OSCAR OSZLAK, OPINA

Captura del Estado y rentismo, males de la democracia
A las grietas existentes habría que sumar las que dividen a los ciudadanos entre apropiadores del patrimonio público y damnificados por esa apropiación

Oscar Oszlak
Diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?” Esta pregunta del Latinobarómetro, planteada cada año a los latinoamericanos durante la mayor parte del período transcurrido desde 2004, tuvo una respuesta rotunda. En promedio, el 75% de la población de la región se inclinó por la primera opción. En la Argentina, las opiniones (73%) están cerca del promedio. Pero en países como Brasil y México, que con 97% y 90% encabezan la tabla, esa opinión es casi unánime. Incluso países tradicionalmente considerados modelos de democracia, como Chile y Uruguay, que además lideran las estadísticas de control de la corrupción en la región, presentan valores del 81% y 75%, respectivamente.
Estos resultados parecerían indicar que no es lo mismo un gobierno que beneficia más a ciertos grupos poderosos que un gobierno abiertamente corrupto. La diferencia es de grado, ya que las reglas que facilitan el sesgo sistemático para la obtención privilegiada de rentas o permiten la corrupción manifiesta suponen el previo acceso al mecanismo que los hace posibles: la captura del Estado. Esta captura se manifiesta de formas variadas e implica el ejercicio de influencia desmedida sobre el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas, por parte de una élite que promueve intereses particularistas en detrimento del interés general de la sociedad. Como resultado, se resiente la equidad distributiva y se debilitan las bases institucionales de la democracia. Y a pesar de no ser un resultado legítimo, suele presentarse como legalmente válido.
Una de sus manifestaciones es el rentismo. La politóloga Cristina Zurbriggen, que dedicó un libro a analizar este fenómeno en Uruguay, lo asocia con la concesión estatal de tratamientos cambiarios a las exportaciones, la distribución de divisas destinadas a la importación y, en general, a la vigencia de redes rentistas consolidadas y legitimadas por reglas particularistas que han dominado la cultura política del país. Una breve digresión parece confirmarlo. En 1933, nació en Montevideo un poco conocido club de fútbol. Cuenta la leyenda que cuando los jóvenes que formaron el cuadro inicial fueron exhortados por un árbitro profesional a realizar una práctica “en serio”, les preguntó: “¿Alguien trabaja mañana...?”. Ante el silencio general, uno murmuró: “Vivimos de rentas...”. El nombre “Rentistas” fue adoptado inmediatamente para el club naciente, que actualmente revista en la primera división.
Pero el rentismo es ubicuo. Refiriéndose a México, Hernández López identifica un similar patrón de comportamiento de las élites y la perpetuación de las estructuras que han mantenido históricamente una orientación extractiva que fomenta la desigualdad e imbrica al poder económico con el poder político. Identifica, en tal sentido, a una élite empresarial dedicada a la caza de rentas, renuente a la creatividad y a la innovación, que concentra el poder económico mediante rentas de monopolio en actividades extractivas y financieras, facilitadas por sus conexiones con el poder político.
Por su parte, Bresser Pereira, exministro del presidente Fernando Henrique Cardoso, ha señalado que el cuasi estancamiento de la economía brasileña desde 1980 se debe en parte a la existencia de poderosos grupos de interés, a los que llama “privatizadores del patrimonio público”, que no respetan los derechos republicanos ciudadanos, obteniendo privilegios legales: tasas de interés desmedidas, beneficios cambiarios, desgravaciones o exenciones fiscales, concesiones abusivas y subsidios diversos. También incluye entre los apropiadores de renta a altos funcionarios públicos cuyas remuneraciones son mucho mayores que el valor de su trabajo y hasta a quienes capturan la naturaleza o el medio ambiente, que es un bien público por antonomasia.
La apropiación del Estado y el rentismo han sido, también, rasgos característicos de las relaciones entre economía y política en la Argentina. Ya en el siglo XIX, la burguesía exportadora local, que integraba todas las comisiones gubernamentales en las que se elaboraban las políticas fiscales, conseguía que la recaudación aduanera gravara casi exclusivamente las importaciones, y no las exportaciones, lo cual le permitió acumular la enorme renta diferencial que generaba la economía pampeana. Durante el menemismo, las evidencias de captura de los entes reguladores por parte de las empresas privatizadas que debían auditar fueron registradas hasta en trabajos financiados por el Banco Mundial.
De hecho, todos los gobiernos argentinos sufrieron situaciones de captura, gracias al activo y cómplice acompañamiento de sus responsables políticos o pese a su militante y frustrante empeño por evitarlas. Solo desde el regreso de la democracia se dispuso media docena de blanqueos de capitales, que con distintos eufemismos en su denominación, intentaron disimular su origen espurio; y en estos días, se contempla la adopción de un séptimo perdón tributario. Regímenes de promoción que implicaron importantes transferencias de recursos, terminaron generando las famosas “industrias con ruedas”. El jubileo dispuesto después de 2001 a través de la pesificación de pasivos implicó de hecho una licuación de deudas bancarias y una brutal redistribución de ingresos en favor de los sectores económicos más poderosos. Los sistemas de compras, suministros y licitaciones estatales, a pesar de su digitalización, muestran enormes agujeros por donde se filtran ingentes recursos hacia sectores cartelizados.
Pero no solo los sectores económicos son beneficiarios de la captura estatal. La dilación indefinida de causas judiciales permite que fueros legales y corporaciones judiciales impidan el procesamiento de presidentes, ministros o jueces, con causas no cerradas o denuncias penales, que pueden continuar su carrera política o jubilarse, cobrando dietas o jubilaciones astronómicas. Funcionarios al servicio de agencias estatales selectas pueden percibir salarios tres o cuatro veces superiores a los recibidos por sus pares en organismos condenados a escalafones más escuálidos. O generosos “retiros voluntarios” premian los servicios de quienes, muchas veces, egresan por la puerta del Estado y regresan por la ventana amparados por otras formas de contratación.
Con diferentes matices, los latinoamericanos vivimos en democracias capturadas, donde para mantener los privilegios de unos pocos, se ha echado mano a cuanto recurso haya permitido conseguir ese resultado: campañas mediáticas manipuladas, “puerta giratoria” entre cargos públicos y privados, conversión de procedimientos extraordinarios en ordinarios, regulación del financiamiento partidario, actividades de cabildeo o lobbying, velo “técnico” de decisiones esencialmente políticas, judicialización para el retraso o bloqueo de normas fiscales, movilizaciones sociales para forzar políticas inequitativas, u otros mecanismos casi indistinguibles de auténticas prácticas corruptas, como el uso de paraísos fiscales, el soborno, los conflictos de interés y el tráfico de influencias.
La pandemia ahondó, y puso más en evidencia, las ya profundas desigualdades que caracterizan a la estructura social en América Latina. A las grietas existentes, y a las que se han abierto, habría que sumar y colocar, bajo un foco más potente, las que amparadas y disimuladas por su “legalidad”, dividen a los ciudadanos entre apropiadores del Estado y damnificados por su captura.
Investigador titular, área política y gestión pública del Cedes
Desde el regreso de la democracia se dispuso media docena de blanqueos de capitales, que, con distintos eufemismos en su denominación, intentaron disimular su origen espurio

