de los estudiantes más rezagados. En materia educativa, se ha hecho lo que se ha podido. Y se ha podido poco.
Un Estado que hace alarde de presencia, de vitalidad y de un cuidado casi paternal se ha olvidado nada menos que de la educación pública. Y ha profundizado algo que ya era muy evidente (y muy grave) antes de la pandemia: la enorme brecha entre los sectores privilegiados y los más necesitados. Los chicos de colegios privados han tenido mejores herramientas que los de escuelas públicas, mayor disponibilidad de sus docentes y mayor continuidad en el proceso de enseñanza. Los que tienen varias pantallas en sus hogares, buena conexión de wifi, espacio para concentrarse y orientación de sus padres han atenuado el impacto de no ir al colegio. El resto ha quedado en la banquina, librado a su suerte, desconcertado y desatendido. Es razonable suponer que a miles de alumnos les será muy difícil retomar: cuando se corta el hilo entre un alumno y la escuela, es muy complicado reconstruirlo. Lo mismo cuando se pierde algo intangible como es la cultura escolar: la disciplina, el hábito, la rutina, el sistema ordenador que implica ir todos los días al colegio. Recuperar todo eso puede llevar años, y muchísimos chicos suelen quedar en el camino.
No existe el “sindicato de alumnos”. ¿Quién reclama, entonces, por su derecho a volver a la escuela? “No queremos que se contagien”, dirá el dogma oficial. ¿No se puede hacer lo que han hecho otros países, donde las clases se han retomado sin sufrir ninguna tragedia? ¿El Estado no les debería ofrecer a las familias seguridad y garantías en lugar de sembrar el miedo y extorsionar con la muerte? Padres y madres tienen justificados temores. Muchos, además, están demasiado agobiados por la pérdida de empleos, por la reducción de ingresos, por las secuelas psicológicas del encierro, y también tienden a postergar la preocupación por el colegio. Hay, además, un fenómeno muy anterior a la pandemia: creemos que el problema es de los otros. En palabras de Jaim Etcheverry: “Si bien, en general, se advierte la existencia de la enfermedad (educativa), nadie se siente afectado por ella”. La crisis educativa es una pandemia que nos negamos a reconocer.
La escuela pública ya venía –por supuesto– muy golpeada. En las últimas décadas había perdido calidad y autoridad. Los docentes fueron ninguneados al amparo de un sindicalismo que les quitó jerarquía y de una burocracia que les amputó autonomía. Pero al menos la escuela estaba abierta. Hoy ya no. De algo podemos estar seguros: lo vamos a lamentar. ¿Le interesará al Gobierno que los chicos más vulnerables vuelvan a las aulas? Hace casi 170 años, Juan Manuel de Rosas escribía desde su exilio en Inglaterra: “Meter a los pobres en el colegio solo les quita tiempo para buscarse el sustento y ayudar a sus padres. ¿De qué sirve la escuela? Solo para llenar la cabeza del pobrerío con apetitos incontrolables”. 

Es el fragmento de una carta que rescata Eduardo Belgrano Rawson en Noticias secretas
de América. Hoy nadie se atrevería a decirlo así, mucho menos a escribirlo. Pero las escuelas están cerradas. Y Juan Manuel de Rosas, desde un cuadro imponente, preside el despacho del gobernador Kicillof.
¿Hay en la Argentina una verdadera preocupación por este gigantesco apagón educativo? ¿Es un tema prioritario en el Congreso, en las familias?

LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Chicos sin educación en la fase irracional de la cuarentena.
Luciano Román.
¿ Se ha entrado en la etapa de la cuarentena irracional? ¿El encierro ha dejado de ser una medida sanitaria para convertirse en una herramienta de la puja y la especulación política? Son preguntas inevitables cuando se escucha al ministro de Educación de la Nación cerrar filas con gremios docentes para hacer que “ellos” (el gobierno de Larreta) “paguen el costo social” de intentar reabrir espacios de trabajo en algunas escuelas.
