SALUD, VACUNA PARA EL COVID Y MEJORÍA

Covid: se venderá en farmacias la vacuna argentina
Costará $23.000; se dispensará y aplicará con indicación médica

Fabiola CzubajPor ahora solo es para mayores de 18 años 
La vacuna argentina para Covid empezará a comercializarse en las farmacias en los próximos días. Será, así, el primer inmunizante contra ese virus respiratorio disponible en el país que pasará a dispensarse y aplicarse por ese circuito, como la vacuna antigripal. Por el momento, el suero solo está aprobado para mayores de 18 años.
A diferencia de las que se administran en la red de vacunatorios públicos, no hay un contrato de compra oficial con el laboratorio que produce Arvac, y su aplicación, según se anticipó, será con receta. El precio de la dosis para uso como refuerzo anual es de $23.000.
“Por más que uno esté vacunado, hay que dar un refuerzo para mantener alta la respuesta inmune y que el organismo reconozca las variantes de SARS-CoV-2”, planteó Juliana Cassataro. Investigadora principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), dirigió el desarrollo de Arvac, que tiene autorización de la Anmat para su venta.
Este proyecto, continuó la inmunóloga, es “un sueño” cumplido para un equipo en el que terminaron participando más de 600 profesionales, entre investigadores y médicos de 18 centros del país que intervinieron en los ensayos clínicos con 2000 voluntarios. “Pudimos ver cómo un desarrollo científico que comenzó en la mesada de nuestro laboratorio se convirtió en un medicamento que se transfiere a la sociedad para cuidar la salud”, dijo.
En un hotel porteño, con médicos infectólogos y pediatras, Cassataro y representantes del Laboratorio Pablo Cassará y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) anunciaron que esta vacuna, que no es de ARNm, como las que se aplican en el sector público, está lista para su venta. La COFA ya emitió un instructivo para el registro de venta y aplicación.
Arvac se diseñó con la misma plataforma (proteína recombinante) con la que desde hace años se producen vacunas de calendario, como la que se aplica contra la hepatitis B y el VPH. Y, como sucede cada año con las cepas del virus de la influenza para la actualización de la vacuna antigripal, se puede adaptar como las de ARNm a las variantes del nuevo coronavirus que puedan circular.
“Es muy posible que haya que hacer lo mismo con Arvac periódicamente o cuando aparezca una nueva variante de preocupación (VOC) [del SARS-CoV-2]. Nuestra vacuna ya está adaptada y el laboratorio está preparado para adaptaciones si fueran necesarias. Estamos en contacto con los centros de vigilancia del virus [de Covid] y ni bien aparezca una que circule en la región, podemos arrancar el proceso para incluirla en la vacuna”, indicó Cassataro.
En las adaptaciones hechas hasta ahora en las distintas fases de la investigación clínica, el plazo para completarlas fue de cuatro meses. “Hasta ahora, se produjeron siete variaciones de la vacuna y, en el ensayo de fase III, se probaron tres ramas con variantes del virus en las versiones monovalente y bivalente de Arvac. Estamos preparados”, sostuvo la investigadora.
Ricardo Pessenti, titular de la COFA, consideró que la llegada a las farmacias “facilita el acceso de la población a la vacunación”. “Los farmacéuticos estamos capacitados para brindar este servicio y generar un registro de vacunación a través del sistema Siafar”, destacó. Por ese sistema online ya se validan las coberturas y se registran las dispensas o prestaciones de servicios en las farmacias. “Es importante saber que la dosis de Arvac se puede aplicar junto con la vacuna antigripal”, mencionó.
Con la aplicación, se entregará un certificado de vacunación, según la guía que la entidad distribuyó a farmacias. Hasta ayer, en farmacias de la ciudad o el conurbano bonaerense que consultó no podían precisar la la nacion fecha de entrega de las droguerías proveedoras o, en algunos casos, no conocían sobre este circuito de comercialización del producto.
“En el caso de que la persona que vaya a ser vacunada haya tenido un registro de test Covid previo, realizado en alguna farmacia de la red COFA desde 2021 hasta la fecha, el sistema traerá a la pantalla os datos completos de la persona a partir de su número de documento –se indicó en el instructivo–. Una vez que la farmacia registre una aplicación, el sistema generará un certificado de vacunación para su entrega a quien se le haya aplicado, que deberá ser sellado y firmado por la farmacia”

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No se puede gobernar con un equipo sin experiencia política
Sergio Berensztein


Hasta comienzos de esta semana, ni el Presidente, ni la vice, ni la secretaria general de la Presidencia y figura medular del Gobierno, ni el jefe de Gabinete, la canciller, el ministro de Justicia ni la todopoderosa ministra de Capital Humano contaban con una experiencia de gestión relevante en el sector público. En la mayoría de los casos, tampoco tenían una rica experiencia política. Todo esto se modificó con la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de Ministros y, seguramente, se complementará cuando se formalice la designación de Federico Sturzenegger al frente de la cartera que tendrá la responsabilidad de avanzar en la agenda de desregulación y reformas estructurales. Se trata de dos funcionarios de muy distinto perfil, pero que acumularon horas de vuelo tanto en cargos legislativos como de gestión, incluido su paso como titulares de bancos públicos (Provincia y Ciudad, respectivamente). Asimismo, coincidieron a comienzos de siglo como laderos de Domingo Cavallo en su infructuoso esfuerzo por salvar el régimen de convertibilidad. El paso por la política tiene más sinsabores que éxitos y, si se trata de personas con capacidad de autocrítica y aprendizaje, es de los fracasos de los que más se aprende.
Francos logró destrabar la negociación en el Senado para alcanzar los consensos mínimos para obtener dictamen en la Ley Bases. Para eso, puso en valor el liderazgo natural del senador salteño Juan Carlos Romero, convertido en “el Pichetto” de la Cámara alta (que el rionegrino había dominado las primeras dos décadas de este siglo). Esto implicó el desplazamiento a un segundo plano de algunos integrantes del bloque de LLA y una mayor cuota de flexibilidad por parte del Gobierno para admitir lo obvio: la dispersión salarial en el país es enorme y el remozado impuesto a las ganancias debe contemplar la situación especial que impera en la Patagonia, en especial en los sectores energético y minero. ¿Esto no era evidente cuando Nicolás Posse estaba a cargo de las negociaciones? “A veces pasa como en el fútbol: los jugadores se confabulan para que cambie el técnico”, aclara sonriente un exsenador norteño. Conspiraciones, internas, chicanas, vendettas. La esencia de la “casta” expuesta con impunidad. Pero sería un error suponer que la remoción del gabinete eliminará lógicas de comportamiento características de cualquier entorno donde se dispute poder, incluidos el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.
En su idealización de la experiencia noventista, es muy probable que el Presidente se sienta cómodo con la tendencia a la delegación de responsabilidades que caracterizaba a Carlos Menem. El riojano contaba con un experimentado, versátil y comprometido núcleo de colaboradores que, con disímiles grados de lealtad, confianza y afinidad, cumplían los mandatos presidenciales con bastante suficiencia. No fue un recurso con el que contó de forma temprana ni automática. A Menem le costó bastante seleccionar sus gabinetes, que cambiaron con frecuencia durante sus más de diez años de gestión. Más aún, las internas (a menudo salvajes, como la famosa puja de facciones entre los “celestes” y los “rojos punzó”, o la que derivó en la salida de Domingo Cavallo del gobierno en el contexto del escándalo por las denuncias de corrupción que involucraron a Alfredo Yabrán), los conflictos personales y también de intereses fueron permanentes y hasta se convirtieron en uno de los atributos identitarios de ese controversial gobierno.
Nada que deba sorprender: las disputas de poder (por cuestiones electorales, burocráticas, ideológicas, territoriales y aun “de piel”) son inherentes a todos los gobiernos y también a los que están en el llano: la política es así. Las tensiones, a menudo profundas y poco edificantes, están instaladas en las prácticas y en los hábitos de la enorme mayoría de los actores políticos. Se puede decir que son un elemento normal y hasta necesario para los seres humanos, en el sentido de que facilitan la exposición de las diferencias y el eventual consenso o al menos tolerancia y respeto frente a determinados argumentos o cuestiones donde exista el disenso. En ecosistemas tan peculiares en términos de valores y ambiciones como los ámbitos políticos, se incrementan las posibilidades de discusiones o choques entre personas o facciones que terminan derivando en renuncias, rupturas, secesiones y desencuentros de largo alcance.
Hace ya más de 30 años, realizando una investigación comparada sobre “el papel de la cooperación intra e interpartidaria en contextos de democratización temprana” con foco en los poderes legislativos, me tocó entrevistar a un famoso senador peronista que, a medida que avanzaba el cuestionario, se mostraba cada vez más ofuscado. Intenté suavizar la situación aclarando que ya estábamos terminando el encuentro, a lo que, con escasa cortesía, me contestó: “No es eso, me parece que usted no entiende de qué se trata la política… ¿Usted estudia ciencia política? ¡No entiende nada!”. Notó que quedé mirándolo absorto y sin atinar a reaccionar, así que prosiguió: “Escúcheme bien: en política usted tiene que c… ar al que tiene al lado, sea o no de su partido, lo antes posible. ¿Sabe por qué? Porque si no, lo van a c… ar a usted primero”. Mis hipótesis sobre la cooperación, la formación de consenso y la creación de una cultura democrática quedaron agrietadas. No fue la única vez que sentí, luego de interactuar con actores reales e influyentes de la política, que los marcos conceptuales, los debates y los interrogantes que predominan en los ámbitos académicos tienen poco o nada que ver con el mundo real. En este sentido, vale la pena recordar el reportaje que en 1954 le hizo el gran Emilio Perina al famoso líder brasileño Getulio Vargas. Ante una pregunta sobre los aprendizajes luego de más de tres décadas en la arena pública, el dos veces presidente contestó: “Aprendí que en política ningún rival es tan antagonista como para no terminar siendo un amigo y que ningún camarada es lo suficientemente compañero para no finalizar siendo un adversario temible”. El pragmatismo extremo en estado puro, en boca del creador del Estado novo.
Desdramatizada la salida de Nicolás Posse, convertido en las últimas semanas en un obstáculo para la gestión de Milei, sobre todo por la brecha de confianza que el Presidente y su hermana manifestaban sin sordina, conviene reflexionar respecto del papel de la AFI en su debacle. Convertida en una suerte de “mancha venenosa” para el exjefe de Gabinete, la vana ilusión de controlarla y utilizar información sensible para ganar influencia dentro del Gobierno precipitó su salida. Se trata de un organismo demasiado importante y que ha sufrido en los últimos años una degradación tan profunda que, como ocurre con muchas otras áreas del Estado, requiere una reinvención casi total. En un contexto global cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo, la Argentina no puede seguir careciendo de los diagnósticos y los planes adecuados a la altura de las amenazas de seguridad que enfrenta. Esto implica un esfuerzo adicional y no menor de actualización en materia legislativa. No queda espacio para la improvisación. El Presidente viajó a Silicon Valley con la ilusión de poner al país en el mapa de la revolución de la inteligencia artificial. Regresará con la misión de reconstruir la capacidad de inteligencia estratégica doméstica e internacional. Paradoja de un presidente supuestamente anarquista obligado a recrear y fortalecer la infraestructura estatal más elemental.
“En política usted tiene que c…ar al que tiene al lado, sea o no de su partido, lo antes posible”

