El sucesor incompetente
La dimensión de una deuda y el riesgo de no cobrarla dependen del deudor, de su capacidad de generar ingresos y de su vocación de cumplir con las obligaciones
En el curso introductorio de finanzas de una destacada universidad norteamericana, suele presentarse como material de discusión el caso del "sucesor incompetente".
Se trata de un joven odontólogo, excelente profesional, quien incorporó a su consultorio los mejores equipos para atender a sus innumerables pacientes. Para ello, tomó créditos del banco, que lo apoyaba en su crecimiento. La deuda no preocupaba ni al deudor ni al acreedor, ya que el prestigio y la laboriosidad del dentista permitían ingresos siempre superiores al servicio de aquella. El joven falleció en un accidente y el consultorio fue continuado por un socio, de malos modales y carente de idoneidad. Al tiempo, perdió los pacientes y en pocos meses entró en cesación de pagos. El banco ejecutó sus garantías, mientras el sucesor incompetente echaba la culpa a su predecesor, criticando "la deuda impagable" que había asumido.
Este caso explica cómo la dimensión de una deuda y el riesgo de no cobrarla dependen del perfil del deudor, su capacidad de generar ingresos y su vocación de cumplir con sus obligaciones. La misma deuda, para un odontólogo serio y exitoso, no es un problema; para un sucesor incompetente, es una carga insuperable.
Este caso de estudio tiene semejanza con el virtual "default" anunciado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de varias situaciones confusas y contradictorias. Como es sabido, el mandatario invitó, mediante una solicitada en los diarios, a los tenedores de un bono que vence el 26 de este mes a refinanciar el pago de 275 millones de dólares, hasta el 1º de mayo.
Al igual que el dentista fracasado, el gobierno provincial echa la culpa de su crisis a la gestión de María Eugenia Vidal por haber endeudado a la provincia en forma excesiva. Es probable que, de no haber existido cambios de gobierno a nivel nacional y provincial, este vencimiento hubiera podido ser atendido sin dificultades.
Kicillof debería recordar que, para administrar una provincia con la dimensión de Buenos Aires, debe manejarse con sabiduría y prudencia, pues construir crédito es muy difícil; destruirlo es instantáneo. Y el mayor Estado de la República siempre requerirá recurrir al mercado de capitales para cubrir baches financieros y realizar las inversiones indispensables para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses.
Si todo fue una "puesta en escena" con el gobierno nacional, que omitió apoyarlo para presentar un frente común en la reestructuración de deuda de ambas jurisdicciones, Kicillof es la persona indicada para sobreactuar su natural rechazo por los préstamos y los prestamistas, quizás inspirado por el austríaco marxista Rudolf Hilferding, autor del El capital financiero (1910), en tiempos de la Segunda Internacional.
En 2012, a sus instancias, cuando era ministro de Economía de la Nación, se confiscó YPF mediante un decreto de necesidad y urgencia y se tomó posesión de la empresa como una requisa soviética. Cuando debió brindar explicaciones en el Senado, demostró su desprecio por la confianza como factor esencial para recuperar el valor de la moneda, obtener capitales y lograr inversiones. Allí manifestó que expresiones como "seguridad jurídica" y "clima de negocios" son "palabras horribles". Si bien Kicillof sostuvo que YPF carecía de valor, por pasivos no registrados y ambientales, en 2014 aceptó pagar 6000 millones de dólares por el 51% confiscado. Emitió entonces el conocido Bonar 24 por 15.000 millones de dólares, endeudando así a la Nación por un exabrupto tan inconstitucional como estrafalario. Para Repsol fue el mejor negocio de su historia, pues vendió de inmediato sus bonos y luego el precio del crudo WTI cayó hasta 37 dólares en 2015, reduciendo el valor de YPF a la mitad. Y el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá incluir en la renegociación ese "fardo" que le pasó su antiguo predecesor.
La incompetencia de Kicillof también se hizo manifiesta en aquel momento cuando omitió hacer la oferta de compra obligatoria al resto de los accionistas de YPF, como lo establece su estatuto. Repitiendo su lenguaje estudiantil, dijo, como toda explicación: "Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto, si no ¿dónde está la seguridad jurídica?". Sobre la base de esa torpe omisión, el fondo Burford, titular especulativo de acciones de YPF, inició el juicio contra la República Argentina, que aún tramita en los tribunales de Nueva York.
Ahora, el gobernador hace temblar el crédito de la provincia de Buenos Aires, y también de la Nación y del resto de las jurisdicciones endeudadas, con una actitud muy parecida a sus desplantes anteriores, mientras pide a sus acreedores que negocien "de buena fe", pues ha manifestado "voluntad de pago". Nadie entenderá si es en serio o es en broma, pues Kicillof parece improvisar muchas de las medidas que adopta.
En la nueva ley impositiva para 2020, se dispone un "impuestazo solidario" que, según Kicillof, deberán pagar "los sectores concentrados y minoritarios que se vieron beneficiados por el gobierno de Macri". Nada de ello es verdad. Los aumentos de los impuestos inmobiliarios (urbano y rural), automotores e ingresos brutos golpearán a la clase media y a toda la actividad productiva de la provincia.
No hubo ninguna demostración de equilibrar las cuentas por el lado del gasto para que esa pregonada solidaridad sea verdadera. Y, recordando que el bono impago fue emitido por Daniel Scioli en 2011 para pagar aumentos docentes, Kicillof debería haber sido menos rehén de Suteba y más equitativo con los contribuyentes, pues en su provincia hay 300.000 docentes cuyos sueldos representan la tercera parte del presupuesto provincial y que disfrutan de un 17% de ausentismo.
El estatuto docente de la provincia es fuente de abusos que desfondan el presupuesto provincial, en detrimento de los maestros que cumplen sin aprovecharse de esos privilegios. Nadie querrá ajustarse el cinturón para cubrir las 120.000 suplencias mensuales que el estatuto facilita. Este nuevo esfuerzo, ante situaciones claramente abusivas, no fortalecerá los vínculos en una sociedad agrietada por privilegios sindicales, políticos y corporativos.
Quizás el nuevo gobernador, ahora expuesto a la inmediación que implica gestionar una provincia, cerca de la gente y sus problemas, bien distinta a la distancia abstracta de Hipólito Yrigoyen 250, aprenda en forma tardía la relación directa que existe entre esas barriadas sin cloacas, esos niños sin asistencia escolar, esas familias diezmadas por la droga y el desempleo, y la ausencia de ese valor que, según él, solo respetan los tarados y los estúpidos.
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