El Gobierno tuvo que aceptar 45 cambios por el dictamen
Favoreció a las provincias mineras y a las patagónicas
Delfina Celichini
El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se retira del Senado luego de reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel
Después de cuatro semanas de intensas negociaciones en el Senado, la Casa Rosada debió resignar gran parte del contenido de los proyectos de leyes económicas a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Las concesiones más importantes fueron beneficios para las provincias patagónicas en el cálculo del impuesto a las ganancias y un aumento de las regalías mineras para los gobiernos provinciales.
La urgencia por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al Gobierno a extremar su plasticidad en la discusión de las iniciativas impulsadas por Javier Milei. Después de cuatro semanas de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Los acuerdos se terminaron de cerrar el miércoles por la noche, cuando el oficialismo limó las diferencias que lo habilitaron a discutir los proyectos en el recinto, escenario previsto para la semana del 12 de junio.
Tras ello, la Cámara de Diputados podrá ratificar los cambios o insistir con la redacción original.
El artífice de esta victoria fue el superministro Guillermo Francos –recientemente nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse–, que también sigue a cargo de las competencias del ex-Ministerio del Interior.
Es decir, Francos tiene bajo su ala las carteras más políticas del gabinete libertario.
Este nuevo papel le permitió el miércoles destrabar las negociaciones con la oposición dialoguista, con quienes, tras una jornada de intensas tratativas, los consensos parecían haberse estancado una vez más.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, con diálogo fluido con todos los espacios políticos, fue parte de este logro.
El aumento de las regalías mineras para las provincias terminó por saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% esos aportes. Ayer por la mañana, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que venían reclamando y el Gobierno se mostraba reticente a conceder.
La primera presión
El amotinamiento patagónico se incubó desde el debate en la Cámara de Diputados.
Si bien allí los legisladores que responden a los gobernadores del sur alzaron su voz para exigir que en la reimposición del tributo se contemplara su elevado costo de vida, este reclamo no prosperó.
En el Senado, en cambio, retienen la cuarta parte de sus miembros y no dudaron en hacer valer su peso. Junto a Unión por la Patria (UP) y una porción del peronismo no kirchnerista, lograron rebatir la intransigencia inicial de la Casa Rosada.
El próximo desafío será asegurarse de que en la Cámara de Diputados no reviertan sus logros. Esta es la garantía que exige el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien dilató la firma del despacho del paquete fiscal por medio de la legisladora de su provincia Andrea Cristina.
Las privatizaciones
En el paquete de privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negó a habilitar modificaciones.
Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la liquidación total. No obstante, no lograron torcer el brazo del oficialismo y deberán llevar sus planteos al recinto.
Es decir, la firma de los dictámenes no garantiza que los textos se mantengan incólumes hasta su sanción definitiva. Todavía deberán pasar el filtro del pleno del Senado, así como el último visto de Diputados.
Por eso, la votación en particular en la Cámara alta es un tema al que tanto Victoria Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención.
De hecho, en el oficialismo tienen plena conciencia de que algunos artículos corren serio riesgo de ser rechazados.
Como la sesión recién será convocada para el 12 o el 13 de junio, el Gobierno tendrá casi dos semanas para acercar posiciones y ajustar los números para el desembarco de las iniciativas en el hemiciclo del Senado.
La demora también se debe a la ausencia anticipada de senadores propios y de la oposición dialoguista, cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.
Las modificaciones
Cambios en la Ley Bases
Desregulación del Estado: se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (Citefa); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Empleo público: se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
Modernización laboral: a pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. A través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario.
Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): fue reformulado el artículo 163, que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
◗ Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
◗ Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
◗ Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
◗ Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Cambios en el paquete fiscal
Blanqueo: se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
◗ Respecto del dinero que sea regularizado y depositado, se adicionó la posibilidad de que el Ejecutivo promueva con este “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
◗ Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
◗ Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
◗ Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
◗ Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los bienes personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
Impuesto a las ganancias
◗ El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos.
◗ Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva –donde se incluye el impuesto a las ganancias– estipulada en la ley 19.640.
◗ Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.
◗ Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente del vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Ley minera: se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.