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EL ESCENARIO E INVESTIGACIÓN

Ariel Lijo, el nombre de la transversalidad mileísta
Claudio Jacquelin
Ariel Lijo
Las dificultades que encontró el Gobierno en el Senado para poder avanzar con la Ley Bases no terminaron con las concesiones hechas para sacar ayer el dictamen de comisión. Todavía podrían sobrevenir nuevas al momento del tratamiento en el recinto, la semana próxima.
Tantos sinsabores y tropiezos, no obstante, podrían tener una contundente compensación en un par de semanas. Paradójicamente, ocurrirá cuando se trate una propuesta que tiene desde su gestación muchos más cuestionamientos explícitos que el jibarizado proyecto, incluso (o sobre todo) de sectores que comparten la propuesta de cambio radical. El Gobierno ha decidido desoírlos.
Por primera vez, el león y “la casta” comparten un plato. El pliego para integrar la Corte del juez federal Ariel Lijo parece tener allanado el camino en la Cámara alta, a pesar del cúmulo de cuestionamientos sin precedente formulados públicamente por asociaciones de abogados, entidades académicas y prestigiosas instituciones de la sociedad civil. El propio candidato y varios de sus patrocinantes dicen ya contar con varios votos más que el mínimo de 48 (dos tercios del total del cuerpo) requerido para ser consagrado magistrado supremo.
Ese número solo podría alcanzarse con el apoyo de los pocos libertarios más algunos senadores radicales, kirchneristas, peronistas no kirchneristas, de Pro y provinciales. Institucionalistas, populistas, republicanos, demócratas, progresistas, conservadores. Casi todos. Aunque el macrismo puro dice que los senadores que responden al fundador del partido votarán en contra, aunque no lo han hecho público.
Esa sería la auténtica transversalidad de Milei. Y algunos ya le pusieron nombre: FAL (Frente Ariel Lijo). Aunque otros dicen que en realidad es FIAL: Frente de Impunidad Ariel Lijo. Maledicentes.
Los argumentos que sostienen esta original transversalidad en curso de concreción revelan un estado de cosas inquietante cuando se indaga un poco y se contrastan opiniones con datos concretos.
Entre los argumentos resaltan los que esgrimió el propio Presidente, como la eficiencia de Lijo, cuando el tiempo y el número causas tramitadas y resueltas lo ubican entre los magistrados federales menos eficientes. O respecto de sus saberes académicos, que las publicaciones especializadas desmienten. O que fue Lijo quien “metió preso” a Amado Boudou, cuando el exvicepresidente fue beneficiado con trámites morosos y sobreseimientos cuestionados mientras tuvo poder y sometido al escarnio por el mismo magistrado cuando estando ya a la intemperie de todo una cámara le ordenó a Lijo que lo detuviera.
Los senadores y los dirigentes políticos que han anticipado su apoyo prefieren no exponerse al cotejo indubitable y eligen argumentos susceptibles de ser discutidos. Por ejemplo, que Lijo “es alguien con quien se puede hablar” o “alguien que entiende el sistema”. Definiciones sujetas a muchas interpretaciones libres.
Mas inquietantes resultan justificantes expresados en absoluta reserva por aquellos que dicen que preferirían no votarlo, pero admiten que lo harán o que no se opondrán. “Yo no me voy a exponer a quedar en contra, porque si consigue los votos voy a tener un enemigo en la Corte. Y si no los consigue voy a tener de enemigo al juez que más poder tiene sobre el fuero federal criminal y sobre otros fueros, para que en cualquier momento me abran una causa y me persigan”. Gente práctica.
Cuando se analiza esa respuesta, las únicas dos conclusiones posibles de sacar producen escozor. La primera indicaría que hay senadores y dirigentes políticos que han cometido actos susceptibles de ser considerados delitos y buscan (o tienen) protección para no ser investigados. La segunda opción es que en la Argentina no rigen (y menos regirían aún) garantías constitucionales mínimas y cualquier ciudadano inocente (incluidos senadores de la Nación) estaría sujeto al arbitrio absoluto de magistrados que pueden llegar a la Corte, la última instancia para estar protegido de abusos de poder.
Estas conclusiones parecen jugar en favor de la gruesa ironía usada por uno de los dos únicos senadores que anticiparon su voto en contra del juez federal. “Yo no puedo votarlo. Va en contra de lo que pienso. Los hermanos Lijo [Ariel y el abogado Alfredo] son dueños de una pyme que se dedica a alquilar bidets para políticos y poderosos con el traste sucio”, explicó el cordobesísimo Luis Juez. Fin, diría el vocero presidencial.
Como si hubiera escuchado esa nada sutil metáfora, Javier Milei empezó hace poco tiempo a jactarse con recurrencia de que él tiene limpia esa parte de su anatomía. Y siguió sosteniendo el apoyo a Lijo.
La intransigencia presidencial a cambiar de postulante (después de haber recibido a varios críticos que solo comprobaron su impermeabilidad) se verificó el lunes, cuando envió al Senado el pliego de Lijo junto con el de Manuel García-Mansilla, sobre quien solo se han conocido objeciones respecto de su ideología, así como reconocimientos a su aptitud técnica. Fue esa una de las últimas disposiciones que firmó (o le hicieron firmar) Nicolás Posse antes de ser echado de la Jefatura de Gabinete. Dicen que no podía negarse pero que, también, fue un favor que le hizo a su sucesor y excompañero de trabajo Guillermo Francos.
La transversalidad mileísta, como fue la transversalidad nestorista, no se circunscribe a la política. Los factores de poder y de presión que habitan en la Argentina también tienen representantes que ya han llenado la ficha de afiliación al FAL. Muchos de ellos, que en reserva dicen no ver con agrado la postulación de Lijo, comparten con los senadores los argumentos para no expresar su rechazo. Prefieren que se los acuse de cobardes que que se los sospeche de otros pecados. La metáfora de Juez a veces adquiere literalidad.
No solo los políticos
La tácita crítica a Lijo hecha por el Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a las principales cámaras de negocios del país, no impide advertir que otras organizaciones han preferido quedar bajo ese paraguas en lugar de exponerse en forma individual. A pesar de que recurrentemente han manifestado su preocupación por la independencia y la integridad del Poder Judicial. Es el caso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde faltó unanimidad y sobró cautela de algunos integrantes, aunque había voces decididas a pronunciarse.
El aparente éxito supersónico de la transversalidad mileísta (o lijista) no sería tan vertiginoso, sino fruto de un trabajo de larga data. Más que las comentadas gestiones ante Milei, lubricadas con sesudas disquisiciones sobre el ideario libertario que habría hecho el principal auspiciante de esta postulación, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, también conocido como el Conde de Montecristo del cuarto piso de Tribunales.
En el estrecho armado libertario remiten al origen del proyecto presidencial de Milei poco después de haber ganado su banca de diputado. En ese esbozo, que era mirado más con curiosidad que con expectativas por los círculos del poder, habría habido visionarios apostadores que se acercaron a Karina Milei dispuestos a brindar apoyo. Por entonces, la hermanísima recibía escasos aportes en número y en monto para el armado de su hermano.
Como relató el año pasado Damián Nabot en una reveladora nota nunca desmentida publicada , entre esos visionarios se cuenta Guillermo Scarcella, un antiguo amigo y organizador de evencasi tos de lo más granado de la Justicia Federal en lo Criminal, con asiento en Comodoro Py. No está de más aclarar que el factotum (junto con Lorenzetti), verdadero líder y primer presidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), fue Lijo.
Scarcella es el organizador y promotor de la Rody Cup, el torneo de truco que reunía a magistrados, operadores judiciales, políticos, lobistas y hasta a algunos dueños de empresas que departían amablemente en esa tenidas lúdicas. Pero es mucho más que eso. Es un emprendedor nato, que ha multiplicado varias veces su patrimonio, de estrecho vínculo con el actual (y ya vitalicio) secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Mientras fue gobernador, Daniel Scioli tuvo a Scarcella al frente de la empresa provincial de aguas, cuya administración no habría compartido las propiedades organolépticas del transparente producto que llegaba a los hogares bonaerenses. Otra muestra más de la transversalidad. La misma que incluye a poderosos agentes y exagentes de los servicios de inteligencia, particularmente activos para sumar apoyos a Lijo.
En ese entramado asoma también como un punto descollante el apoyo que descuentan que dará la mayoría de los senadores kirchneristas a la postulación de Lijo. Por ahora, el habitual hermetismo público no se ha roto. Varias fuentes dicen que estaría faltando una conversación definitiva con lo más alto de ese espacio que conduce Cristina Kirchner, quien tiene cuentas (y causas) pendientes con el magistrado.
“Cristina fue la única que intentó terminar con este sistema judicial, hecho para proteger a los poderosos, y así le fue. No se le puede pedir más”, aduce uno de los dirigentes más escuchados por la expresidenta para justificar el apoyo que esos senadores darían al pliego. La fuente admite que no solo las formas y el contenido de la reforma que impulsó la jefa kirchnerista eran más que polémicos. La situación judicial de la entonces presidenta ya era complicada y avizoraba más complicaciones en un regreso al llano. Ahora estaría optando por caminos menos ambiciosos y menos inseguros.
El radicalismo y parte de Pro, cuyo punto de convergencia de principios se reducía a la defensa de la república y a la oposición en ese plano al kirchnerismo, van en camino de licuar ese aglutinante entre ellos y ese diferencial con sus adversarios. Más transversalidad.
En el entorno del regresado jefe de Pro, Mauricio Macri, afirman que los senadores que le responden no votarán el pliego de Lijo, aunque él no se expedirá públicamente con el argumento de que saldrá de su mutismo solo cuando el Gobierno haya logrado la sanción de la Ley Bases, lo que sucedería después de que empiece el tratamiento en comisión de los pliegos.
No es un dato menor que en el juzgado del aspirante a la Corte sigue abierta una causa contra el expresidente y su familia, y entre los auspiciantes principales de esa candidatura está el amigo de Macri, zar del juego y operador judicial Daniel Angelici, que también cuenta con lazos en el submundo del espionaje.
En el radicalismo, el largo brazo del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que suele codearse con los más granado de la Justicia, ejerce influencia sobre varios legisladores y dirigentes, empezando por el presidente del partido y senador Martín Lousteau. Las agrias diferencias mantenidas con Milei por el presupuesto universitario se habrían saldado no solo por la súbita comprensión presidencial de la importancia de asegurar el financiamiento de la educación superior pública.
Que la UBA haya tenido el privilegio de ser la primera de las universidades en recibir un incremento de partidas para funcionamiento, tras la multitudinaria protesta, no se interpretó como una desprolijidad, sino como un mensaje. Lo mismo que el abandono de la preocupación oficialista por el manejo de los recursos o por la calidad académica, esgrimidos para justificar la asfixia a la que fueron sometidas las universidades durante cuatro meses.
Por otra parte, el apuro y la determinación por llenar la vacante de la Corte (que dejó la jubilación de Elena Highton y no impide a funcionar el tribunal) adquiere más relevancia cuando se repara en que están sin cubrir una tercera parte de los juzgados nacionales (288 sobre 993), con los consecuentes perjuicios y demoras que eso genera. De ellos, casi un centenar se encuentra en trámite en el Poder Ejecutivo. Datos.
“Milei está equivocándose gravemente. Cree o le hicieron creer que está comprándose un antídoto para evitarse problemas judiciales mientras gobierna y sobre todo cuando se vaya. Pero puede estar comprándose una dosis letal de veneno. Les está dando la oportunidad de controlar la última instancia que tienen los ciudadanos para defender su honra, su libertad y su patrimonio de los abusos del poder a quienes han hecho de la arbitrariedad y la opacidad sus más conocidos atributos. Las garantías constitucionales van a estar en riesgo”, es la dramática advertencia de un acongojado dirigente que dice haber fracasado en sus intentos ante el Presidente para que desistiera de la cuestionada postulación de Lijo.
Según esa perspectiva, los poderes permanentes no tendrían motivos para verse amenazados por el cambio radical que pregona el líder libertario. Ya tendrían su póliza de seguro contratada en la transversalidad mileísta. La casta tiene (¿cada vez?) menos miedo. ¿Y el resto de la sociedad?