La prohibición nacional de habilitar, en la ciudad de Buenos Aires, el regreso a los colegios de unos 6500 chicos que han perdido, en estos meses, la conexión con sus docentes confirma una situación que ya resulta asfixiante: la cuarentena (que “no existe”, pero la sufrimos todos) ya se ha convertido en un corsé totalitario, administrado con arbitrariedad, sin fundamentos serios, con una doble vara y, ahora sabemos, con buenas dosis de especulación política.
El chantaje “vida o muerte” lleva a sacrificar todo lo que esté en el medio: los derechos humanos de personas que intentan despedir a familiares agonizantes o el derecho de miles de chicos vulnerables a retomar su educación. En la cruzada por “la vida” todo pierde valor: la libertad, la dignidad humana, hasta la democracia. No es exagerado decir que, pasados cinco meses de encierro, se ha ingresado en una fase cruel, en la que ya no importan demasiado las razones, los protocolos, la coherencia ni la sustentabilidad de las medidas.
Importa la engañosa narrativa de “los que defendemos la vida contra los que promueven los contagios y la muerte”, “los que queremos que todos vivan, contra los que quieren que muchos mueran”. Podría ser el argumento de una novela orwelliana si no fuera tan obvio y tan ramplón: los buenos contra los malos.
Las contradicciones producen una escalada de desconcierto: se habilitaron los deportes individuales (tarde, pero en buena hora) y, salvo algunas excepciones, no se permite abrir los cementerios para honrar y visitar a nuestros muertos. Se penalizan los encuentros sociales, pero el Presidente invita a un almuerzo dominguero a la familia Moyano y se amontonan para la foto sin barbijos ni recaudos. Se mantienen cerrados los accesos a localidades costeras y se prohíbe a miles de propietarios ingresar a sus viviendas.
El derecho de propiedad resulta insignificante en la cruzada por la vida. La Constitución y el derecho a la libre circulación se convierten en papel pintado. ¿Hasta cuándo? La pregunta es fulminada por impertinente, “anticuarentena” y estar del lado de los contagios y la muerte.
Ahora se prohíbe el derecho a la educación, otra víctima “insignificante”. Para aprender hay que estar vivos, dirá la lógica oficial. Lo que se proponía era “rescatar” a chicos que, por diferentes razones, han perdido en estos meses toda conexión con la escuela. Han perdido mucho más que días de clase; se han quedado sin contención, sin el amparo y la referencia que brinda el colegio. Todo eso implica un daño irreparable, con consecuencias imposibles de medir, pero seguramente dramáticas.
Un chico sin educación queda expuesto a riesgos superiores a los que implica la pandemia y se torna más vulnerable. No importa. En nombre de “la vida”, que sigan aislados, que sigan al margen, que sigan “protegidos en sus casas”, aunque todos sepamos que esa es una ficción. El gobierno nacional les dice a los padres: “Nosotros cuidamos la vida de sus hijos; los otros los llevan a la hoguera de los contagios y la muerte”. Nosotros y “los otros”.
Más que una narrativa, es un chantaje. Y se esconde bajo un extraño ropaje dialéctico: en nombre del cuidado y del progresismo, se cultiva la indiferencia frente a las secuelas que puedan sufrir los chicos más desprotegidos por la falta de educación.
¿Por qué una industria o un supermercado pueden funcionar perfectamente con protocolos adecuados y una escuela no puede habilitar un gabinete tecnológico para grupos muy reducidos de alumnos? ¿Por qué los chicos pueden hacer salidas recreativas a un parque, pero no pueden ir al patio del colegio? ¿Por qué los profesores de tenis ahora pueden dar clases presenciales y no los de matemática? ¿Por qué el Presidente puede ir a Formosa a abrazar a Gildo Insfrán y el padre de Solange no puede darle a su hija el abrazo final? No hay respuestas para una cuarentena que, a esta altura, ha extraviado la racionalidad y la coherencia, además de cierta sensibilidad humanitaria.
El gobierno porteño garantiza un protocolo que, según ha explicado su ministro de Salud, es “absolutamente confiable y seguro”. Lo propone, además, en un momento en el que –afortunadamente– se registran una leve disminución de casos y una meseta en la curva de contagios. No importa.