OSCAR OSZLAK, OPINA

La confianza de los ciudadanos en sus gobiernos está en crisis

Oscar Oszlak
Para recuperar la valoración positiva, las administraciones deben atender la exigencia social de apertura, participación cívica y rendición de cuentas
Un reciente libro llamó mi atención desde su título: Good Enough for Government Work. Algo así como "suficientemente bueno por tratarse de un producto o una tarea realizados por el gobierno", dando a entender que si ese era su origen, no podía esperarse nada mucho mejor. El subtítulo, que traduzco libremente, corroboraba su sentido crítico: "la crisis de la reputación pública en los Estados Unidos". Según el libro, la enorme mayoría de los ciudadanos de ese país tiene una percepción muy negativa del gobierno y considera que es despilfarrador, ineficiente y poco apto para administrar programas y proveer de servicios públicos.
Curiosamente, el título del libro corresponde a una vieja expresión que, con el tiempo, adquirió un sentido inverso al original. Durante la Segunda Guerra Mundial, la frase no solo no tenía un sentido derogatorio, sino que representaba el alto grado de excelencia establecido por la mayoría de los niveles de gobierno, especialmente en la producción militar para la guerra. Además, trabajar para el gobierno suponía tener una profesión muy prestigiosa y la confianza en su desempeño era un valor socialmente compartido. Con el tiempo, ese prestigio y esa confianza se fueron desvaneciendo, cosa que el mencionado libro trata de explicar.
El principal argumento de su autora, Amy E. Lerman, es que, además de tratar de mejorar su eficiencia y eficacia, el gobierno tiene una tarea crítica: desterrar la creencia de que el sector público está atascado en su incompetencia. Advierte que las percepciones negativas son altamente resistentes al cambio, porque tendemos a percibir el mundo de modo tal que se confirman nuestros estereotipos negativos sobre el gobierno, aun frente a nueva información en contrario. Y entonces suele ocurrir que aquellos que optan por servicios privados (educativos, de salud, de seguridad), terminan favoreciendo la reducción de la calidad objetiva de las prestaciones públicas. Así, las creencias ciudadanas sobre la calidad del gobierno se convierten, rápidamente, en profecía autocumplida.
No creo que este sea el principal problema. Desde la época del presidente Kennedy, en que la confianza en el gobierno se ubicaba en un 80%, hasta el actual nivel de apenas un 20%, la caída ha sido dramática. Años atrás, analicé en mi libro Gobernar el imperio: los tiempos de Bush, algunas de las falencias y excesos del gobierno estadounidense. Observé la menguante vocación de las nuevas generaciones por convertirse en funcionarios estatales. Comprobé la desmedida privatización de servicios mediante la contratación de empresas altamente concentradas, cuya dotación agregada era incluso superior a la del gobierno federal. Registré que el estado de California encerraba más prisioneros que Francia, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Holanda y Singapur juntos, y que muchas de sus cárceles eran privadas. Me enteré de que los grupos de presión gastaban 7 millones de dólares por día en intentar orientar las políticas gubernamentales en beneficio de sus miembros; o de que solo en 2005, el Pentágono envió a 36.000 militares y personal civil a participar en 6600 conferencias en el mundo, a un costo de casi 80 millones de dólares.
No es fácil contrarrestar con la prédica el deletéreo efecto combinado que estos y otros procesos generan en la opinión pública, ni lo resuelve el marketing político o una feliz estrategia comunicacional. Para colmo, la instalación de esta visión negativa en la percepción ciudadana impide descubrir los bolsones de excelencia que, sin duda, existen tanto en el sector público de EE.UU. como en el de los de los países del mundo menos desarrollado.
En América Latina y el Caribe, el 75% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en el gobierno. A pesar de los enormes progresos en la digitalización del sector público, todavía se necesitan invertir más de 5 horas para completar un trámite con la administración pública, con extremos de 2 horas en Chile y 11 en Bolivia. Un 30% de los latinoamericanos admite haber pagado un soborno para acceder a un servicio público. Sobre todo la gente de menores ingresos, que es la que más evita hacer un trámite. Mientras el 42% de las personas con estudios universitarios hace al menos un trámite al año, solo lo hace en promedio el 16% de la población, lo que invita a pensar que los programas públicos pueden no llegar a todos los potenciales beneficiarios.
Si bien la visión ciudadana acerca de sus gobiernos se forja, en parte, en los contactos que cada individuo establece como usuario de servicios, contribuyente o votante, muchos otros factores al margen de un pobre desempeño institucional, también contribuyen a construir una negativa imagen colectiva: shocks de alto impacto global, extrema polarización política, creciente desigualdad o declinante movilidad social. El deterioro de la economía es, también, un factor coadyuvante. Según datos del Latinobarómetro, entre 2009, cuando aún se vivía el boom económico, y 2018, año de crisis, los niveles de aprobación gubernamental en la región cayeron de un 60% a un 32%.
Se aduce que confiar en el gobierno es en el propio interés ciudadano, porque cuanto mayor es la confianza, mayor la disposición a invertir y gastar, que es lo que mueve la economía. También promueve una conducta fiscal honesta y un cumplimiento más estricto de las normas. Pero todo indica que esa confianza está en crisis en todas partes y los gobiernos han sido en buena medida responsables de esa debacle. La desconfianza ciudadana supone vulnerabilidad personal frente a la incertidumbre acerca del futuro comportamiento gubernamental. No hay certezas y, por lo tanto, es lógico esperar que la desconfianza aumente.
Confiar en el gobierno es apostar a que sus futuras acciones faciliten y mejoren nuestro vínculo con sus instituciones; a recibir mejores servicios y prestaciones y a que promuevan el bienestar colectivo. Pero esa confianza no puede ser solo un reflejo pasivo de lo que decida hacer el gobierno para generarla. En la era de la información y las redes sociales, la ciudadanía se está convirtiendo en protagonista frente a su agente, el gobierno, para exigirle de mil formas -sobre todo a través de la movilización social- que haga lo necesario para merecer su confianza,.
Las protestas ocurridas en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Haití, además de las registradas antes en Honduras, Perú, Venezuela y Nicaragua -sin importar el signo político del gobierno-, hablan a las claras de que la ciudadanía dejó de ser una masa pasiva y manipulable. Sea por la creciente desigualdad, por la escasez, por la corrupción o los abusos del poder, la sociedad civil reclama a sus gobiernos por la falta de adecuada respuesta a sus demandas. "Sorprende que el malestar tardara tanto en manifestarse", opinó Joseph Stiglitz. Y todo augura que ese clima de hastío frente a la inequidad, el subdesarrollo y la ingobernabilidad se disipará solo cuando los gobiernos comprendan que la exigencia de apertura, participación cívica y rendición de cuentas, propia de una sociedad abierta y democrática, no es una moda propiciada por los académicos, sino una filosofía de gestión pública que deberán adoptar y respetar; y que la movilización ciudadana y la acción de sus organizaciones sociales llegaron para quedarse.
El día que los gobiernos lo comprendan y actúen en consecuencia la frase "suficientemente bueno por tratarse de un producto o una tarea realizados por el gobierno" probablemente recuperará su sentido primitivo.

