MAPUCHES Y VIOLENCIA

Mapuches: la Corte frenó la entrega de tierras
Fue anoche, tras advertir la “gravedad institucional” del fallo del juez Villanueva que intimó al Gobierno a cederlas
Hernán CappielloEl intendente Gennuso y la gobernadora Carreras, ayer, en la Escuela Militar de Montaña
Con la firma de los cuatro jueces que la integran, la Corte Suprema suspendió la entrega de un predio de 180 hectáreas del Ejército en Bariloche a una comunidad mapuche de la zona. Entendió que la decisión de un juez de primera instancia de ejecutar aquella medida reviste “gravedad institucional”, al no respetar una medida cautelar.
La Corte Suprema de Justicia suspendió la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche de Bariloche tras denunciar un caso de “gravedad institucional”. Fue luego de que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó ejecutar el fallo que disponía de esas tierras, pese a que aún no estaba firme y regía además una medida de no innovar para evitar el traspaso de esas propiedades.
En una decisión inusual, el máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispuso anoche frenar todo el proceso, pues entendió que “la decisión de ejecutar la sentencia en ese contexto no solo reviste gravedad institucional, sino que, además, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar una medida que preserve la jurisdicción del Tribunal, evitando que se produzcan agravios de muy dificultosa reparación ulterior que impidan el dictado de una sentencia útil en la causa”.
En este expediente, la entonces jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, dispuso el año pasado ordenar al Poder Ejecutivo Nacional la transferencia a título gratuito de las tierras del Ejército al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para su posterior adjudicación a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, al entender que les correspondían.
El caso fue apelado ante la Cámara de General Roca, que entendió que la medida fue recurrida por el Ejército fuera de término, por lo que dejó firme el fallo de la magistrada, que luego se jubiló. Por la decisión de la Cámara, la fiscalía presentó un recurso ante la Corte.
Tras el fallo de Domínguez, en otra causa, en diciembre pasado, la Cámara Federal porteña dispuso una medida de no innovar para impedir el traspaso de las tierras.
A pesar de esa decisión y cuando el fallo de la Cámara no estaba firme, el 17 de marzo pasado el nuevo juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, avanzó con el traspaso de la propiedad. Tras un reclamo de la comunidad mapuche, Villanueva intimó entonces a que en el plazo máximo de 30 días el Poder Ejecutivo transfiriera el dominio de las tierras al INAI, para que este se lo traspase a la comunidad mapuche.
En el juzgado afirman que no fueron notificados de la medida de no innovar, pero la Corte entendió que el problema es que se estaba ejecutando un fallo que no estaba firme. En su decisión de anoche, la Corte señaló que la orden de anotar las tierras a nombre del INAI “implicó avanzar en la ejecución de la sentencia de primera instancia aun cuando no se encontraban configuradas las condiciones expresamente previstas en dicho pronunciamiento para proceder de ese modo, en tanto la decisión no se encuentra firme”.
“A la fecha en la que el juez de primera instancia dispuso la intimación, ya se encontraba vigente la prohibición de innovar ordenada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal”, que había impedido que se anotara la transferencia de tierras a la comunidad mapuche, pues se estaba investigando en el caso a cinco abogados del Estado para determinar si demoraron la apelación del fallo en perjuicio del Ejército, de manera adrede, a fin de beneficiar a los mapuches. En esa causa donde se dispuso la medida de no innovar se investigan los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato de los auxiliares de justicia. La Corte dijo que se investiga allí si “la sentencia apelada ante esta instancia extraordinaria fue obtenida mediante un actuar ilícito de las partes interesadas”.
Destacó que la medida cautelar de la Cámara Federal impedía “la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Instituto de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras (…) o cualquier otro acto que pudiera significar extraerlas del dominio público”.
Por eso es que la Corte entendió que el avance con la entrega de las tierras a pesar de que el fallo no estaba firme y que estaba en vigor la decisión de la Cámara Federal implica un asunto de “gravedad institucional”, que determinó su urgente intervención.
El máximo tribunal actuó luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió que se expidiera en forma urgente sobre la suspensión de la sentencia de la jueza Silvina Domínguez
Domínguez, que también actuaba el año pasado como subrogante, se jubiló y en su lugar fue designado el juez Villanueva. La fiscal del caso, María Claudia Frezzini, avisó de la decisión de Villanueva de ejecutar la sentencia al procurador Casal y eso disparó que la Corte primero pidiera la causa a Bariloche y luego resolviera con urgencia suspender la cesión de tierras.

