EL ANÁLISIS DE SERGIO BERENSZTEIN,

La lucha contra el narcotráfico, un logro que debe ser continuado

Sergio Berensztein
En un contexto de crisis socioeconómica y profunda incertidumbre respecto del corto plazo, un área donde se produjo un avance significativo en materia de política pública es en la lucha contra el narcotráfico. En los últimos años, y gracias a la convicción de un presidente comprometido personalmente con la cuestión, fue una de las prioridades de la política de seguridad y se registró, en consecuencia, una notable transformación: por primera vez el Estado nacional estableció como objetivo primario elevar los costos y el umbral de amenaza de las redes de crimen organizado especializadas en la producción, distribución y comercialización de estupefacientes tanto para la exportación como para el consumo doméstico. Se establecieron mecanismos de coordinación y cooperación con las provincias y sus fuerzas de seguridad y se mejoraron los esfuerzos conjuntos con distintas instancias del Poder Judicial. Los resultados han sido muy positivos tanto en materia de incautación de estupefacientes como en la desarticulación de redes y nodos críticos de la economía de la droga.
¿La lucha contra el narcotráfico es en la Argentina una política de Estado? ¿La acción valiente e innovadora del Gobierno fue respaldada por las principales fuerzas políticas y los actores sociales más relevantes? ¿O es un esfuerzo aislado y poco sustentable, ya que no queda garantizada su continuidad en el tiempo? Una política de Estado requiere un nivel de consenso amplio y consistente sobre fines y medios, responsabilidades y controles, monitoreo y potenciales ajustes. Debe estar sustentada en un plan estratégico, resultado de un trabajo riguroso en el que se involucren todos los actores claves de una política pública determinada, tanto de la política y el Estado como, en especial, de la sociedad civil. Para que una buena política sobreviva a los vaivenes de la dinámica electoral, debe soldarse en acuerdos institucionales formales y en una visión compartida. De lo contrario, cualquier logro o avance puede devenir rápidamente reversión.
Por eso, a pesar de los excelentes resultados obtenidos y del muy meritorio avance registrado hasta el momento, lamentablemente la lucha contra el narcotráfico no constituye una política de Estado. La polémica en torno de las declaraciones de Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, cuando afirmó que hay gente que vende droga porque no tiene para comer, permite comprobar esta situación. La Argentina y el Gran Buenos Aires en particular -y sobre todo los barrios más populares- viven un momento complejo: los problemas de empleo formal e informal crecen y la alternativa de las changas quedó golpeada por la crisis. Sin poner en duda que en algunos casos extremos esta situación haya empujado a alguien hacia la venta de drogas, el narcotráfico constituye un problema sistémico en nuestro país que se inicia mucho antes de la gestión de Macri y que fue mayormente ignorado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, lo que favoreció de manera significativa su expansión territorial. En 2014 escribí junto a Eugenio Burzaco, actual secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación, El poder narco, una investigación sobre el estado de situación en la Argentina. Una de las conclusiones del texto era que el fenómeno había crecido notablemente a lo largo de las décadas anteriores sin que el Estado lograse dar una respuesta proporcional a la importancia del problema.
¿Cuál podría ser la política de Fernández en esta materia si ganara el 27 de octubre? La lucha contra el narcotráfico no solo es un eslabón fundamental de cualquier política de seguridad nacional. También involucra las relaciones con las provincias y sus aparatos policiales. Muchos gobernadores hicieron esfuerzos en materia de recursos para fortalecer sus infraestructuras organizacionales, incluyendo reformas en esas fuerzas. En otras provincias, al contrario, queda muchísimo por hacer. En especial en Santa Fe, que sigue siendo uno de los distritos más afectados por la redes del crimen organizado. Esto se debe a la resiliencia de las organizaciones delictivas, a condiciones socioeconómicas y habitacionales muy desfavorables (amplios bolsones de pobreza y marginalidad con escasa o nula presencia estatal) y a la presencia de numerosos y activos puertos que ofrecen lo que más necesitan los narcos: espacio en las bodegas de los barcos para trasladar la droga a destinos ultramarinos. La logística del negocio es uno de sus componentes estratégicos, y la combinación de una profusa red vial, con líneas férreas y la hidrovía, convierte a esa provincia en uno de los nodos neurálgicos de la economía de los estupefacientes en toda la región. Perotti, gobernador electo, tiene por delante una tarea ciclópea. ¿Encontrará en Fernández, si este deviene presidente, un aliado genuinamente comprometido con esta causa?
Esto tendría contundentes implicancias en materia de política exterior, en especial en las relaciones con Estados Unidos, que serán vitales en múltiples dimensiones, pero sobre todo para superar la crisis financiera y facilitar la negociación de la deuda, con el FMI y con los acreedores privados. Independientemente del resultado de las elecciones norteamericanas de noviembre o de las de 2020, la lucha contra el narco constituye desde hace más de cuatro décadas una prioridad de seguridad nacional tanto durante gobiernos demócratas como republicanos. Por eso, considerando la controversial reputación que en este tópico y en cuestiones de política exterior -especialmente en el vínculo con Estados Unidos- arrastra su compañera de fórmula, Fernández está obligado a tomar decisiones críticas relacionadas con la lucha contra el narco. Respecto de Venezuela puede haber algún margen de maniobra: AMLO en México viene demostrando que puede llevarse razonablemente bien con Trump a pesar de su postura "blanda" respecto del régimen chavista (e ignorar cualquier reclamo para que su país financie el polémico muro). Algo parecido ocurre con Uruguay. Fernández tendría menos costos que los esperados si abandonara el Grupo de Lima y se sumara a esas posturas. Pero su margen de maniobra luce muchísimo más acotado cuando se habla de combatir redes del crimen organizado que lucran, entre otras cosas, con estupefacientes.
Una costumbre de la dirigencia argentina es aplicar la tabla rasa cada vez que asume una nueva administración: lo actuado por la gestión saliente no sirve. Eso involucra un riesgo: en ocasiones, como ocurre en este caso con el narcotráfico, ese modelo impide proseguir con políticas públicas bien implementadas que necesitan continuidad para arrojar resultados positivos. En el caso del narcotráfico, se trata de uno de los tests ácidos que atravesará la eventual administración de Fernández: desatender lo logrado o, peor aún, revertirlo puede ser un enorme error político, reputacional y de gestión.