Benefician a organizaciones cercanas al oficialismo con 26 cesiones de tierras
Son casos similares al de la ONG que ocupó hace una semana un predio en Chapadmalal
Maia Jastreblansky y Cecilia Devanna
El Gobierno otorgó en los últimos tres años 26 “permisos de uso precario y gratuito” a organizaciones cercanas al oficialismo. Son casos similares al que se difundió hace una semana en Chapadmalal, donde una ONG marplatense poco conocida se quedó con el terreno de 140 hectáreas en la zona de El Marquesado. Este episodio derivó en una denuncia del intendente local, Guillermo Montenegro, y una polémica con Juan Grabois, ya que militantes de su agrupación, MTE, desembarcaron en el predio.
Entre las entidades beneficiarias de las cesiones que realiza la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se encuentran colonias agrícolas y asociaciones civiles. Pero también hay cesión de terrenos a dependencias del Gobierno y a los municipios. Desde el organismo aclaran que las propiedades continúan siendo de la titularidad del Estado, pero la oposición denuncia una distribución discrecional.
La gestión de Alberto Fernández otorgó –bajo distintas modalidades– 214 terrenos, edificios e inmuebles que pertenecen al Estado nacional en los últimos tres años. En esos trámites figuran 26 “permisos de uso precario y gratuito” entregados a colonias agrícolas y asociaciones civiles para que desplieguen sus proyectos en predios estatales.
Son casos análogos al del terreno de 140 hectáreas llamado El Marquesado, kilómetros al sur de Mar del Plata. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le otorgó un permiso de uso a una ONG local, pero junto a ella desembarcaron en el lugar un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciados en Juan Grabois, para desplegar un proyecto agroecológico. El episodio generó una fuerte controversia con vecinos y una denuncia en Comodoro Py radicada por el intendente local, Guillermo Montenegro (Pro).
En el 62% de los otorgamientos (133 inmuebles), la AABE asignó inmuebles a organismos públicos para que hicieran uso de instalaciones que estaban ociosas. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, creado en 2019, por ejemplo, se instaló en un edificio de 7500 metros cuadrados en la calle Cochabamba con esa modalidad. El Gobierno también otorgó 55 terrenos nacionales a gobiernos municipales.
Según datos de la AABE a los que accedió la nacion, seis permisos de uso precario fueron otorgados a colonias agrícolas y 20 a asociaciones civiles. De acuerdo con la norma, este tipo de cesiones temporarias pueden darse “siempre que tengan una finalidad de bien común o la ejecución de una actividad concreta que satisfaga el interés público y no tenga fin de lucro”. Las ONG tienen que completar un formulario y presentar un anteproyecto con un cronograma de ejecución.
Entre los permisos otorgados bajo esta modalidad figura el predio entregado a Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, la ONG que se instaló en El Marquesado, cerca de Chapadmalal, una zona de moda en las últimas temporadas de verano. “La titularidad del inmueble nunca va a dejar de ser del Estado y no se van a construir viviendas. Lo que se autoriza es un proyecto de producción agroecológica, en tierras que estaban con peligro de intrusión. Deben realizarse estudios de impacto ambiental antes de que avance el proyecto”, dijeron desde la AABE.
Según fuentes del organismo, “la firma de custodias provisorias y los permisos precarios de uso –ya sean gratuitos u onerosos– son acciones habituales del organismo, incluso durante la gestión anterior”.
Consultado por este medio, el extitular de la AABE durante la gestión de Mauricio Macri, Ramón Lanús, reconoció que hubo algunos permisos de uso precarios otorgados a asociaciones civiles “de predios que no se podían vender y estaban desvalorizados”, como los que están en zonas ferroviarias. “Lo que está pasando ahora es discrecionalidad, porque se están otorgando predios en lugares estratégicos a los amigos para hacer política”, lanzó. El predio de El Marquesado, aseguró, estuvo a la venta durante su gestión. “Es un terreno con potencial inmobiliario, su venta podría generar ingresos importantes al Estado”, dijo.
