EL ESCENARIO E INVESTIGACIÓN

Ariel Lijo, el nombre de la transversalidad mileísta
Claudio Jacquelin
Ariel Lijo
Las dificultades que encontró el Gobierno en el Senado para poder avanzar con la Ley Bases no terminaron con las concesiones hechas para sacar ayer el dictamen de comisión. Todavía podrían sobrevenir nuevas al momento del tratamiento en el recinto, la semana próxima.
Tantos sinsabores y tropiezos, no obstante, podrían tener una contundente compensación en un par de semanas. Paradójicamente, ocurrirá cuando se trate una propuesta que tiene desde su gestación muchos más cuestionamientos explícitos que el jibarizado proyecto, incluso (o sobre todo) de sectores que comparten la propuesta de cambio radical. El Gobierno ha decidido desoírlos.
Por primera vez, el león y “la casta” comparten un plato. El pliego para integrar la Corte del juez federal Ariel Lijo parece tener allanado el camino en la Cámara alta, a pesar del cúmulo de cuestionamientos sin precedente formulados públicamente por asociaciones de abogados, entidades académicas y prestigiosas instituciones de la sociedad civil. El propio candidato y varios de sus patrocinantes dicen ya contar con varios votos más que el mínimo de 48 (dos tercios del total del cuerpo) requerido para ser consagrado magistrado supremo.
Ese número solo podría alcanzarse con el apoyo de los pocos libertarios más algunos senadores radicales, kirchneristas, peronistas no kirchneristas, de Pro y provinciales. Institucionalistas, populistas, republicanos, demócratas, progresistas, conservadores. Casi todos. Aunque el macrismo puro dice que los senadores que responden al fundador del partido votarán en contra, aunque no lo han hecho público.
Esa sería la auténtica transversalidad de Milei. Y algunos ya le pusieron nombre: FAL (Frente Ariel Lijo). Aunque otros dicen que en realidad es FIAL: Frente de Impunidad Ariel Lijo. Maledicentes.
Los argumentos que sostienen esta original transversalidad en curso de concreción revelan un estado de cosas inquietante cuando se indaga un poco y se contrastan opiniones con datos concretos.
Entre los argumentos resaltan los que esgrimió el propio Presidente, como la eficiencia de Lijo, cuando el tiempo y el número causas tramitadas y resueltas lo ubican entre los magistrados federales menos eficientes. O respecto de sus saberes académicos, que las publicaciones especializadas desmienten. O que fue Lijo quien “metió preso” a Amado Boudou, cuando el exvicepresidente fue beneficiado con trámites morosos y sobreseimientos cuestionados mientras tuvo poder y sometido al escarnio por el mismo magistrado cuando estando ya a la intemperie de todo una cámara le ordenó a Lijo que lo detuviera.
Los senadores y los dirigentes políticos que han anticipado su apoyo prefieren no exponerse al cotejo indubitable y eligen argumentos susceptibles de ser discutidos. Por ejemplo, que Lijo “es alguien con quien se puede hablar” o “alguien que entiende el sistema”. Definiciones sujetas a muchas interpretaciones libres.
Mas inquietantes resultan justificantes expresados en absoluta reserva por aquellos que dicen que preferirían no votarlo, pero admiten que lo harán o que no se opondrán. “Yo no me voy a exponer a quedar en contra, porque si consigue los votos voy a tener un enemigo en la Corte. Y si no los consigue voy a tener de enemigo al juez que más poder tiene sobre el fuero federal criminal y sobre otros fueros, para que en cualquier momento me abran una causa y me persigan”. Gente práctica.
Cuando se analiza esa respuesta, las únicas dos conclusiones posibles de sacar producen escozor. La primera indicaría que hay senadores y dirigentes políticos que han cometido actos susceptibles de ser considerados delitos y buscan (o tienen) protección para no ser investigados. La segunda opción es que en la Argentina no rigen (y menos regirían aún) garantías constitucionales mínimas y cualquier ciudadano inocente (incluidos senadores de la Nación) estaría sujeto al arbitrio absoluto de magistrados que pueden llegar a la Corte, la última instancia para estar protegido de abusos de poder.