Investigador superior del Conicet y de Cedes

DIANA COHEN AGREST, OPINA

Mesa de Diálogo sin víctimas: cómo construir la impunidad
Diana Cohen Agrest
En la provincia de Buenos Aires se liberarían presos por falta de espacio en las cárceles, sin escuchar a las familias que sufrieron en carne propia la violencia
Si hubo un tema en el cual convergieron diversos sectores de la sociedad, fue el asesinato "a patadas" de Fernando Báez Sosa. Para la querella, los jóvenes participantes son coautores del crimen. Y las voces reclaman justicia. Traducido al sentido común, que los culpables paguen por la muerte de un inocente.
Invito a realizar un experimento mental. Supongamos, por un instante, que estamos en el año 2025, los imputados fueron juzgados, declarados culpables y cumplieron parte de la pena... pero por falta de plazas en las cárceles, los jueces firman su liberación. ¿Acaso la sociedad aprobaría esa medida? La respuesta es obvia. Sin embargo, hoy en la provincia de Buenos Aires se analiza la posibilidad de beneficiar a miles de condenados. Examinemos esta respuesta en sus dimensiones ideológica, empírica, jurídica y ética.
En la dimensión ideológica, la Mesa de Diálogo Interinstitucional, creada ad hoc, está integrada por los tres poderes del Estado, por expertos en temas penitenciarios y por organismos de derechos humanos. Entre otros, asistieron los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público creado en 1999, consagrado a recordar la dictadura y a promover los derechos humanos en democracia. Y también el CELS, fundado en 1979 bajo el lema "Memoria, verdad y justicia". Y también asistió el inefable Pérez Esquivel, quien tras ganar el Premio Nobel en 1980, lo amortiza día a día en cuanta causa pueda revalidar sus lauros.
Estos organismos que sesgaron, y devaluaron, los derechos humanos gozan del mismo poder que detentaron cuarenta años atrás. Pese a que son organizaciones politizadas vintage, fueron convocadas para dirimir la excarcelación de presos por delito común. Pero la sorpresa no termina allí: los presos mismos fueron convocados para que decidieran su propia situación carcelaria.
Retomemos el experimento mental con una analogía: si en el futuro, en esa hipotética Mesa de Diálogo participaran los acusados del homicidio, la familia de Fernando sería una convidada de piedra. O ni eso. Y por esa patológica obstinación con el pasado, el destino de los violentos sería decidido por organizaciones e individuos que lucraron con la etapa más trágica que vivió la Argentina. Hoy como ayer, sigue vigente la falacia de que el problema es la solución, en este caso, el prejuicio de que los mismos presos pueden participar de sus libertades por una "crisis humanitaria".
En su dimensión empírica, según un informe de la Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la infraestructura carcelaria aloja a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000. Sin embargo, los datos indican que el porcentaje de hechos denunciados no guardan proporción alguna con los ingresos al Sistema Penitenciario Bonaerense: mientras que en 2014, fueron denunciados 93.241 delitos, ingresaron 13.604, en cambio, en 2018, fueron denunciados 79.983 hechos delictivos e ingresaron 19.920 presos -la cuarta parte-, sin contar la cifra negra del delito. Durante el período 2014-2018, apenas el 16% de los autores de los hechos denunciados fueron a prisión. Es notorio entonces que, si bien hay sobrepoblación carcelaria, paradójicamente también hay infrapoblación carcelaria. Si hay demasiados presos, hay muchos más delitos impunes.
Aun dejando de lado estos guarismos, el abordaje de la problemática es de tipo arquitectónico: no hay lugar para tantos presos. Falazmente, de una premisa (no hay lugar para tantos presos), se infiere una conclusión que no se sigue (deben ser enviados a sus casas). ¿O acaso, en una lógica cuestionable, la cantidad de internos debe determinarse por la cantidad de plazas penitenciarias? ¿No será más bien que el número de plazas debe ser el suficiente para alojar a los reos que violaron la ley? Así como del hecho de que no hay plazas suficientes en las escuelas para albergar a los alumnos se deduce que deben construirse más escuelas, o del hecho de que no hay camas suficientes en los hospitales se deduce que deben construirse nuevos nosocomios, análogamente del hecho de que no hay lugar en las cárceles, se infiere que deben construirse nuevas cárceles. Porque el problema no es que hay muchos presos, sino que hay pocas plazas en las cárceles. De más está decir que se aspira a resolver un problema extrajurídico (las plazas disponibles) con una respuesta ideológica con efectos jurídicos.
En su dimensión jurídica, precisamente, es notorio que cuando apela a la excusa de que "no hay lugar" para los presos, el tan desacreditado Poder Judicial se gana otro galardón: liberar presos antes de que se cumpla la pena borrar con una mano lo que se escribió con la otra. No solo eso. A menudo los mismos jueces reconocen que el reo debe ser liberado una vez extinguida la pena, incluso a sabiendas de que volverá a delinquir. Porque la ley así lo ordena. Pero lo inverso no se cuestiona: un preso que no cumplió el plazo de la pena puede ser liberado por una medida discrecional del juez (discreción que no lo habilita para prorrogar el plazo de la pena si ya se venció). Por añadidura, cuando otorgan un beneficio, los jueces recitan el mantra de los tratados internacionales que avalan su decisión. Pero olvidan que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueve la construcción de cárceles como solución a la sobrepoblación carcelaria.
Por último, desde una dimensión ética, en el marco de nuestro experimento mental (a punto de ser hecho realidad), la liberación de los asesinos de Fernando por falta de espacio acarrearía una revictimización de la familia. Suena ridículo. Y lo es. Porque la serie de medidas que se están tomando con el fin de desarmar a las fuerzas de seguridad, entre otras señales, muestran el desconocimiento de una realidad irrefutable: según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de homicidios bajó el 27% durante 2018, período durante el cual estaban vigentes las medidas hoy derogadas.
Desde la organización de víctimas de homicidio y de femicidio Usina de Justicia, solicitamos participar de la Mesa de Diálogo Interinstitucional. Un par de semanas atrás, solicitamos una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación y otra audiencia con la ministra de Justicia de Nación, pero todavía no obtuvimos respuesta alguna. Nuestros reclamos son legítimos, validados por la ley 27.372, cuyo eje es la protección de las víctimas de delitos comunes. Ante esta clara ampliación de derechos, no ser escuchadas implica un retroceso en materia política, jurídica y ética.
Y a propósito de la ética: las víctimas y la sociedad reclaman justicia. La venganza es otra cosa. Es aquello que se promueve cuando el Estado no aplica el monopolio de la fuerza para poder convivir en una comunidad organizada. Cuando se privilegian intereses ideológicos espurios en lugar de atender al dolor de quienes perdieron lo más importante que se puede perder en el tiempo -precario, incierto- de toda vida humana.

