NARCOS E IN-SEGURIDAD

Cayeron con 347 kilos de cocaína que llevaban de Orán al GBA
SALTA. La droga estaba oculta en un doble fondo de un tanque cisterna
Fernando Rodríguez
Dos meses antes habían conseguido los primeros datos que dieron cuerpo al primer informe; con tareas de inteligencia criminal hicieron crecer la investigación, hasta que durante el fin de semana montaron el operativo para cortar el paso de la camioneta que, presumían, movería un importante cargamento de drogas. En el kilómetro 105 de la Ruta Provincial N°5, gendarmes de la sección Las Lajitas montaron un retén; en un control vial, revisaron una camioneta que remolcaba un tanque cisterna de tipo domiciliario, de 3000 litros. No venía vacío: dentro tenía 347 kilos de droga.
El hallazgo gatilló nuevos allanamientos de urgencia, que concluyeron con cuatro detenidos, acusados de integrar una banda que traficaba estupefacientes desde Orán, en la frontera caliente con Bolivia, hasta el Gran Buenos Aires. Fueron identificados por fuentes judiciales como Esteban Mendoza –presunto líder de la banda–; su hijo Alexis, señalado como el “brazo operativo” del grupo en Orán, donde se acondicionaba la droga en los vehículos, y los hermanos Ramón y Adán Ceballos, que hacían las veces de transportistas.
Por pedido del fiscal general Eduardo José Villalba, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, la jueza federal de Garantías Mariela Giménez dictó la prisión preventiva de los cuatro y ordenó la captura nacional e internacional de otro miembro de la banda.
Fuentes de la Gendarmería informaron que “a partir de tareas investigativas iniciadas por efectivos de la Sección de Investigaciones Antidrogas ‘Salta’, integrantes de la Sección ‘Las Lajitas’ dependientes del Escuadrón 45 controlaron una camioneta Toyota Hilux” conducida por Adán Ceballos. Al inspeccionar el acoplado, constataron que había un doble fondo. Lo cortaron con amoladoras y encontraron 326 ladrillos con 347,405 kilos de cocaína.
El hallazgo motivó un operativo cerrojo que permitió detener entre las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González otras dos camionetas involucradas en el convoy: una Toyota Hilux conducida por Esteban Mendoza, y una Ford Ecosport al mando de Ramón Ceballos. Cumplían el rol de “punteros” o “barredores”, según se explicó.
La Procuraduría de Narcocriminalidad Regional Salta ordenó allanamientos en las localidades salteñas de Colonia Santa Rosa, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, que derivaron en la detención de cuatro personas, el secuestro de otros cuatro vehículos más, 173.000 dólares, 2.298.810 pesos, 559 pesos bolivianos, dispositivos tecnológicos y documentación de interés para la causa. En la base de la organización utilizada para el acopio de la droga fue detenido Alexis Mendoza.
Según pudo saber fuentes judiciales, la organización hacía viajes con camionetas tipo “convoy de trabajo pesado”, para lo cual los tripulantes se vestían con ropa de fajina y llevaban herramientas especializadas. Se presume que desde diciembre realizaron al menos cinco viajes desde Orán hacia Buenos Aires.