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Tensión en el Senado: negociaciones, enojos y dos semanas para asegurar los votos de la Ley Bases y el paquete fiscal
Los proyectos recién irán al recinto a mediados de junio; el malestar por el tuit de Martín Menem anticipando un dictamen que no fue y el senador radical que se fue a La Bombonera
Gustavo Ybarra
Victoria Villarruel y Guillermo Francos
Cuando la chubutense Andrea Cristina (Pro) estampó este mediodía su rúbrica en el dictamen de reforma impositiva cayó la última ciudadela que todavía ofrecía resistencia y la vicepresidenta Victoria Villarruel y su secretario parlamentario, Agustín Giustinian, pudieron respirar tranquilos. Más de doce horas de confiada expectativa habían llegado a su fin y ahora tanto las “medidas fiscales paliativas y relevantes” como la Ley Bases que tanto anhela el gobierno de Javier Milei podrán llegar al recinto del Senado.
Aunque estarán disponibles para su debate la semana próxima, el reglamento del Senado establece que deben mediar siete días de publicación entre la firma del despacho y su tratamiento en el hemiciclo, la sesión en la que la Cámara alta discutirá ambos proyectos recién será convocada para el 12 o el 13 de junio. La demora obedece a la ausencia anticipada de algunos senadores propios y de la oposición dialoguista cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.
La discusión en particular es, por el momento, harina de otro costal. Con casi dos semanas por delante, el oficialismo tiene más tiempo para “porotear” los votos que tendrá cada artículo de ambas iniciativas. Como el proyecto ya sufrió modificaciones con relación a lo que aprobó Diputados en la maratónica sesión del pasado 30 de abril, no saldrán convertidos en ley, sino que volverán en segunda revisión a la Cámara baja.
La senadora chubutense Andrea Cristina, cuya firma completó el dictamen de la reforma fiscalInstaga
Esto tampoco garantiza que los textos que oficialmente fueron presentados esta tarde salgan incólumes del debate por el pleno del Senado. La votación en particular sigue siendo un tema al que tanto Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención. De hecho, en el oficialismo de la Cámara alta son conscientes que algunos artículos corren serio riesgo de terminar rechazados en el recinto.
La restitución del Impuesto a las Ganancias es uno de ellos. A pesar de que el Gobierno cedió a los reclamos de las provincias patagónicas y aceptó reconocerles el diferencial del 22% por zona desfavorable en la base imponible del tributo, en los cuarteles de La Libertad Avanza todavía consideran que la cláusula corre serio peligro de ser rechazada.
Otro tanto ocurre con las empresas que el Gobierno pretende privatizar. Los negociadores de la Casa Rosada rechazaron quitar de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios estatales de Radio y Televisión Argentina, reclamo en el que coinciden tanto senadores dialoguistas como el kirchnerismo, que se opone de plano a ambas iniciativas al extremo de considerarlas inconstitucionales. La resistencia en este tema también es fuerte y podría costarle al Ejecutivo todo el artículo que autoriza la enajenación de otras empresas.
Interna libertaria y pasos de comedia
La suerte de los proyectos cambió la noche de este miércoles con la llegada a la Cámara alta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tuvo que ponerle el cuerpo a una negociación de apuro para convencer a los últimos senadores díscolos que todavía se resistían a firmar los dictámenes y evitar, así, un nuevo fiasco legislativo del oficialismo.
La llave que terminó de destrabar todo fue la cesión del trato diferencial en Ganancias para la Patagonia, que desarmó el último bastión en el que se refugiaba el provincial José María Carambia (Por Santa Cruz), que era la firma que faltaba para que la Ley Bases reuniera la mayoría necesaria para tener dictamen de comisión. Con el santacruceño al fin encolumnado, llevaba dos semanas advirtiendo que iba a votar en contra, ya no hacía falta esperar a que Martín Lousteau (UCR-Capital) presentara su despacho alternativo.
Pero no todo iba a ser tan fácil. En un paso de comedia inesperado, los colaboradores del área parlamentaria de Villarruel descubrieron que el cambio otorgado a Carambia les había hecho perder una firma en el dictamen de reforma fiscal. Es que la inclusión del nuevo artículo obligó a modificar la última página del texto, en la que varios legisladores ya habían estampado su rúbrica.
Sin embargo, a esa hora de la noche el radical Flavio Fama (Catamarca) ya no se encontraba en el Palacio. Tras haber estampado su rúbrica en disidencia parcial en el dictamen había partido con rumbo a la cancha de Boca para ver el partido por la Copa Sudamericana. Recuperar la firma del catamarqueño fue una de las causas que llevaron a que los despachos recién estuvieran listos esta tarde. La otra fue la reticencia de la chubutense Cristina, que recién sumó su apoyo luego de que su gobernador, Ignacio Torres, se quedara conforme con la promesa del Gobierno de que no eliminarán el beneficio en Ganancias para la Patagonia cuando el texto pase a Diputados.
