LUCIANO ROMÁN ANALIZA,

Casinos sí, escuelas no; los chicos, arrojados a la banquina
cuarentena. En la Argentina han sido afectados derechos fundamentales, entre ellos, la igualdad educativa

Luciano Román
En el manejo dogmático, contradictorio y por momentos absurdo que se ha hecho de la cuarentena, se han afectado en la Argentina derechos fundamentales, entre los cuales figuran nada menos que la libre circulación y el trabajo. El sacrificio más doloroso, sin embargo, es el de la igualdad educativa, y tal vez sea el más difícil de remediar. Se han consagrado, lisa y llanamente, el abandono generalizado de los alumnos y la más absoluta inequidad: solo se han salvado los chicos de sectores privilegiados.
En medio de un debate que todo el tiempo parece ponernos entre la vida y la muerte, el cierre de las escuelas parece un tema ignorado. Ya se ha perdido el año entero. Es engañoso suponer que las clases virtuales han permitido mantener viva la escuela. Eso solo ha pasado en los colegios de elite, y ni siquiera en todos. Hay que admitirlo: así como se optó por sacrificar la economía (como si fuera algo separado de la salud, de la vida, del bienestar y del equilibrio de una sociedad), se ha optado, también, por sacrificar la educación. El costo lo veremos más adelante. Especialistas en hipotecar el futuro, los argentinos ya hemos confirmado que la educación, después de todo, ha dejado de preocuparnos. Si no fuera así, resultaría inexplicable el derrumbe de la escuela pública en las últimas décadas.