Poder parcelado
Por el poder que tiene sobre los recursos del Estado, la AABE es un lugar estratégico. En la cúpula del organismo hoy la lapicera está repartida entre el ala de Alberto Fernández y La Cámpora. El titular es Eduardo Albanese, un hombre de las filas del vicejefe de Gabinete y hombre fuerte del PJ porteño, Juan Manuel Olmos. El segundo es Juan Agustín Debandi, que responde a Máximo Kirchner. Fue candidato a intendente en Tres de Febrero en 2019 y podría volver a serlo ahora.
A diferencia de otras áreas del Estado, en la AABE hay un detalle clave: nada puede hacerse sin la firma de su presidente y su vice.
Mientras que Debandi está en el cargo desde 2019, la presidencia pasó de manos. Fue en agosto del año pasado, cuando desplazaron al sciolista Martín Cosentino y llegó Albanese, de la mano de Olmos, que acababa de asumir la vicejefatura de Gabinete. “Faltaba dinamismo”, fue el argumento para justificar el cambio en la estratégica agencia.
Según pudo verificar la nacion en el Boletín Oficial, entre los terrenos entregados a otras ONG mediante un “permiso de uso precario” figura, por ejemplo, un terreno en Quilmes de 324 metros cuadrados para la Asamblea Cristiana Asociación Civil para la relocalización de un templo y un lote ferroviario en Tres de Febrero de 1727 metros cuadrados cedido a la Asociación de Scouts Argentina. También un predio de 785 metros cuadrados en El Bolsón otorgado a la Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche Limitada para la instalación de un almacén de ramos generales.
Otro permiso de uso precario otorgado fue destinado a la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), en un acto que contó con difusión del Gobierno. Se trata de un departamento tipo dúplex en la avenida Las Heras al 1900.
La ONG de Mar del Plata que recibió el permiso para El Marquesado se dedica a ofrecer actividades deportivas a jóvenes sin recursos de la zona de General Pueyrredón, además de la instalación de huertas comunitarias. Quien tramitó el expediente ante la AABE es el presidente de la asociación Marcos Santucho, un referente local que este año recibió una mención especial en una premiación al “Mérito Deportivo” entregada por Montenegro.
Pero Santucho, es, a su vez, “referente del MTE Deportes”, según se pudo constatar la n en redes sociales de la organización. Si en los papeles solo figuró la ONG Tercer Tiempo, al momento de tomar posesión del terreno, la asociación civil apareció junto con militantes de la agrupación de Grabois. También se hizo presente en el lugar Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y cuadro del MTE.
Consultada por este medio, Carpineti explicó que su presencia fue en carácter de funcionaria y no como abogada de ninguna de las partes, como fue denunciada. “Fui para mediar con diferentes agentes del Estado, miembros de la fiscalía y organismos municipales que equivocadamente creyeron que era una toma”, señaló.
Pese a que el MTE se involucró en el episodio –y que Santucho está en ambas organizaciones– Carpineti aseguró que “la asociación que recibió el permiso de uso precario no pertenece al MTE” en términos formales, sino que “está vinculada al MTE en la promoción del deporte y proyectos agroecológico en los barrios populares” en los que dirigentes como Santucho “conjugan múltiples identidades gremiales, como el MTE; religiosas, como el evangelismo; y asociativistas, como Tercer Tiempo, para enfrentar la complejidad de dichos territorios”.
Es cierto que en el convenio de la AABE con Tercer Tiempo no figura el MTE como actor. Pero podría aparecer en las próximas semanas en los convenios para iniciar el proyecto junto a otras entidades académicas y sociales del sur marplatense.
En la AABE el poder está repartido entre el ala de Fernández y La Cámpora
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Reclamo de los vecinos para dar marcha atrás en Chapadmalal
La cesión de tierras a una ONG marplatense poco conocida tiene en alerta a los lugareños; hoy se movilizarán para que el Estado revea la decisión
Darío Palavecino
MAR DEL PLATA.– Las tranqueras permanecen cerradas. Mínimo movimiento adentro y mucha inquietud de este lado más próximo a la ruta 11, donde vecinos merodean como guardias de paso y así sostienen la lucha emprendida desde hace más de una semana. Buscan que el Estado dé marcha atrás con la entrega que hizo de esas 140 hectáreas de campo en El Marquesado a una poco conocida ONG marplatense, con fines de desarrollo agroecológico y permiso para construcción de viviendas, según consta en el convenio firmado entre las partes.
