ATAQUE A LA JUSTICIA

Activaron ilegalmente un teléfono de Rosenkrantz
Otro juez de la Corte fue blanco de un hackeo; la primera denuncia había sido de Rosatti
Carlos Rosenkrantz, miembro de la Corte Suprema
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sospecha que alguien se hizo pasar por el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz y activó en su nombre, sin que él lo supiera, una línea telefónica. Se trataría de la misma maniobra que denunció el mes pasado el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, que informó que sin su consentimiento alguien había dado de alta cuatro líneas a su nombre, informaron fuentes judiciales.
Ayer por la mañana, el juez Rosenkrantz recibió un oficio de Martínez de Giorgi con una serie de preguntas (por su condición de magistrado, Rosenkrantz puede declarar como testigo sin necesidad de presentarse en los tribunales de Comodoro Py y lo hará por escrito); básicamente, le preguntó si la línea fue sacada por él, si reconoce ese abonado y si sabe que exista alguna otra línea a su nombre gestionada sin su autorización.
A todas las consultas el juez responderá negativamente, informaron fuentes del tribunal, que dijeron que Rosenkrantz no tiene ninguna relación con Misiones, desde donde se habrían activado las líneas. El caso de Rosenkrantz fue descubierto en el marco de la investigación del episodio denunciado por Rosatti.
La causa la instruyen Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa.
En su denuncia, Rosatti informó que se había enterado de la existencia de las líneas por una factura de una empresa telefónica, correspondiente a un supuesto servicio del primer bimestre del año, que llegó a su casa de Santa Fe. Fue en febrero de este año y la factura había sido emitida el 7 de ese mes, según informó Rosatti en su presentación de tres páginas a la Justicia Federal.
El presidente de la Corte Suprema detalló que, tras recibir esa factura, el 27 de febrero de este año consultó con la empresa (Personal Telecom Argentina), que le informó que existían otros tres abonados de telefonía móvil también registrados indebidamente –afirmó Horacio Rosatti– a su nombre.
La factura recibida en su casa correspondía a un teléfono celular con prefijo de la provincia de Misiones, lo mismo que las otras tres líneas a su nombre, todas de la misma provincia, según informaron las fuentes.
Rosatti llevó el caso a la Justicia Federal Penal para que investigue los hechos, por entender que configuran “delitos de acción pública que la investigación deberá determinar”; entre las posibles figuras en las que encuadraría lo ocurrido, incluyó -dijeron las fuentes- una posible “falsificación de documento destinado a acreditar la identidad de la persona”.
Rosatti advirtió en su denuncia que no se puede descartar que los hechos denunciados estén vinculados con cuestiones relativas al ejercicio de sus cargos como presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, como “las acciones institucionales que se han venido impulsando para favorecer la investigación, el juzgamiento y la sanción de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes en nuestro país”, detalló un funcionario que accedió a la denuncia del juez.
Desde un primer momento llamó la atención en los tribunales el hecho de que las líneas de teléfono que motivaron la denuncia del juez tuvieran prefijo de Misiones, la misma provincia desde la que se habría jaqueado el celular del entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de acuerdo con las pruebas acumuladas por ahora en esa causa.
La semana pasada, Andrés Basso, otro de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, denunció que su teléfono fue hackeado.
La interferencia habría sido realizada por el mismo hacker que accedió a los mensajes de Rodrigo Giménez Uriburu, otro de los magistrados que firmaron la sentencia contra la vicepresidenta, cuando estaban alegando las defensas en el tramo final del juicio oral y público.
Se trataría, además, de la misma persona que para la misma época accedió de manera ilegal al celular del entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Basso había advertido problemas con su celular el 7 de septiembre pasado, cuando empezaban los alegatos de los abogados defensores, y lo denunció a la empresa que le presta el servicio. Pero ahora sabe que el celular de Giménez Uriburu corrió la misma suerte y por eso formalizó una denuncia judicial.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sucias estrategias judiciales
En la sentencia de la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) incluyó la denuncia ante el Colegio Público de Abogados de varios de los abogados defensores por groseras fallas en su actuación. La decisión resulta impecable frente a los excesos que se han visto en el juicio, que ensucian la imagen de la Justicia y sus auxiliares.
Cabe recordar que, ya en 2014, Gregorio Dalbon, uno de los letrados de Cristina Kirchner, había sido sancionado por incorrecciones en el ejercicio de su patrocinio, imponiéndosele una multa por sus excesos.
La posibilidad de radicar las correspondientes denuncias y, en algunos casos, la obligación de hacerlo ante faltas graves están previstas por el Código Procesal Civil y Comercial y por los Principios de Bangalore, que regulan la actuación judicial.
El TOF 2 destacó que no se trató de exabruptos aislados, sino de una estrategia concertada entre los abogados acusados, dirigida a desacreditar a la Justicia para que las sentencias tuvieran menor impacto.
La denuncia abarca solo a cuatro de las defensas, integradas por los doctores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Periotti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán (Carlos Kirchner). Se los acusa de haber dedicado buena parte de las instancias procesales previstas a instalar que el objeto de la causa siempre fue deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente, perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria.
Los ataques al tribunal y a los fiscales, como así también a los medios, sustituyeron lo que debió ser una defensa profesional concentrada sobre las acusaciones y pruebas de la fiscalía. En cierta forma, la defensa de los ahora acusados se asemeja a la que intentó la “abogada exitosa” cuando en sus alegatos se dedicó más a insultar y rebajar a la Justicia que a responder por las acusaciones e incontrastables pruebas.
Como auxiliares de la Justicia, los abogados deben ser colaboradores valientes y responsables en procura de sus defendidos, pero respetuosos de las reglas de la profesión.
La ley nacional de la abogacía, en las normas de ética y de procedimiento, les impone no incurrir, durante procesos o actuaciones, en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados ni caer en temeridad o malicia.
En otras latitudes los jueces tienen amplias facultades disciplinarias sobre los abogados, pudiendo incluso sancionarlos con multas y hasta con penas de prisión. En nuestro caso, el tribunal ha actuado con suma mesura y solo en la sentencia formuló la denuncia ante otra institución. Es de esperar que el Colegio Público y su Tribunal de Ética se expidan con la rapidez que exige la gravedad del tema.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA