DESDE ADENTRO Y CAMBIOS

Éxodos y paradojas de los libertarios
Florencia Donovan
La salida de Nicolás Posse de la jefatura de Gabinete está generando un éxodo por etapas en las segundas líneas del Gobierno. Si la administración de Javier Milei tenía desde un comienzo un déficit de tropa propia, ese rojo solo se exacerbó con el corrimiento de Posse. Todos los que llegaron a la gestión vía el headhunter de Corporación América, ahora caído en desgracia entre los libertarios, dudan de su continuidad. Así, a las renuncias (despidos) de los últimos días se estaría por agregar la salida de la secretaria de Simplificación del Estado, Josefina Sanz, que había hecho su primera experiencia en el Estado de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Podría seguirla Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado.
Paradójicamente, el mismo gobierno que pierde cuadros propios –ayer se sumó Pablo de la Torre, del ministerio de Capital Humano– y que se jacta de buscar un ajuste de la estructura del Estado, no logra hasta ahora terminar con la estabilidad laboral que existe en algunos organismos del Estado, que cobijan algunos personajes que en cualquier compañía del sector privado no habrían tenido reparos en correr. La motosierra no parece tener combustible suficiente.
La AFIP de Florencia Misrahi es tal vez uno de los ejemplos más resonantes (además porque paga los mejores sueldos del Estado): no solo mantiene con un cargo equivalente a subsecretario de Estado a la ex número uno de la Aduana Rosana Lodovico, sino que mantiene en la oficina de Tigre de la Aduana al ex número uno del organismo durante la gestión de Cristina Kirchner Ricardo Echegaray. Echegaray es el único de los involucrados en el caso Oil Combustibles al que la Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos, al considerar que defraudó al Estado mediante el otorgamiento irregular de planes de pago a la petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta semana el caso volvió a la agenda pública luego de que la Corte Suprema decidiera anular las absoluciones de López y De Sousa. Un lobo escondido en medio de un rebaño de ovejas. Pero nada que sorprenda en un Estado bobo que no solo ampara a condenados, sino que ni cruza datos a la hora de realizar pagos, como quedó en evidencia en la investigación que la Justicia está llevando adelante de los pagos que recibía durante años el Polo Obrero, que se valía de una usina de facturas truchas –que la AFIP ya tenía identificadas cómo tal– para justificar parte de sus gastos. El Veraz funciona para los bancos, no para el Estado.
Empresas endeudadas
En las empresas públicas, que ahora pueden ser privatizadas, el problema que se encontraron muchos de sus nuevos administradores fue no solo que estaban desfinanciadas, sino también fuertemente endeudadas. Desde la semana pasada, el Gobierno decidió modificar su estrategia para muchas de ellas. “La orden ya no es cogestionarlas, sino buscar lo que se pueda vender ya, previo a convertirlas en sociedades anónimas, claramente”, explicaron. Hay versiones de que a Nicolás Posse le habrían ofrecido hacerse cargo de la Agencia de Inversiones para que pueda conseguir capitales para las empresas del Estado. Difícil pensar que acceda al puesto. Habrá que ver cuál será la primera de las empresas en privatizar; probablemente quien terminará por definirlo será Federico Sturzenegger, que está a la espera del regreso del presidente Milei para terminar de formalizar su designación en el Gobierno. Aunque entre sus ideas iniciales no está privatizar todas, sino que no descarta directamente ceder una empresa como AySA, que provee servicios de agua y cloacas en el área metropolitana, directamente a los distritos de CABA y provincia de Buenos Aires. Por ahora, solo una idea.
AySA es una de las pocas empresas de servicios públicos que ha logrado aumentar sus tarifas sin hacer demasiadas olas. Su escasa incidencia en la configuración del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec es su principal aliada. En lo que va de 2024 ya subió más del 270% sus precios y hay quienes se ilusionan con que podría terminar el año ya con los números en equilibrio. Aunque la mora, que históricamente había sido del orden del 3% ya había saltado al 15% hacia fines de 2023. Lejos quedaron los tiempos en los que AySA recibía fondos del Tesoro sin cuestionamientos. Solo así se entiende que de las 261 obras que finalizó la empresa entre 2020 y 2023, el 18% hayan sido solo en el municipio de Tigre. Es el territorio por el que Malena Galmarini compitió (y perdió) en la última elección y, de lejos, el que más obras recibió de AySA: tuvo 57 contratadas, de las cuales 47 se finalizaron. En segundo lugar se ubicó Lomas de Zamora –histórico distrito de Martín Insaurralde– con 22 obras contratadas (15 finalizadas) y, en tercer lugar, Avellaneda, con 19 contratadas y 10 finalizadas. Otros distritos favorecidos fueron Almirante Brown, con 14 contratadas y hasta 9 finalizadas, y Escobar, con 12 de las 13 finalizadas. Amigos son los amigos.
