LA ESTAFA DE YPF

YPF, usada y abusada
Mediante aprietes, trampas y pactos espurios, el kirchnerismo se encargóde vaciar la nave insignia de la soberanía petrolera de nuestro país
Menuda tarea les ha tocado a los abogados de la República, que deben mantener en alto el honor nacional en el juicio impulsado por el fondo Burford contra el Estado nacional e YPF.
¿Cómo explicar a la jueza del Segundo Circuito Sur de Nueva York los fraudes, simulaciones, vaciamientos y chanchullos que afectaron a YPF, la nave insignia de la soberanía petrolera, durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner?
YPF fue creada en 1922, durante el gobierno radical, privatizada en 1993 mediante oferta pública en Nueva York, adquirida en 1999 por la española Repsol, "regalada" al grupo Eskenazi (25 por ciento) en 2008, confiscada a Repsol en 2012 y casi "entregada" al buitre Burford en 2015.
Regalo, confiscación y entrega (expresión favorita del nacionalismo vernáculo) fueron resultado del irresponsable manoseo de esa empresa pública por parte de una tríada K: los Kirchner, Eskenazi y Kicillof.
Los entuertos comenzaron en 2008 cuando el ambicioso expresidente Néstor Kirchner, contando con los "fondos de Santa Cruz" y con el poder discrecional del Estado nacional, "indujo" a Repsol a vender el 25,46 por ciento de YPF SA a Petersen Energía SAU y a Petersen Energía Inversora SAU, dos sociedades españolas "de papel", controladas indirectamente por Petersen Energía Inversora SA, una firma argentina de Enrique Eskenazi, por 3750 millones de dólares. De aquí en más, las llamaremos "las Petersen españolas".
Kirchner y Eskenazi se conocían desde 1995, cuando aquel lo interesó por el Banco Santa Cruz, cuyo 51 por ciento compró en 1998, siendo Kirchner gobernador y Raúl Copetti, Lázaro Báez y Roberto López, tres de sus más fieles amanuenses bancarios.

Para aquel entonces, ya existían los "fondos de Santa Cruz" originados en el cuantioso pago a la provincia, en bonos y en acciones de YPF, negociado con el entonces presidente Carlos Menem para votar la ley privatizadora de la petrolera, en 1993.
El monto se multiplicó por la valorización de las acciones y alcanzó aproximadamente los 1000 millones de dólares, que fueron girados al exterior antes de la crisis de 2001. En 2006, 390 millones de dólares estaban depositados en el banco Credit Suisse, a nombre del Banco Santa Cruz SA, designado custodio financiero. Del resto, no se sabe.
En 2008, Néstor Kirchner acordó con Antonio Brufau, presidente de Repsol, el ingreso de Enrique Eskenazi, su delegado en el capital de YPF, con un 25 por ciento. A cambio, Kirchner haría votar dividendos, hasta el 90 por ciento de las ganancias, para girar sin restricciones cambiarias. Repsol debía prestar al banquero elegido por ser "experto en mercados regulados" la mitad del dinero para la transacción y garantizar a los bancos que financiasen la otra mitad. En definitiva, las acciones de YPF prendadas serían la garantía última frente a Repsol, acreedor y garante; cómplice y delator. Calificarla de operación sospechosa es un eufemismo.
Hay razón para pensar que los 390 millones de dólares que administraba el Banco Santa Cruz, con más el saldo desconocido que Kirchner manejaba como propios-, configuraron una back to back (garantía oculta) de los préstamos. 