LUCIANO ROMÁN, OPINA,

Jóvenes que crecen sin líderes, otra secuela del fracaso argentino

Luciano Román
¿Quiénes son los líderes de las nuevas generaciones argentinas? ¿En quiénes confían? ¿Quiénes son sus modelos? ¿Quiénes los inspiran y les marcan el rumbo? Las respuestas quizá nos enfrenten a una de las secuelas más dolorosas de un país fracasado. Los jóvenes que hoy tienen entre 15 y 25 años no creen en casi nadie; solo en ellos mismos. Como toda generalización, es objetable. Pero hay algunos síntomas que no podemos ignorar: ninguna institución -ni la escuela, ni el gobierno, ni las iglesias, ni sus propias familias- inspira entre los jóvenes demasiada confianza.
Hubo una generación (la del 80) que creyó en sus ideas y en la construcción de una nación que la trascendiera. Hubo otra (la de nuestros abuelos inmigrantes) que confió en la Argentina como tierra de oportunidades. Después vino la generación que pudo soñar con el progreso a partir de lo que sus padres habían construido. Eran herederos de un destino forjado en la cultura del esfuerzo. Más tarde vino una generación (la de los que hoy tenemos poco más o poco menos de 50) que, después de la oscuridad de la dictadura, se aferró a la democracia. Todas -de alguna u otra manera- tenían confianza en el futuro. ¿En qué confían nuestros hijos? Quizá sea una generación que solo piensa en el presente, en el aquí y ahora. Quizá esa sea la consecuencia de una época que desalienta los proyectos a largo plazo y que no mira con optimismo el porvenir. Quizá sea el rasgo de una generación moldeada en la fugacidad de las redes sociales y la cultura digital, donde todo es efímero, vertiginoso y cambiante. Quizá sea el mecanismo defensivo de una generación que no sabe cuáles serán los trabajos del futuro ni qué quedará en pie después del vendaval de la globalización tecnológica.
Los adolescentes de hoy nacieron bajo el signo de la frustración argentina. Escuchan hablar desde que nacieron de un país acosado por los fracasos y las crisis permanentes. Han visto a sus padres sufrir por la pérdida de empleos, por la voracidad de la inflación, por los manotazos del Estado, por la inseguridad galopante, por el derrumbe de la educación pública. La mitad de los adolescentes de hoy está condicionada por la pobreza. La otra mitad convive con la incertidumbre, los temores y la inestabilidad. Les cuesta confiar en el futuro. Rechazan -con razón- la herencia recibida.
El fracaso de la Argentina tiene consecuencias aún más profundas: ha debilitado los liderazgos sociales; ha hundido a instituciones enteras bajo los escombros de la desconfianza. Los maestros fueron, para generaciones anteriores, una referencia inspiradora. Representaban un liderazgo ético, social, intelectual. Hoy representan otra cosa: un "colectivo" desmoralizado, enredado en una constante lucha sindical, pauperizado, agobiado por la burocratización de la enseñanza, desautorizado por los padres, desafiado por sus propios alumnos. Allí donde había un modelo, una referencia para los chicos y los jóvenes, hoy solo se ve una figura desdibujada, acosada por la crisis de una escuela descuidada y degradada hasta por sus propios actores.
La universidad también ha desertado de su rol de institución rectora, de referencia intelectual y humanística. Ya no politizada sino "partidizada", replegada hacia una suerte de pensamiento único y convertida en una estructura que administra "cajas", negocios y privilegios como si fuera una gigantesca red de "toma y daca", ya no inspira el respeto ni la confianza que le tenían generaciones anteriores. Su deterioro académico, la obsolescencia de sus contenidos curriculares y el atraso en el que ha quedado postergada frente a las transformaciones globales hacen que la universidad pública tampoco represente, para las nuevas generaciones, el pasaporte al progreso laboral y social que representó para sus padres y abuelos.
El fracaso argentino -sin embargo- se ha metido en todos lados: en las empresas, en los sindicatos, en las iglesias, en el deporte y en los ámbitos académicos, científicos y culturales. Por supuesto, también en la Justicia y en los partidos políticos. En todas esas estructuras ya es muy difícil encontrar grandes maestros, referentes inspiradores o líderes virtuosos, que no es lo mismo que "capos", jefes ni "dueños de la pelota". No es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero acá tiene, quizá, una mayor profundidad por los niveles que ha alcanzado el deterioro ético al compás de las debacles económicas.
Han casi desaparecido las "escuelas formadoras", si se quiere inorgánicas, que funcionaban en la política, en los talleres y laboratorios, en el Estado, en las redacciones, en los sindicatos o las cooperativas, en muchos clubes, sociedades de fomento y universidades populares. En todos esos ámbitos había maestros con mayúsculas, había mentores y padrinos que les daban la mano a los más jóvenes y los guiaban en el comienzo de sus carreras. Hoy puede haber -y de hecho hay- grandes talentos individuales. Pero son liderazgos más atomizados, incluso más dispersos. Ya no definen a las instituciones medulares del país, donde se ha perdido la noción de "escuela". Como consecuencia de una sociedad más fragmentada y desigual, el acceso a esos liderazgos -inclusive- se ha tornado un privilegio para algunos (los que pueden estudiar en escuelas o universidades de excelencia), pero no para todos, como ocurría en una Argentina más homogénea, estructurada sobre la base de un sistema de educación pública de altísima calidad.
La pérdida de liderazgos formadores no solo tiene que ver con las crisis económicas y de valores que han carcomido al país; también con las profundas transformaciones que ha impuesto la revolución tecnológica, con las nuevas dinámicas del mercado laboral y con reformas culturales que han puesto en tela de juicio roles y jerarquías en el complejo entramado social, con un sano cuestionamiento -inclusive- al verticalismo y a los excesos de paternalismo. En muchos ámbitos, además, se ha perdido o debilitado el sentido de pertenencia; algo que también atenta contra los liderazgos virtuosos y las "escuelas formadoras" en las que se apuntalaba a los jóvenes.
El gran capital de ese liderazgo formativo e inspirador era algo que se llama prestigio. Pero no eran solo prestigios individuales, aunque se nutría por supuesto de ellos, sino una suerte de "prestigio institucional". La docencia tenía prestigio; la política (aunque cueste creerlo) tuvo prestigio; el empresariado lo tuvo; el trabajo tenía prestigio. Había algo más: una alianza tácita entre los adultos, que naturalmente conducía a que esos liderazgos fueran reconocidos. Todo eso tejía una trama de confianzas sociales que hacía que, aun desde su rebeldía natural, los más jóvenes aceptaran y se enriquecieran con esos liderazgos que los ayudaban a forjar su futuro.
Los jóvenes ahora hablan de combatir las "sociedades adultocéntricas". Es una forma de decir: "déjennos a nosotros; nos arreglamos solos y haremos mejor las cosas". Tienen las redes sociales; tienen el argumento de una herencia de fracaso; tienen confianza en ellos mismos. Se han convertido en una generación "autoliderada", con banderas propias como la del ecologismo. ¿Tendremos que dejarlos solos y desearles suerte? ¿Eso no implicaría renunciar a nuestra responsabilidad generacional? ¿Qué valores debemos transmitirles? Quizá haga falta propiciar nuevos acuerdos y consensos entre adultos. Quizá deberíamos apostar, sin resignarnos, a recrear "liderazgos institucionales" que, a través de nuevos formatos y hasta con nuevos lenguajes, guíen e inspiren a los más jóvenes en un diálogo interactivo con ellos. Habrá que hacerlo, seguramente, sin paternalismo autoritario, pero también sin miedo a ejercer el liderazgo y la autoridad. Quizá debamos tomarlo como el gran desafío de nuestra generación.