Sin embargo, en medio del alivio y la alegría por lo que ya consideraban una misión cumplida, la noche en que la Ley Bases y la reforma fiscal obtuvieron dictamen no estuvo exenta de enojos y reproches que sacaron a la superficie la nada discreta interna oficialista.
Martín Menem y Victoria Villarruel durante la apertura de las sesiones legislativas
En el círculo de confianza de Villarruel cayó muy mal las ambiciones de protagonismo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que publicó un posteo con la “primicia” de que la Ley Bases ya tenía dictamen. “No están todas las firmas todavía, recién van a estar mañana”, repetían colaboradores de la vicepresidenta a quien quisiera escucharlos.
“No sé, no nos hacemos cargo de lo que tuitean otras personas”, respondían, enojados, cuando se les señalaba que el libertario riojano ya había dado por alcanzado el objetivo. Recién esta tarde, después de las 14.30, la Presidenta del Senado anunció por la red social X la presentación oficial de los dictámenes y le puso fin a cuatro semanas de agotador debate en comisiones. Pero, la historia continúa. Todavía falta el recinto, tal vez el desafío más difícil para una Villarruel que sabe que el Gobierno no le perdonaría el fracaso.
Las concesiones más importantes fueron beneficios para las provincias patagónicas en el cálculo del impuesto a las ganancias y un aumento de las regalías mineras para los gobiernos provinciales.
La urgencia por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó al Gobierno a extremar su plasticidad en la discusión de las iniciativas impulsadas por Javier Milei. Después de cuatro semanas de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.
Los acuerdos se terminaron de cerrar el miércoles por la noche, cuando el oficialismo limó las diferencias que lo habilitaron a discutir los proyectos en el recinto, escenario previsto para la semana del 12 de junio.
Tras ello, la Cámara de Diputados podrá ratificar los cambios o insistir con la redacción original.
El artífice de esta victoria fue el superministro Guillermo Francos –recientemente nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse–, que también sigue a cargo de las competencias del ex-Ministerio del Interior.
Es decir, Francos tiene bajo su ala las carteras más políticas del gabinete libertario.
Este nuevo papel le permitió el miércoles destrabar las negociaciones con la oposición dialoguista, con quienes, tras una jornada de intensas tratativas, los consensos parecían haberse estancado una vez más.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, con diálogo fluido con todos los espacios políticos, fue parte de este logro.
El aumento de las regalías mineras para las provincias terminó por saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% esos aportes. Ayer por la mañana, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que venían reclamando y el Gobierno se mostraba reticente a conceder.
La primera presión
El amotinamiento patagónico se incubó desde el debate en la Cámara de Diputados.
Si bien allí los legisladores que responden a los gobernadores del sur alzaron su voz para exigir que en la reimposición del tributo se contemplara su elevado costo de vida, este reclamo no prosperó.
En el Senado, en cambio, retienen la cuarta parte de sus miembros y no dudaron en hacer valer su peso. Junto a Unión por la Patria (UP) y una porción del peronismo no kirchnerista, lograron rebatir la intransigencia inicial de la Casa Rosada.
El próximo desafío será asegurarse de que en la Cámara de Diputados no reviertan sus logros. Esta es la garantía que exige el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien dilató la firma del despacho del paquete fiscal por medio de la legisladora de su provincia Andrea Cristina.
Las privatizaciones
En el paquete de privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negó a habilitar modificaciones.
Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la liquidación total. No obstante, no lograron torcer el brazo del oficialismo y deberán llevar sus planteos al recinto.
Es decir, la firma de los dictámenes no garantiza que los textos se mantengan incólumes hasta su sanción definitiva. Todavía deberán pasar el filtro del pleno del Senado, así como el último visto de Diputados.
Por eso, la votación en particular en la Cámara alta es un tema al que tanto Victoria Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención.
De hecho, en el oficialismo tienen plena conciencia de que algunos artículos corren serio riesgo de ser rechazados.
Como la sesión recién será convocada para el 12 o el 13 de junio, el Gobierno tendrá casi dos semanas para acercar posiciones y ajustar los números para el desembarco de las iniciativas en el hemiciclo del Senado.
