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El retiro del gobierno argentino del Grupo de Lima implica la convalidación del régimen dictatorial de Maduro y sus violaciones de los derechos humanos
El retiro del gobierno argentino del Grupo de Lima implica la convalidación del régimen dictatorial de Maduro y sus violaciones de los derechos humanos.
Después de meses de gestos que anticiparon la decisión, el gobierno del Frente de Todos tomó la decisión de abandonar el Grupo de Lima, el conjunto de 14 países conformado en 2017 para buscar una salida democrática de la crisis social, política y económica de Venezuela. Las diversas críticas realizadas por el presidente Alberto Fernández a su funcionamiento, su deseo de reflotar la Unasur, la decisión del gobierno argentino de abstenerse en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se rechazaron las últimas elecciones de diciembre de 2020 y la ausencia en las reuniones del grupo presagiaban la desafortunada medida conocida recientemente.
La pertenencia al Grupo de Lima resultaba un problema para Alberto Fernández, ya que el sector ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afín al gobierno de Nicolás Maduro le exigía que abandonara el foro regional, requerimiento que al cumplirse muestra otra claudicación del Presidente a favor de la facción más dura dentro de la coalición gobernante.
Por medio de un comunicado la Cancillería afirmó: “La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar”. Se refirió así al reconocimiento que ese foro hizo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló: “Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”.
Después de meses de gestos que anticiparon la decisión, el gobierno del Frente de Todos tomó la decisión de abandonar el Grupo de Lima, el conjunto de 14 países conformado en 2017 para buscar una salida democrática de la crisis social, política y económica de Venezuela. Las diversas críticas realizadas por el presidente Alberto Fernández a su funcionamiento, su deseo de reflotar la Unasur, la decisión del gobierno argentino de abstenerse en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cual se rechazaron las últimas elecciones de diciembre de 2020 y la ausencia en las reuniones del grupo presagiaban la desafortunada medida conocida recientemente.
La pertenencia al Grupo de Lima resultaba un problema para Alberto Fernández, ya que el sector ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afín al gobierno de Nicolás Maduro le exigía que abandonara el foro regional, requerimiento que al cumplirse muestra otra claudicación del Presidente a favor de la facción más dura dentro de la coalición gobernante.
Por medio de un comunicado la Cancillería afirmó: “La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar”. Se refirió así al reconocimiento que ese foro hizo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló: “Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”.
Sobre el particular, nuestra cancillería ignora alevosamente los sucesivos intentos de diálogo propiciados por la oposición venezolana y que fueron desestimados por el dictador Maduro, como así también las fracasadas gestiones llevadas a cabo para la realización de elecciones libres y transparentes, que no llegaron a concretarse, al tiempo que avaló también los comicios en los cuales Maduro resultó reelegido y que estuvieron seriamente sospechados de fraudulentos.
Llama la atención que en otro pasaje del comunicado, la Cancillería afirmó: “Es importante señalar que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo con lo que se constata en el informe de la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.
Al respecto, y en materia de derechos humanos, cabe recordar los lapidarios informes realizados por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, quien describió descarnadamente las atrocidades y violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad que responden al régimen imperante en el país caribeño.
De igual manera que la Cancillería convocó al “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún
En línea con su convocatoria a un “diálogo sin exclusiones” en Venezuela, nuestra Cancillería no puede desconocer las flagrantes violaciones a los derechos humanos sector en particular, un diálogo sin exclusiones”, no debió quedarse al margen de la condena internacional a la sistemática violación de los derechos sufrida por buena parte de la sociedad venezolana, llamando al cese inmediato de las acciones que la ocasionan.
El Grupo de Lima fue creado con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica de la crisis en Venezuela a través de elecciones libres y la liberación de los presos políticos, y para denunciar las constantes violaciones de los derechos humanos de las últimas dos décadas. También, para oponerse a cualquier intervención militar externa con la convicción de que los problemas debían ser resueltos por los venezolanos.
Llama la atención que en otro pasaje del comunicado, la Cancillería afirmó: “Es importante señalar que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo con lo que se constata en el informe de la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.
Al respecto, y en materia de derechos humanos, cabe recordar los lapidarios informes realizados por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, quien describió descarnadamente las atrocidades y violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad que responden al régimen imperante en el país caribeño.
De igual manera que la Cancillería convocó al “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún
En línea con su convocatoria a un “diálogo sin exclusiones” en Venezuela, nuestra Cancillería no puede desconocer las flagrantes violaciones a los derechos humanos sector en particular, un diálogo sin exclusiones”, no debió quedarse al margen de la condena internacional a la sistemática violación de los derechos sufrida por buena parte de la sociedad venezolana, llamando al cese inmediato de las acciones que la ocasionan.
El Grupo de Lima fue creado con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica de la crisis en Venezuela a través de elecciones libres y la liberación de los presos políticos, y para denunciar las constantes violaciones de los derechos humanos de las últimas dos décadas. También, para oponerse a cualquier intervención militar externa con la convicción de que los problemas debían ser resueltos por los venezolanos.
Podrá cuestionarse la falta de avances concretos por parte del Grupo de Lima en la solución de la crisis venezolana, pero retirarse del foro es lisa y llanamente no compartir los objetivos para los que fue creado y convalidar sin más la situación política que aqueja a Venezuela y que ha derivado en graves violaciones de los derechos humanos.
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