Los argentinos que viven afuera no son de palo
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Fernando Iglesias
La Argentina es un país de inmigrantes. Una enorme parte de nuestros antecesores llegaron, huyendo del hambre y de las guerras, de ciudades y aldeas europeas. Muchos otros emigraron internamente, del interior a las grandes ciudades del centro y el Litoral. Todos los que nacimos en esos hogares sentimos y palpamos –como un eco sordo que opacaba las mejores alegrías– la nostalgia de nuestros padres y abuelos por la tierra perdida. De manera directa o indirecta, todos los argentinos conocemos el desgarramiento que trae la lejanía de la tierra natal.
Con el quiebre de toda esperanza en la racionalidad del actual gobierno, el flujo de emigrantes argentinos se ha hecho marea. Pero no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, la Argentina ha dejado de ser tierra de atracción y se ha transformado en un territorio expulsivo. Golpes de Estado, shocks económicos, corrupciones varias, recortes a la república, clausura de las posibilidades de movilidad social. Cientos de miles de los descendientes de aquellos inmigrantes han recorrido el camino inmigratorio en el sentido inverso. Muchos han terminado en las tierras de sus abuelos, Italia y España. Muchos han elegido otros países de inmigración por excelencia: Estados Unidos y Canadá. Recientemente, a medida que se agudizaba nuestra decadencia, aparecieron en nuestro horizonte naciones latinoamericanas como Chile y Uruguay. Yo mismo he participado de esa experiencia allá por los años 80 y 90, y conozco de lo que hablo: éxitos profesionales y abundancias económicas que no terminaban nunca de llenar el vacío. Navidades y cumpleaños desiertos en los que la pena compartida tomaba el lugar de la reunión familiar.
Es difícil ser extranjero, pero es más difícil cuando tu país añade nuevas razones a las muchas que te hicieron emigrar. Y eso es lo que ha sucedido la semana pasada cuando el Gobierno anunció la derogación del decreto que permitía votar por correo a los argentinos residentes en el exterior. La razones son evidentes: en las pasadas elecciones, el 75% de los argentinos residentes en el exterior votaron a favor de Juntos por el Cambio y solo el 17% lo hizo por el Frente de Todos. Es esto lo que intentan impedir quienes se dicen progresistas y de izquierda: un voto postal similar al que decidió las elecciones en los Estados Unidos de América y al que se opuso tenazmente Donald Trump; un voto por correo igual al que ejerzo anualmente, junto a dos mil españoles y cinco millones de italianos residentes en el extranjero, en las elecciones de esos países.
Sin voto por correo, la posibilidad de los argentinos en el exterior de participar de las elecciones se reducirá drásticamente por razones geográficas: la mayoría de ellos habitan a más de 100 km de los puntos de votación, y trasladarse hasta ellos implica realizar esfuerzos económicos y organizativos multiplicados por la pandemia. El científico argentino que vive en Portland deberá viajar 2000 km hasta una mesa de votación en Los Ángeles y el recepcionista de un hotel en Cancún tendrá que trasladarse 1600 km hasta una urna consular en la Ciudad de México; una situación absurda de exclusión. A esta decisión incomprensible por razones que no sean las de la conveniencia electoral se agrega la lamentable decisión de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, que han cerrado por un año el Renaper y los consulados y clausurado todos los caminos para que quienes se han ido recientemente accedan al cambio de residencia y a los documentos necesarios para votar.
Si bien es difícil cuantificar, la ONU ha estimado que en 2019 eran 1.013.414 los argentinos fuera del país, el 2,27% de la población nacional. Un número significativamente incrementado desde entonces debido al deterioro económico, el aumento de la inseguridad, el cierre de escuelas y los avances contra la propiedad y las libertades.

Hablamos, por lo tanto, de una “provincia Nº 25” de más de un millón de habitantes, es decir: de un distrito con más “pobladores” que la mayoría de las provincias del territorio nacional. Hablamos de más de un millón de argentinos que guardan una intensa relación con nuestro país, que se levantan cada día y leen los diarios argentinos, y que gracias a las redes digitales participan de las polémicas nacionales y de los banderazos ciudadanos, que los han visto en primera línea desde siempre. Estamos hablando de un millón de argentinos que sufren cotidianamente la realidad de nuestro país y que quieren seguir siendo parte de él mientras el mismo gobierno que les cobra impuestos intenta limitarles su derecho a votar.
Para todos ellos organizamos un grupo, el PRO25, destinado a facilitar la participación política de quienes comparten nuestras posiciones, y otro más amplio, Juntos por el Mundo, para incluir a quienes forman parte de otros partidos de JxC y a los independientes que quieren defender la república con nosotros. A través de estas redes escuchamos diariamente sus preocupaciones, los ponemos en contacto con nuestros líderes políticos y tratamos de asistirlos para garantizar su derecho a votar. La decisión de Alberto Fernández, el conciliador, de clausurar la vía de su participación política tira a la basura estos esfuerzos y constituye un recorte más de los derechos ciudadanos que el profesor de la Facultad de Derecho de la UBA e hijo de un juez debería garantizar.
Para todos ellos organizamos un grupo, el PRO25, destinado a facilitar la participación política de quienes comparten nuestras posiciones, y otro más amplio, Juntos por el Mundo, para incluir a quienes forman parte de otros partidos de JxC y a los independientes que quieren defender la república con nosotros. A través de estas redes escuchamos diariamente sus preocupaciones, los ponemos en contacto con nuestros líderes políticos y tratamos de asistirlos para garantizar su derecho a votar. La decisión de Alberto Fernández, el conciliador, de clausurar la vía de su participación política tira a la basura estos esfuerzos y constituye un recorte más de los derechos ciudadanos que el profesor de la Facultad de Derecho de la UBA e hijo de un juez debería garantizar.


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