Hoy por la tarde se repetirá la movilización de hace una semana, multitudinaria en aquella oportunidad, con apoyo de gente de Mar del Plata y Miramar, también de referentes de partidos de la oposición, para rechazar lo que se lee como un gesto político del gobierno del presidente Alberto Fernández nacional hacia una entidad alineada con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois.
Esta modalidad y ritmo de protesta acompañan la espera de lo que se resuelva en tribunales metropolitanos -la causa quedó en el juzgado a cargo de Alfredo Lijo- de una denuncia penal presentada esta semana por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, contra el funcionario nacional que firmó la cesión de estas parcelas. Además, pide a la Justicia que vuelvan a quedar bajo administración directa del Estado.
La toma de posesión se concretó el pasado sábado por la mañana, con el arribo intempestivo de dirigentes de la Asociación Civil Tercer Tiempo-escuelas de Fútbol y Huerta Comunitaria, asesores legales y más de 50 personas que presionaron al cuidador del predio, Luis Boni, para que se retirara. “Me ofrecieron un millón y medio de pesos”, contó luego en sede policial. La situación inicial generó enfrentamientos y discusiones con vecinos y funcionarios del municipio de General Pueyrredón, todos sorprendidos por este abrupto y sorpresivo desembarco de desconocidos, en muchos casos vestidos con pecheras del MTE.
La documentación que presentaron es un acta firmada por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, en la que entrega por un plazo de 18 meses y en custodia a la citada ONG estas 140 hectáreas fiscales frente al mar, a la altura del kilómetro 551 de la ruta interbalnearia, que en su origen -hace más de 70 años- eran parte del desarrollo que comenzó con el complejo de hoteles de turismo social de Chapadmalal.
Grabois, que dijo no estar involucrado de manera directa con esta historia, pero sí estar al tanto lo suficiente como para adherir a la causa, alentó este proyecto y aseguró en declaraciones radiales que se llevaba adelante “con apoyo del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata”.
Miguel Pereyra Iraola, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de esa casa de estudios, negó esta semana que haya algún tipo de participación o acompañamiento institucional para la pretendida obra de la Asociación Civil Tercer Tiempo. “Tenemos profesores abocados al asesoramiento en agroecología, pero no es este el caso”, dijo a Radio Brisas, y aclaró que quizás algún docente de la esta universidad pueda ser parte de aquella iniciativa “a modo personal”.
Roberto Citadini, sociólogo, ex profesor universitario y ex profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompaña a la mencionada ong en este emprendimiento. En el Concejo Deliberante local, donde el conflicto por estas tierras de El Marquesado habilitó el uso de la denominada banca 25 para fijar posturas encontradas, dijo que lo previsto allí es “un proyecto agroecológico de avanzada”. “No se van a hacer viviendas permanentes, sino provisorias”, aseguró.
En el mismo recinto, en representación de los vecinos de El Marquesado y zona, expuso Diana Merino. “Tenemos mucho miedo de que la armonía actual se vea afectada por ese supuesto proyecto que no es claro en ninguno de sus puntos”, dijo.
En ese mismo ámbito se dio luego un cruce entre concejales del Frente de Todos y Juntos. Sol de la Torre, en representación del primer bloque político, acusó a un par del oficialismo local de haberle presentado en 2021 un proyecto similar para esas mismas tierras. Fernando Muro, blanco de esa denuncia y por aquella época secretario de Producción de la gestión de Montenegro, dijo que lo que se intenta ahora “no tiene nada ver, por las formas intempestivas en que se entregaron las tierras y sin siquiera notificar al municipio y los vecinos”.
Esta semana pasó por la ciudad el diputado nacional Cristian Ritondo, que cuestionó este proyecto, brindó su apoyo a Montenegro en el camino judicial emprendido y anticipó que pedirá que el titular de la AABE dé explicaciones por este caso en la Legislatura.