Periodista y abogado

CLAUDIO JACQUELIN, OPINA

Las herramientas ya están, se esperan las soluciones

Claudio Jacquelin
Celeridad, plasticidad y eficacia. En esos tres sustantivos puede resumirse la forma en la que Alberto Fernández logró las herramientas que buscaba (o necesitaba) para poner en marcha su gestión y afrontar las urgencias que recibió.
Ahora se pondrá a prueba la efectividad de los recursos, así como la precisión del diagnóstico que llevó a elegirlos y la aptitud para administrarlos. Empieza a correr el cronómetro para los resultados.
El Gobierno sabe que lo conseguido es mucho, no porque se sancionara en apenas 48 horas el ambicioso conjunto de normas reunidas en un solo texto. Lo logró mediante un trámite parlamentario tan poco crispado que pareció más propio de países nórdicos o de tiempos aún más catastróficos que los que atraviesa el país, cuando todo se permite.
Para Fernández, más relevante todavía puede resultar a futuro que el tratamiento de la megaley haya dejado expuesto que en el espacio opositor no existe un liderazgo indiscutido y que abundan las diferencias, en contraposición con la homogeneidad oficialista. El Gobierno ya supo hacerlo jugar en su favor. La aquiescencia del lavagnismo y del peronismo cordobés, que responde a Juan Schiaretti se cuenta como bonus track.
Otro tanto puede decirse de la flexibilidad y del pragmatismo exhibidos por el oficialismo para modificar el proyecto original y anunciar nuevas reformas. Sobre todo, en algunos aspectos dignos de enojar a una sociedad que no parece dispuesta a digerir inocentemente bellos eufemismos.
Al menos en el discurso, el Gobierno parece haber registrado que no hay margen para que "solidaridad" termine siendo apenas el nombre de un maquillaje destinado a travestir ajustes que no sean equitativos. Ni hablar de que sirva para traficar prebendas o que preserve privilegios de quienes deberían ser servidores públicos. Las reacciones en las redes sociales fueron un aviso. Hay una opinión pública alerta y a la espera de hechos. No de palabras promisorias. Las calles del mundo dan fe. Incluidas las de países con necesidades básicas bastante más satisfechas que las de los argentinos.
La magnitud del impacto que tendrá en las cuentas públicas el conjunto de medidas aprobadas ha llevado a diferentes cálculos iniciales, aunque todos son optimistas, tanto como para que los expertos hablen de un ajuste de más de 2 puntos del PBI. La expresión puede inducir a la confusión. Todo dependerá de cuánto y a quiénes de verdad terminará apretándole el cinturón. Ahí se pondrán a prueba tanto la efectividad del Gobierno como la paciencia social.
En el actual contexto, el sincericidio del exgobernador pampeano Carlos Verna en plena campaña electoral y ante el binomio que luego ganó las elecciones presidenciales podría resultar una confesión de parte condenatoria si la solidaridad no es de todos. "Nosotros los dirigentes siempre caemos parados, siempre tenemos un cargo, el problema son los millones de argentinos que pasan hambre", dijo el 17 de octubre pasado el inefable mandatario provincial. No parecen ser tiempos para juegos dialécticos ni para el oportunismo frívolo.
La vicepresidenta Cristina Kirchner también podría tener que dar cuenta de la congruencia de sus palabras. Su pregunta sobre "¿por qué algunos viven tan bien y otros tan mal?" podría demandar más respuestas que la mera revisión de la coparticipación de los recursos públicos. La exigencia sobre la idoneidad y transparencia con la que se administra el Estado y sobre el origen y crecimiento del patrimonio personal de funcionarios y exfuncionarios es una demanda insatisfecha en casi todo el mundo. En la Argentina también. Más (y no menos) en tiempos de crisis.
Plano moral
Alberto Fernández, al usar la palabra solidaridad para justificar el ajuste que deberán hacer especialmente algunos sectores ante la emergencia social y económica, no habló solo en términos de justicia tributaria. También lo hizo desde el plano ético y moral.
A ese terreno circunscribió el Presidente la controvertida relación comercial que mantuvo su ahora vicepresidenta con el contratista de obra pública Lázaro Báez. Buscó, así, deslindar a Cristina Kirchner de responsabilidades penales y cuestionar el proceso que ella afronta en los estrados judiciales. La base del buen funcionamiento de un sistema radica en la consistencia, que implica coherencia interna entre las partes de un conjunto. Pequeño desafío para Alberto Fernández, que prometió mejorar la calidad de la administración de Justicia y, al mismo tiempo, otorgó a cristinistas puros y duros cargos de relevancia vinculados con la Justicia y la transparencia institucional
La solidaridad y la ejemplaridad pueden llegar a ser tan demandadas como la eficiencia. Sobre todo porque aún no se ha completado la escena en la que se desenvolverá la economía. Los cálculos hechos hasta aquí podrían pecar de provisionalidad. Falta ver, por ejemplo, el impacto que tendrá la prórroga del pacto fiscal y cómo se reestructurará la carga impositiva en cada provincia. Algunos sectores productivos del territorio bonaerense miran como pocas veces hacia La Plata (no es un juego de palabras). Los productores agropecuarios bonaerenses saben que todas las respuestas a sus incógnitas no saldrán de la reunión que tendrá hoy la dirigencia rural con Alberto Fernández. Ni mucho menos.
Axel Kicillof y Cristina Kirchner, su protectora, ya han anticipado que el estado provincial necesita más recursos, no menos. Será un problema no solo para Horacio Rodríguez Larreta. Los recursos nacionales cruzarán la General Paz más rápido que el metrobús. Sin embargo, lo que le retaceen a la administración macrista porteña no será suficiente
El impuesto inmobiliario rural suele ser un recurso atractivo para cualquier mandatario bonaerense. Las peculiaridades de Kicillof no llegarían a este rubro. Al menos, no para cambiar la tradición, sino, en todo caso, para profundizarla. La magnitud sería la novedad. Tampoco la única en tal sentido. En el gobierno nacional miran de reojo y con inquietud a los propios que ahora administran la provincia.
Ingresos, la clave
La mejora en las cuentas públicas no dependerá solo de la reducción del gasto proveniente del recálculo en la actualización de las jubilaciones. Gran parte del éxito está sujeta a la mejora en los ingresos. El aumento de la presión impositiva no lo asegura mejoras per se. La producción también reacciona a esos estímulos. En el caso del sector agrícola, hay que sumar las contingencias climáticas. Macri podría ser consultado al respecto. La sequía de 2018 no fue solo una excusa para ocultar la mala praxis.
Los equilibrios macroeconómicos que desvelan al ministro de Economía hablan de la necesidad de alcanzar un orden sistémico. Eso es lo que pregona Martín Guzmán. De allí la preocupación por el funcionamiento armónico de todas las variables y por el seguimiento de los efectos que tendrá cada una de las medidas. "Ahora tenemos mucho que ordenar", dijo uno de los funcionarios que más interactúan con Alberto Fernández, apenas aprobada la declaración de las múltiples emergencias.
La administración central se abocará ahora no solamente a la implementación de las muchas medidas que le permite tomar la ley ómnibus obtenida en tiempo récord. La reestructuración (o el neologismo que se encuentre) de la deuda externa es el paso siguiente, pero no será el único.
El éxito de la negociación depende de la confianza que despierte en los acreedores el Gobierno a mediano y largo plazo. El crecimiento de la economía será casi todo. El apoyo social y el político con que cuente el Presidente resultarán decisivos e inescindibles. Como la pericia técnica.
Alberto Fernández está obligado a ser, al mismo tiempo, Alfonsín, Duhalde y Néstor Kirchner. Calidad institucional, orden económico y poder político constituyen el trípode a construir para poder aspirar a un futuro sin tutelas ni amenazas urgentes. Le demandará, otra vez, celeridad, plasticidad y eficacia. Es, apenas, el comienzo.

DANIEL GUSTAVO MONTAMAT, OPINA

Hay que desarrollar el potencial de Vaca Muerta

Daniel Gustavo Montamat
En una de sus últimas ediciones, The Economist incluye un reporte cuyo título es: "¿El final de la inflación?". En casi todo el planeta la inflación ha dejado de ser un problema, e incluso modelos que hace algunas décadas repetíamos y enseñábamos como un axioma, tal el caso de la curva de Phillips (correlación inversa entre tasa de desempleo y tasa de inflación), han perdido valor predictivo. En muchas economías, baja el desempleo a mínimos históricos y la inflación no sube. Tras la lectura del informe, como argentino me identifiqué con aquellos ciudadanos de algunos países en desarrollo que todavía no pueden erradicar enfermedades endémicas (cólera, tuberculosis, fiebre amarilla) que en otras geografías ya son historia. En la región la inflación no es un problema (con la excepción de Venezuela), pero entre nosotros sigue siendo un problemón. Y no porque la economía convencional no proporcione remedios de eficacia probada en otras latitudes, sino por la resistencia institucional a abordar las terapias.
Luego de décadas la inflación crónica se ha institucionalizado, y aunque nos deja sin moneda, se ha transformado en un instrumento perverso de la mala política para recaudar impuestos no coparticipables gravando pasivos monetarios no remunerados sin pasar por el Congreso. El engaño de financiar un gasto insostenible para que el argentino de a pie crea que puede vivir por encima de sus posibilidades en un presente fugaz. La inflación crónica, y la consiguiente recurrencia al endeudamiento externo supletorio y a las anclas cambiarias de ocasión para evitar el desenfreno del aumento de los precios relativos, nos someten cíclicamente a los tsunamis macroeconómicos, que hacen explotar las cuentas públicas y externas y se llevan puestos reglas de juego y compromisos contractuales. Empiezo por esta reflexión, porque creo que hay mínimos consensos en el nuevo gobierno electo y la mayoría en la oposición sobre la necesidad de desarrollar el potencial de Vaca Muerta; han transcendido incluso propuestas de leyes para promover la inversión y "blindar" a Vaca Muerta con un régimen de estabilidad tributaria y previsibilidad de reglas.
Por prueba y error podemos asegurar que el blindaje va a ser efímero y no va a lograr el objetivo deseable de duplicar o triplicar las inversiones en la formación, en la infraestructura y en la cadena de valor, si las señales a la microeconomía sectorial no están ensambladas con acuerdos básicos que despejen a futuro el horizonte de una macroeconomía estable en la que pesifiquemos el peso (volvamos a tener moneda) y la cuestión de pesificar las tarifas devenga una cuestión abstracta. Antes de que la tasa de riesgo país se disparara a los niveles actuales los proyectos de inversión en Vaca Muerta se descontaban a tasas del 12/13%. Pero si el país exhibiera horizontes estables con inflación controlada de menos de un dígito y tasas de riesgo equivalentes a las de Chile o Uruguay, los flujos se podrían descontar a tasas más bajas del 10/9%, y muchos proyectos que hoy no son rentables pasarían a serlo multiplicando las oportunidades de negocio y el volumen de inversión. La vida de Vaca Muerta depende de ingentes inversiones en capital fijo y la base de todo régimen promocional de esas inversiones debe ser consistente con la voluntad política e institucional de erradicar la inflación crónica, que, dicho sea de paso, es también clave para erradicar los lacerantes niveles de pobreza con que convivimos.
Con las señales correctivas de la macro, el desarrollo intensivo de Vaca Muerta y los otros recursos no convencionales depende de la competitividad que podamos alcanzar reduciendo costos. Somos tomadores de las referencias de precios de petróleo (con excedentes exportables nos vamos a guiar por la paridad de exportación) y si queremos exportar gas al mercado asiático vamos a tener que tomar como referencia para competir el precio Henri Hub, que rige en Estados Unidos, aprovechando en operaciones spot la contraestacionalidad con el hemisferio norte. El desafío es entonces reducir la tasa de descuento y los costos de capital y operativos para bajar las llamadas referencias de break even (recupero de costos y utilidad) que viabilicen las decisiones de inversión.
Entre los componentes que fijan el precio de break even están los costos de capital (instalaciones, equipamiento, perforaciones, infraestructura, abandono y otros), los costos operativos (algunos variables relacionados con mano de obra, mantenimiento, combustibles, productos químicos, y otros fijos, como servicios públicos, cánones de explotación, alquiler de equipamiento, seguros, gastos generales y administrativos). A estos se agregan los de transporte y logística, de personal y materiales y otros costos operativos no incluidos anteriormente. El tercer componente es el impositivo (gravámenes nacionales, provinciales y municipales). En la consideración de los flujos también hay que considerar el aporte de subproductos (líquidos asociados al gas o gas asociado al petróleo).
Despejadas las dudas sobre el congelamiento de precios del petróleo y los combustibles, la explotación de shale oil tiene precios de break even que la hacen rentable tomando en cuenta las cotizaciones actuales del petróleo. El problema es el gas natural. Sus valores de break even deben seguir bajando si aspiramos a un desarrollo masivo del que también se va a beneficiar el mercado doméstico.
Ya dijimos que una baja en la tasa de descuento reduce los costos para todos los proyectos, pero eso no alcanza. Hay que trabajar mucho sobre los otros componentes de los costos, permitiendo el acceso a una apropiada oferta de servicios petroleros en competencia. Los costos de perforación y terminación de pozos dependen del alquiler de equipos de perforación, set de fracturas, entubamiento, entre otros. La mejora de las técnicas a utilizar en el recorrido de la curva de aprendizaje ha sido clave para aumentar rendimientos y reducir costos. Un ejemplo ha sido el cambio de técnicas de perforación vertical a horizontal, lo cual permitió una mayor recuperación por pozo, y por lo tanto un menor costo unitario, aunque se haya incrementado el costo de capital al inicio. Es así como se ha logrado una mayor producción por equipos activos en Vaca Muerta.
Pero también se requiere una baja en los costos de perforación de pozos, y para ello las mejoras en las técnicas también son importantes. Todavía los costos de perforación en Vaca Muerta son 30% mayores que los de Permian en Estados Unidos. Las perforaciones multi-pad han permitido una considerable mejora en las economías de escala mediante la utilización de las mismas instalaciones por parte de varios pozos con el consiguiente reparto de costos entre los diferentes pozos. Todos estos ya son logros que siguen las mejores prácticas y reducen costos. El Estado nacional y el provincial tienen su parte con el régimen impositivo, con obras de infraestructura y consolidando acuerdos regionales que habiliten nuevas oportunidades de mercado. Finalmente, con mayores rendimientos podrá compensarse el diferencial inevitable de costos que por escala y disponibilidad de financiamiento impone la geología del norte. Hay que mantener con vida a Vaca Muerta y allanar el camino a su desarrollo intensivo con políticas macro y microeconómicas que hagan competitivos sus costos.