Estas conclusiones parecen jugar en favor de la gruesa ironía usada por uno de los dos únicos senadores que anticiparon su voto en contra del juez federal. “Yo no puedo votarlo. Va en contra de lo que pienso. Los hermanos Lijo [Ariel y el abogado Alfredo] son dueños de una pyme que se dedica a alquilar bidets para políticos y poderosos con el traste sucio”, explicó el cordobesísimo Luis Juez. Fin, diría el vocero presidencial.
Como si hubiera escuchado esa nada sutil metáfora, Javier Milei empezó hace poco tiempo a jactarse con recurrencia de que él tiene limpia esa parte de su anatomía. Y siguió sosteniendo el apoyo a Lijo.
La intransigencia presidencial a cambiar de postulante (después de haber recibido a varios críticos que solo comprobaron su impermeabilidad) se verificó el lunes, cuando envió al Senado el pliego de Lijo junto con el de Manuel García-Mansilla, sobre quien solo se han conocido objeciones respecto de su ideología, así como reconocimientos a su aptitud técnica. Fue esa una de las últimas disposiciones que firmó (o le hicieron firmar) Nicolás Posse antes de ser echado de la Jefatura de Gabinete. Dicen que no podía negarse pero que, también, fue un favor que le hizo a su sucesor y excompañero de trabajo Guillermo Francos.
La transversalidad mileísta, como fue la transversalidad nestorista, no se circunscribe a la política. Los factores de poder y de presión que habitan en la Argentina también tienen representantes que ya han llenado la ficha de afiliación al FAL. Muchos de ellos, que en reserva dicen no ver con agrado la postulación de Lijo, comparten con los senadores los argumentos para no expresar su rechazo. Prefieren que se los acuse de cobardes que que se los sospeche de otros pecados. La metáfora de Juez a veces adquiere literalidad.
No solo los políticos
La tácita crítica a Lijo hecha por el Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a las principales cámaras de negocios del país, no impide advertir que otras organizaciones han preferido quedar bajo ese paraguas en lugar de exponerse en forma individual. A pesar de que recurrentemente han manifestado su preocupación por la independencia y la integridad del Poder Judicial. Es el caso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde faltó unanimidad y sobró cautela de algunos integrantes, aunque había voces decididas a pronunciarse.
El aparente éxito supersónico de la transversalidad mileísta (o lijista) no sería tan vertiginoso, sino fruto de un trabajo de larga data. Más que las comentadas gestiones ante Milei, lubricadas con sesudas disquisiciones sobre el ideario libertario que habría hecho el principal auspiciante de esta postulación, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, también conocido como el Conde de Montecristo del cuarto piso de Tribunales.
En el estrecho armado libertario remiten al origen del proyecto presidencial de Milei poco después de haber ganado su banca de diputado. En ese esbozo, que era mirado más con curiosidad que con expectativas por los círculos del poder, habría habido visionarios apostadores que se acercaron a Karina Milei dispuestos a brindar apoyo. Por entonces, la hermanísima recibía escasos aportes en número y en monto para el armado de su hermano.
Como relató el año pasado Damián Nabot en una reveladora nota nunca desmentida publicada , entre esos visionarios se cuenta Guillermo Scarcella, un antiguo amigo y organizador de evencasi tos de lo más granado de la Justicia Federal en lo Criminal, con asiento en Comodoro Py. No está de más aclarar que el factotum (junto con Lorenzetti), verdadero líder y primer presidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), fue Lijo.
Scarcella es el organizador y promotor de la Rody Cup, el torneo de truco que reunía a magistrados, operadores judiciales, políticos, lobistas y hasta a algunos dueños de empresas que departían amablemente en esa tenidas lúdicas. Pero es mucho más que eso. Es un emprendedor nato, que ha multiplicado varias veces su patrimonio, de estrecho vínculo con el actual (y ya vitalicio) secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Mientras fue gobernador, Daniel Scioli tuvo a Scarcella al frente de la empresa provincial de aguas, cuya administración no habría compartido las propiedades organolépticas del transparente producto que llegaba a los hogares bonaerenses. Otra muestra más de la transversalidad. La misma que incluye a poderosos agentes y exagentes de los servicios de inteligencia, particularmente activos para sumar apoyos a Lijo.