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Narcotráfico: la reforma judicial de Rosario superó la grieta en Santa Fe
Oficialismo y oposición se unieron para impulsar la ley que fortalece la Justicia; ahora debe aprobarse en el Senado

Germán de los SantosEl gobernador Omar Perotti siguió la sesión desde los palcos
ROSARIO.– La urgencia y la necesidad de lograr detener la violencia en Rosario que supura del narcotráfico lograron algo inusual en la política actual: que la llamada grieta quedara a un costado, por lo menos frente a este problema. Los legisladores de Santa Fe de distintos partidos se unieron para impulsar lo que denominan el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la provincia, que el martes tuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
Este proyecto, que ahora pasará al Senado, prevé la creación de 50 cargos judiciales en el fuero federal, en su mayoría en Rosario: 36 en el Ministerio Público, y 14 en los tribunales federales, todos con asiento en la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el último informe de la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, el impacto fiscal de la propuesta legislativa será de 1106 millones de pesos anuales.
Una vez que el Senado sancione la ley, para la puesta en marcha de las nuevas estructuras deberá conformarse la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán. En este punto los diputados ya fueron designados.
El problema que surge es en lo inmediato, en la urgencia que existe en el fuero federal de Rosario, donde la estructura judicial no cambia desde hace décadas a pesar del crecimiento del narcotráfico en esa ciudad. Según informó la nacion el 21 de febrero pasado, el gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20 por ciento de los jueces federales de Santa Fe, mientras están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.
Según se desprende de la información oficial publicada en la página web del Consejo de la Magistratura, de los 28 cargos de jueces federales de la jurisdicción actualmente hay dos jueces federales cuyo nombramiento depende de que el Presidente envíe a su candidato al Senado, para que la Cámara alta analice darle acuerdo, y otros cuatro jueces federales cuyos pliegos fueron enviados al Senado y nunca fueron tratados. Además, hay otras tres vacantes, cuyos concursos se están tramitando en el Consejo de la Magistratura. En los últimos días la Procuración General llamó a concurso para el cargo de fiscal de Cámara que está vacante desde hace siete años.
Aníbal Pineda, camarista del fuero federal de Rosario, sostuvo en diálogo con que lo la nacion importante de la media sanción de esta ley es que “se superó la grieta y que la clase política entendió que el problema de Rosario con el narcotráfico debe abordarse como una política de Estado”.
En relación con el déficit de la Justicia Federal de Rosario, el funcionario explicó que una de las ventajas que otorga esta normativa si se sanciona es que “el procurador general va a poder nombrar de forma transitoria y en un plazo breve 18 fiscales federales en esta jurisdicción, donde hoy solo hay tres”.
Según Pineda, cada fiscal tiene hoy en su oficina unas 1500 causas, por lo que si se produjera el nombramiento de manera transitoria de nuevos funcionarios del Ministerio Público “esto lograría mejorar el nivel de las investigaciones”.
En ese punto, el diputado de Juntos por el Cambio Federico Angelini consideró que es importante que las medidas que surgen de esta ley que tiene media sanción “se implementen de corto plazo para contrarrestar el avance del narcotráfico”.
“Este proyecto, que nunca fue prioridad para el gobierno, va a ayudar a la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y lo celebro; por eso peleamos para estar hoy en el recinto aprobando este proyecto. Pero necesitamos medidas de corto plazo, que las tienen que tomar el gobierno provincial y el nacional”, manifestó Angelini.
“Ahí está el problema, porque si quisieran solucionar esta crisis en el corto plazo, dejarían de lado la ideología y esa lógica que se ha implementado en 16 de los últimos 20 años, y tomarían medidas inmediatas”, apuntó el legislador.
El diputado del Frente de Todos Roberto Mirabella también planteó que debe haber una decisión política para llevar adelante los cambios. “Nuestra estructura federal en Santa Fe hace muchísimos años que es igual; lo último que creó este Congreso fue en 2012 el Juzgado de Venado Tuerto y en 2006 el de Rafaela”, recordó, y en ese sentido planteó que el lavado de dinero, por ejemplo, es un delito que hace 30 o 40 años no existía.
“La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”.

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