Exsecretario de Energía y extitular de YPF

CLAUDIO JACQUELIN, OPINA

Alberto quería ser Néstor, pero antes tendrá que ser Duhalde

Claudio Jacquelin
Alberto Fernández finalmente parece haber caído en la cuenta de que será presidente en un contexto de altísima complejidad, enormes restricciones y urgencias mayores que las previstas. Su expresión cambió en la última semana. "Se lo ve más serio". "En su cara hay un rictus más adusto, como de preocupación". Lo dicen quienes lo frecuentan en sus oficinas de Puerto Madero.
"Él quería arrancar su mandato como Néstor [Kirchner] en 2003, pero está empezando a asumir que antes tendrá que ser el Duhalde de 2002", graficó uno de los hombres que parecen tener un lugar asegurado en la gestión albertista.
La metáfora se completa con la siguiente aclaración: "Cuando Kirchner asumió, ya le habían hecho la mayor parte del trabajo sucio. Primero, el default de Adolfo Rodríguez Saá, y luego, la devaluación y la pesificación duhaldista, con la que se inmoló Jorge Remes Lenicov. Encima, empezaba a soplar el viento de cola para las commodities. Para tener un horizonte equivalente falta mucho". Al menos en lo económico-financiero, la imagen idealizada de Néstor parece que no tendrá competencia por un buen tiempo.
La situación de la deuda pública, los escasos recursos con que cuenta para hacerle frente y la urgencia para definir una salida serían los motivos centrales del cambio en los gestos de Alberto Fernández. Aunque no son las únicas causas. El exjefe de Gabinete ya daba por descontadas las necesidades sociales y las demandas internas, pero las restricciones cada día parecen mayores. "Darse cuenta" y "realidad" tienen la misma raíz etimológica en inglés. Aun sin dominar la lengua de Shakespeare, él ya lo está constatando.
Las distracciones con la política internacional y la postergación del regreso de Cristina Kirchner dilataron aún más las definiciones, sobre todo en el plano económico-financiero, que ya venían postergadas desde la campaña electoral. Ahora la cuenta regresiva es más corta y hay que desactivar simultáneamente varios cables de ese reloj. Tic-tac. Tic-tac.
Hasta hace solo algunas semanas, el presidente electo había dicho que su preocupación se centraba en los vencimientos de 2021. En los últimos diez días, los viajes de algunos de sus enviados a Estados Unidos, sus propias conversaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y los diálogos de dirigentes y economistas de su confianza con tenedores de deuda extranjeros lo habrían llevado a revisar sus previsiones. Parece haber menos tiempo del que se pensaba y se deseaba.
"A partir del día de la asunción, tendrá un mes para resolver cómo y con quiénes encara la reestructuración. Si no, los vencimientos de febrero son una amenaza. Después, tendrá seis o siete meses para resolver los detalles y acordarla", afirma un destacado economista. Es uno de los profesionales que aportan insumos para algunos de los muchos análisis que consume Fernández, provenientes de consultores de diversas escuelas económicas, entre las que no está excluida la ortodoxia. La mayoría coinciden con aquel diagnóstico.
La caída, precipitada y "básicamente" definitiva, de Guillermo Nielsen de la candidatura para ocupar el cargo de ministro de Hacienda y Finanzas es causa y efecto de esas nuevas urgencias. También de la nueva gestualidad del presidente electo.
No es sencillo encontrar la respuesta a esa contramarcha que devolvió al área de Energía a quien se había mostrado como comisionado para empezar a planificar la reestructuración de la deuda y dialogar con los acreedores, que incluyó un viaje a Estados Unidos en el que compartió tribuna con funcionarios del FMI.
Sin excluir las opiniones que habría vertido Cristina Kirchner en la reunión del lunes pasado sobre el probable gabinete albertista, para la salida de Nielsen hay dos razones que concentran la mayoría de adhesiones entre allegados a Fernández, economistas y miembros destacados del Frente de Todos. Su elevada exposición y algunas manifestaciones públicas, así como la estrategia aconsejada y expuesta ante extranjeros para abordar el problema de la deuda, habrían hecho que su paso por el casillero de ministro electo fuera tan efímero.
"Hay muchas maneras de solucionar o postergar el problema, pero solo hay dos caminos posibles para abordarlo: buscar un arreglo con el Fondo para que te ayude y te acompañe a cerrar con los acreedores privados o eludir al FMI y buscar un acuerdo con los privados. De lo que decida dependerá todo lo demás. Nielsen tiene reticencias con el Fondo y prefería el segundo camino". La explicación pertenece a un economista que conoce bien a los actores principales.
La fuente cuenta con un aval cronológico para sostener su algo más que conjetura: la confirmación del corrimiento de Nielsen trascendió no solo tras la reunión de Fernández con Cristina, sino justo después del diálogo telefónico del presidente electo con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo. Nadie puede descartar las casualidades permanentes.
Después de esa corrección en el organigrama ministerial, los rumores arreciaron en el establishment político-económico, que en otra era se llamó el "círculo rojo".
La centralidad se la llevó la reaparición del nombre del argentino Martín Guzmán, discípulo de Joseph Stiglitz, el economista norteamericano que llegó a ser idolatrado por el kirchnerismo. Su exposición ante la ONU sobre reestructuraciones de deuda facilitó la instalación. Uno de sus contactos en la política local agrega un dato a tener en cuenta: en los últimos días habría suspendido algunas presentaciones en las que iba a tocarse la situación argentina.
En la City porteña y en el sector empresario le dieron una vuelta de tuerca a esa posibilidad. Un par de encuentros de Guzmán con Sergio Massa habilitaron otra versión que puede parecer disparatada, pero que en el mundo económico, donde la capacidad de asombro ya escasea, no se animan a desechar.
El tigrense fue mencionado al final de la semana como posible ministro de Hacienda y Finanzas, no por sus conocimientos técnicos ni por sus relaciones con inversores residentes en EE.UU., de las que suele jactarse. El objetivo sería darle soporte político a un equipo de técnicos con poca o nula experiencia de gestión. Un intento de hacer de la necesidad virtud o una forma de aceptar limitaciones. Es lo que hay.
La negativa desde la cima del albertismo y del propio Massa respecto de esa posibilidad no solo no terminó con el rumor, sino que expuso dos percepciones más crudas y realistas: nadie entre los tomadores de decisiones sabe con certeza qué hará Fernández con esa cartera tan decisiva y la mayoría están convencidos de que sigue corriendo contra el tiempo sin tener aún una respuesta definitiva. A ninguno sorprendió que, después de una semana de retroceso, el riesgo país recuperara la senda ascendente en el último día hábil.
La indefinición sobre la conducción económica del próximo gobierno explica la ausencia de un proyecto integral claro a pesar de tantas urgencias. El entorno del presidente electo y la dirigencia peronista procuran ser menos alarmistas sobre las dilaciones, al amparo de algunos antecedentes.
Un ex funcionario peronista devenido en consultor político resume esa posición sin ponerse nervioso ni ruborizarse: "No hay que esperar que haya un plan económico. Desde la recuperación de la democracia ningún gobierno lo tuvo de arranque, salvo Kirchner porque heredó a Lavagna y su proyecto. Lo importante es que Alberto y su equipo acierten con algunas medidas concretas en materia de deuda y de demandas sociales. Hay que desactivar bombas".
Sin hablar de los resultados finales de cada gestión, los tropiezos del primer bienio alfonsinista con Bernardo Grinspun, la hiperinflación menemista, la fallida continuidad de la convertibilidad con De la Rúa, la conflictividad cristinista y la fallida experimentación antiinflacionaria macrista no aportan muchos motivos para alimentar el optimismo.
En medio de la cuenta regresiva, no parece mal que las facciones de Alberto Fernández se vean menos relajadas. La perspectiva de tener que ser "el bombero Duhalde" no es muy tranquilizadora. Asumir el problema es una condición necesaria para buscar su solución. Aunque no suficiente para encontrarla.

