JUICIO POLÍTICO Y NOMBRAMIENTOS

Empleados de la Corte descalificaron con dureza las acusaciones de Marchi
JUICIO POLÍTICO. El gremio de Piumato dijo que la exposición del exadministrador en Diputados fue una sucesión de “mentiras”; el funcionario desplazado se presentó en Tribunales y se ofreció a declarar y a aportar pruebas
Los empleados de la Corte Suprema de Justicia que integran el gremio judicial que lidera Julio Piumato afirmaron que la explosiva declaración del exadministrador Héctor Marchi frente a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue una sucesión de “mentiras”, que los dejó “un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación”.
Anteayer, en el Congreso, Marchi se despachó con dureza contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, autores de su desplazamiento la semana pasada: advirtió que su salida fue una “sanción encubierta”, que sufrió seguimientos y amenazas y que el juez Maqueda fue el responsable de dirigir la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias por presuntas irregularidades.
Marchi también apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, no solo por las intimidaciones que dijo estar soportando: lo acusó de haber escondido un supuesto “cuarto informe de auditoría” sobre la obra social, que Marchi dijo haberle entregado. En la Corte rechazaron todas estas acusaciones.
A través de un comunicado, la Unión de Empleados y Funcionarios de la Justicia Nacional (UEJN) cuestionó a Marchi. “Nos dejó un sabor amargo, mezcla de incredulidad e indignación escuchar a quien fuera durante 16 años administrador general de la Corte, regurgitar mentira tras mentira, con el único fin de justificar su gestión”, consignaron.
Dijeron que padecieron la administración de Marchi, al que acusaron de haber realizado “el desguace de la mayoría de las dependencias” y haber provocado “la parálisis de la carrera judicial” de muchos empleados. “Despóticamente, el exadministrador desoyó en forma sistemática todos y cada uno de los reclamos que esta Junta Interna le hiciera. Nunca, jamás, escuchó ninguna de las múltiples peticiones que se plantearon respecto a la cantidad exorbitante de vacantes sin cubrir, al parate en los ascensos o la sobrecarga de tareas que padecen los compañeros/as”, comunicaron desde el gremio.
“Producto de esa autoproclamada buena gestión, el Palacio de Justicia padece hoy un estado de deterioro sin precedentes [...] baños deplorables, escaleras clausuradas, oficinas derruidas y múltiples riesgos en materia de seguridad”, agregaron.
Interna gremial
Sin mencionar ni respaldar a Marchi, otro gremio judicial, Sitraju, que tiene como referente a la diputada kirchnerista Vanesa Siley, afirmó que el juicio político está “desenmascarando la triste realidad” de los tribunales y mostró su preocupación por las denuncias de “aprietes y amenazas” que dio a conocer el exadministrador.
El Sitraju afirmó que los testimonios de la audiencia de este martes en Diputados “dan cuenta de la repartija de cuotas de poder entre los ministros y el ejercicio supremo, sin control alguno y sin rendir cuentas”.
El Sitraju, que surgió como un desprendimiento de la UEJN de Piumato y concentra su mayor representación en los tribunales porteños, es comandado por Juan Manuel Rotta, secundado por Siley, una de las diputadas del kirchnerismo que impulsa el juicio político contra los jueces de la Corte.
“El rol servil al poder económico que los cortesanos ejercen puertas afuera en sus fallos también se ve puertas adentro, donde se constataron manejos oscuros respecto de las contrataciones”, agregaron, para responsabilizar a los jueces por el “mal funcionamiento” de la obra social judicial. También mostraron su preocupación ante “la denuncia de aprietes y presiones” que manifestó Marchi, al que no nombraron.
En Tribunales
Por su parte, el exadministrador general de la Corte se presentó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py y pidió que lo citen a declarar como testigo en la causa que investiga una denuncia de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.
En el escrito que presentó en la fiscalía federal de Ramiro González, Marchi afirmó: “Vengo a solicitar se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer prueba [...] y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros”. Y agregó: “También estoy dispuesto a efectuar la declaración que estime corresponder en los presentes actuados poniéndome a total disposición del señor fiscal como así también del señor juez”. El juez es Ariel Lijo.
Marchi dijo que hacía esta presentación por el “estado público” que tomó la causa y en relación con su declaración en Diputados. Además, volverá a declarar ante los legisladores, otra vez, la semana próxima. El objetivo de esa citación es que brinde más detalles sobre los manejos del alto tribunal. Las supuestas irregularidades de la obra social son una de las causales del juicio político del kirchnerismo contra los jueces.