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Investigan al Evita y a otras organizaciones en 44 causas por extorsión
El juez Armella, de Quilmes, recibió y giró a otros juzgados denuncias contra piqueteros y sindicatos originadas en la línea 134, que habilitó el Gobierno

Camila DolabjianEmilio Pérsico lidera el Movimiento Evita
El foco de la atención de las denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de las organizaciones sociales está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, el Polo Obrero –la organización que lidera Eduardo Belliboni– y la investigación del juzgado de Sebastián Casanello. Pero lo cierto es que se mueven también otras causas. En el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, hay un proceso que apunta a las organizaciones que concentran su actividad en el conurbano bonaerense y sobre las que se hicieron la mayor cantidad de llamadas a la línea 134, habilitada por el Gobierno para recibir denuncias de extorsiones contra los dirigentes piqueteros.
El juez Armella recibió de los tribunales federales de Comodoro Py una serie de denuncias sobre las que los magistrados Marcelo Martínez de Giorgi y Casanello se declararon incompetentes. Comenzó una investigación que al momento habría identificado a decenas de organizaciones con una estructura y comportamiento similar a las amenazas que se investigan en la causa del Polo Obrero. La fiscal a cargo es Silvia Cavallo.
Como se trata de distintas agrupaciones, en Quilmes se iniciaron 44 causas por separado y algunas fueron derivadas a otros juzgados. De acuerdo con fuentes conocedoras de los procedimientos, se ordenaron medidas de prueba en todas y ya fueron señaladas por lo menos 85 personas pertenecientes a estas organizaciones, aunque no se revelaron aún sus nombres. Aseguraron, asimismo, que la mayor parte de las denuncias tienen que ver con hechos ocurridos en La Matanza, por parte del Movimiento Evita. Personas cercanas a la organización que lidera Emilio Pérsico negaron cualquier participación en amenazas a beneficiarios de planes sociales.
También figuran entre los denunciados por presuntos extorsionados la Corriente Clasista Combativa y las organizaciones 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y Ramón Carrillo, entre otras.
La línea 134 que puso a disposición el Gobierno habría reportado más de 160.000 llamados realizados contra organizaciones sociales y sindicatos en todo el país. Fueron hechos por personas presuntamente extorsionadas y amenazadas, que decidieron reportar, incluso con nombres de referentes, videos, audios y capturas de conversaciones.
Todas estas acusaciones vía telefónica y por correo fueron recopiladas por los ministerios de Seguridad y Capital Humano y dieron lugar a una identificación de aquellas que revestían algún grado de verosimilitud; luego se concretaron envíos en cuatro “tandas” principales de denuncias a la Justicia federal.
De estas cuatro, dos (una contra sindicatos y otra contra movimientos sociales) cayeron en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato del oficialismo a la Corte Suprema. Es quien tiene la mayor parte de los llamados recibidos por Seguridad y referidos posteriormente a la Justicia (cerca de 6000). Otra fue al despacho de Casanello (la que impulsa el fiscal Sergio Pollicita y tiene como principal protagonista al Polo Obrero) y, la restante, al de Martínez de Giorgi.
El desafío del contenido de estas denuncias es que cada “tanda” consiste en miles de hechos que muchos de ellos, a priori, no tienen vínculo entre sí. Incluyen planillas con números de reclamo, la situación y presunto delito que describen los que llaman y el distrito en el que ocurrieron. Los distintos jueces y fiscales plantearon estrategias diferentes con respecto a qué hacer sobre la gran cantidad de eventos inconexos que se planteaban en los listados que brindó el Ejecutivo.