FERNANDO IGLESIAS, OPINA

La cultura del pobrismo es una condena para los pobres

Fernando Iglesias
Según datos del Banco Mundial, desde que en 1990 dejó atrás la dictadura de Pinochet hasta 2015, el PBI per cápita de Chile creció al extraordinario ritmo del 7% anual. Si la Argentina hubiera hecho lo mismo desde cuando recuperó la democracia, nuestro PBI per cápita habría llegado a US$31.500 anuales en 2015, seguiríamos siendo el país más rico de América Latina y hasta habríamos superado, por ejemplo, a España, Italia y media Unión Europea. De la pobreza , mejor no hablar. Mientras que entre 1990 y 2015 Chile la redujo a menos de un tercio -de 38,6% a 11,7%-, la Argentina la cuadruplicó, pasando del 8% de 1983 (Ferreres) al 32% de 2014 y 2018 (Cedlas). Si hubiéramos obtenido la misma reducción que Chile, la pobreza rondaría aquí el 2%. Menos pobres que en Alemania; pero de verdad.
En el cuarto de siglo que va de 1990 a 2015, gobernaron Chile presidentes de izquierda (Lagos y Bachelet), de centro (Aylwin y Frei) y de derecha (Piñera). Todos ellos mantuvieron como políticas de Estado un manejo fiscal responsable, estrategias económicas anticíclicas, estímulos a la competitividad económica y apertura al mundo. En la Argentina, entre 1989 y 2015, gobernó durante 24 años el peronismo, que con máscaras de derecha y de izquierda se dedicó a crear pobres y vivir de ellos mientras cantaba himnos a la justicia social. Indiferente a los datos, la sociedad chilena es considerada discriminatoria y socialmente injusta por los amantes de la leyenda y el relato, mientras que los argentinos somos campechanos, macanudos y familieros. Nos encanta donar colchones desvencijados y bicicletas oxidadas a nuestros compatriotas caídos en desgracia, mientras votamos con el bolsillo para poder pagar las cuotas en dólares de la licuadora, ayer, y volver a comprar aires acondicionados split y que revienten las redes energéticas y la Patria, hoy.
Ya sé que la mayoría no es así, que no todas las culpas las tiene el peronismo y que Cambiemos ha logrado cambiar poco estas cosas en los tres años que lleva gobernando. Digo que esa cultura, la del pobrismo, es la cultura mayoritaria en el país, debido a la intervención de dos grandes aparatos, el peronismo y la Iglesia, omnipresentes en el escenario nacional. Y digo también que acabamos de presenciar uno de sus episodios más demostrativos cuando el Club River Plate abrió sus puertas a las personas en situación de calle y una avalancha de medios televisivos dio lugar a la habitual exhibición argenta de solidaridad ante las cámaras.
El contenido político lo proveyeron los muchachos de siempre, valientemente encabezados por Jorge Rial, quien tuiteó: "El fútbol hace lo que debería ser una obligación del gobierno de la ciudad. Vergüenza". Acompañaron Página 12 -que puso una foto de Macri en un bloque de hielo en tapa y tituló "Corazón de hielo"- y la vasta constelación de medios K, que no se cansó de zarandear su tema favorito: CEO tecnocráticos, gobierno de los ricos, insensibilidad social. A eso llamé "opereta kirchnerista", no a Juan Carr. Y me ocupé también de señalar que la gorilísima ciudad de Buenos Aires es el distrito del país mejor equipado para asistir a las personas en situación de calle, que dispone de 2300 plazas en sus paradores y un plan de prevención del frío que se ejecuta todos los años, con 40 móviles recorriendo la ciudad las 24 horas y equipos que incluyen a 700 profesionales entre trabajadores sociales, médicos y psicólogos. Si alguien sabe de algo similar en las provincias que gobiernan los sensibles sociales le ruego que me lo haga notar.
Había más de 300 plazas libres en los refugios de la CABA los mismos días en que los medios K montaron su opereta. ¿En qué sentido meter cien personas, tres días, a dormir en colchones en el gimnasio de un club no preparado para la emergencia ayuda a solucionar algo? ¿Por qué hacerlo en uno de los barrios más ricos de Latinoamérica (Núñez) y no en La Matanza o Lomas de Zamora? ¿Por qué no en el Independiente de Moyano, en la Avellaneda que gobierna Ferraresi? ¿Por qué no en provincias pobres como Chaco y Formosa, que después de décadas de gobiernos peronistas registran la indigencia más alta del país? No digo que Juan Carr, D'Onofrio y Brito lo hagan ex profeso, pero da qué pensar. Y, por supuesto, no dije que el frío o las personas en situación de calle fueran una opereta. Sí digo que es sospechosa esta solidaridad selectiva que descubre el problema en el distrito emblemático del Gobierno, el más rico y mejor preparado para la emergencia del país; esa solidaridad que se conmueve por la muerte de una persona en Capital e ignora las muchas ocurridas en las provincias, y que fue incapaz por años de visibilizar el tema, pero acaba de impulsarlo con un ímpetu jamás visto en pleno lanzamiento de la campaña electoral.
Desde cuando se dispone de estadísticas, las muertes por frío registradas en 2016 (15) y 2017 (16) son las más bajas; aproximadamente la mitad del promedio del ciclo anterior (2005/2015). Pero mencionarlo es ser un tecnócrata despiadado, mientras que haber formado parte del gobierno nacional a cargo cuando murieron 63 personas en 2007 es garantía de sensibilidad social. No me asusta la distorsión de mis palabras ni las amenazas e insultos recibidos por decir lo que muchos piensan. Me pasó lo mismo cuando publiqué mi libro sobre el peronismo y cuando fui de los primeros en criticar el golpismo del Club del Helicóptero, los desvíos populistas del Papa, el periodismo de Corea del Centro, la hipocresía del Frente Reciclador y las canalladas de los Zaffaroni, los Vera y los Grabois. El tiempo me dio la razón. Quizá no lo haga ahora, pero no me corran con el desinterés político de Red Solidaria y las ONG de Frío Cero porque esa es, precisamente, una parte esencial del fenómeno del pobrismo, cuyos esfuerzos bienintencionados terminan siendo la materia prima con la que se arman las operetas del movimiento nac&pop creador de la fábrica de pobres.
De todas, la peor y más completa fue la del Diálogo Argentino, elaborada bajo la dirección de la infaltable Iglesia. Su resultado fue el de legitimar a un gobierno, el de Duhalde, que en 2002 realizó el mayor ajuste social de la historia nacional: devaluación del 75% en un día, 41% de inflación con 2% de aumento de salarios y jubilaciones, incautación de los depósitos en pesos y papel picado para el que había puesto dólares. El resultado voluntariamente perseguido fue una baja violenta del gasto público y de los ingresos que produjo los superávits gemelos heredados por Néstor; al costo catastrófico de un 50% de aumento del número de pobres en un año y récords aún insuperados de pobreza (57,5%), indigencia (27,5%) y desocupación (21,5%).
La cultura del pobrismo reproduce y amplifica la pobreza, encerrando a los pobres en un círculo vicioso infranqueable porque los postra en el papel de víctimas. La cultura del pobrismo no soluciona nada porque promueve la dependencia, el sometimiento y la indignidad. Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo empedraron los pobristas argentinos, ante las cámaras de la televisión.