“Tenemos que hacer que ellos paguen el costo social”, dice el ministro de Educación de la Nación. No debe ignorar, en el fondo, que el verdadero costo lo pagarán los miles de chicos que han quedado sin escuela. Será un costo dramático, enorme, irremediable. Pero lo que parece contar, en medio de la pandemia, es otra cosa: los costos y los réditos políticos coyunturales.
Como se dijo: la cuarentena parece haber entrado en una fase irracional y cruel. Y mientras los derechos constitucionales se pisotean con indolencia, los jueces miran para otro lado.

LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Seguridad por mano propia en una sociedad aterrada
El incremento del delito en los últimos tiempos en el país ha hecho que el pacto de confianza entre la ciudadanía y el Estado se terminara de romper

Luciano Román
Cada vez más ciudadanos se están organizando en defensa propia. Lo hacen con miedo, en muchos casos –incluso– con un pánico que domina su vida cotidiana. Lo novedoso es que han dejado de ser organizaciones para cooperar y denunciar; ahora son vecinos dispuestos a actuar y a poner el cuerpo en el combate contra el delito. El Estado –hay que decirlo– ya no ejerce el monopolio de la fuerza.
La inseguridad no es, por cierto, un problema nuevo en la Argentina, como tampoco el miedo. Pero algo se ha acelerado en el último tiempo. El pacto de confianza entre la ciudadanía y el Estado se ha terminado de romper. Hubo una etapa en la que esa desconfianza derivó en una privatización de la seguridad: vecinos y comerciantes contrataron alarmas, vigiladores, sistemas de cámaras y monitoreo. Un sector de la clase media se refugió en barrios privados. Eso ya no alcanza y hoy parece ingresarse en una fase peligrosa: la seguridad por mano propia. Cada vez más gente decide armarse, mientras crece en los barrios el montaje de redes de vigilancia y patrullaje vecinal. En muchos casos, esa vigilancia incluye rondines de vecinos armados con palos, rotaciones para proteger comercios, interrogatorios a supuestos sospechosos, seguimientosfotográficos,grabaciones de vehículos extraños y pegatina de afiches con rostros de presuntos delincuentes. Lo hemos visto por televisión: son cada vez más frecuentes los episodios en los que vecinos atrapan a un ladrón y ejecutan en el acto una condena, desde una paliza hasta humillaciones y vejámenes. Otros matan en defensa propia. Son síntomas de un desquicio social derivado de la ausencia, la corrupción y la ineficacia estatales.
La inseguridad nos ha robado la tranquilidad ciudadana; nos ha arrebatado el sosiego y la calma. Por supuesto, nos ha quitado libertad, espontaneidad y hasta sociabilidad. Hace mucho que nos da miedo que nuestros hijos hablen con desconocidos o que interactúen en el barrio con cierta naturalidad. Esto nos ha convertido en una sociedad asustada y fragmentada. Ahora corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad paranoica.
En el Gran Buenos Aires y en los grandes centros urbanos, la cuestión adquiereundramatismoescalofriante. Pero el problema se ha extendido al interior, incluso a pequeñas localidades que se caracterizaban por su tranquilidad. Lugares que hasta hace poco eran elegidos para escapar de la inseguridad de las ciudades (como Pinamar, para citar un caso concreto) hoy viven aterrados, con vecinos encerrados tras la caída del sol, organizados por Whatsapp para controlar desde sus ventanas cualquier movimiento extraño.
La cuarentena eterna parece haber agudizado este drama social. También ha contribuido la masiva excarcelación de presos (cuyos efectos empiezan a padecerse ahora en muchas barriadas del conurbano). Pero otro componente es el desconcierto que genera la falta de coherencia en el comando de la seguridad pública: una académica y un militar simbolizan los extremos de una estrategia pendular que confunde a la ciudadanía y favorece el descontrol.
Mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación apela a la antigua cantinela de negar el aumento de los delitos, echar la culpa a los medios y elaborar teorías academicistas para explicar la violencia, su par bonaerense nos propone a una suerte de Rambo bien entrenado, que exhibe su fuerza física en una rutina de abdominales, hace alarde de virilidad y sale por los descampados en operativos fotogénicos para subir a Twitter.
Frente a este burdo espectáculo de la política, las familias viven con el corazón en la boca. Y una madre, la de Facundo Astudillo, espera que el Estado le explique qué pasó con su hijo.
La contradicción entre Rambo y una antropóloga quizá exprese el mareo del Gobierno frente a un problema que lo incomoda. La inseguridad siempre fue una piedra en el zapato del actual oficialismo. Desde las marchas conmovedoras de Blumberg se intentó la política del péndulo: por un lado, algunas leyes duras, la Gendarmería en el conurbano y una retórica oportunista; por el otro, la doctrina zafaroniana, policías desarmados fuera de servicio y garantismo militante. Una mezcolanza híbrida que, por supuesto, agravó el problema.
Frente a la inseguridad, resultan inapropiadas las categorías con las que cierta parte del poder procesa los conflictos sociales: es un flagelo que atraviesa al conjunto de la sociedad, que castiga con mayor virulencia a los sectores pobres y mete miedo, por igual, a las capas medias y altas de la pirámide social. Es difícil estigmatizar el reclamo, como se ha hecho con el banderazo. Las simplificaciones clasistas y los ideologismos simplones no parecen suficientes ante la inseguridad.
Los intendentes, mientras tanto, disimulan su impotencia. Muchos se quejan en voz baja de la política de Berni (a la que algunos califican como “una cáscara vacía” y “una campaña de promoción personal”). Aseguran que les han sacado patrulleros y hay menos personal en las calles. Admiten, por otra parte, que los operativos por la cuarentena absorben muchos recursos policiales. En el interior, por ejemplo, tienen buena parte de sus efectivos y patrulleros asignados a controlar los accesos. Otros agentes se dedican a custodiar los movimientos de personas que entran a las localidades. Policías de varias provincias se movilizaron hace unos días para impedir que un padre se despidiera de su hija agonizante. En eso se consumen las energías policiales.
La imagen de Río Negro, donde detuvieron agresivamente a una mujer que paseaba a su perro en aparente violación de la cuarentena, es otro símbolo del despropósito. También de la oportunidad y la ventaja que se le está dando a la delincuencia.
El humorista Rolo Villar, con esa agudeza penetrante que disfrutan los oyentes de Radio Mitre, lo sintetizó así: “Unos pibes van a entrar a una casa cuando los intercepta la policía. ‘¿No saben que están prohibidos los eventos familiares?’, les advierten, con rigor. ‘Pero no, nosotros veníamos a robar...’ ‘Ah, bueno… entonces sigan’”. El humor suele captar con mayor profundidad que la política algunos desatinos de nuestra realidad cotidiana.
Lo cierto es que en muchos distritos también ha disminuido la presencia de patrullas municipales. No lo dicen en voz alta, pero varios intendentes reconocen que tienen serias dificultades operativas por la drástica caída que han sufrido en su recaudación. Es otra consecuencia de la parálisis por la cuarentena. Como si fuera poco, tienen menos agentes porque muchos pertenecen a grupos de riesgo. Por todo eso, sumado a dosis importantes de inoperancia, hay municipios (como el de La Plata) que ni siquiera cambian las luminarias quemadas. Las ciudades están más oscuras, más desiertas, más desprotegidas: ¿eso no es zona liberada? Hay que agregar los cortes de luz, que en todo el conurbano se han vuelto a intensificar.
En muchas barriadas, además, detectan una mayor violencia en el arrebato callejero. Y algunos dirigentes sociales aportan una novedosa explicación: “Lo común era que ante un robo la víctima entregara enseguida el celular. Ahora se aferra y se resiste; no lo quiere soltar porque sabe que no lo podrá reponer”. Son aristas de un drama social que también se ha profundizado en estos meses.