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EDUCACIÓN...CUESTA ABAJO..Y EL ESCENARIO

Pruebas Aprender: desde hace 10 años, sigue estancado el mal desempeño en matemática
El gobierno presentó los resultados definitivos de las evaluaciones a estudiantes de sexto grado de escuelas públicas y privadas de todo el país; en lengua uno de cada tres alumnos no alcanza los niveles esperados de aprendizaje31 de mayo de 202409:45
Lucila Marin
a mitad de los estudiantes de sexto grado (48,6%) no alcanza el nivel esperado en matemática
El Gobierno nacional difundió los resultados definitivos de las pruebas Aprender 2023. En diciembre pasado, el Ministerio de Educación que estaba a cargo, Jaime Perczyk, hizo una presentación fuera de calendario en la que se informaron datos preliminares.
Esta vez, para llegar a la base definitiva, se agregaron 4003 casos y la versión final no presentó cambios significativos: apenas una variación del 0,4% respecto del reporte anterior, según el informe final de la Secretaría de Educación de la Nación, que encabeza hoy Carlos Torrendell.

Fuente: Ministerio de Capital Humano

A su vez, informaron que, en una revisión histórica desde 2013, identificaron una inconsistencia en los datos de 2021. “Fue un error técnico. No tenemos ningún tipo de evidencia para afirmar que fue intencional”, aclaró María Cortelezzi, subsecretaria de Evaluación en Información Educativa que señaló que se le informó a la gestión anterior sobre el fallo en el procesamiento de la base de datos de ese año, así como también a los ministros jurisdiccionales a quienes les entregaron un informe.
El mayor impacto fue en lengua. Originalmente, entre 2018 y 2021 la diferencia de estudiantes que se ubicaban en los dos niveles más bajos era de casi 20 puntos porcentuales. En 2018, 24,7% no alcanzaba el nivel satisfactorio y en 2021 esa proporción era del 44%. Con los resultados de 2021 corregidos la proporción de estudiantes en los dos niveles más bajos es menor: la diferencia entre 2018 y 2021 es de menos de 5 puntos porcentuales (4,4) y no de 19,3, como se había publicado originalmente. En 2018, 24,7% no alcanzaba el nivel satisfactorio y en 2021 la proporción es de 29,1%.
“Es una política de Estado fundamental. Hace 30 años que tenemos evaluaciones que hoy cuentan con legitimidad indiscutida. Esperamos que Aprender siga siendo esa información que habilite reflexiones”, apuntó Cortelezzi. Las pruebas Aprender son el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes en lengua y matemática de los estudiantes argentinos
Destacaron, a su vez, que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer los procesos de evaluación y los controles de calidad. En ese sentido, entre otras medidas, proponen una revisión externa de los procesos y resultados previo a la publicación.

Fuente: Ministerio de Capital Humano
Resultados
La mitad de los estudiantes de sexto grado (48,6%) no alcanza el nivel esperado en matemática. Mientras que en lengua no lo logran uno de cada tres (33,6%). Estos resultados evidencian una desmejora respecto de 2022.
En esta última asignatura, los estudiantes mejoraron con respecto de 2013. Aunque el progreso que muestran los datos entre ese año y 2018 se ha revertido y esta última foto representa un deterioro desde 2021. En matemática no se han conseguido cambios significativos en los últimos 10 años y los resultados reflejan un estancamiento, además de una tendencia a la caída de los estudiantes que alcanzan el nivel avanzado.
“La evaluación continúa siendo una herramienta de producción de información valiosa. La información y los recursos tiene que servir para implementar mejoras”, consideró Torrendell. Y agregó: “Estamos desafiados a seguir mejorando las políticas de evaluación”.
Remarcó que uno de los problemas de la educación de hoy es la dispersión. “El formato es por agregación, se van sumando materias. Algo análogo pasa con las políticas educativas y así llegamos a 170 programas educativos, algo inmanejable”, describió.
En ese sentido, señaló que uno de los movimientos que está intentando llevar adelante en su gestión es “focalizar” y bajo esa lógica definió al Plan de Alfabetización como una “política focalizada acordada con todas las provincias”. El martes pasado, las 24 jurisdicciones del país aprobaron de manera unánime el Compromiso Federal por la Alfabetización por lo que el programa que cada una de las provincias había presentado en la reunión anterior quedó “enhebrado” en el nacional que, según dijeron, será también prioridad en otras áreas del Ministerio de Capital Humano. “En un contexto de dificultades socioeconómicas es muy importante avanzar en la alfabetización”, afirmó Torrendell.
Con el objetivo de conocer y analizar las dimensiones vinculadas con el proceso de alfabetización, en noviembre próximo se evaluará a los alumnos de tercer grado en el área de lengua. Esta nueva evaluación –bienal, de carácter muestral y por jurisdicción– no reemplazará a la que se realiza en sexto grado, será complementaria. La última prueba Aprender para ese nivel se realizó en 2016. Además, en octubre próximo se realizarán las de la secundaria.
Gestión pública y privada
Los resultados de lengua y matemática mejoran en las escuelas de gestión privada. En el caso de la primera, un 15,9% de los alumnos de los establecimientos privados no alcanzan el nivel deseado, mientras que en el caso de los estatales, la cifra asciende a 39,9%. En matemática, son 55,1% los chicos de escuelas públicas quienes se encuentran por debajo del nivel satisfactorio, mientras que en las privadas son 30,5%.
La desigualdad también queda expuesta al analizar los resultados por niveles socioeconómicos. A mayor poder adquisitivo, mejores son los resultados.
En lengua, un 50,2% de los estudiantes del nivel socioeconómico bajo se ubica en los dos niveles de desempeño alto: satisfactorio y avanzado. Mientras que para los de niveles socioeconómicos altos, la cifra asciende a 82,4%. Hay 32 puntos porcentuales de diferencia entre ambos. Para matemática, apenas el 38,6% de los alumnos de nivel social bajo alcanza los niveles de desempeño más alto cuando en los de sectores altos la cifra asciende al 70,1%.
En el informe presentado, además, analizaron otros factores que influyen en el desempeño de los estudiantes. En ambas asignaturas, por ejemplo, a mayor antigüedad del directivo en la escuela, mejor es la performance de los alumnos.
El informe también concluye que no se observa una relación entre la cantidad de horas que asisten los estudiantes a la escuela y su nivel de desempeño. “Debemos acompañar con mejores recursos físicos y didácticos las horas en la escuela y repensar cómo acompañar a los directivos”, consideró Cortelezzi.

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Una catástrofe educativa que ningún político termina de “humanizar”
María Elena Polack
Entre 2013 y 2023 se sucedieron tres gobiernos nacionales, dos del mismo signo político y uno distinto. Lo único casi invariable fueron las malas notas obtenidas por los alumnos en lengua y matemática en sexto grado del nivel primario.
Prácticamente no hubo diferencias entre los resultados de las evaluaciones en la segunda presidencia de Cristina Kirchner, en la única de Mauricio Macri –que las bautizó Aprender e incluso convirtió en bienales para cada nivel– y la de Alberto Fernández, que casi lidera el récord mundial de días sin presencialidad en las escuelas por las restricciones que impuso frente a la pandemia de Covid.
También lo único casi invariable entre 2013 y 2023 fueron las cúpulas de los gremios docentes, que, además, siempre han tenido férreas actitudes en favor de mejorar sus condiciones laborales, pero han esquivado responder por qué en las aulas sus alumnos no adquieren los saberes más que vitales para la vida adulta.
La única metodología de los gremios es el paro en reclamo de mejoras laborales, pero no han desarrollado iniciativas para autoevaluarse ni definir dónde fallan en su metodología frente a sus alumnos.
Lo paradójico de estos resultados desfavorables de las pruebas Aprender 2023, que se habían difundido preliminarmente en diciembre y ahora son definitivos, es que todos los políticos han manifestado en esta década lo mismo que en las anteriores y lo que prometerán para las próximas: la educación es clave para el desarrollo del país.
Lo único distinto en estos 10 años es que desde diciembre pasado el ministerio nacional fue degradado a secretaría, aunque el diálogo con las provincias que definen en forma autónoma sus políticas se sucede con cierta armonía. De hecho, esta misma semana acordaron avanzar en un Compromiso Federal por la Alfabetización. Ya ningún distrito, con tantas evaluaciones a disposición, puede dejar de intentar mejorar la situación de los estudiantes argentinos.
Pero ningún dirigente termina de “humanizar” esas evaluaciones de aprendizaje. No le ponen nombre y apellido a la catástrofe. Eso sí pueden hacerlo los docentes que cotidianamente y desde hace años ven pasar por sus aulas las dificultades de sus alumnos para entender consignas.
¿Alguien piensa qué pasó con aquel chico de 6º grado de 2013 que no comprendía lo que leía y no podía resolver cálculos? Pasaron 10 años, ¿alguien cree que está, como debería por una cuestión temporal, terminando una carrera universitaria? ¿Alguien piensa poner el foco en el estudiante real detrás de las malas notas?