Diputado nacional de Cambiemos

ALBERTO MEDINA MENDEZ, OPINA

El disparate de renunciar a los sueños.
El pesimismo crónico convive con el optimismo mágico. Esa aparente contradicción parece describir adecuadamente los típicos vaivenes de una sociedad confundida que no encuentra rumbo y prefiere la comodidad de su permanente fracaso.
Se viven hoy momentos bastante complejos. El sabor amargo de esperar casi nada ha regresado una vez más y el horizonte no ofrece mucho. La incertidumbre nuevamente ha pasado a ser parte central del paisaje.
A veces es solo la política, otras especialmente la economía, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones es una combinación de ambas la que construye este panorama tan tristemente sombrío como poco prometedor.
Bajo ese paradigma de crisis constantes, muchos ciudadanos se flagelan a si mismos pronosticando, con absoluta mansedumbre, un futuro plagado de inconvenientes adicionales y solo ven un interminable laberinto sin salida.
Luego, producto de alguna circunstancia, casi siempre exógena, un dulce “veranito” asoma y el sol sale otra vez para todos. De la noche a la mañana todo parece que florecerá. Inunda el imaginario colectivo la idea de que ahora si se saldrá adelante como si el destino natural ya estuviera escrito.
Ni una posición ni la otra tienen algún sustento. Ambas son la consecuencia de una visión totalmente infantil, extremadamente cándida, que piensa con excesiva convicción, que la bonanza es solo una mera cuestión de suerte.
Es en ese contexto que ha crecido hasta el infinito una mirada paranoica que se apoya sobre la creencia de que las cosas no salen bien porque el mundo se ha confabulado y conspira sistemáticamente contra el país.
Esa ideología demente suma adeptos día a día porque entiende que los responsables de tantos tropiezos son siempre otros. Esas explicaciones simplistas evitan la gigantesca tarea de admitir errores propios y eso implica no hacerse cargo de cada una de las recurrentes decepciones.
La sociedad, en definitiva, prefiere hacer lo que supone que es más fácil, aunque eso termine luego siendo lo más trágico y frustrante. Su pasmosa actitud de vivir en esa insólita zona de confort le impide pensar en cambiar todo de cuajo y resolver los problemas atendiendo las profundas causas.
La gente se sigue quejando de la clase política como si los dirigentes fueran los propietarios monopólicos de todas las culpas y eso fuera suficiente para comprender acabadamente porque, hasta ahora, todo ha salido tan mal.
A estas alturas unos y otros han demostrado empíricamente, en los hechos y no con su encantadora retórica, que no tienen la mas mínima idea de como se hace para solucionar los endémicos problemas actuales.
Ellos solo han construido una habilidosa arquitectura discursiva que les ha posibilitado ganar en los comicios, vencer a sus eventuales adversarios y hasta hacerles creer a todos que nada ha salido bien solo porque un grupo de ineptos y de delincuentes comunes, no ha sabido hacer lo obvio.
Cuando les ha tocado en suerte hacer la tarea asignada, demostraron cualidades demasiado similares, con ciertos matices poco relevantes. Hoy pueden contar la historia como deseen, pero los frutos están a la vista.
Ellos, definitivamente, han hecho muy mal los deberes. Se podrá optar por los menos malos a la hora de los turnos electorales, pero eso tampoco ha alcanzado para avanzar lo imprescindible.
Una pobreza estructural, corrupción por doquier, una inflación persistente y un déficit fiscal inflexible, la cultura del trabajo destrozada y múltiples asuntos no solo sin solución, sino que ni siquiera se ha iniciado el camino para encontrar mejoras de corto plazo, son solo una parte de este presente.
La educación, la justicia, la salud, la infraestructura, la seguridad, el empleo y hasta el sistema electoral, así como tantos otros tópicos no solo no han evolucionado, sino que en muchos casos han empeorado secuencialmente.
Los políticos están repletos de excusas, de discursos colmados de pretextos. Eso lo hacen bien y por eso aun siguen engañando a tantos, pero también porque la sociedad prefiere dejarse estafar antes que revisar sus falacias.
Hasta aquí las evidencias dicen mucho y no dejan margen para hacerse los distraídos. No importa lo que la política diga. Ellos solo protegen sus privilegios y sus eternas ansias de poder son las que guían su accionar.
Pero es la gente la que debe revisar su propia matriz. Es posible triunfar y siempre existe la chance de naufragar. Lo que no parece razonable es rendirse y no tener ni siquiera el anhelo de perseguir una meta.
La sociedad deambula hoy sin ninguna dirección. No tiene una simple hoja de ruta. Tampoco recorre un sendero buscando un objetivo concreto. Desperdicia su tiempo sin sentido y mientras tanto solo intenta subsistir.
Las comunidades que han logrado progresar lo hicieron porque se propusieron un objetivo. Hicieron enormes sacrificios, pero finalmente lo lograron. No midieron el tamaño de sus esfuerzos, solo se permitieron trazar un norte y cada día dieron un paso para cumplir con ese desafío.
La historia de esta nación puede dar fe de este fenómeno. Miles de inmigrantes vinieron sin nada e hicieron de esta tierra un paraíso terrenal. Criaron sus familias aquí y consiguieron prosperar, pero todo eso fue a base de trabajo y de un ambicioso proyecto personal y también comunitario.
Claro que en faltan lideres. Es indiscutible que la mediocridad se ha instalado en el centro de la escena, pero no menos cierto es que la sociedad no puede permitirse el lujo adicional de renunciar a sus sueños.
Cualquier privación vale la pena cuando una utopía consigue movilizar a las personas desde sus entrañas. Nadie dice que esto sea fácil, ni tampoco que con voluntarismo se ganan las batallas, pero si no es posible fijarse un propósito y diseñar una agenda, no existen políticas púbicas que funcionen.
Alberto Medina Méndez
amedinamendez@gmail.com
54 9 379 4602694
Twitter: @amedinamendez