A partir de junio, para Economía el déficit de las empresas públicas no pasará inadvertido. Mayo, ya descuentan que el Tesoro tendrá una vez más superávit financiero, pero en junio los números fiscales empiezan a complicarse. Al menos, en la recaudación de impuestos de mayo no hay señales todavía de algún tipo de reactivación de la actividad que pueda salir al auxilio de las cuentas públicas. “Pasamos de estar en la lona a subirnos a una lona. Pero reactivación no hay”, confió una fuente que sigue de cerca los números. Aerolíneas Argentinas consiguió el mes pasado que el Banco Nación le renueve un préstamo de US$300 millones al 8% anual –dos puntos menos de lo que había sido su financiamiento anterior– para no ir a pedirle fondos directamente al Tesoro. Más complicado es el caso de Trenes, que después del accidente de Palermo encendió todas las alarmas oficiales: este año ya avisó que tendrá un rojo operativo de US$1000 millones. Todo un número.
En Economía saben que los próximos meses no serán fáciles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se desvive en elogios públicamente para la administración Milei, pero no termina de abrir la billetera. Un nuevo programa parece lejos. Ni siquiera tiene fecha aún en la agenda del directorio del organismo multilateral el tratamiento de la octava revisión del programa que la Argentina tiene vigente, y que se supone que el país había cumplido con creces. De la aprobación del directorio depende el desembolso de US$800 millones que estaba pendiente para estas fechas.
La lupa del FMI
El FMI, aseguran fuentes al tanto de las discusiones internas, sigue con tanta atención como cualquier otro inversor privado lo que sucede con la Ley Bases y la reforma fiscal en el Congreso. “El FMI está esperando un endorsement de la clase política global del programa. Es uno de los requisitos del programa. Si la ley no pasa significa que no hay un consenso político alrededor del camino económico. Y si la ley no pasa, en el board del FMI va a ser complicada la situación de la Argentina”, adelantó una fuente que participa de las discusiones. Entre los accionistas del organismo tampoco cayó bien la solución que encontró el ministro Luis Caputo para saldar la deuda con las generadoras de energía. Podrá haberles torcido el brazo a las empresas, pero los accionistas de muchas de ellas no demoraron en expresar sus quejas en las embajadas correspondientes. Son las mismas embajadas que después pesan a la hora de votar en el board del FMI.
Tampoco parece que vienen fáciles las negociaciones con China para la renovación del préstamo (swap) que el Banco Central debería repagar a partir de junio. En el Gobierno se ilusionan con la posibilidad de que el gobierno chino afloje a último momento. Aunque otros interpretaron con preocupación la decisión de Pekín de postergar viajes oficiales a último momento, como el que tenía previsto realizar el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que pensaba volar la semana pasada para negociar la apertura del mercado chino a las menudencias bovinas y porotos negros argentinos. En la agenda, el encuentro se pasó para julio. Señales.
En el medio, los esfuerzos por terminar de limpiar el balance del Banco Central son notables. Tanto que hasta el Tesoro dio recientemente la orden de retirar todos sus depósitos del Banco Nación (que por ellos pagaba una tasa), y directamente colocarlos a tasa cero en el BCRA. Es una forma de que el Nación reduzca su porción de pases con la autoridad monetaria, aunque por ello el Tesoro deba resignar una buena rentabilidad: casi un cuarto del superávit financiero del primer cuatrimestre se había logrado gracias a las rentas obtenidas por las colocaciones de pesos del Gobierno. Pero ya Milei anticipó que limpiar el BCRA es uno de los pilares necesarios previos a la apertura del cepo. Sin plata del FMI y con leyes que se demoran, al menos hay que ir pavimentando el camino para recorrerlo solos.•
No vienen fáciles las negociaciones con china por la renovación del swap

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Ganancias: postergan una fecha para quienes pagaron el impuesto y compraron dólares
La AFIP resolvió que la liquidación de la carga fiscal se haga con los sueldos de julio; la demora se debe a la discusión en el Congreso

Silvia Stang
La AFIP prorrogó nuevamente, esta vez hasta el 30 de junio, el plazo para que los asalariados y jubilados que en 2023 estuvieron alcanzados por Ganancias completen la declaración llamada Siradig Trabajador correspondiente a ese año. Eso implica, a la vez, que la liquidación del impuesto correspondiente al año pasado se hará junto con la de los salarios de julio. Y, en consecuencia, la recuperación del dinero de las percepciones por compra de dólares u otra moneda extranjera en el mercado oficial, o por pagos de consumos en el exterior o abonados en moneda extranjera, se demorará hasta los primeros días de agosto.