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CASA ROSADA Y ENCUENTRO

Más cambios y una pila de decretos esperan el regreso de Milei
La salida de Posse modificó el organigrama; los servicios de inteligencia están acéfalos a la espera de las designaciones; Sturzenegger, a la expectativa
Maia JastreblanskyPRESIDENCIAJavier Milei, ayer, junto a Mark Zuckerberg, creador de Facebook

El lunes por la noche, minutos antes de embarcar a los Estados Unidos, Javier Milei rubricó un escueto decreto de cuatro artículos para aceptar la renuncia de Nicolás Posse y nombrar a Guillermo Francos nuevo jefe de Gabinete. Esa salida rápida para cortar con la incertidumbre dejó, no obstante, una batería de asuntos relevantes sin resolver. Con el Presidente en el exterior hasta el domingo, muchos cambios pendientes en el organigrama que requieren la firma presidencial quedaron en el aire.
En lo formal, los decretos con las modificaciones de estructuras y nuevas designaciones esperarán al regreso del Presidente, señalaron dos fuentes calificadas de la Casa Rosada. Victoria Villarruel tiene firma, pero habitualmente los cambios en el gabinete llevan la rúbrica del jefe del Estado. La vicepresidenta, además, no está en una situación política que la habilite a avanzar con ese tipo de facultades: pese a que forma parte del Poder Ejecutivo, su nombre ni siquiera figura en el Mapa del Estado que el Gobierno publicó en su sitio oficial.
El asunto más sensible que aguarda a Milei en Buenos Aires es el vinculado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Su titular, Silvestre Sívori, renunció al mismo tiempo que Posse porque había llegado de la mano del jefe de Gabinete y correspondía que dejara su silla, tan sensible para el Presidente.
El movimiento se dio en medio de las versiones que indican que Milei sospechó de espionaje interno en su equipo y de la existencia de “carpetas”. Desde la AFI niegan rotundamente que el organismo haya realizado ese tipo de tareas. Las operaciones, no obstante, no son exclusivas de esa agencia: hay otras dependencias del Estado que tienen sus propios servicios de inteligencia y, además, en la Argentina no hay control alguno sobre el espionaje privado.
Esta semana, el organismo de los espías quedó virtualmente acéfalo. En el Gobierno aseguran que harán un cambio de fondo en los servicios. Con el Presidente fuera del país, su asesor de mayor confianza, Santiago Caputo, se puso al frente de la transición en el área. Tal como contó la nacion, en el edificio de 25 de Mayo estuvo, tanto el martes como el miércoles, Sergio Darío Neiffert, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y hombre de Jesús Cariglino que ya es nombrado como sucesor de Sívori.
Con el ascenso de Francos, en tanto, el Gobierno tiene previsto diseñar una Jefatura de Gabinete muy distinta y despojar a la cartera de varias de las funciones que tenía. Ninguno de los ocho secretarios de Estado que dependían de Posse, sin embargo, pudo hasta ahora renunciar: la Casa Rosada necesita que sostengan su firma para evitar la paralización total de expedientes hasta que se reformulen las áreas.
El propio Posse, incluso, asistió a Balcarce 50 el martes y el miércoles para cerrar temas y hacer el traspaso de funciones. Francos repartió su agenda entre las reuniones internas y su función política, que lejos está de abandonar. Pese a la pila de asuntos de gestión que tiene como nuevo jefe de la administración, el flamante ministro coordinador dedicó varias horas al Congreso para intentar pasar la Ley Bases desde su nuevo rol.
Fuentes de la Casa Rosada explicaron que la degradación del Ministerio del Interior a secretaría de Estado (algo que no ocurrió desde su creación, hace más de 70 años) requiere subsanar distintas cuestiones legales. En principio, se espera que todos los organismos del extinto ministerio –desde la Dirección Nacional Electoral hasta la de Migraciones pasando por el Renaper– pasarán a depender del nuevo secretario de Interior, Lisandro Catalán. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no obstante, hace tiempo que viene pidiendo más “fierros” para el combate del delito organizado, y eso incluye algunas de las dependencias que están en Interior. Con la nueva Jefatura de Gabinete, Milei debe definir a dónde recalarán las 23 empresas del Estado que hasta ahora estaban aglutinadas bajo una secretaría a cargo de Mauricio González Botto, un colaborador estrecho de Posse que, se descuenta, dará un paso al costado apenas termine la transición.
La otra duda es si seguirá en su puesto el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi, una figura de Pro que recaló en la Casa Rosada por su relación directa con Milei, pero que nunca fue integrado a la mesa de negociaciones de la Ley Bases y el paquete fiscal. Hasta ahora, Francos se mostró poco permeable a incorporar a su equipo a exponentes del partido amarillo y en cambio se exhibió más proclive a trabajar con dirigentes justicialistas, como Daniel Scioli (Turismo).
El Presidente también tiene que decidir qué áreas quedarán bajo la órbita de la nueva cartera de “modernización” que le creará a Federico Sturzenegger. Las funciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (allí están el área de telecomunicaciones y de contrataciones públicas) y de la Secretaría de Simplificación del Estado podrían derivarse al economista.

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Milei se reunió con Zuckerberg y suspendió su participación en otras charlas
En encuentros previos a su encuentro con el CEO de Meta, el Presidente fue reemplazado por su asesor Demian Reidel
PRESIDENCIAMilei, el miércoles, con empresarios tecnológicos

Javier Milei protagonizó ayer en Estados Unidos su tercer día de gira en busca de inversiones en el área tecnológica y, específicamente, en el ámbito de la inteligencia artificial. El encuentro destacado fue la charla con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Pero la sorpresa de la jornada fue la decisión del Presidente de suspender parte de sus actividades programadas.
Los dos encuentros previos a la cita con Zuckerberg que estaban en agenda quedaron a cargo de Demian Reidel, titular del consejo de economistas del mandatario y exvicepresidente del Banco Central en tiempos de Mauricio Macri.
El argumento que ensayó la comitiva fue que, por ser quien se dedica a temas de inteligencia artificial, había sido elegido para reemplazar a Milei en las exposiciones.
La suspensión de la participación de Milei, de todas formas, resultó sorpresiva.
El encuentro de Milei con Zuckerberg fue en la sede de la empresa, en Palo Alto.
El presidente asistió a la reunión junto a Karina Milei; el ministro Luis Caputo, el embajador Gerardo Werthein, Reidel y su socio, Mat Travizano, según informaron fuentes ministeriales.
En los últimos días, durante su séptima salida del país desde que asumió la presidencia, Milei se juntó con el CEO de Google, Sundar Pichai; con el de Apple, Tim Cook; brindó una conferencia en la Instituto Hoover, en Standford, donde se reunió con la exsecretaria de Estado de George W. Bush Condolezza Rice y con el rector de la universidad, Jon Hartley.
Milei comenzó su viaje el lunes a la noche, apenas minutos después de firmar el decreto que selló la salida de Nicolás Posse como jefe de Gabinete y la designación en ese cargo de Guillermo Francos.
Los movimientos, que generaron un tembladeral en la noche del lunes a casi seis meses de gobierno, se precipitaron con la renuncia de Posse, algo que Milei tenía decidido desde hace dos semanas y que planeaba hacer tras la definición de la Ley Bases.
Tras ese cambio y el descabezamiento de la AFI, de la que salió Silvestre Sívori, Milei no planea hacer por el momento más cambios de gabinete, como informó la nacion a comienzos de esta semana.
A poco de llegar a San Francisco, el martes pasado, el Presidente tuvo una conferencia telefónica con el canadiense Justin Trudeau.
La cena con empresarios
El miércoles por la noche, el mandatario disertó también sobre la economía internacional y argentina, con foco en la importancia de la desregulación.
Sobre esa materia, uno de los temas que orientan su gestión, Milei avanzará a su regreso con la creación de un ministerio específico que estará a cargo de Federico Sturzenegger.
El evento, con cena incluida, reunió a figuras de las empresas de tecnología de Silicon Valley, y los principales nombres en el campo de la inteligencia artificial.
En su discurso, el mandatario hizo foco en “cómo las regulaciones excesivas pueden obstaculizar la innovación y, en última instancia, frenar el crecimiento económico”, afirmaron fuentes presentes en el lugar.
En ese marco, Milei consideró que un “entorno desregulado” es crucial para fomentar la creatividad y el avance tecnológico, lo cual es esencial para mantener un crecimiento económico sostenible y promover la libertad económica.
Allí mostró su interés en crear un polo tecnológico en la Argentina con foco en la inteligencia artificial, por lo que fue en busca de inversiones a Estados Unidos.
De hecho, Milei cerró su discurso reafirmando su compromiso de “trabajar hacia un marco regulatorio que equilibre la necesidad de permitir a las empresas tecnológicas prosperar y contribuir al crecimiento económico del país y del mundo, enfatizando la libertad como pilar fundamental de su visión económica”.
En la cena estuvieron Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI; Marc Andreessen, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; John Giannandrea, vicepresidente sénior en inteligencia artificial de Apple; Alexander Wang, fundador y CEO de Scale AI; Shaun McGuire, socio general de Sequoia; Anatoly Yakovenko, fundador de Solana, y Larry Diamond, de Hoover Institution and Professor.