Mientras la política discute una extravagante e inoportuna reforma en la Justicia Federal, hay una sociedad con insomnio: el miedo no la deja dormir. ¿Se seguirá negando lo evidente? ¿Seguirá oscilando el péndulo? ¿Volverán a apostar al maquillaje? ¿O algún día se entenderá que la seguridad exige una política de Estado? ¿O algún día se decidirá tomar en serio un drama que no nos deja vivir en paz?
La inseguridad nos ha robado la tranquilidad ciudadana; nos ha arrebatado el sosiego y la calma. Por supuesto, nos ha quitado libertad, espontaneidad y hasta sociabilidad

LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Las ambulancias de Ishii y la tragedia de las periferias urbanas
El intendente expuso la naturalidad con que la política y los gobiernos municipales conviven con “la falopa” y la cobertura con la que cuenta el narcotráfico

Luciano Román
Hay una cosa que agradecerle al intendente Mario Ishii. Con desparpajo, y bajo un poncho de aparente inmunidad, ha expuesto la naturalidad con que la política (y en particular los gobiernos municipales) convive con “la falopa”. Ha puesto en palabras lo que muchas veces preferimos no ver: la cobertura con la que cuenta el narcotráfico en nuestros centros urbanos.
Sin querer (o traicionado por el subconsciente), Ishii ha hablado del flagelo más profundo y doloroso de la Argentina contemporánea. Y lo ha hecho con una displicencia que es, por cierto, muy reveladora. El poder ha naturalizado el avance del narcotráfico. En el mejor de los casos, se asume impotente para combatirlo. Y hasta quizá se sienta cómodo en la convivencia con él. No hay barriada del conurbano donde los propios vecinos no sepan dónde y quiénes venden droga. Es imposible que no lo sepan los intendentes, los concejales, los comisarios. Sin embargo, el tema ni siquiera forma parte de la agenda dominante. ¿Por connivencia? ¿Por inoperancia? ¿Por miedo? Tal vez por todo eso.
Basta observar con ojo atento las periferias urbanas para advertir los estragos que hace la droga entre los más jóvenes. Se lo ve en las esquinas, donde adolescentes con la mirada perdida y sus cuerpos encorvados exhiben, en silencio, sus energías devoradas por el paco. Se lo comprueba al hablar con los responsables de cualquier comedor comunitario, con curas, pastores o referentes de organizaciones sociales. Todos conocen a madres de pibes sumergidos en la droga. Todos escuchan historias desgarradoras de hijos que les roban a sus propios padres en la desesperación por consumir. Todos tienen registro cotidiano de chicos que dejan el colegio, que caen en el delito, que se alejan de sus familias y entran en un túnel oscuro que conduce al desquicio. Esa es la tragedia que esconden las ambulancias de Ishii.
Destructiva y devastadora, la droga se ha enquistado en los barrios suburbanos como una perversa alternativa de ascenso social. Provee una escalera más rápida y eficiente que las de la educación y el trabajo. En la base de la pirámide narco, “los soldaditos” encuentran en el menudeo la forma más fácil de ganar plata. Adquieren, además, cierto poder y hasta una especie de prestigio marginal. Familias en apuros recurren al narco ante cualquier emergencia. Y en ese paternalismo delictivo se teje un entramado de dependencias, complicidades y silencios que ampara el crecimiento del negocio criminal. Las mafias de la droga ocupan, en muchas zonas vulnerables, el lugar del Estado, como si se hubiera consentido una siniestra privatización de funciones básicas de asistencialismo. El narco es “el patrón” en geografías desangeladas en las que ha desaparecido cualquier concepto de ciudadanía. No debe ser casual, después de todo, que la ficción más exitosa de nuestra televisión haya sido El marginal. Como si algo nos mostrara en el espejo.
La droga se ha infiltrado en todas las clases sociales, pero hace estragos en los sectores más vulnerables. Allí, el narcotraficante ejerce los códigos de la mafia: ayuda a cambio de lealtad. Brinda protección, otorga préstamos, gestiona cualquier asistencia y hasta ofrece “servicios de justicia” por mano propia. Los “padrinos” consiguen desde sillas de ruedas hasta abogados gratis. A sus soldaditos, mientras tanto, los seducen con tentaciones fáciles: tienen la moto más llamativa, el último modelo de celular, la campera más cara. A la larga, habrá que pagarlo. Pero lucran con la debilidad de chicos que viven sin largo plazo, que prefieren “jugársela” en una especie de ruleta rusa antes que resignarse a un futuro que no les ofrece esperanzas.