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El Robo del Milenio quedó impune: ya no hay acusados por el saqueo de los US$30 millones
¿CRIMEN PERFECTO? Un exsubcomisario de la Federal, su exchofer y el encargado de un edificio lindero al Banco Macro de Congreso fueron absueltos en un juicio; el dinero nunca apareció
Clientes del Banco Macro increpan al gerente de la sucursal Congreso el primer día hábil siguiente al robo, en marzo de 2010
El Robo del Milenio se convirtió en el crimen perfecto. Un exsubcomisario de la Policía Federal, su chofer y el encargado de un edificio fueron absueltos en el juicio al que habían llegado acusados como presuntos partícipes del golpe en la sucursal Congreso del Banco Macro, de la que hace 13 años un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad y se llevó un botín estimado entre 25 y 30 millones de dólares. Los ladrones nunca fueron identificados. El dinero y las joyas jamás fueron recuperados. El caso quedó impune.
El golpe tuvo alta repercusión cuando se produjo, entre el 6 y el 7 de marzo de 2010. Es que, emulando a los autores del “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006, en este hecho los ladrones también dejaron escrita una frase burlona y jactanciosa para los detectives que tuvieran que investigar el caso: “No será el del siglo, pero es el del milenio”.
El veredicto absolutorio fue dado a conocer por el juez Carlos Rengel Mirat, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°26 de la Capital Federal, que llevó adelante este debate oral desde el 17 de febrero pasado.
Los tres imputados habían llegado en libertad a este juicio; ninguno de ellos fue parte de la banda de ladrones que estuvo dentro del banco. Se trata del exsubcomisario de la PFA Marcelo Amarilla, que en aquel momento era el segundo jefe de la comisaría 5ª de Congreso; su chofer y también policía, el excabo Omar Mikic; y Rolando Pedro Quiroga Pardo, quien aún hoy sigue siendo el encargado del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene, edificio situado en la avenida Callao 262, desde el cual los boqueteros ingresaron a la sucursal situada al lado, en el, 264.
A la hora de los alegatos, la fiscal del juicio Diana Goral y la auxiliar fiscal Marina Narváez, que representaron al Ministerio Público Fiscal en el debate, habían acusado a los tres como coautores de un “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.
Según las fuentes judiciales consultadas, la fiscalía había pedido penas de ocho años de prisión para los expolicías Amarilla y Mikic, y una condena de seis años de cárcel para Quiroga Pardo. La querella en representación del Banco Macro había solicitado una sentencia a cuatro años de prisión para los dos expolicías y de tres años en suspenso para el encargado del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene.
Si bien los fundamentos recién se darán a conocer el próximo viernes, el abogado defensor de Amarilla, Leonardo Rombolá, dijo a la agencia de noticias Télam que “en el juicio quedó demostrado que los tres imputados que llegaron a juicio eran inocentes y que no había prueba que los comprometiera”.
“Al igual que pasó años más tarde con el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, esta fue una pésima investigación de la exfiscal de instrucción Viviana Fein”, agregó el letrado. La fiscal Fein renunció en abril de 2016, un año y tres meses después de la impactante muerte del fiscal que acababa de acusar a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como parte de una confabulación para encubrir la presunta responsabilidad de la República Islámica de Irán en el atentado contra la AMIA. Para entonces ya había empezado los trámites para su jubilación.
La hipótesis que intentó probar la fiscalía en el debate es que los policías Amarilla y Mikic “liberaron la zona” y dieron cobertura a la banda desde el exterior, a partir de la eventual prueba clave de la causa: los videos de cámaras de seguridad que los filmaron durante la madrugada del robo y la mañana y la tarde siguientes en un garaje situado en Sarmiento y Riobamba, a la vuelta de la sucursal del Macro.
A Quiroga Pardo se imputó haber “facilitado el acceso” de la banda al edificio donde trabajaba para que hicieran el boquete y, luego, fingir que había sido tomado como rehén junto a su hijo –que también estuvo imputado en la causa, pero luego quedó sobreseído– y a un joven en situación de cal al que los ladrones, cuando huyeron, arrojaron un fajo con unos 5000 dólares que quedaron tirados en una escalera.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho se inició aproximadamente a las 22 del sábado 6 de marzo de 2010 en la sucursal del Banco Macro de la avenida Callao 264, a poco más de dos cuadras del Congreso de la Nación, y terminó a las 7.17 del domingo 7, cuando se activó la alarma.
Fueron violentadas unas 256 cajas de seguridad, pero solo 99 cofres fueron saqueados por los delincuentes, que se apoderaron de dinero en efectivo de distintas denominaciones y orígenes, joyas, lingotes de oro, documentos y otros valores. Teniendo en cuenta no solo el efectivo, sino también el valor de las joyas y otros objetos, la Justicia calculó que el botín fue de entre 25 y 30 millones de dólares, de los cuales nunca se recuperó nada.
Para la fiscalía, algunos integrantes de la banda ingresaron primero a la sede del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene, situado en Callao 262, donde Quiroga Pardo aún trabaja como encargado. Desde allí fueron a la sala de docentes del primer piso, desde donde realizaron un primer boquete en el suelo, perforando el techo de la planta baja de la sucursal bancaria.
La banda contaba con al menos un integrante especialista en alarmas que logró “puentear” los dispositivos para que no se activaran e inutilizar la sirena.
Luego, con los rostros cubiertos con pasamontañas y desviando la dirección de enfoque de las cámaras de seguridad, se trasladaron al subsuelo del banco.
Allí, luego de sortear algunas puertas, hicieron otro boquete que les permitió el ingreso a la bóveda, donde violentaron las cajas de seguridad y huyeron con el botín.
Leche chocolatada y pizza
Los tres acusados que llegaron al juicio que concluyó el viernes pasado siempre negaron su participación en el hecho.
Amarilla y Mikic explicaron que la noche del sábado 6 de marzo de 2010 habían ido a cenar con sus esposas a una pizzería y luego a un pool de la zona de Congreso donde, como policías de la jurisdicción, no les cobraban; y explicaron que habían estado durante la madrugada en el garaje de Sarmiento y Riobamba porque la esposa del cabo se sintió mal y la llevaron allí para que se recostara en el auto.
En los videos se observaba que los dos policías manipulan una bolsa que, según la fiscalía, podían contener parte del botín, pero ambos acusados siempre dijeron que se trataba de una bolsita de un supermercado chino con una leche chocolatada.
En cuanto al encargado del edificio, Quiroga Pardo, que actualmente sigue en el mismo puesto que cuando se produjo el golpe, siempre declaró que era ajeno al robo y que, en realidad, había sido víctima de la banda, que lo tomó de rehén cuando bajó a abrir al repartidor que traía una pizza que había encargado.
El abogado Rombolá contó a Télam que, en sus últimas palabras, Amarilla –que como consecuencia de su imputación en este caso perdió su carrera en la Policía Federal, donde fue pasado a disponibilidad–, dijo que habían “arruinado la vida” y remarcó que incluso un especialista en seguridad bancaria que declaró en el juicio había afirmado: “Este robo no se pudo haber hecho sin alguien desde adentro que aportara información”.

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