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DESDE ADENTRO Y CAMBIOS

Éxodos y paradojas de los libertarios
Florencia Donovan
La salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete está generando un éxodo por etapas en las segundas líneas del Gobierno. Si la administración de Javier Milei tenía desde un comienzo un déficit de tropa propia, ese rojo solo se exacerbó con el corrimiento de Posse. Todos los que llegaron a la gestión vía el headhunter de Corporación América, ahora caído en desgracia entre los libertarios, dudan de su continuidad. Así, a las renuncias (despidos) de los últimos días se estaría por agregar la salida de la secretaria de Simplificación del Estado, Josefina Sanz, que había hecho su primera experiencia en el Estado de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Podría seguirla Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado.
Paradójicamente, el mismo gobierno que pierde cuadros propios –ayer se sumó Pablo de la Torre, del ministerio de Capital Humano– y que se jacta de buscar un ajuste de la estructura del Estado, no logra hasta ahora terminar con la estabilidad laboral que existe en algunos organismos del Estado, que cobijan algunos personajes que en cualquier compañía del sector privado no habrían tenido reparos en correr. La motosierra no parece tener combustible suficiente.
La AFIP de Florencia Misrahi es tal vez uno de los ejemplos más resonantes (además porque paga los mejores sueldos del Estado): no solo mantiene con un cargo equivalente a subsecretario de Estado a la ex número uno de la Aduana Rosana Lodovico, sino que mantiene en la oficina de Tigre de la Aduana al ex número uno del organismo durante la gestión de Cristina Kirchner Ricardo Echegaray. Echegaray es el único de los involucrados en el caso Oil Combustibles al que la Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos, al considerar que defraudó al Estado mediante el otorgamiento irregular de planes de pago a la petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta semana el caso volvió a la agenda pública luego de que la Corte Suprema decidiera anular las absoluciones de López y De Sousa. Un lobo escondido en medio de un rebaño de ovejas. Pero nada que sorprenda en un Estado bobo que no solo ampara a condenados, sino que ni cruza datos a la hora de realizar pagos, como quedó en evidencia en la investigación que la Justicia está llevando adelante de los pagos que recibía durante años el Polo Obrero, que se valía de una usina de facturas truchas –que la AFIP ya tenía identificadas cómo tal– para justificar parte de sus gastos. El Veraz funciona para los bancos, no para el Estado.
Empresas endeudadas
En las empresas públicas, que ahora pueden ser privatizadas, el problema que se encontraron muchos de sus nuevos administradores fue no solo que estaban desfinanciadas, sino también fuertemente endeudadas. Desde la semana pasada, el Gobierno decidió modificar su estrategia para muchas de ellas. “La orden ya no es cogestionarlas, sino buscar lo que se pueda vender ya, previo a convertirlas en sociedades anónimas, claramente”, explicaron. Hay versiones de que a Nicolás Posse le habrían ofrecido hacerse cargo de la Agencia de Inversiones para que pueda conseguir capitales para las empresas del Estado. Difícil pensar que acceda al puesto. Habrá que ver cuál será la primera de las empresas en privatizar; probablemente quien terminará por definirlo será Federico Sturzenegger, que está a la espera del regreso del presidente Milei para terminar de formalizar su designación en el Gobierno. Aunque entre sus ideas iniciales no está privatizar todas, sino que no descarta directamente ceder una empresa como AySA, que provee servicios de agua y cloacas en el área metropolitana, directamente a los distritos de CABA y provincia de Buenos Aires. Por ahora, solo una idea.
AySA es una de las pocas empresas de servicios públicos que ha logrado aumentar sus tarifas sin hacer demasiadas olas. Su escasa incidencia en la configuración del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec es su principal aliada. En lo que va de 2024 ya subió más del 270% sus precios y hay quienes se ilusionan con que podría terminar el año ya con los números en equilibrio. Aunque la mora, que históricamente había sido del orden del 3% ya había saltado al 15% hacia fines de 2023. Lejos quedaron los tiempos en los que AySA recibía fondos del Tesoro sin cuestionamientos. Solo así se entiende que de las 261 obras que finalizó la empresa entre 2020 y 2023, el 18% hayan sido solo en el municipio de Tigre. Es el territorio por el que Malena Galmarini compitió (y perdió) en la última elección y, de lejos, el que más obras recibió de AySA: tuvo 57 contratadas, de las cuales 47 se finalizaron. En segundo lugar se ubicó Lomas de Zamora –histórico distrito de Martín Insaurralde– con 22 obras contratadas (15 finalizadas) y, en tercer lugar, Avellaneda, con 19 contratadas y 10 finalizadas. Otros distritos favorecidos fueron Almirante Brown, con 14 contratadas y hasta 9 finalizadas, y Escobar, con 12 de las 13 finalizadas. Amigos son los amigos.
A partir de junio, para Economía el déficit de las empresas públicas no pasará inadvertido. Mayo, ya descuentan que el Tesoro tendrá una vez más superávit financiero, pero en junio los números fiscales empiezan a complicarse. Al menos, en la recaudación de impuestos de mayo no hay señales todavía de algún tipo de reactivación de la actividad que pueda salir al auxilio de las cuentas públicas. “Pasamos de estar en la lona a subirnos a una lona. Pero reactivación no hay”, confió una fuente que sigue de cerca los números. Aerolíneas Argentinas consiguió el mes pasado que el Banco Nación le renueve un préstamo de US$300 millones al 8% anual –dos puntos menos de lo que había sido su financiamiento anterior– para no ir a pedirle fondos directamente al Tesoro. Más complicado es el caso de Trenes, que después del accidente de Palermo encendió todas las alarmas oficiales: este año ya avisó que tendrá un rojo operativo de US$1000 millones. Todo un número.
En Economía saben que los próximos meses no serán fáciles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se desvive en elogios públicamente para la administración Milei, pero no termina de abrir la billetera. Un nuevo programa parece lejos. Ni siquiera tiene fecha aún en la agenda del directorio del organismo multilateral el tratamiento de la octava revisión del programa que la Argentina tiene vigente, y que se supone que el país había cumplido con creces. De la aprobación del directorio depende el desembolso de US$800 millones que estaba pendiente para estas fechas.
La lupa del FMI
El FMI, aseguran fuentes al tanto de las discusiones internas, sigue con tanta atención como cualquier otro inversor privado lo que sucede con la Ley Bases y la reforma fiscal en el Congreso. “El FMI está esperando un endorsement de la clase política global del programa. Es uno de los requisitos del programa. Si la ley no pasa significa que no hay un consenso político alrededor del camino económico. Y si la ley no pasa, en el board del FMI va a ser complicada la situación de la Argentina”, adelantó una fuente que participa de las discusiones. Entre los accionistas del organismo tampoco cayó bien la solución que encontró el ministro Luis Caputo para saldar la deuda con las generadoras de energía. Podrá haberles torcido el brazo a las empresas, pero los accionistas de muchas de ellas no demoraron en expresar sus quejas en las embajadas correspondientes. Son las mismas embajadas que después pesan a la hora de votar en el board del FMI.
Tampoco parece que vienen fáciles las negociaciones con China para la renovación del préstamo (swap) que el Banco Central debería repagar a partir de junio. En el Gobierno se ilusionan con la posibilidad de que el gobierno chino afloje a último momento. Aunque otros interpretaron con preocupación la decisión de Pekín de postergar viajes oficiales a último momento, como el que tenía previsto realizar el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que pensaba volar la semana pasada para negociar la apertura del mercado chino a las menudencias bovinas y porotos negros argentinos. En la agenda, el encuentro se pasó para julio. Señales.
En el medio, los esfuerzos por terminar de limpiar el balance del Banco Central son notables. Tanto que hasta el Tesoro dio recientemente la orden de retirar todos sus depósitos del Banco Nación (que por ellos pagaba una tasa), y directamente colocarlos a tasa cero en el BCRA. Es una forma de que el Nación reduzca su porción de pases con la autoridad monetaria, aunque por ello el Tesoro deba resignar una buena rentabilidad: casi un cuarto del superávit financiero del primer cuatrimestre se había logrado gracias a las rentas obtenidas por las colocaciones de pesos del Gobierno. Pero ya Milei anticipó que limpiar el BCRA es uno de los pilares necesarios previos a la apertura del cepo. Sin plata del FMI y con leyes que se demoran, al menos hay que ir pavimentando el camino para recorrerlo solos.•
No vienen fáciles las negociaciones con china por la renovación del swap

