PESCA ILEGAL Y FONDOS DEL ANSES

Mar iluminado, país a oscuras
La pesca ilegal y la consecuente depredación de especies marinas en nuestras aguas del Atlántico Sur implican mucho más que la pérdida de divisas
Buques pesqueros extranjeros, avistados desde un avión dentro de la zona de exclusión marítima argentina, en la milla 200 del océano Atlántico, a la altura de Puerto Madryn
Con un extenso litoral marítimo, una de las principales actividades económicas del país, fuente destacada de ingreso de divisas, es la pesca. La Argentina es signataria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que fija que por fuera de la zona económica exclusiva (ZEEA), que comprende hasta la milla 200 medida desde la costa, la soberanía exclusiva sobre los recursos de un país se pierde por tratarse de aguas internacionales. En muchas regiones, no así en el Atlántico Sur, la explotación de la diversidad marina está allí claramente regulada. Al no estarlo, solo corresponde hablar de depredación.
En reiteradas ocasiones hemos denunciado desde este espacio editorial la enorme concentración de cientos de modernos buques extranjeros que incursionan ilegalmente en la ZEEA, sin respetar vedas, descartes ni especies protegidas, mucho menos regulaciones en materia de contaminación por vertidos, afectando gravemente nuestro ecosistema marino y compitiendo deslealmente con el trabajo semiesclavo de sus tripulaciones, con combustible subsidiado y sin cumplimiento de normas ambientales. Naves nodrizas y el acceso al puerto de Montevideo –con puertos argentinos en la mira de autoridades y sindicatos para sumarles asistencia– facilitan las incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional. La FAO la denomina pesca ilegal, con la sigla Indnr (ilegal, no declarada, no registrada) y calcula que en Sudamérica y el Caribe ronda los 7,8 millones de toneladas anuales.
César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana y autor de Pesca ilegal y expoliación de los recursos pesqueros de Latinoamérica y el Caribe, señala que el 70% de las exportaciones pesqueras capturadas en nuestra ZEEA y declaradas en 2022 están en manos de 20 grupos empresarios con fuerte presencia de capitales extranjeros, mayormente chinos y españoles, sin que el Estado argentino ponga coto a la entrega de permisos de pesca para buques que violan nuestras leyes, retaceándoselos muchas veces a empresas nacionales que deberían también recibir facilidades e incentivos para una actividad productiva marcadamente estratégica.
El multifacético Enrique Piñeyro sobrevoló con la milla 200 a la nacion la altura de Comodoro Rivadavia, registrando fotográficamente cientos de buques poteros extranjeros en la zona adyacente a la ZEEA. Las imágenes son incontrastables. A todo esto, el subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, se jacta de que mediante imágenes satelitales diarias dos aviones, buques y radares cuidan nuestros recursos dentro de la ZEEA. Ante una actividad ilegal, se apresa la embarcación extranjera en falta y se la conduce al puerto más cercano, donde se inicia un sumario administrativo, según describió. El Gobierno afirmó taxativamente que desde 2020 no ha habido intromisiones y lo explica por el aumento de las multas que se aplican y las capturas de buques concretadas: apenas tres desde entonces hasta la fecha. El prefecto mayor Alfredo Oscar Panozzo, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, por su parte, refirió que en cuatro años hubo 450 infracciones de buques argentinos por navegar o pescar en zonas vedadas o por excederse en los cupos de captura. Las fotos de enjambres iluminados sumarían argumentos diferentes, como que el Gobierno haría la vista gorda y que, por negligencia, complicidad o mera falta de presupuesto, combustible o recursos asignados al patrullaje, la depredación continúa.
En relación con los recursos ictícolas, Liberman destaca que el langostino, al que considera el principal generador de divisas y base de más de la mitad de las exportaciones pesqueras, está dentro de la ZEEA, como así también la mayoría de los productos que llegan a las pescaderías. En cuanto al calamar, aclara que dos de las cuatro especies salen de la milla 200. Cabe señalar que el codiciado Illex argentinus, el más buscado, es la segunda especie de calamar más pescada en el mundo y un imán para la Indnr.
Con el apoyo de Estados Unidos, China y Europa, desde la OMC se aprobó el año pasado limitar los subsidios económicos que se pagan por las llamadas “pesquerías lejanas” de alta mar, incluyendo a buques con antecedentes de pesca ilegal. Mientras la Argentina no recupere presencia real y peso político en los fueros internacionales, poco podremos hacer para defender lo nuestro. En cooperación con Brasil y Uruguay, debemos trabajar en la regulación de los espacios marítimos internacionales, promoviendo también sistemas de trazabilidad que impidan el ingreso de pesca Indnr a los mercados. A nivel local se debería reformular la política de permisos, cuotas y autorizaciones.
Pobre nación, en manos de funcionarios corruptos que socavan nuestros recursos, rifan nuestra soberanía, promoviendo la falta del indispensable control, y facilitan también el expolio de nuestra riqueza ictícola a manos de flotas extranjeras. Un mar iluminado y un país a oscuras.
Pobre nación, en manos de funcionarios corruptos que rifan nuestra soberanía y facilitan el expolio de nuestra riqueza ictícola