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Se destrabó el nombramiento de 16 jueces, pero postergan la definición de 60 vacantes
El Consejo de la Magistratura sesionó en plenario después de meses de parálisis: votó ternas, cerró denuncias y creó una comisión por la desaparición de declaraciones juradas

Paz Rodríguez NiellHoracio Rosatti, ayer, al presidir el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura se reunió ayer y aprobó dos concursos destinados a cubrir 16 cargos de jueces en la justicia civil de la Capital Federal, un fuero con tantas vacantes que hoy les cuesta a los magistrados reemplazarse entre sí. En total, los cargos a cubrir en la justicia civil son 44 de un total de 143.
Ahora, las ternas aprobadas pasarán al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a sus candidatos y los envíe al Senado para su acuerdo.
En total, en el plenario del Consejo de hoy se trataron 24 ternas (14 son para cubrir más de una vacante). Entre las que siguen pendientes porque no hubo acuerdo para aprobarlas están todas las ternas federales penales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de mayor impacto para el mundo de la política. Hay cargos por cubrir en los juzgados, en los tribunales orales y en la Cámara Federal (este último es el concurso más peleado, el de los lugares que hoy ocupan Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, designados por trasladado).
Después de más de una hora de poner a votación concursos, que en su gran mayoría no fueron aprobados, la consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho Universidad de Lomas de Zamora, pidió que le permitieran hacer una “reflexión” sobre lo que acababa de pasar. “La palabra que más se repitió fue negativo. Negativo, negativo, negativo, negativo. Sacar ternas es nuestro objetivo primordial y esperaba que el resultado fuera otro. Sacamos solo dos concursos”, dijo Vázquez. “Les pido a mis colegas que reflexionemos. Acá hay concursos con más de tres años de trámite”, añadió. El consejero Héctor Recalde coincidió.
El juez Diego Barroetaveña, en cambio, levantó su copa y dijo: “Yo la veo bastante llena, o más o menos llena. Me parece que para una primera reunión, sacar 16 vacantes es un paso adelante”. En el mismo sentido, el abogado Miguel Piedecasas afirmó: “No son dos concursos, son 16 ternas [cada concurso es para ocho vacantes]. Sacamos el 20% de las que teníamos”. Los consejeros informaron además haber asumido el compromiso de tratar en la próxima reunión los concursos de San Martín y Tucumán, y seguir buscando “consensos”.
El plenario, que duró más de cinco horas, fue presidido por el titular del Consejo y la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En uno de los puntos finales que trataron los consejeros, hicieron mención a la vulneración y la desaparición de declaraciones juradas de jueces que estaban en poder del Consejo. La documentación incluía anexos reservados con datos confidenciales de los magistrados. Los consejeros informaron que habían llegado a un acuerdo para crear una comisión destinada a seguir los avances de la investigación que se está haciendo para determinar qué fue lo que ocurrió. En paralelo, además, el hecho es objeto de una causa penal.
Barroetaveña y Gerónimo Ustarroz (el consejero representante del Poder Ejecutivo) confirmaron que entre todos acordaron crear un “comité de seguimiento”. Barroetaveña insistió en que es un hecho “muy grave” que “no puede terminar archivado”.
“Yo soy el más interesado -dijo el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade-. Hay medios que me relacionan con ese delito por haber expuesto declaraciones juradas de jueces, que yo había conseguido mucho antes, con los respectivos pedidos”. El tema que más debate generó fue el destino de las denuncias contra jueces que cumplieron más de tres años sin ser tratadas. La ley 26.080 establece que “la decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado”.
En el orden del día había 37 expedientes contra jueces para ser cerrados por el paso del tiempo. Tailhade dijo que iba a excusarse de aprobar los archivos. Alegó, entre otros argumentos, que el Consejo estuvo ocho meses casi sin actividad y dijo que, según él, ese tiempo no debería computarse. Pidió además rever este plazo. “Es importante que vayamos buscando la forma de… es una palabra que no me gusta mucho: consensuar”, dijo Tailhade y ante algunas risas, agregó: “No me gusta porque la usan mucho ustedes. Yo prefiero ‘acordar”.
Se abrió entonces un debate. La consejera jueza Alejandra Provítola advirtió que están en juego garantías de las personas sometidas a cualquier proceso, que debían respetarse. “Ya bastante complicado es para un juez tener tres años abierto un proceso sin definición”, afirmó. Los consejeros llegaron a un acuerdo después de que pidió ser escuchada Rocío Herrera, miembro del gremio judicial, que reclamó que no se cerraran sin investigación una serie de denuncias de acoso y violencia laboral. Pidió la palabra desde el público y Rosatti accedió. “Tenemos compañeras que han perdido embarazos; hubo muertes, cáncer, compañeras que perdieron su trabajo y en tres años nunca las escucharon”, se quejó Herrera.

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