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Ganancias: postergan una fecha para quienes pagaron el impuesto y compraron dólares
La AFIP resolvió que la liquidación de la carga fiscal se haga con los sueldos de julio; la demora se debe a la discusión en el Congreso

Silvia Stang
La AFIP prorrogó nuevamente, esta vez hasta el 30 de junio, el plazo para que los asalariados y jubilados que en 2023 estuvieron alcanzados por Ganancias completen la declaración llamada Siradig Trabajador correspondiente a ese año. Eso implica, a la vez, que la liquidación del impuesto correspondiente al año pasado se hará junto con la de los salarios de julio. Y, en consecuencia, la recuperación del dinero de las percepciones por compra de dólares u otra moneda extranjera en el mercado oficial, o por pagos de consumos en el exterior o abonados en moneda extranjera, se demorará hasta los primeros días de agosto.
La decisión se oficializó mediante la resolución 5514, publicada ayer en el Boletín Oficial. En el Siradig se informan las deducciones por familiares a cargo o por ciertos gastos, los pagos a cuenta y los datos de pluriempleo. La extensión del plazo se hace porque aún no se aprobó en el Congreso la ratificación de algunas modificaciones hechas en 2023 en el esquema impositivo.
Si no hay una norma legislativa sobre el tema, al hacerse la liquidación final del impuesto correspondiente a 2023 surgirán saldos a favor del fisco; es decir, muchas personas deberían saldar deudas por Ganancias del año pasado y, por eso, sufrirían descuentos de sus ingresos adicionales a los ya previstos.
Originalmente, el plazo para completar el Siradig iba a finalizar el 31 de marzo. Pero unos días antes de esa fecha se resolvió extender el período hasta el 30 de abril. A fines de abril se emitió una normativa con otra prórroga y ahora, al continuar la situación igual que entonces (es decir, al faltar la aprobación de una ley), vuelve a disponerse una extensión del plazo.
Más allá de los motivos, al retrasarse la liquidación definitiva del tributo por los ingresos de 2023 se sigue demorando la devolución de los importes pagados en concepto de percepciones en las operaciones de compra de moneda extranjeraen el mercado oficial, y de adquisición de bienes y servicios en el exterior o en moneda extranjera.Las compensaciones por los importes retenidos en 2023, en el caso de los asalariados alcanzados por Ganancias, llegarán con los salarios de julio, que se cobrarán (por lo general) en los primeros días de agosto. La demora provoca que los importes pierdan cada vez más poder adquisitivo.
Los argumentos para las extensiones del plazo se basan en una situación sobre la cual se advierte desde hace meses: está pendiente la aprobación de una ley para que algunos de los cambios hechos en Ganancias en 2023, que fueron decididos por el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral y el llamado “plan platita”, no terminen provocando, al hacerse la liquidación definitiva de 2023, deudas de las personas con el fisco.
La corrección de la situación está prevista en el proyecto de ley de medidas fiscales enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla modificaciones en Ganancias que regirían a partir de este año. El proyecto sobre medidas fiscales, al igual que el de la Ley Bases, fue aprobado por Diputados y ahora falta su tratamiento en el Senado, donde se aprobaría pero con modificaciones, con lo cual deberá volver a la Cámara baja.
El origen del problema
Concretamente, los decretos 415 y 427 de 2023 dispusieron que la AFIP actualizaría los valores de una tabla para el cálculo de cuánto descontar de los ingresos en concepto de Ganancias. Esos reajustes fueron hechos, pero no se modificaron los números para determinar el importe del tributo propiamente dicho (más allá de los descuentos de los salarios o de los haberes). Para eso hace falta una ley. Es decir: una cosa es la cuenta hecha para definir cuánto se retiene mensualmente del salario, y otra cosa es el cálculo del impuesto en sí mismo.
Así, se logró que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes por Ganancias a quienes siguieron alcanzados tras las subas del piso salarial para tributar, pero no se dispuso la reducción del impuesto, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere una ley. Esa situación deriva en la existencia de saldos a favor del fisco, que se evidenciarían al hacerse la liquidación final por 2023.
El decreto 415, de agosto pasado, le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, con el objetivo de “reducir el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan con el esquema actualizado los descuentos de los meses previos, a partir de enero.
Esa normativa tuvo alcance para todos los asalariados que a ese momento habían tenido retenciones en uno o más meses de 2023. La medida provocó la devolución de parte del dinero antes retenido. En los considerandos del decreto se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso para procurar que se estableciera que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para calcular el impuesto (y no solo las retenciones). El punto se incluyó, de hecho, en la iniciativa referida al presupuesto 2024, nunca considerada.
Otro decreto, el 473, fijó la vigencia de tablas especiales para las retenciones de los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto alcanzó a quienes siguieron pagando Ganancias en esos meses, que son quienes tuvieron remuneraciones superiores a $1.980.000.
En 2023, a la vez, las subas del salario más bajo desde el cual se tributa –mínimo no imponible– fueron establecidas por el Poder Ejecutivo usando facultades especiales que el Congreso le había delegado. Por eso, ese punto en particular (el aumento del salario piso para tributar) no necesita ratificación por parte de los diputados y senadores. La situación es diferente, como se explicó, en lo que se refiere a la forma de calcular el impuesto.

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LAS REFORMAS LIBERTARIAS

El Gobierno tuvo que aceptar 45 cambios por el dictamen
Favoreció a las provincias mineras y a las patagónicas

Delfina CelichiniEl nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se retira del Senado luego de reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel

Después de cuatro semanas de intensas negociaciones en el Senado, la Casa Rosada debió resignar gran parte del contenido de los proyectos de leyes económicas a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Las concesiones más importantes fueron beneficios para las provincias patagónicas en el cálculo del impuesto a las ganancias y un aumento de las regalías mineras para los gobiernos provinciales.
La urgencia por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al Gobierno a extremar su plasticidad en la discusión de las iniciativas impulsadas por Javier Milei. Después de cuatro semanas de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Los acuerdos se terminaron de cerrar el miércoles por la noche, cuando el oficialismo limó las diferencias que lo habilitaron a discutir los proyectos en el recinto, escenario previsto para la semana del 12 de junio.
Tras ello, la Cámara de Diputados podrá ratificar los cambios o insistir con la redacción original.
El artífice de esta victoria fue el superministro Guillermo Francos –recientemente nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse–, que también sigue a cargo de las competencias del ex-Ministerio del Interior.
Es decir, Francos tiene bajo su ala las carteras más políticas del gabinete libertario.
Este nuevo papel le permitió el miércoles destrabar las negociaciones con la oposición dialoguista, con quienes, tras una jornada de intensas tratativas, los consensos parecían haberse estancado una vez más.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, con diálogo fluido con todos los espacios políticos, fue parte de este logro.
El aumento de las regalías mineras para las provincias terminó por saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% esos aportes. Ayer por la mañana, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que venían reclamando y el Gobierno se mostraba reticente a conceder.
La primera presión
El amotinamiento patagónico se incubó desde el debate en la Cámara de Diputados.
Si bien allí los legisladores que responden a los gobernadores del sur alzaron su voz para exigir que en la reimposición del tributo se contemplara su elevado costo de vida, este reclamo no prosperó.
En el Senado, en cambio, retienen la cuarta parte de sus miembros y no dudaron en hacer valer su peso. Junto a Unión por la Patria (UP) y una porción del peronismo no kirchnerista, lograron rebatir la intransigencia inicial de la Casa Rosada.
El próximo desafío será asegurarse de que en la Cámara de Diputados no reviertan sus logros. Esta es la garantía que exige el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien dilató la firma del despacho del paquete fiscal por medio de la legisladora de su provincia Andrea Cristina.
Las privatizaciones
En el paquete de privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negó a habilitar modificaciones.
Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la liquidación total. No obstante, no lograron torcer el brazo del oficialismo y deberán llevar sus planteos al recinto.
Es decir, la firma de los dictámenes no garantiza que los textos se mantengan incólumes hasta su sanción definitiva. Todavía deberán pasar el filtro del pleno del Senado, así como el último visto de Diputados.
Por eso, la votación en particular en la Cámara alta es un tema al que tanto Victoria Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención.
De hecho, en el oficialismo tienen plena conciencia de que algunos artículos corren serio riesgo de ser rechazados.
Como la sesión recién será convocada para el 12 o el 13 de junio, el Gobierno tendrá casi dos semanas para acercar posiciones y ajustar los números para el desembarco de las iniciativas en el hemiciclo del Senado.
La demora también se debe a la ausencia anticipada de senadores propios y de la oposición dialoguista, cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.