Según anticipó Maximiliano Álvarez, abogado que asiste a la ONG que tiene en custodia esas tierras, lo que se dio hasta el momento es la toma de posesión, y el desarrollo del proyecto agroecológico espera por sus tiempos. “Aguardamos por estudios que tienen que ver con las condiciones y aptitud del suelo”, dijo sobre estas tierras, que están a 250 metros del mar y a las que se les atribuyen pocas condiciones para el cultivo. Boni, que desde 2010 estuvo al cuidado de ellas en representación de la denominada Fundación Justicia Social, allí solo criaba ganado. Es una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados ubicada poco más de 1500 metros al sur del complejo turístico de Chapadmalal y a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Miramar.
Montenegro, en su denuncia penal, pide al juez Lijo que investigue al titular de AABE por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
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Mendoza: controversia con la Nación por los mapuches
La Legislatura local no los consideró “pueblo originario” y desde el Gobierno le respondieron
MAR DEL PLATA.– Las tranqueras permanecen cerradas. Mínimo movimiento adentro y mucha inquietud de este lado más próximo a la ruta 11, donde vecinos merodean como guardias de paso y así sostienen la lucha emprendida desde hace más de una semana. Buscan que el Estado dé marcha atrás con la entrega que hizo de esas 140 hectáreas de campo en El Marquesado a una poco conocida ONG marplatense, con fines de desarrollo agroecológico y permiso para construcción de viviendas, según consta en el convenio firmado entre las partes.
Hoy por la tarde se repetirá la movilización de hace una semana, multitudinaria en aquella oportunidad, con apoyo de gente de Mar del Plata y Miramar, también de referentes de partidos de la oposición, para rechazar lo que se lee como un gesto político del gobierno del presidente Alberto Fernández nacional hacia una entidad alineada con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois.
Esta modalidad y ritmo de protesta acompañan la espera de lo que se resuelva en tribunales metropolitanos -la causa quedó en el juzgado a cargo de Alfredo Lijo- de una denuncia penal presentada esta semana por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, contra el funcionario nacional que firmó la cesión de estas parcelas. Además, pide a la Justicia que vuelvan a quedar bajo administración directa del Estado.
La toma de posesión se concretó el pasado sábado por la mañana, con el arribo intempestivo de dirigentes de la Asociación Civil Tercer Tiempo-escuelas de Fútbol y Huerta Comunitaria, asesores legales y más de 50 personas que presionaron al cuidador del predio, Luis Boni, para que se retirara. “Me ofrecieron un millón y medio de pesos”, contó luego en sede policial. La situación inicial generó enfrentamientos y discusiones con vecinos y funcionarios del municipio de General Pueyrredón, todos sorprendidos por este abrupto y sorpresivo desembarco de desconocidos, en muchos casos vestidos con pecheras del MTE.
La documentación que presentaron es un acta firmada por el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Albanese, en la que entrega por un plazo de 18 meses y en custodia a la citada ONG estas 140 hectáreas fiscales frente al mar, a la altura del kilómetro 551 de la ruta interbalnearia, que en su origen -hace más de 70 años- eran parte del desarrollo que comenzó con el complejo de hoteles de turismo social de Chapadmalal.
Grabois, que dijo no estar involucrado de manera directa con esta historia, pero sí estar al tanto lo suficiente como para adherir a la causa, alentó este proyecto y aseguró en declaraciones radiales que se llevaba adelante “con apoyo del Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata”.
Miguel Pereyra Iraola, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de esa casa de estudios, negó esta semana que haya algún tipo de participación o acompañamiento institucional para la pretendida obra de la Asociación Civil Tercer Tiempo. “Tenemos profesores abocados al asesoramiento en agroecología, pero no es este el caso”, dijo a Radio Brisas, y aclaró que quizás algún docente de la esta universidad pueda ser parte de aquella iniciativa “a modo personal”.
Roberto Citadini, sociólogo, ex profesor universitario y ex profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompaña a la mencionada ong en este emprendimiento. En el Concejo Deliberante local, donde el conflicto por estas tierras de El Marquesado habilitó el uso de la denominada banca 25 para fijar posturas encontradas, dijo que lo previsto allí es “un proyecto agroecológico de avanzada”. “No se van a hacer viviendas permanentes, sino provisorias”, aseguró.
