EDITORIAL,

Un nuevo código para combatir la anomia
El anteproyecto de Código Procesal Civil propone cambios dirigidos a construir una Justicia accesible, oportuna y respetada

La debilidad del sistema normativo es uno de los problemas más serios que enfrenta la Argentina. Carlos Nino, uno de los mejores constitucionalistas y filósofos que tuvo el país, señalaba los efectos destructivos de lo que denominaba la "anomia boba" que impera entre nosotros traduciéndose en una falta de respeto a las reglas que solo provoca beneficios efímeros. Incumplir la ley, tergiversar su contenido, evadir impuestos o romper los contratos se vuelve así caldo de cultivo para una más extendida ilegalidad que terminará alcanzando a todo y a todos.
La falta de confianza en la Justicia es una de las manifestaciones más evidentes de este preocupante fenómeno colectivo. Para que la ley, los contratos o las relaciones de convivencia sean respetados es fundamental contar con un Poder Judicial independiente, cuyas palabra y acción no se encuentren devaluadas.
De allí que el modo en el que se resuelven los conflictos tenga una importancia crucial. Si los tribunales actúan a puertas cerradas, no reciben a los ciudadanos, recurren a un lenguaje inentendible para el común de la gente y demoran sus decisiones por años, es imposible restablecer el imperio de la legalidad.
Anteriormente destacábamos la espontánea reacción de jueces, abogados e instituciones contra un estado de cosas que debe ser superado. Con epicentro en la provincia de Buenos Aires, 55 magistrados civiles, con el apoyo del programa Justicia 2020, impulsaron conjuntamente hace tres años un proyecto para generalizar el carácter oral de los procesos civiles. El objetivo era mejorar cualitativamente el soporte de las decisiones jurisdiccionales con la presencia del juez y la concentración de pruebas en audiencias orales, a fin de reducir y controlar la duración de los procesos, implementando para ello la videograbación de las audiencias. Contando la ciudad de Buenos Aires, el proyecto ha sido adoptado por 14 distritos.

Al tiempo que se incrementaba el número de jueces que adherían a esa iniciativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajaba en el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por ser presentado ante el Congreso Nacional tras haber sido puesto a la consideración pública.
El equipo de académicos, jueces y abogados que trabajó en su redacción sometió primero a consulta las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial con buena recepción y luego elaboró el anteproyecto.
El objetivo fundamental del nuevo Código proyectado es acercar a los ciudadanos y simplificar los vericuetos del sistema de justicia. Los verdaderos destinatarios del cambio propuesto no son ni los jueces ni los abogados -aun cuando la nueva forma de litigar revalorizará y dignificará su profesión-, sino los hombres y mujeres que buscan una respuesta del Estado para la protección de sus derechos y la resolución pacífica de sus conflictos. Son ellos quienes demandan contar con acceso a una Justicia cercana y eficiente, víctimas hoy de un sistema excesivamente lento, despersonalizado, burocrático y exasperantemente escrito.
En el nuevo diseño procesal, los magistrados asumen un rol de conducción de los procesos, fundamentalmente en las audiencias. Se pone especial énfasis en el trabajo colaborativo entre todos los partícipes del proceso, contando para ello con su lealtad y buena fe.
Las audiencias serán un proceso mixto: por un lado, con actos de presentación de escritos, y por el otro, con una instancia preliminar depurativa y de filtración de pruebas y otra de recepción de estas, con los involucrados interactuando cara a cara.
Otra innovación plantea procesos de justicia inmediata, tanto para casos simples, a través de solicitud escrita y audiencia concentrada, como para aquellos que requieren una resolución urgente.

Entre los procesos especiales que incorpora para aliviar la carga tribunalicia, se destaca el conocido como monitorio, en la práctica un desincentivo a litigar por su resolución rápida y económica, que permite reclamar el cumplimiento de determinadas obligaciones de pago cuando la persona demandada no se opone al proceso, pasando directamente a la ejecución. Ha sido de gran éxito e impacto en los países latinoamericanos y europeos que lo han regulado.
Asimismo, las nuevas disposiciones legales ponen énfasis en la incorporación de tecnología (videograbación, expediente electrónico, notificaciones electrónicas, ente otras) para mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
Finalmente, se regulan institutos novedosos ligados a la ejecución de las sentencias.
La redacción del nuevo Código reconoce el efecto transformador de la ley sobre las prácticas cotidianas y lo vuelve una herramienta esencial para impulsar los cambios en la forma de litigar y hacer justicia.
Para vencer la anomia, es necesario que las leyes se aprueben con suficiente consenso y que el Poder Judicial se encuentre preparado para hacer cumplir sus disposiciones en tiempo y forma. Solo así podrá recuperar la imagen de eficiencia, ecuanimidad e independencia que la sociedad justificadamente reclama.