Tal vez sean necesarias algunas preguntas incómodas: ¿hay sectores del poder que prefieren a los jóvenes doblegados por la droga? ¿Los tranquiliza, acaso, saber que se conforman con su dosis diaria de “falopa”? ¿Hay intendentes que duermen más tranquilos porque el narco da en algunos barrios las respuestas que ellos no pueden dar? Algo aún más inquietante: ¿hay barriadas que no “explotan” por la anestesia de la droga y la “contención” de los narcos? Si hay una cultura política que convive bien con este drama social, es probable que se esté incubando, al menos en algunos feudos suburbanos, lo que Miguel Wiñaski define como la amenaza de un “narcopopulismo”.
El del narcotráfico tal vez sea uno de los pocos negocios que han funcionado con normalidad en la cuarentena, como si tácitamente se lo considerara esencial. Esta es, al menos, la conclusión que se desprende de testimonios de algunos dirigentes barriales: “La droga no ha faltado; el ‘delivery’ nunca se interrumpió; no hemos visto ninguna crisis masiva de abstinencia”. Así lo resume el responsable de una ONG solidaria que trabaja en la periferia de La Plata. Y abona esa hipótesis incómoda: la emergencia social se administra con bolsones de alimentos, con planes y subsidios, pero también con una especie de equilibrio y contención al que contribuye, de distintas formas, el narcotráfico.
La droga –como es obvio– potencia el delito, activa euforias pasajeras, desata una desinhibición siempre peligrosa y estimula conductas descontroladas. La droga siembra violencia en los hogares, en los barrios, en las ciudades. Pero también adormece, genera telarañas de dependencia y de sumisión, anestesia y debilita. La droga ha deprimido y aplastado la vitalidad de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Por supuesto, también mata. Se trata de una pandemia en la que nadie lleva la cuenta. Si sumáramos, día a día, los casos de jóvenes que caen en la adicción como sumamos los infectados por coronavirus, quizá tomaríamos dimensión de un drama que tendemos a esconder bajo la alfombra.
En las esquinas, detrás de esos ojos acuosos e inexpresivos, hay jóvenes que nacieron en los inicios de la “década ganada”. Tienen entre 17 y 18 años, y están como están. Son hijos de la pobreza estructural. Son víctimas y están peligrosamente cerca de convertirse en victimarios. Sin presente y sin futuro, se aferran a una subcultura propia. Es la forma de tener algo propio, de sentir que algo les pertenece, aunque eso no sea más que un código que los condena a la marginación. Viven en barrios en los que, en medio de la eterna cuarentena, no solo han cerrado las escuelas; también han cerrado los clubes y han desaparecido las changas. Si eran vulnerables, hoy son carne de cañón.
¿Cuánto hace que no escuchamos noticias sobre detenciones o caídas de grandes organizaciones de tráfico de drogas? La noticia, en cambio, ha sido la liberación de narcos con la excusa de la pandemia. Ahora supimos de un fiscal en San Isidro que por lo menos les habría garantizado impunidad ¿Hasta dónde ha penetrado el poder narco dentro de nuestras instituciones? ¿Hasta qué punto ha colonizado fuerzas policiales como la bonaerense? Solo por avisar antes de un allanamiento, un comisario puede cobrar el equivalente a tres años de su sueldo. Las zonas liberadas se pagan en efectivo. Muchos sospechan que algunos operativos se hacen para evitar que una banda invada la jurisdicción de otra. Así, la policía se dedicaría a regular, no a combatir el narcotráfico.
Tal vez sin querer, Ishii nos ha hablado de estas cosas. Es cierto: quedó fuera de contexto. El contexto, al fin y al cabo, es ese dramático paisaje en el que el poder hace silencio y cultiva el cómodo y a veces rentable ejercicio de hacer la vista gorda.