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Una medida que afecta a millones de argentinos
José María García Arecha (h.) Exsenador de la Nación (UCR-CABA)
Ante el tremendo dislate y la gravedad del decreto-ley que afecta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al habilitar dejarlo en pesos, amparándose en diversas resoluciones de organismos estatales, se siembra inquietud en las jubilaciones y pensiones de ocho millones de argentinos. Todos saben que esto significa una futura devaluación de su sustento de vida, llenando de angustia no solo a quienes han transitado la mayor parte de su vida, sino también a familiares y amigos.
Jurídicamente se sabe que, más allá de la lucha de la oposición, será difícil o casi imposible su derogación. De modo que la mano jurídica que lo redactó y lo presentó en forma intempestiva podría haber estado inspirada en el personaje radial y televisivo conocido como el Doctor Tramoya.
Pero cortos nos quedamos en el número de afectados. ¿Qué opinarán los trabajadores en blanco, que suman una cantidad similar a los señalados anteriormente? ¿Valdrá la pena para ellos invertir todos los meses parte de su sueldo, en forma compulsiva, con un destino incierto?
Si hacemos la sumatoria, son más de quince millones de argentinos los que están, de hecho, afectados. Asimismo, para que se entienda aún más, un ejemplo que fue parte de nuestra historia política a la hora de satirizar este tipo de episodios. Vale recordar la entrevista del inolvidable Tato Bores con el actor Hugo Arana interpretando el personaje que decía representar al Sindicato de Giles Libres Asociados (Sigila) y que portaba una bolsa de vidrio molido: “Me dieron esto para comer”, decía.
Esta realidad reclama que, más allá de actuar la oposición en el Parlamento y/o derogar esta norma, lo que corresponde es que señalemos cómo parte de nuestra población queda afectada doblemente: por un lado, en sus condiciones de vida y, por el otro, en la posibilidad de incorporarse al trabajo en blanco cuando ve que sus aportes a futuro tienen dudoso destino. Que todos los que luchamos dentro de Juntos por el Cambio y tengamos la posibilidad de expresarnos señalemos con toda la potencia de nuestra pluma y de nuestra voz esta desgraciada situación. No dudemos de que la verdad debe expresarse siempre para poder construir en serio un futuro distinto.
Como corolario de esta farsa, el responsable de esta medida se comprometió a solicitar la opinión de la Universidad de Buenos Aires, sabiendo que dentro del funcionamiento republicano disposiciones de esta magnitud tienen el trámite que fija la Constitución nacional. Y además, estando el Parlamento en época de sesiones ordinarias, no corresponde de ninguna manera un DNU. Finalmente, creo que la Universidad de Buenos Aires, considerada entre las mejores del mundo, no debería ni siquiera ser implicada en esta cuestión

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