La demora también se debe a la ausencia anticipada de senadores propios y de la oposición dialoguista, cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.
Las modificaciones
Cambios en la Ley Bases
Desregulación del Estado: se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (Citefa); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Empleo público: se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
Modernización laboral: a pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. A través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario.
Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): fue reformulado el artículo 163, que declara “nula de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.
◗ Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.
◗ Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.
◗ Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.
◗ Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Cambios en el paquete fiscal
Blanqueo: se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.
◗ Respecto del dinero que sea regularizado y depositado, se adicionó la posibilidad de que el Ejecutivo promueva con este “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
◗ Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.
◗ Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
◗ Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.
◗ Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los bienes personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.
Impuesto a las ganancias
◗ El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos.
◗ Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva –donde se incluye el impuesto a las ganancias– estipulada en la ley 19.640.
◗ Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.
◗ Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente del vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
Ley minera: se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.
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Tensión en el Senado: negociaciones, enojos y dos semanas para asegurar los votos de la Ley Bases y el paquete fiscal
Los proyectos recién irán al recinto a mediados de junio; el malestar por el tuit de Martín Menem anticipando un dictamen que no fue y el senador radical que se fue a La Bombonera
Gustavo Ybarra
Victoria Villarruel y Guillermo FrancosCuando la chubutense Andrea Cristina (Pro) estampó este mediodía su rúbrica en el dictamen de reforma impositiva cayó la última ciudadela que todavía ofrecía resistencia y la vicepresidenta Victoria Villarruel y su secretario parlamentario, Agustín Giustinian, pudieron respirar tranquilos. Más de doce horas de confiada expectativa habían llegado a su fin y ahora tanto las “medidas fiscales paliativas y relevantes” como la Ley Bases que tanto anhela el gobierno de Javier Milei podrán llegar al recinto del Senado.
Aunque estarán disponibles para su debate la semana próxima, el reglamento del Senado establece que deben mediar siete días de publicación entre la firma del despacho y su tratamiento en el hemiciclo, la sesión en la que la Cámara alta discutirá ambos proyectos recién será convocada para el 12 o el 13 de junio. La demora obedece a la ausencia anticipada de algunos senadores propios y de la oposición dialoguista cuyos votos son vitales para que el oficialismo pueda aprobar en general el proyecto.
La discusión en particular es, por el momento, harina de otro costal. Con casi dos semanas por delante, el oficialismo tiene más tiempo para “porotear” los votos que tendrá cada artículo de ambas iniciativas. Como el proyecto ya sufrió modificaciones con relación a lo que aprobó Diputados en la maratónica sesión del pasado 30 de abril, no saldrán convertidos en ley, sino que volverán en segunda revisión a la Cámara baja.
La senadora chubutense Andrea Cristina, cuya firma completó el dictamen de la reforma fiscalInstagaEsto tampoco garantiza que los textos que oficialmente fueron presentados esta tarde salgan incólumes del debate por el pleno del Senado. La votación en particular sigue siendo un tema al que tanto Villarruel como el Poder Ejecutivo deberán prestar especial atención. De hecho, en el oficialismo de la Cámara alta son conscientes que algunos artículos corren serio riesgo de terminar rechazados en el recinto.
La restitución del Impuesto a las Ganancias es uno de ellos. A pesar de que el Gobierno cedió a los reclamos de las provincias patagónicas y aceptó reconocerles el diferencial del 22% por zona desfavorable en la base imponible del tributo, en los cuarteles de La Libertad Avanza todavía consideran que la cláusula corre serio peligro de ser rechazada.
Otro tanto ocurre con las empresas que el Gobierno pretende privatizar. Los negociadores de la Casa Rosada rechazaron quitar de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios estatales de Radio y Televisión Argentina, reclamo en el que coinciden tanto senadores dialoguistas como el kirchnerismo, que se opone de plano a ambas iniciativas al extremo de considerarlas inconstitucionales. La resistencia en este tema también es fuerte y podría costarle al Ejecutivo todo el artículo que autoriza la enajenación de otras empresas.
Interna libertaria y pasos de comedia
La suerte de los proyectos cambió la noche de este miércoles con la llegada a la Cámara alta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tuvo que ponerle el cuerpo a una negociación de apuro para convencer a los últimos senadores díscolos que todavía se resistían a firmar los dictámenes y evitar, así, un nuevo fiasco legislativo del oficialismo.