¿Hay barriadas que no “explotan” por la anestesia de la droga y la “contención” de los narcos?
Es probable que se esté incubando la amenaza de un “narcopopulismo”

LUCIANO ROMÁN ANALIZA

¿Irse del país o quedarse? El desvelo de una clase media desilusionada
La Argentina, que alguna vez convocó la esperanza, hoy empuja a la frustración, por causa de un sistema que desprecia el mérito y ha hecho que el esfuerzo no valga la pena

Luciano Román


Apenas se normalicen las cosas, vendemos todo y nos vamos del país”. Si afinamos el oído y prestamos atención, escucharemos muchos anuncios similares a nuestro alrededor. Como en los tiempos asfixiantes de la dictadura, como en el desasosiego de la hiperinflación o el descalabro de 2001, se está gestando una nueva diáspora de familias de clase media, empujadas ahora por la crisis y la incertidumbre que se han acentuado con la eterna cuarentena.
Son parejas de mediana edad que sienten que la peripecia argentina les ha quitado fuerzas para seguir remando. Se les ha desvanecido la esperanza de un cambio en el país. Han acumulado frustraciones con uno y otro gobierno; han apostado y han perdido; han vuelto a creer y se han vuelto a desilusionar. No quieren más. Están decepcionadas de la Argentina de los últimos veinte años y tienen miedo a la que vendrá. Ya han sufrido la inseguridad, el achicamiento de sus negocios y su horizonte laboral y profesional, la recesión, la estanflación y la erosión de sus ahorros. Cargan con el desencanto de “un país normal” que se quedó en el eslogan de los brotes verdes que no florecieron, de los segundos semestres que nunca llegaron, de promesas que se evaporaron y grietas que no se cerraron. Ahora temen que, lejos de mejorar, las cosas empeoren y los traumas se agudicen. Tienen miedo por el futuro de sus hijos. Cuando proyectan a largo plazo, no vislumbran oportunidades, mucho menos desarrollo. Hasta perciben un panorama oscuro en materia de libertades e institucionalidad. Por eso piensan en desandar el camino de sus abuelos y bisabuelos: imaginan un futuro lejos de la Argentina; de una Argentina que alguna vez convocaba la esperanza y hoy empuja a la frustración.
En ese segmento de la clase media que piensa en irse del país (o al menos fantasea con esa idea) hay pequeños y medianos empresarios, profesionales, comerciantes, artistas, científicos y emprendedores. También hay un fenómeno acaso novedoso: padres que consideran que ya es tarde para ellos, pero impulsan a sus hijos a emigrar. Aunque es difícil cuantificarlo, está claro que no son casos aislados. Representan, además, un espíritu de época, dominado por el escepticismo y la desazón. Son hijos de un país fallido; de un país que ha caído en una suerte de default moral y que provoca fatiga, angustia y desmotivación.
Está claro de dónde se quieren ir. Es inevitable, sin embargo, preguntarse adónde llegarán. El mundo está hoy dominado por la incertidumbre. Aun antes de la pandemia, los países más estables y sólidos de Occidente ya lidiaban con graves problemas de empleo y de desigualdad. Esas fragilidades se han acentuado con la irrupción del “cisne negro” que representó el coronavirus. Es un mundo, además, en el que se han avivado los nacionalismos y las resistencias a la inmigración, en el que la robotización ha destrozado fuentes de trabajo y el estado de bienestar se ha replegado. Ese cóctel de frustración y desánimo ha incubado fenómenos políticos extravagantes, como los de Trump o Bolsonaro. Es cierto: es un mundo donde –en líneas generales– el pacto entre los ciudadanos y los gobiernos todavía funciona, en el que cada uno hace su parte, se respetan reglas de juego, hay seguridad jurídica y se mantienen altos estándares de calidad de vida. Es un mundo donde “el sistema” aún ofrece garantías.