A veinte años de haber escrito

La tragedia educativa, el profesor Guillermo Jaim Etcheverry acaba de publicar Educación. La tragedia continúa, un libro que debería ser de lectura obligatoria entre padres, docentes y dirigentes de cualquier ámbito. Describe ni más ni menos que una actitud suicida, un virtual abandono de la educación pública argentina y un declive cada vez más pronunciado que condena a las nuevas generaciones. En cualquier país habría provocado un terremoto; habría escandalizado a la sociedad. Acá no ocurrió nada de eso. Da la impresión de que no queremos escuchar, ni siquiera queremos enterarnos de que la Argentina ha dinamitado uno de los capitales más valiosos que supo tener: el de la educación pública de calidad.
No es raro, entonces, que ahora miremos con indiferencia, en silencio y casi con desinterés el cierre de los colegios, la suspensión lisa y llana del servicio educativo y la pérdida, para millones de chicos y adolescentes, no solo de un año de clases, sino también de todo lo que significa la escuela en materia de contención, de guía, de disciplina, de formación y de estímulo. ¿Hay en la Argentina una verdadera preocupación por este gigantesco apagón educativo? ¿Hay suficiente presión social para volver a poner en marcha las escuelas? ¿Es un tema prioritario en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en el propio sistema educativo, en las familias, en los gobiernos? Nadie parece creer que sea un asunto de necesidad y urgencia.
Los gremios docentes solo han roto el silencio para avisar que nos olvidemos de que las escuelas reabran hasta que algún día aparezca una vacuna. De ellos parece depender. Los gobiernos se han subordinado a los sindicatos docentes. Y el único intento de hacer una mínima reapertura para los chicos más vulnerables en la ciudad de Buenos Aires fue abortado desde el Ejecutivo nacional por la presión sindical. De paso, fue pisoteada la autonomía jurisdiccional.
Nadie discutió, en una primera fase de la pandemia, la conveniencia de suspender las clases para atenuar riesgos sanitarios. Pero han pasado seis meses. Han reabierto casi todas las actividades. En algunas provincias (como Chubut) hasta han habilitado los casinos. ¿No se pueden pensar protocolos y métodos seguros para un gradual y cuidadoso regreso a las aulas? Por supuesto que no es sencillo ni se podría hacer de una manera atolondrada. Eso no significa que no se puedan pensar alternativas responsables.
Está claro que muchísimos docentes y directivos, como muchos alumnos y padres, han hecho grandes esfuerzos para sostener un trabajo educativo que ha sido fundamental. Pero no podemos engañarnos. Relevamientos en varios municipios confirman que una enorme cantidad de alumnos (al menos 40% de los secundarios) han perdido en estos meses todo contacto con sus docentes; muchísimos otros solo han tenido una conexión esporádica. Es obvio, por otra parte, que en el mejor de los casos lo que se ha hecho es algo precario, limitado, que ni siquiera permite evaluar a los alumnos y mucho menos estar encima de los estudiantes más rezagados. En materia educativa, se ha hecho lo que se ha podido. Y se ha podido poco.
Un Estado que hace alarde de presencia, de vitalidad y de un cuidado casi paternal se ha olvidado nada menos que de la educación pública. Y ha profundizado algo que ya era muy evidente (y muy grave) antes de la pandemia: la enorme brecha entre los sectores privilegiados y los más necesitados. Los chicos de colegios privados han tenido mejores herramientas que los de escuelas públicas, mayor disponibilidad de sus docentes y mayor continuidad en el proceso de enseñanza. Los que tienen varias pantallas en sus hogares, buena conexión de wifi, espacio para concentrarse y orientación de sus padres han atenuado el impacto de no ir al colegio. El resto ha quedado en la banquina, librado a su suerte, desconcertado y desatendido. Es razonable suponer que a miles de alumnos les será muy difícil retomar: cuando se corta el hilo entre un alumno y la escuela, es muy complicado reconstruirlo. Lo mismo cuando se pierde algo intangible como es la cultura escolar: la disciplina, el hábito, la rutina, el sistema ordenador que implica ir todos los días al colegio. Recuperar todo eso puede llevar años, y muchísimos chicos suelen quedar en el camino.
No existe el “sindicato de alumnos”. ¿Quién reclama, entonces, por su derecho a volver a la escuela? “No queremos que se contagien”, dirá el dogma oficial. ¿No se puede hacer lo que han hecho otros países, donde las clases se han retomado sin sufrir ninguna tragedia? ¿El Estado no les debería ofrecer a las familias seguridad y garantías en lugar de sembrar el miedo y extorsionar con la muerte? Padres y madres tienen justificados temores. Muchos, además, están demasiado agobiados por la pérdida de empleos, por la reducción de ingresos, por las secuelas psicológicas del encierro, y también tienden a postergar la preocupación por el colegio. Hay, además, un fenómeno muy anterior a la pandemia: creemos que el problema es de los otros. En palabras de Jaim Etcheverry: “Si bien, en general, se advierte la existencia de la enfermedad (educativa), nadie se siente afectado por ella”. La crisis educativa es una pandemia que nos negamos a reconocer.
La escuela pública ya venía –por supuesto– muy golpeada. En las últimas décadas había perdido calidad y autoridad. Los docentes fueron ninguneados al amparo de un sindicalismo que les quitó jerarquía y de una burocracia que les amputó autonomía. Pero al menos la escuela estaba abierta. Hoy ya no. De algo podemos estar seguros: lo vamos a lamentar. ¿Le interesará al Gobierno que los chicos más vulnerables vuelvan a las aulas? Hace casi 170 años, Juan Manuel de Rosas escribía desde su exilio en Inglaterra: “Meter a los pobres en el colegio solo les quita tiempo para buscarse el sustento y ayudar a sus padres. ¿De qué sirve la escuela? Solo para llenar la cabeza del pobrerío con apetitos incontrolables”. 

Es el fragmento de una carta que rescata Eduardo Belgrano Rawson en Noticias secretas
de América. Hoy nadie se atrevería a decirlo así, mucho menos a escribirlo. Pero las escuelas están cerradas. Y Juan Manuel de Rosas, desde un cuadro imponente, preside el despacho del gobernador Kicillof.
¿Hay en la Argentina una verdadera preocupación por este gigantesco apagón educativo? ¿Es un tema prioritario en el Congreso, en las familias?