En el mismo recinto, en representación de los vecinos de El Marquesado y zona, expuso Diana Merino. “Tenemos mucho miedo de que la armonía actual se vea afectada por ese supuesto proyecto que no es claro en ninguno de sus puntos”, dijo.
En ese mismo ámbito se dio luego un cruce entre concejales del Frente de Todos y Juntos. Sol de la Torre, en representación del primer bloque político, acusó a un par del oficialismo local de haberle presentado en 2021 un proyecto similar para esas mismas tierras. Fernando Muro, blanco de esa denuncia y por aquella época secretario de Producción de la gestión de Montenegro, dijo que lo que se intenta ahora “no tiene nada ver, por las formas intempestivas en que se entregaron las tierras y sin siquiera notificar al municipio y los vecinos”.
Esta semana pasó por la ciudad el diputado nacional Cristian Ritondo, que cuestionó este proyecto, brindó su apoyo a Montenegro en el camino judicial emprendido y anticipó que pedirá que el titular de la AABE dé explicaciones por este caso en la Legislatura.
Según anticipó Maximiliano Álvarez, abogado que asiste a la ONG que tiene en custodia esas tierras, lo que se dio hasta el momento es la toma de posesión, y el desarrollo del proyecto agroecológico espera por sus tiempos. “Aguardamos por estudios que tienen que ver con las condiciones y aptitud del suelo”, dijo sobre estas tierras, que están a 250 metros del mar y a las que se les atribuyen pocas condiciones para el cultivo. Boni, que desde 2010 estuvo al cuidado de ellas en representación de la denominada Fundación Justicia Social, allí solo criaba ganado. Es una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados ubicada poco más de 1500 metros al sur del complejo turístico de Chapadmalal y a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Miramar.
Montenegro, en su denuncia penal, pide al juez Lijo que investigue al titular de AABE por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
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Mendoza: controversia con la Nación por los mapuches
La Legislatura local no los consideró “pueblo originario” y desde el Gobierno le respondieron
Pablo Mannino
MENDOZA.– La controversia por los reclamos de tierras de las comunidades autodenominadas mapuches no se detiene. Esta semana sumó un nuevo capítulo en suelo cuyano: luego de que la Legislatura de Mendoza resolviera que “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, el gobierno nacional salió al cruce para repudiar esa resolución y advirtió que se está frente a un caso de “discriminación racial” que fomenta los “discursos de odio”. En las últimas horas, tras conocerse la decisión de la casa de las leyes mendocina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación y llamaron la atención sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados local.
La iniciativa aprobada por la mayoría de los legisladores, entre los que hubo diputados justicialistas del sur mendocino, define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional y los Tratados Internacionales”. En esa cláusula de la Carta Magna se establece que corresponde al Congreso reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Por tal motivo, desde el gobierno nacional pusieron en valor que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional, a la cual “todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Frente al proyecto mendocino, instaron a “reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar”. Por eso, destacaron que este tipo de normas “fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de Derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones”.
MENDOZA.– La controversia por los reclamos de tierras de las comunidades autodenominadas mapuches no se detiene. Esta semana sumó un nuevo capítulo en suelo cuyano: luego de que la Legislatura de Mendoza resolviera que “no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, el gobierno nacional salió al cruce para repudiar esa resolución y advirtió que se está frente a un caso de “discriminación racial” que fomenta los “discursos de odio”. En las últimas horas, tras conocerse la decisión de la casa de las leyes mendocina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación y llamaron la atención sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados local.
La iniciativa aprobada por la mayoría de los legisladores, entre los que hubo diputados justicialistas del sur mendocino, define que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional y los Tratados Internacionales”. En esa cláusula de la Carta Magna se establece que corresponde al Congreso reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Por tal motivo, desde el gobierno nacional pusieron en valor que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional, a la cual “todas las provincias están sometidas, otorga jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Frente al proyecto mendocino, instaron a “reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y no dejarlas pasar”. Por eso, destacaron que este tipo de normas “fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas que ponen en jaque la garantía del Estado de Derecho, la solidez de la democracia y de las instituciones”.
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