Pero es, a la vez, un conglomerado de sociedades menos homogéneas y más fragmentadas. Encontrar un lugar en ese mundo no es sencillo. Seguramente es más difícil de lo que era hace veinte, treinta o cuarenta años. Más difícil, incluso, de lo que era el año pasado. Empezar de cero en países como España, Francia o Italia, en Estados Unidos o en Canadá, en Gran Bretaña o Alemania implica recorrer un camino empinado, lleno de obstáculos y dificultades. El de la Unión Europea hoy es un pasaporte a un mundo en crisis; un mundo que ha levantado muros, en muchos casos burocráticos: es cada vez más arduo conseguir permisos de residencia, visas de trabajo, homologación de títulos. E inmigrar sin papeles puede implicar un salto a la marginalidad.
Irse del país supone, también, lidiar con el desarraigo. Aun en tiempos de fácil interconexión y “cercanía digital”, el exilio siempre es una forma de desgarro. Irse es perder comunidad, renunciar al sostén cotidiano de padres y abuelos. Es perder, de alguna forma, historia e identidad para empezar en un lugar donde nadie nos conoce, donde no tenemos raíces, donde desaparece la red de contención. Es cierto: se renuncia al pasado por la esperanza de un futuro. Se pueden tejer nuevos lazos y forjar una nueva identidad. Lo que no conviene, sin embargo, es idealizar las cosas ni subestimar la brecha entre fantasía y realidad.
Muchas parejas imaginan el éxodo como un sacrificio por sus hijos. No ignoran que les tocará enfrentar un proceso complejo y difícil, pero creen que valdrá la pena para que los chicos se arraiguen en un país que les ofrezca perspectivas más alentadoras. Plantean, además, objetivos módicos. Las alienta la ilusión de vivir en lugares más estables, más seguros, más previsibles. Saben que todo les va a costar, pero creen que el esfuerzo tendrá sentido. Y en esa convicción tal vez resida la razón de fondo: buscan un lugar donde el esfuerzo todavía valga la pena.
¿El poder está escuchando este mensaje? La diáspora de la clase media, que incluye la fuga de cerebros y de energía creadora, suele negarse desde las cúpulas gubernamentales con cierta indiferencia. Se tiende a verla como “casos aislados”, no como un fenómeno social. Se los ve como proyectos de salvación individual, no como síntoma doloroso de un país que no ofrece confianza ni futuro. No faltará alguien que lo defina como “un lujo de familias chetas” que aspiran al primer mundo. Es, sin embargo, una cabal expresión de la tragedia argentina.
Tal vez debamos encarar un debate ciudadano sobre este fenómeno. Sin minimizarlo, sería útil ponerlo sobre la mesa e instalarlo en nuestra conversación pública. Es posible que así podamos reconocer que hay razones para irse, pero también para quedarse.
Desde la década del sesenta, en la Argentina han existido oleadas sucesivas de emigración. Ese país que había albergado a exiliados de la guerra y la pobreza de Europa, y que había brillado como una tierra de oportunidades, en algún momento empezó a expulsar a sus hijos. Lo hizo en las dictaduras, pero también en democracia. Lo hizo con persecuciones políticas, pero también con derrumbes económicos. Lo hizo con un sistema que ha desalentado el esfuerzo, que ha despreciado el mérito y que ha sembrado la desmoralización y el desánimo.
Cada familia que opta por el desarraigo podrá encontrar, o no, las oportunidades que busca en otra tierra. El mundo siempre es, al fin y al cabo, una aventura estimulante y seductora; una geografía de oportunidades infinitas que vale la pena explorar y conquistar. Pero cuando es tu propio país el que te empuja a irte, cuando la decisión surge más del desencanto que del deseo, son inevitables la amargura y el dolor. ¿Podremos reconstruir la esperanza y el optimismo que ha extraviado nuestra clase media? Esa debería ser nuestra gran apuesta ciudadana. Hablar de lo que nos pasa, con franqueza y con honestidad intelectual, puede ser un primer paso.
¿El poder está escuchando este mensaje?
No faltará alguien que defina el fenómeno como “un lujo de familias chetas” que aspiran al Primer Mundo