La decisión se oficializó mediante la resolución 5514, publicada ayer en el Boletín Oficial. En el Siradig se informan las deducciones por familiares a cargo o por ciertos gastos, los pagos a cuenta y los datos de pluriempleo. La extensión del plazo se hace porque aún no se aprobó en el Congreso la ratificación de algunas modificaciones hechas en 2023 en el esquema impositivo.
Si no hay una norma legislativa sobre el tema, al hacerse la liquidación final del impuesto correspondiente a 2023 surgirán saldos a favor del fisco; es decir, muchas personas deberían saldar deudas por Ganancias del año pasado y, por eso, sufrirían descuentos de sus ingresos adicionales a los ya previstos.
Originalmente, el plazo para completar el Siradig iba a finalizar el 31 de marzo. Pero unos días antes de esa fecha se resolvió extender el período hasta el 30 de abril. A fines de abril se emitió una normativa con otra prórroga y ahora, al continuar la situación igual que entonces (es decir, al faltar la aprobación de una ley), vuelve a disponerse una extensión del plazo.
Más allá de los motivos, al retrasarse la liquidación definitiva del tributo por los ingresos de 2023 se sigue demorando la devolución de los importes pagados en concepto de percepciones en las operaciones de compra de moneda extranjeraen el mercado oficial, y de adquisición de bienes y servicios en el exterior o en moneda extranjera.Las compensaciones por los importes retenidos en 2023, en el caso de los asalariados alcanzados por Ganancias, llegarán con los salarios de julio, que se cobrarán (por lo general) en los primeros días de agosto. La demora provoca que los importes pierdan cada vez más poder adquisitivo.
Los argumentos para las extensiones del plazo se basan en una situación sobre la cual se advierte desde hace meses: está pendiente la aprobación de una ley para que algunos de los cambios hechos en Ganancias en 2023, que fueron decididos por el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral y el llamado “plan platita”, no terminen provocando, al hacerse la liquidación definitiva de 2023, deudas de las personas con el fisco.
La corrección de la situación está prevista en el proyecto de ley de medidas fiscales enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla modificaciones en Ganancias que regirían a partir de este año. El proyecto sobre medidas fiscales, al igual que el de la Ley Bases, fue aprobado por Diputados y ahora falta su tratamiento en el Senado, donde se aprobaría pero con modificaciones, con lo cual deberá volver a la Cámara baja.
El origen del problema
Concretamente, los decretos 415 y 427 de 2023 dispusieron que la AFIP actualizaría los valores de una tabla para el cálculo de cuánto descontar de los ingresos en concepto de Ganancias. Esos reajustes fueron hechos, pero no se modificaron los números para determinar el importe del tributo propiamente dicho (más allá de los descuentos de los salarios o de los haberes). Para eso hace falta una ley. Es decir: una cosa es la cuenta hecha para definir cuánto se retiene mensualmente del salario, y otra cosa es el cálculo del impuesto en sí mismo.
Así, se logró que de los sueldos gravados se descontara mucho menos que antes por Ganancias a quienes siguieron alcanzados tras las subas del piso salarial para tributar, pero no se dispuso la reducción del impuesto, porque para modificar la tabla con ese efecto se requiere una ley. Esa situación deriva en la existencia de saldos a favor del fisco, que se evidenciarían al hacerse la liquidación final por 2023.
El decreto 415, de agosto pasado, le encomendó a la AFIP subir un 35% los valores de los tramos de la tabla de alícuotas, con el objetivo de “reducir el monto de las retenciones”. Y dispuso que se recalcularan con el esquema actualizado los descuentos de los meses previos, a partir de enero.
Esa normativa tuvo alcance para todos los asalariados que a ese momento habían tenido retenciones en uno o más meses de 2023. La medida provocó la devolución de parte del dinero antes retenido. En los considerandos del decreto se señalaba que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Congreso para procurar que se estableciera que la tabla con los valores incrementados fuera la usada para calcular el impuesto (y no solo las retenciones). El punto se incluyó, de hecho, en la iniciativa referida al presupuesto 2024, nunca considerada.
Otro decreto, el 473, fijó la vigencia de tablas especiales para las retenciones de los salarios devengados desde octubre y percibidos hasta el 31 de diciembre. Esto alcanzó a quienes siguieron pagando Ganancias en esos meses, que son quienes tuvieron remuneraciones superiores a $1.980.000.
En 2023, a la vez, las subas del salario más bajo desde el cual se tributa –mínimo no imponible– fueron establecidas por el Poder Ejecutivo usando facultades especiales que el Congreso le había delegado. Por eso, ese punto en particular (el aumento del salario piso para tributar) no necesita ratificación por parte de los diputados y senadores. La situación es diferente, como se explicó, en lo que se refiere a la forma de calcular el impuesto.

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