La llave que terminó de destrabar todo fue la cesión del trato diferencial en Ganancias para la Patagonia, que desarmó el último bastión en el que se refugiaba el provincial José María Carambia (Por Santa Cruz), que era la firma que faltaba para que la Ley Bases reuniera la mayoría necesaria para tener dictamen de comisión. Con el santacruceño al fin encolumnado, llevaba dos semanas advirtiendo que iba a votar en contra, ya no hacía falta esperar a que Martín Lousteau (UCR-Capital) presentara su despacho alternativo.
Pero no todo iba a ser tan fácil. En un paso de comedia inesperado, los colaboradores del área parlamentaria de Villarruel descubrieron que el cambio otorgado a Carambia les había hecho perder una firma en el dictamen de reforma fiscal. Es que la inclusión del nuevo artículo obligó a modificar la última página del texto, en la que varios legisladores ya habían estampado su rúbrica.
Sin embargo, a esa hora de la noche el radical Flavio Fama (Catamarca) ya no se encontraba en el Palacio. Tras haber estampado su rúbrica en disidencia parcial en el dictamen había partido con rumbo a la cancha de Boca para ver el partido por la Copa Sudamericana. Recuperar la firma del catamarqueño fue una de las causas que llevaron a que los despachos recién estuvieran listos esta tarde. La otra fue la reticencia de la chubutense Cristina, que recién sumó su apoyo luego de que su gobernador, Ignacio Torres, se quedara conforme con la promesa del Gobierno de que no eliminarán el beneficio en Ganancias para la Patagonia cuando el texto pase a Diputados.
Sin embargo, en medio del alivio y la alegría por lo que ya consideraban una misión cumplida, la noche en que la Ley Bases y la reforma fiscal obtuvieron dictamen no estuvo exenta de enojos y reproches que sacaron a la superficie la nada discreta interna oficialista.
Martín Menem y Victoria Villarruel durante la apertura de las sesiones legislativasEn el círculo de confianza de Villarruel cayó muy mal las ambiciones de protagonismo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que publicó un posteo con la “primicia” de que la Ley Bases ya tenía dictamen. “No están todas las firmas todavía, recién van a estar mañana”, repetían colaboradores de la vicepresidenta a quien quisiera escucharlos.
“No sé, no nos hacemos cargo de lo que tuitean otras personas”, respondían, enojados, cuando se les señalaba que el libertario riojano ya había dado por alcanzado el objetivo. Recién esta tarde, después de las 14.30, la Presidenta del Senado anunció por la red social X la presentación oficial de los dictámenes y le puso fin a cuatro semanas de agotador debate en comisiones. Pero, la historia continúa. Todavía falta el recinto, tal vez el desafío más difícil para una Villarruel que sabe que el Gobierno no le perdonaría el fracaso.
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Melisa Reinhold
Tras semanas de idas y venidas, el Gobierno logró dictamen en el Senado para tratar la Ley Bases y la reforma fiscal.
Esta noticia significó un impulso alcista tanto para los bonos del último canje de deuda como para las acciones argentinas, a la espera de que las iniciativas se aprueben en el recinto la semana próxima.
La Bolsa porteña subió ayer 4,8% y cotizó en 1.642.611 unidades, equivalentes a US$1353 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL). En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones, la rueda fue liderada por el Banco Supervielle (+10,9%), el BBVA (10,6%), Transportadora de Gas del Sur (+8,2%) e YPF (+7,2%).
Las alzas fueron aún más marcadas entre las acciones argentinas en Wall Street (ADR), incluso a pesar del viento de frente que llegó del exterior. Los papeles del BBVA escalaron un 11%, seguidos por el Banco Supervielle (+10,8%), Transportadora de Gas del Sur (+8,7%) y Grupo Financiero Galicia (+7,9%).
“El dictamen por la ley es una gran noticia para el mercado, implica certidumbre política para los inversores. El Gobierno está logrando avances en su agenda legislativa y despierta el optimismo que la semana pasada parecía comenzar a desvanecerse. En la rueda del mercado vimos bonos en terreno positivo y fuertes subas en las acciones bancarias. Esto podría ser el comienzo de una tendencia alcista de corto plazo, acelerándose si se aprueba la ley”, dijo Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital.
En ese escenario, los bonos del último canje de deuda operaron en terreno positivo.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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