DENUNCIA Y JUSTICIA

Indagarán a Pesce y Guzmán por fraude
También a Marcó del Pont; investigan la compra sobrefacturada de aviones con dólares oficiales

Hernán Cappiello
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez federal Ariel Lijo que le tome declaración indagatoria como sospechosos del delito de fraude, falsedad ideológica y violación de sus deberes de funcionarios al presidente del Banco Central, Miguel Pesce; a la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y al exministro de Economía Martín Guzmán por una normativa que permitió la compra de aviones con una presunta sobrefacturación. Dijo el fiscal que no es una negligencia, sino que se advierte el dolo.
El juez Lijo realizó la semana pasada allanamientos en empresas que realizaron las compras de aviones y las declararon a un valor mayor que el real -y que el de mercado para cobrar más dólares a precio oficial. Hay compradores que son gobiernos provinciales, dijo una fuente judicial
En algunos casos, la compra de los aviones era declarada un valor mucho mayor que el real, se obtenían los dólares a precio oficial y la aeronave, a su vez, era vendida en el mercado con una ganancia.
En ocasiones, ni siquiera era nacionalizada; es decir, ni siquiera era matriculada en la Argentina, sino que se trataba de un mero pase financiero. Los vendedores ganaban sobrefacturando con el tipo de cambio y con la comisión de venta, dijo una fuente judicial.
Se detectaron diversos tipos de maniobras; empresas que compraron aviones con sobreprecios, empresas y provincias los adquirieron por su valor de mercado, empresas que solo hicieron el negocio financiero sin que el avión llegara al país, empresas que compraron aviones y las vendieron entre filiales de la misma compañía. No solo se sobrefacturaba el valor del avión sino las comisiones de los brokers que intervinieron.
Las operaciones realizadas con aeronaves, aviones, helicópteros y hasta drones llegan a 200 millones de dólares, que fueron entregados a precio oficial por el Banco Central para el pago de las operaciones sobrefacturadas.
La coyuntura internacional ayudaba pues el precio de las aeronaves afuera había descendido tras las pandemia y aquí se podían conseguir dólares a precio oficial. Hubo empresas de taxis aéreos que renovaron su flota.
La causa se inició el 10 de febrero del año pasado, cuando se denunció que empresas y hasta organismos públicos habían podido comprar aviones, preferente de los Estados Unidos, mediante una sobrefacturación; en total, unos 200 aviones. El Banco Central autorizaba los giros de fondos al exterior. El fiscal indicó en su requerimiento que desarrolló cinco líneas de investigación, que “llevaron inexorablemente a identificar la responsabilidad penal de las máximas autoridades de la Administración Pública” con respecto a los hechos.
El dictamen
“Tanto el presidente del Banco Central de la República Argentina, el exministro de Economía, como la titular de la Dirección de Aduanas y la extitular de la Administración Federal de Ingresos Púbicos, incumplieron con los deberes a su cargo”, señala el dictamen.
El fiscal destacó que la Carta Orgánica del Banco Central y el decreto 618/1997, que crea la actual estructura de la AFIP y de la Dirección de Aduanas, “imponen ciertas directivas que no pueden soslayarse”, pues son organismos de control, “de manera que la omisión intencional de incumplir la ley torna lógica la responsabilidad penal de los funcionarios públicos hasta su máxima jerarquía”.
Por “la magnitud de las operaciones” y “lo novedoso de la mercadería (aviones)”, el fiscal entendió que lo llamativo es que “no se advierte un mero incumplimiento sujeto a la negligencia de los funcionarios, sino antes bien, en este estadio procesal se puede avizorar el dolo en el accionar de los sujetos que incumplieron los deberes que por ley les fueron encomendados”. Para Taiano es “plausible” imputar a Marcó del Pont, Pesce, Guzmán y Silvia Traverso por el papel y la injerencia que tenían en las decisiones, “en principio arbitrarias, pero sobre todo contrarias a los intereses fiscales y el control cambiario de las divisas incluidas en las operaciones”.
Taiano pudo determinar operaciones de presunta “sobrefacturación” de importaciones, atento a que los valores declarados en nuestro país resultaron muy superiores a los que surgieron de las distintas líneas de investigación llevadas a cabo.
Para el fiscal los funcionarios “no pudieron obviar” las operaciones de sobrefacturación ya que “resultó evidente que los valores declarados en la República Argentina eran muy superiores” a los reales.
“Los imputados no pudieron desconocer que se realizaban operaciones de importación con un giro de divisas mayor al que correspondía y, por el contrario, no habrían articulado ningún control y/o mecanismo para investigar estas operaciones, habida cuenta de que eran sumamente elocuentes las maniobras descriptas y la magnitud de las mismas”, escribió Taiano.

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Cuadernos: piden apartar de la causa al juez De Giorgi
Es en el caso de la adulteración presunta del contenido
Jorge Bacigalupo, el expolicía que entregó a los cuadernos de las coimas, recusó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi: dijo que debe dejar el caso que investiga supuestas adulteraciones en los cuadernos porque tiene una “amistad íntima” con personas acusadas en un expediente vinculado.
La defensa de Bacigalupo sostuvo que pese a que esta relación lo obliga -según la ley- a apartarse del caso, el juez no lo hizo. Dijo que, en cambio, actuó con una “innecesaria prepotencia” que “revela una parcialidad indudable”.
En esta causa se investigan supuestas adulteraciones en los cuadernos que Bacigalupo entregó al periodista de Diego la nacion Cabot, cuadernos que tenían las anotaciones manuscritas que realizó el chofer Oscar Centeno sobre los viajes que realizaba con funcionarios del Ministerio de Planificación para retirar dinero de las coimas de manos de empresarios y llevarlas a los funcionarios.
Bacigalupo afirmó que el juez tiene “amistad íntima con los Sres. Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo y la pareja de esta última, Federico Carlos Zupicich”, que están imputados en una causa que es un “desprendimiento de la llamada causa cuadernos”, y destacó que esa amistad fue reconocida por el propio Martínez de Giorgi el 27 de febrero de 2020, cuando, en otra causa, el magistrado sostuvo: “Corresponde aclarar que tengo un vínculo de conocimiento y trato frecuente a nivel familiar con el Dr. Miguel Ángel Plo y su familia. En ese sentido, considero que por motivos de decoro, me veo obligado a inhibirme de intervenir en el presente proceso”.
Según Bacigalupo “no hay discusión alguna respecto a la conexión” de las causas: aquella en la que el juez se excusó investigaba el destino de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita con los hechos materia de la causa madre; esta, si se alteraron los cuadernos. Bacigalupo destacó que “el resultado al que se arribe en este expediente” podría afectar la suerte de Plo y familia en el otro caso.
Y dijo que el juez, esta vez, “eligió sorprendentemente no mantener la prudente equidistancia al obstinarse en desempeñar protagónicamente la instrucción” cuando debió haberse apartado del caso.
Bacigalupo se quejó además de que el juez no notificó a su defensa de los peritajes grafológicos y caligráficos que se realizó sobre los cuadernos el 08 de marzo de 2023 (y no le permitió nombrar un perito propio) y recordó que además allanó su casa en busca de “documentación indubitable para ‘ampliar’ la pericia”, operativo en el que fueron “secuestrados varios manuscritos, cuatro agendas, una notebook y tres celulares (cuando estos dispositivos electrónicos en nada se relacionan con documentación ‘manuscrita’ pasible de pericia caligráfica...)”.

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