INCLUSIÓN TOTAL

Acceder a la Justicia, el desafío que perdura para las personas con discapacidad
Aunque ya son mayores de edad, las víctimas del Próvolo declararon en cámara Gesell
Padecen desde deficiencias edilicias hasta problemas de comunicación para poder presentar denuncias o defenderse de acusaciones; un programa nacional busca superar esas dificultades
El caso Próvolo, con denuncias por abusos sexuales y torturas a chicos sordomudos en un instituto católico, planteó un desafío para la Justicia, que debió tratar con 16 víctimas con esa discapacidad, entre ellas, un chico que había sido criado por los sacerdotes acusados, abusó de sus compañeros y luego fue declarado inimputable por no poder comprender la gravedad de sus actos.
"La discapacidad es un concepto que evoluciona porque es el resultado de la deficiencia física más las barreras que produce la discapacidad, y las barreras son culturales. Cuando se hacen las adecuaciones para las necesidades de cada uno, esas barreras se van rompiendo", explica Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus). Fue creado en 2011 y tiene un equipo interdisciplinario que, en promedio, recibe 200 casos por mes, aunque algunos sean consultas. Remón afirma que las principales barreras están vinculadas con la comunicación y la falta de especialistas para abordar los casos.
Según el Indec, el 10,2%, de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es un universo amplio, que al momento de acceder a la Justicia presenta dificultades propias de la discapacidad y otras vinculadas a un sistema que no está preparado.
"En el caso Próvolo hubo muchos avances y sobre la marcha se enderezaron muchas cosas. El primer acto en este sentido fue una decisión que tomó el Ministerio Público, y fue hacer que las víctimas declararan en cámara Gesell. Además, todos fueron derivados a los servicios de salud mental más cercanos a donde vivan para darles un tratamiento interdisciplinario. Muchas declaraciones se produjeron después de que los chicos fueron abordados por el equipo de psicólogos", explicó Oscar Barrera, abogado querellante del Próvolo de Mendoza.

"Nahuel es sordo. Tiene 17 años y estuvo en el Próvolo desde los cinco. Cuando fue a tribunales no quiso entrar en el edificio porque estaban los abusadores y le producía mucho dolor. Hubo que acompañarlo con psicólogos e intérpretes para que pudiera declarar en cámara Gesell", dijo Mariana, su madre.
Un caso distinto es el de Ricardo: tiene una discapacidad intelectual y trabaja en una cadena de comida rápida desde 1998. En 2013, con la muerte de sus padres, quedó a cargo de un familiar que, sin autorización, le cambió la clave de la cuenta en la que recibía su sueldo y le sustrajo el DNI para que no retirara el efectivo por ventanilla. Durante cuatro años le quitó el sueldo, y hasta quiso vender la casa en la que vive. A raíz de su discapacidad, no comprende el valor del dinero. El pariente gastaba su plata y, a cambio, le entregaba $100 o $200.
Antes de ir a la comisaría recurrió a Discar, la ONG que lo acompaña desde los 90, y que lo capacitó para conseguir trabajo. Les dijo que estaba decidido a hacer la denuncia y ellos se pusieron en contacto con Adajus. "También me sacaba la pensión", dijo que reside en la ciudad de Buenos Aires junto a dos personas que aceptaron hacerse cargo de él, mantener la casa y manejarle el sueldo, a cambio de vivir ahí.
"A Ricardo le diagnosticaron un retraso mental moderado. Pudo acceder a la lectoescritura y cosas básicas de matemática. Entiende cosas concretas, como cuánto sale una bebida. Pero si lo mandás a hacer compras en el supermercado no va a saber cuánto debería ser el vuelto", explica Nora Matlob, psicóloga de Discar. "Entendía que la situación de su sueldo era injusta, pero si le pedías que comparara lo que ganaba por mes con lo que le entregaba el familiar no lo podía hacer", agregó.

Las dificultades van de falencias edilicias en los tribunales a cuestiones vinculadas con que los operadores judiciales no tienen conocimiento profundo de las implicancias que trae cada discapacidad. En el caso Próvolo, la sordera tiene muchas otras consecuencias. Por ejemplo, se complejizan conceptos como bien, mal o Justicia.
"La construcción de la ley se traduce de un acuerdo político y público. Vos desde chico te vas formando con esa idea de conducta. El niño sordo, que nació sordo y es hijo de padres oyentes -hago esta salvedad- no incorpora esas relaciones del mundo porque no tiene la misma lengua que los padres. En algunos casos hay padres que aprenden y ese aprendizaje es mutuo con el niño. Si no se habla lengua de señas en el seno familiar, los límites se ponen sobre la base de lo que se ve. Es por ello que explicar conceptos no es sencillo", dijo Remón.
Es decir, si al niño lo retan por tocar un enchufe, tendrá en claro que ese acto está mal, pero no podrá internalizar el concepto de que ese acto es riesgoso para luego trasladarlo a otra fuente de electricidad.
También es difícil explicar, por las diferencias lingüísticas, las consecuencias de algunos actos. En el Próvolo, explica Remón, los chicos no querían volver por una percepción de sufrimiento, no por entender que eran abusados y que ese es un hecho que debe ser denunciado.
La asistencia debe estar presente desde que la persona con discapacidad va a denunciar. Deben evitar que un amigo o familiar del denunciante intervenga como mediador al hacer el descargo, para evitar que se tergiversen los dichos, por lo que Adajus tiene una línea para emergencias las 24 horas en todo el país.
"Si la víctima es una persona con discapacidad auditiva, va acompañada a denunciar y ese acompañante traduce, por eso nuestra intervención es inmediata. Como damos clases en la escuela de cadetes de la policía, ellos están preparados para recibir esa denuncia y llamar a quien corresponda. En la discapacidad intelectual intervienen licenciados en comunicación no verbal. A veces son acusados de algún delito y otras veces, víctimas. En poblaciones más vulnerables económicamente son usados para cometer delitos en grupo y generalmente son los que quedan detenidos", dijo Remón.

Ella indica que una deuda de la sociedad y del Estado es la formación de traductores e intérpretes públicos en lengua de señas. Es decir, con el debido en las materias de derecho para poder actuar en la Justicia. En nuestro país hay solo nueve que pueden inscribirse y colegiarse.
"Surgen muchas complicaciones cuando las personas con discapacidad quieren acceder a la Justicia, porque los operadores judiciales no saben tratar con ellas. En la carrera de Derecho no se enseña nada al respecto. Si esto fuera parte de la currícula, muchas de las cosas que pasan dejarían de pasar", explicó Elías Bustos, un abogado penalista no vidente de 31 años

A. H.