EDITORIAL

Empleo público: hecha la ley, hecha la trampa
Mientras la administración nacional sigue hallando subterfugios para eludir los congelamientos, el Estado bonaerense amplía su grosero festival de contrataciones
El explosivo crecimiento del empleo público en la provincia de Buenos Aires durante los tres años que van a cumplirse del mandato de Axel Kicillof como gobernador es otra prueba contundente del pésimo uso del dinero de las arcas del Estado. Si a ello se suma que semejante erogación se registra en momentos en que la provincia no sabe, no puede o no quiere resolver los temas más acuciantes de una población hundida en la pobreza (el 42% de quienes viven en el conurbano se ubican bajo esa línea), el desfase adquiere proporciones exorbitantes.
Las cifras hablan por sí solas: en el último trienio, además de incorporar 45.755 nuevos empleados públicos, Kicillof amplió de 14 a 20 la cantidad de ministerios y llevó de 769 a 1852 el número de cargos políticos, es decir, de funcionarios jerárquicos. En 2023, movido por su aspiración de reelección, el gobernador prevé sumar 7000 empleados públicos más. La disparatada justificación oficial para seguir alimentando la burocracia bonaerense es que, para resolver las necesidades de la población, se necesitan más personas que gestionen. Lo ha dicho el propio gobernador y lo repiten sus adláteres. Nada dicen –y menos demuestran– sobre la necesidad de gestionar con calidad. Con medio millón de empleados, Buenos Aires superará la dotación de todo el Estado nacional.
“Kicillof ha quebrado todos los récords de la historia en cantidad de funcionarios”, dijo el diputado provincial cambiemita Claudio Frangul, quien adjudicó esa explosión de cargos a la necesidad política del gobernador de ubicar a su gente, aunque ello derive en una absurda superposición de funciones.
En los hechos, Kicillof ha loteado la administración. La evidencia más grosera es que mantiene dos jefaturas de Gabinete paralelas. Tras la derrota electoral del Frente de Todos en los comicios de mitad de mandato de hace un año en el principal bastión electoral del kirchnerismo, se vio obligado a desplazar como jefe de Gabinete a su amigo Carlos Bianco. No fue por propia voluntad, por cierto, sino por orden de su principal mandataria política: Cristina Kirchner. La vicepresidenta le impuso como jefe de Gabinete al lomense Martín Insaurralde. Pero Bianco no quedó en la calle. El gobernador creó para su amigo un organismo ad hoc: la Jefatura de Asesores de Ministros, una suerte de Jefatura de Gabinete paralela, con 102 empleados, cuatro subsecretarías y 21 direcciones, que recibirá el año próximo una partida de 1000 millones de pesos: un aumento presupuestario del 471%.
Para no enojar a la vicepresidenta, también se encargó de reforzarle el área a Insaurralde. Cuenta con 1407 empleados y tendrá en 2023 un presupuesto de 30.000 millones de pesos: un 212% más que este año.
Si algo positivo se puede decir del gobernador bonaerense es que es un alumno destacado, ya que aprende rápido las lecciones, por más nefastas que estas sean. Su mentora fue la mandataria que más amplió la planta de empleo público cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional: en sus dos gestiones sumó un millón de trabajadores al Estado.
También resulta el mandatario un destacado miembro del coro de justificadores seriales del crecimiento del empleo estatal y de la asociación de burladores de las mil y una disposiciones con las que se asegura que se viene a poner coto a tamaña desmesura.
Un ejemplo cercano en el tiempo es la forma que halló la exministra de Economía Silvina Batakis para eludir un decreto presidencial promovido por ella misma .“Estamos pro poniendo que el congelamiento de personal que tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado”, dijo anticipándose a otra resolución regulatoria del actual ministro Sergio Massa. Sin embargo, ambos han concedido el pase a planta permanente de miles de empleados públicos. Si bien es cierto que esos empleados ya se encontraban trabajando para el Estado mediante contratos, efectivizarlos no es otra cosa que consolidar la carga burocrática.
Ampararse en que deben pasar por un concurso también incluye una trampa, ya que esas pruebas son cerradas, pues solo pueden participar quienes ya están contratados por el Estado. El resto de las personas que buscan trabajo tiene vedada esa posibilidad. En otras oportunidades, el empleo público se engrosa mediante la triangulación con universidades o la contratación de quienes facturan como monotributistas. Artimañas hay muchas.
Apenas comenzado el mes en curso, aquella estrategia desplegada por Batakis fue utilizada por el propio Massa. En una decisión administrativa que lleva su firma y la del jefe de Gabinete, Juan Manzur, se oficializó el pase de 11.172 empleados públicos a planta permanente. La mayoría ingresa precisamente a la cartera de Economía. Nunca más oportuno el dicho popular que reza: hecha la ley, hecha la trampa.
Lejos de ajustar los gastos públicos, la política sigue alimentando un Estado de por sí elefantiásico

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