En ese entramado asoma también como un punto descollante el apoyo que descuentan que dará la mayoría de los senadores kirchneristas a la postulación de Lijo. Por ahora, el habitual hermetismo público no se ha roto. Varias fuentes dicen que estaría faltando una conversación definitiva con lo más alto de ese espacio que conduce Cristina Kirchner, quien tiene cuentas (y causas) pendientes con el magistrado.
“Cristina fue la única que intentó terminar con este sistema judicial, hecho para proteger a los poderosos, y así le fue. No se le puede pedir más”, aduce uno de los dirigentes más escuchados por la expresidenta para justificar el apoyo que esos senadores darían al pliego. La fuente admite que no solo las formas y el contenido de la reforma que impulsó la jefa kirchnerista eran más que polémicos. La situación judicial de la entonces presidenta ya era complicada y avizoraba más complicaciones en un regreso al llano. Ahora estaría optando por caminos menos ambiciosos y menos inseguros.
El radicalismo y parte de Pro, cuyo punto de convergencia de principios se reducía a la defensa de la república y a la oposición en ese plano al kirchnerismo, van en camino de licuar ese aglutinante entre ellos y ese diferencial con sus adversarios. Más transversalidad.
En el entorno del regresado jefe de Pro, Mauricio Macri, afirman que los senadores que le responden no votarán el pliego de Lijo, aunque él no se expedirá públicamente con el argumento de que saldrá de su mutismo solo cuando el Gobierno haya logrado la sanción de la Ley Bases, lo que sucedería después de que empiece el tratamiento en comisión de los pliegos.
No es un dato menor que en el juzgado del aspirante a la Corte sigue abierta una causa contra el expresidente y su familia, y entre los auspiciantes principales de esa candidatura está el amigo de Macri, zar del juego y operador judicial Daniel Angelici, que también cuenta con lazos en el submundo del espionaje.
En el radicalismo, el largo brazo del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que suele codearse con los más granado de la Justicia, ejerce influencia sobre varios legisladores y dirigentes, empezando por el presidente del partido y senador Martín Lousteau. Las agrias diferencias mantenidas con Milei por el presupuesto universitario se habrían saldado no solo por la súbita comprensión presidencial de la importancia de asegurar el financiamiento de la educación superior pública.
Que la UBA haya tenido el privilegio de ser la primera de las universidades en recibir un incremento de partidas para funcionamiento, tras la multitudinaria protesta, no se interpretó como una desprolijidad, sino como un mensaje. Lo mismo que el abandono de la preocupación oficialista por el manejo de los recursos o por la calidad académica, esgrimidos para justificar la asfixia a la que fueron sometidas las universidades durante cuatro meses.
Por otra parte, el apuro y la determinación por llenar la vacante de la Corte (que dejó la jubilación de Elena Highton y no impide a funcionar el tribunal) adquiere más relevancia cuando se repara en que están sin cubrir una tercera parte de los juzgados nacionales (288 sobre 993), con los consecuentes perjuicios y demoras que eso genera. De ellos, casi un centenar se encuentra en trámite en el Poder Ejecutivo. Datos.
“Milei está equivocándose gravemente. Cree o le hicieron creer que está comprándose un antídoto para evitarse problemas judiciales mientras gobierna y sobre todo cuando se vaya. Pero puede estar comprándose una dosis letal de veneno. Les está dando la oportunidad de controlar la última instancia que tienen los ciudadanos para defender su honra, su libertad y su patrimonio de los abusos del poder a quienes han hecho de la arbitrariedad y la opacidad sus más conocidos atributos. Las garantías constitucionales van a estar en riesgo”, es la dramática advertencia de un acongojado dirigente que dice haber fracasado en sus intentos ante el Presidente para que desistiera de la cuestionada postulación de Lijo.