Sobre la base de ese pacto espurio, el gobierno nacional utilizó su poder regulatorio en forma desviada perjudicando a YPF y creando valor ilegítimo a favor de Repsol y de Eskenazi. La diputada Elisa Carrió denunció este fraude ante el juzgado federal de Ariel Lijo ese mismo año y recién ahora, con YPF de querellante, se están realizando peritajes para aclarar esos movimientos de fondos.
Mientras duró esa asociación perversa, Repsol se dedicó a "ordeñar" a YPF en lugar de invertir en exploración y explotación. Se repartieron 24.193 millones de dólares en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de 16.676 millones de dólares.
Las inversiones cayeron a mínimos históricos, desabasteciendo el mercado. Entre 2010 y 2017, el país tuvo que importar energía por 50.000 millones de dólares, lo cual desequilibró las finanzas públicas y provocó la crisis económica que aún persiste.
Cuando falleció Néstor Kirchner, en octubre de 2010, muchas cosas cambiaron. Los Eskenazi perdieron la protección de la nueva presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En 2012, a instancias del ministro Axel Kicillof, se confiscó YPF mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), tomándose posesión inmediata de la empresa.
Al replicar la idea de Boudou con las AFJP se pensaba que la caja de YPF serviría para pagar las importaciones de energía, aunque no fue así. Un mes después, el Congreso Nacional sancionó la ley de expropiación del 51 por ciento de Repsol. Esta reclamó ante el Ciadi (tribunal del Banco Mundial) exigiendo 10.000 millones de dólares por sus acciones.

Si bien Kicillof sostuvo que YPF carecía de valor, por pasivos no registrados y ambientales, en 2014 aceptó pagar 6000 millones de dólares en bonos por dicho 51 por ciento.
Por aquel entonces, el barril de crudo cotizaba a 104 dólares y el market cap de YPF era de 14.000 millones de dólares. Para Repsol fue el mejor negocio de su historia, pues a partir de ese acuerdo el precio del crudo WTI cayó hasta 37 dólares en 2015, reduciendo el valor de YPF a la mitad.
Pero esa no fue la única genialidad de Kicillof. El estatuto de YPF obliga a cualquier adquirente del control hacer una oferta pública de compra al resto de los minoritarios. El exministro, ironizando acerca de la seguridad jurídica -que dice aborrecer- declaró: "Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto, si no ¿dónde está la seguridad jurídica?". Esa frase, traducida, se encuentra en el expediente en Nueva York y probablemente haga dudar a la magistrada actuante acerca de la seriedad de nuestro gobierno y la imparcialidad de nuestros tribunales cuando YPF y la República reclaman la jurisdicción argentina. Burford estará siempre agradecido al licenciado Kicillof.
Otra tormenta se cernía sobre el Estado nacional por "no ser tarado". El mismo año, 2012, YPF interrumpió el pago de dividendos y, privadas de ingresos, las Petersen españolas fueron declaradas en quiebra por los tribunales madrileños. Repsol, ejecutando garantías, recuperó el 25% de aquellas.
En 2013, Burford Capital Limited, especializada en activos litigiosos, constituida en Guernsey y listada en la Bolsa de Londres, compró en la quiebra el supuesto derecho de las Petersen españolas a cobrar una indemnización por haberse omitido la oferta a la minoría prevista en el estatuto.
Burford pagó 15 millones de dólares para jugar una carta arriesgada y tentadora, con la "zanahoria" de la indemnización a Repsol, pactada en el momento en el que el crudo cotizaba a 104 dólares.

La demanda fue instaurada en 2015, ante la Justicia de Nueva York, contra el Estado nacional e YPF SA. Si bien la defensa no tuvo éxito al sostener inmunidad de jurisdicción, por haber sido un acto soberano, tiene buenas defensas si el tribunal acepta ir al fondo del reclamo. Burford está reclamando, vía las Petersen españolas, que no son inversores de buena fe, sino partes del vaciamiento urdido por Kirchner, usado por Eskenazi y confirmado por Kicillof, quien nunca se tomó en serio esa compra del 25 por ciento y actuó como si no existiera. Y si Burford compró a su propio nombre los derechos, las Petersen españolas carecen de personería para reclamar en Nueva York lo que vendieron en Madrid al fondo.
Como argentinos, avergüenza exponer en un tribunal internacional cómo nuestro gobierno "apretó" a una multinacional para forzarla a vender a un "testaferro", le ofreció votar dividendos irregulares bajo un régimen cambiario diferencial para girarlos, usó fondos públicos para dar garantías ocultas, desinvirtió hasta el desabastecimiento energético y, finalmente, expropió en forma irregular, silenciando los "enjuagues" realizados con los Eskenazi, a expensas de una mejor defensa de los derechos de YPF y el Estado nacional.