Las modificaciones

Cambios en la Ley Bases

Desregulación del Estado: se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (Citefa); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

Empleo público: se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

Modernización laboral: a pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. A través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario.

Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): fue reformulado el artículo 163, que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.

◗ Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

◗ Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.

◗ Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.

◗ Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

Cambios en el paquete fiscal

Blanqueo: se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

◗ Respecto del dinero que sea regularizado y depositado, se adicionó la posibilidad de que el Ejecutivo promueva con este “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

◗ Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

◗ Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

◗ Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

◗ Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los bienes personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Impuesto a las ganancias

◗ El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos.

◗ Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva –donde se incluye el impuesto a las ganancias– estipulada en la ley 19.640.

◗ Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.

◗ Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente del vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.

Ley minera: se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.

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Tensión en el Senado: negociaciones, enojos y dos semanas para asegurar los votos de la Ley Bases y el paquete fiscal
Los proyectos recién irán al recinto a mediados de junio; el malestar por el tuit de Martín Menem anticipando un dictamen que no fue y el senador radical que se fue a La Bombonera
Gustavo Ybarra
Victoria Villarruel y Guillermo Francos
Cuando la chubutense Andrea Cristina (Pro) estampó este mediodía su rúbrica en el dictamen de reforma impositiva cayó la última ciudadela que todavía ofrecía resistencia y la vicepresidenta Victoria Villarruel y su secretario parlamentario, Agustín Giustinian, pudieron respirar tranquilos. Más de doce horas de confiada expectativa habían llegado a su fin y ahora tanto las “medidas fiscales paliativas y relevantes” como la Ley Bases que tanto anhela el gobierno de Javier Milei podrán llegar al recinto del Senado.
Aunque estarán disponibles para su debate la semana próxima, el reglamento del Senado establece que deben mediar siete días de publicación entre la firma del despacho y su tratamiento en el hemiciclo, la sesión en la que la Cámara alta discutirá ambos proyectos recién será convocada para el 12 o el 13 de junio. La demora obedece a la ausencia anticipada de algunos senadores propios y de la oposición dialoguista cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.
La discusión en particular es, por el momento, harina de otro costal. Con casi dos semanas por delante, el oficialismo tiene más tiempo para “porotear” los votos que tendrá cada artículo de ambas iniciativas. Como el proyecto ya sufrió modificaciones con relación a lo que aprobó Diputados en la maratónica sesión del pasado 30 de abril, no saldrán convertidos en ley, sino que volverán en segunda revisión a la Cámara baja.
La senadora chubutense Andrea Cristina, cuya firma completó el dictamen de la reforma fiscalInstaga
Esto tampoco garantiza que los textos que oficialmente fueron presentados esta tarde salgan incólumes del debate por el pleno del Senado. La votación en particular sigue siendo un tema al que tanto Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención. De hecho, en el oficialismo de la Cámara alta son conscientes que algunos artículos corren serio riesgo de terminar rechazados en el recinto.
La restitución del Impuesto a las Ganancias es uno de ellos. A pesar de que el Gobierno cedió a los reclamos de las provincias patagónicas y aceptó reconocerles el diferencial del 22% por zona desfavorable en la base imponible del tributo, en los cuarteles de La Libertad Avanza todavía consideran que la cláusula corre serio peligro de ser rechazada.
Otro tanto ocurre con las empresas que el Gobierno pretende privatizar. Los negociadores de la Casa Rosada rechazaron quitar de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios estatales de Radio y Televisión Argentina, reclamo en el que coinciden tanto senadores dialoguistas como el kirchnerismo, que se opone de plano a ambas iniciativas al extremo de considerarlas inconstitucionales. La resistencia en este tema también es fuerte y podría costarle al Ejecutivo todo el artículo que autoriza la enajenación de otras empresas.
Interna libertaria y pasos de comedia
La suerte de los proyectos cambió la noche de este miércoles con la llegada a la Cámara alta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tuvo que ponerle el cuerpo a una negociación de apuro para convencer a los últimos senadores díscolos que todavía se resistían a firmar los dictámenes y evitar, así, un nuevo fiasco legislativo del oficialismo.
La llave que terminó de destrabar todo fue la cesión del trato diferencial en Ganancias para la Patagonia, que desarmó el último bastión en el que se refugiaba el provincial José María Carambia (Por Santa Cruz), que era la firma que faltaba para que la Ley Bases reuniera la mayoría necesaria para tener dictamen de comisión. Con el santacruceño al fin encolumnado, llevaba dos semanas advirtiendo que iba a votar en contra, ya no hacía falta esperar a que Martín Lousteau (UCR-Capital) presentara su despacho alternativo.
Pero no todo iba a ser tan fácil. En un paso de comedia inesperado, los colaboradores del área parlamentaria de Villarruel descubrieron que el cambio otorgado a Carambia les había hecho perder una firma en el dictamen de reforma fiscal. Es que la inclusión del nuevo artículo obligó a modificar la última página del texto, en la que varios legisladores ya habían estampado su rúbrica.
Sin embargo, a esa hora de la noche el radical Flavio Fama (Catamarca) ya no se encontraba en el Palacio. Tras haber estampado su rúbrica en disidencia parcial en el dictamen había partido con rumbo a la cancha de Boca para ver el partido por la Copa Sudamericana. Recuperar la firma del catamarqueño fue una de las causas que llevaron a que los despachos recién estuvieran listos esta tarde. La otra fue la reticencia de la chubutense Cristina, que recién sumó su apoyo luego de que su gobernador, Ignacio Torres, se quedara conforme con la promesa del Gobierno de que no eliminarán el beneficio en Ganancias para la Patagonia cuando el texto pase a Diputados.
Sin embargo, en medio del alivio y la alegría por lo que ya consideraban una misión cumplida, la noche en que la Ley Bases y la reforma fiscal obtuvieron dictamen no estuvo exenta de enojos y reproches que sacaron a la superficie la nada discreta interna oficialista.
Martín Menem y Victoria Villarruel durante la apertura de las sesiones legislativas
En el círculo de confianza de Villarruel cayó muy mal las ambiciones de protagonismo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que publicó un posteo con la “primicia” de que la Ley Bases ya tenía dictamen. “No están todas las firmas todavía, recién van a estar mañana”, repetían colaboradores de la vicepresidenta a quien quisiera escucharlos.
“No sé, no nos hacemos cargo de lo que tuitean otras personas”, respondían, enojados, cuando se les señalaba que el libertario riojano ya había dado por alcanzado el objetivo. Recién esta tarde, después de las 14.30, la Presidenta del Senado anunció por la red social X la presentación oficial de los dictámenes y le puso fin a cuatro semanas de agotador debate en comisiones. Pero, la historia continúa. Todavía falta el recinto, tal vez el desafío más difícil para una Villarruel que sabe que el Gobierno no le perdonaría el fracaso.

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La aprobación del dictamen empujó una suba del 11% de las acciones
Melisa Reinhold
Tras semanas de idas y venidas, el Gobierno logró dictamen en el Senado para tratar la Ley Bases y la reforma fiscal.
Esta noticia significó un impulso alcista tanto para los bonos del último canje de deuda como para las acciones argentinas, a la espera de que las iniciativas se aprueben en el recinto la semana próxima.
La Bolsa porteña subió ayer 4,8% y cotizó en 1.642.611 unidades, equivalentes a US$1353 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL). En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones, la rueda fue liderada por el Banco Supervielle (+10,9%), el BBVA (10,6%), Transportadora de Gas del Sur (+8,2%) e YPF (+7,2%).
Las alzas fueron aún más marcadas entre las acciones argentinas en Wall Street (ADR), incluso a pesar del viento de frente que llegó del exterior. Los papeles del BBVA escalaron un 11%, seguidos por el Banco Supervielle (+10,8%), Transportadora de Gas del Sur (+8,7%) y Grupo Financiero Galicia (+7,9%).
“El dictamen por la ley es una gran noticia para el mercado, implica certidumbre política para los inversores. El Gobierno está logrando avances en su agenda legislativa y despierta el optimismo que la semana pasada parecía comenzar a desvanecerse. En la rueda del mercado vimos bonos en terreno positivo y fuertes subas en las acciones bancarias. Esto podría ser el comienzo de una tendencia alcista de corto plazo, acelerándose si se aprueba la ley”, dijo Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital.
En ese escenario, los bonos del último canje de deuda operaron en terreno positivo.

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