Según esa perspectiva, los poderes permanentes no tendrían motivos para verse amenazados por el cambio radical que pregona el líder libertario. Ya tendrían su póliza de seguro contratada en la transversalidad mileísta. La casta tiene (¿cada vez?) menos miedo. ¿Y el resto de la sociedad?

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Investigan al Evita y a otras organizaciones en 44 causas por extorsión
El juez Armella, de Quilmes, recibió y giró a otros juzgados denuncias contra piqueteros y sindicatos originadas en la línea 134, que habilitó el Gobierno

Camila DolabjianEmilio Pérsico lidera el Movimiento Evita
El foco de la atención de las denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de las organizaciones sociales está concentrada en la ciudad de Buenos Aires, el Polo Obrero –la organización que lidera Eduardo Belliboni– y la investigación del juzgado de Sebastián Casanello. Pero lo cierto es que se mueven también otras causas. En el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, hay un proceso que apunta a las organizaciones que concentran su actividad en el conurbano bonaerense y sobre las que se hicieron la mayor cantidad de llamadas a la línea 134, habilitada por el Gobierno para recibir denuncias de extorsiones contra los dirigentes piqueteros.
El juez Armella recibió de los tribunales federales de Comodoro Py una serie de denuncias sobre las que los magistrados Marcelo Martínez de Giorgi y Casanello se declararon incompetentes. Comenzó una investigación que al momento habría identificado a decenas de organizaciones con una estructura y comportamiento similar a las amenazas que se investigan en la causa del Polo Obrero. La fiscal a cargo es Silvia Cavallo.
Como se trata de distintas agrupaciones, en Quilmes se iniciaron 44 causas por separado y algunas fueron derivadas a otros juzgados. De acuerdo con fuentes conocedoras de los procedimientos, se ordenaron medidas de prueba en todas y ya fueron señaladas por lo menos 85 personas pertenecientes a estas organizaciones, aunque no se revelaron aún sus nombres. Aseguraron, asimismo, que la mayor parte de las denuncias tienen que ver con hechos ocurridos en La Matanza, por parte del Movimiento Evita. Personas cercanas a la organización que lidera Emilio Pérsico negaron cualquier participación en amenazas a beneficiarios de planes sociales.
También figuran entre los denunciados por presuntos extorsionados la Corriente Clasista Combativa y las organizaciones 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y Ramón Carrillo, entre otras.
La línea 134 que puso a disposición el Gobierno habría reportado más de 160.000 llamados realizados contra organizaciones sociales y sindicatos en todo el país. Fueron hechos por personas presuntamente extorsionadas y amenazadas, que decidieron reportar, incluso con nombres de referentes, videos, audios y capturas de conversaciones.
Todas estas acusaciones vía telefónica y por correo fueron recopiladas por los ministerios de Seguridad y Capital Humano y dieron lugar a una identificación de aquellas que revestían algún grado de verosimilitud; luego se concretaron envíos en cuatro “tandas” principales de denuncias a la Justicia federal.
De estas cuatro, dos (una contra sindicatos y otra contra movimientos sociales) cayeron en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato del oficialismo a la Corte Suprema. Es quien tiene la mayor parte de los llamados recibidos por Seguridad y referidos posteriormente a la Justicia (cerca de 6000). Otra fue al despacho de Casanello (la que impulsa el fiscal Sergio Pollicita y tiene como principal protagonista al Polo Obrero) y, la restante, al de Martínez de Giorgi.
El desafío del contenido de estas denuncias es que cada “tanda” consiste en miles de hechos que muchos de ellos, a priori, no tienen vínculo entre sí. Incluyen planillas con números de reclamo, la situación y presunto delito que describen los que llaman y el distrito en el que ocurrieron. Los distintos jueces y fiscales plantearon estrategias diferentes con respecto a qué hacer sobre la gran cantidad de eventos inconexos que se planteaban en los listados que brindó el Ejecutivo.

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