EDITORIAL

Un registro indispensable para combatir delitos
Es de esperar que el Congreso sancione sin más demora la ley de inscripciones de ADN, que, con un alto nivel de certeza, permitirá resolver numerosos crímenes
Varios proyectos relevantes para el combate de la delincuencia y el crimen organizado aguardan tratamiento este año en el Congreso de la Nación . Servirán para dar un ordenamiento y proveer de mejores herramientas a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. La reforma del Código Penal, la ley penal juvenil o la ley sobre barras bravas se destacan, ya sea por su aporte estructural o por su impacto mediático. Sin embargo, hay un proyecto paradigmático para la prevención y resolución de casos criminales, que debería ser sancionado sin dilaciones, ya que permitirá resolver con alto nivel de certeza numerosos crímenes: la ley de registro de ADN.
Actualmente, existe en el orden nacional un registro de ADN para condenados con sentencia firme y con evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual. Su uso, acotado, impide tener una base más amplia que incluya homicidas, secuestradores u otros autores de delitos violentos y graves. La importancia de tener un registro de datos genéticos radica en que, en toda escena del crimen siempre quedan huellas con rastro de ADN -cabello, sangre, piel u otros fluidos corporales- que son pruebas indubitables de que una persona estuvo en el lugar del hecho o en contacto con la víctima. Sin la existencia de un registro contra el cual contrastar una muestra, es limitado el uso que se le puede dar a este tipo de herramienta.
La mayoría de los países ha avanzado hacia bases de datos de ADN más amplias, que incluyen registros de delincuentes culpables de una múltiple variedad de delitos. En la Argentina, la provincia de Mendoza avanzó en la construcción de este registro amplio. Hay otros distritos que van en la misma dirección. Conformar una base nacional amplia se vuelve crucial a la hora de actuar frente a autores condenados que repiten su accionar violento y que no saben de límites jurisdiccionales para cometer homicidios, violaciones, secuestros.
Existen infundados temores respecto de esta herramienta. El más generalizado es que mediante una huella genética se pueden determinar futuras enfermedades u otras cuestiones del ámbito privado de la persona. Este "mito" es absolutamente falso ya que la cadena de ADN que se registra solo permite de manera indubitable determinar si una muestra obtenida pertenece a determinada persona. Tan útil resulta que varios países están analizando extender esa herramienta a toda la población para construir bases de datos generales, como son las de huellas dactilares, que puedan ser usados para casos de filiación, de reconocimiento de cuerpos y muchos otros usos relevantes que van más allá del accionar penal.
La Justicia, en pleno siglo XXI, no puede desaprovechar los adelantos que la ciencia y la tecnología ofrecen. El derecho no puede desconocer estos avances. La interrelación y colaboración entre el mundo científico y el jurídico, con especial énfasis en el ámbito de la investigación criminal, es ya insoslayable. Legisladores, jueces, abogados y fiscales se ven obligados a comprender algunas facetas del lenguaje científico. Muchos países emplean la técnica del ADN. Pero pocos han legislado sobre ella.
El tratamiento y la aprobación de esta herramienta es de vital importancia, como en su momento lo han sido otras leyes asociadas a técnicas especiales para regular cuestiones como agentes encubiertos, arrepentidos o entregas controladas.
No se puede argumentar que debido al proceso electoral nuestro Poder Legislativo solo funcionaría la mitad de su tiempo.
Hemos comprobado y señalado desde estas columnas cómo se dilapidan esfuerzos y recursos humanos y económicos en nuestro Congreso, que debieran estar al servicio de satisfacer legítimas e importantes demandas ciudadanas. Instamos a los legisladores de todos los partidos a debatir y sancionar este proyecto de ley, herramienta técnica esencial para el combate del delito.