LAMENTABLE

Jubilaciones: ajuste y achatamiento de la pirámide, la apuesta oficial que alentará la judicialidad
El Gobierno logró la suspensión por ley de la fórmula de movilidad previsional y el Poder Ejecutivo dará subas de manera discrecional; cómo es la radiografía del sistema y qué conflictos llegarían
En el sistema previsional general que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -el más abarcativo de los regímenes que conviven en la Argentina-, hay 5,7 millones de jubilados y cada mes se ponen al pago 6,9 millones de prestaciones, según datos del último Boletín de la Seguridad Social publicado por la secretaría del área. La diferencia de cifras se da porque hay quienes tienen más de un ingreso; por ejemplo, una jubilación derivada de su vida laboral y una pensión por fallecimiento del cónyuge.
De las personas que cobran prestaciones previsionales, casi la mitad recibe un haber mínimo, que desde este mes es de $14.068 y que este año, al igual que el resto de los ingresos del sistema, tuvo una suba nominal acumulada de 51,1% por la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley 27.426, de 2017. El resto cobra jubilaciones o pensiones mayores que, por ley, tienen un tope que hoy es de $103.064.
En los últimos años, la proporción de quienes están en la parte más baja de la pirámide tendió a reducirse. Entre los motivos para que esto ocurriera está el hecho de que, a medida que avanzó el tiempo y por las limitaciones de los planes, se fueron dando cada vez menos beneficios por moratorias. Según los datos oficiales de la fuente ya mencionada, de las casi 4,4 millones de prestaciones que son jubilaciones o pensiones mínimas, 72% fueron otorgadas por esos planes para quienes no tenían aportes o sí los tenían, pero no en cantidad suficiente.
Otra razón para esa tendencia al estiramiento de la pirámide fue la aplicación del plan de reparación histórica, que hizo que a un grupo de jubilados que cobraba el ingreso más bajo se les reconoció y se les otorgó un haber superior; fueron 540.000 casos, según el informe emitido en su momento por el gobierno anterior.
La reparación histórica, dispuesta por la ley 27.260 se propuso compensar a los pasivos por el mal cálculo del haber inicial y por la falta o insuficiencia de actualizaciones de los ingresos, dos problemas que ocurrieron, principalmente y en los casos considerados en la reparación, entre 2002 y 2006, es decir, en las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Entonces y pese a la inflación, un grupo de haberes quedó congelado y perdió hasta 40% de poder adquisitivo, algo declarado inconstitucional por la Corte Suprema en la causa Badaro. Los jueces determinaron entonces que debía haber movilidad para todos.
El plan del Gobierno de Alberto Fernández, al suspender la movilidad por 180 días, es otorgar aumentos de manera discrecional, por decreto y con sumas fijas en lugar de porcentajes. Una consecuencia previsible, de la cual los funcionarios son conscientes, es que haya juicios por parte de quienes se vean afectados, ya sea por quedar al margen de toda recomposición, o por recibir una, pero inferior a la percibida por otros jubilados. El escenario más probable es que se les haga perder poder adquisitivo a muchos pasivos, justo cuando se esperaba que comenzaran a mejorar los ingresos reales.


Mientras que en 2018 hubo una pérdida de poder adquisitivo de 13% y mientras que este año cerraría con una caída de 2,5% también en términos de valor real (corregido por inflación), en marzo, según ya se sabía, los jubilados debían recibir un 11,6%. Ese aumento no se otorgará, pese a que se trata de una compensación que, por cómo es la dinámica del sistema, corresponde a la inflación de un período ya pasado al momento de aprobarse el megaproyecto de ley. La discusión por el carácter retroactivo con el que se aplica la medida propuesta por el Poder Ejecutivo y que afecta derechos de los ciudadanos, es uno de los temas que muy probablemente se llevarán a la Justicia, como también ocurrió con la ley de 2017. Desde el Gobierno sostienen que la declaración por ley de la "emergencia previsional" otorga un paraguas para tomar las medidas que se están proyectando y para defenderlas en la Justicia, llegado el momento.
En línea con lo expresado en la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva", el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo el miércoles en el Congreso que la meta es achicar la brecha entre los haberes más bajos y los más altos. Eso se lograría dando subas de montos fijos (para que sean más significativas cuanto más bajo sea el haber). Con esa política se iría a un nuevo achatamiento de la pirámide de ingresos, con un efecto de caída de poder adquisitivo para, al menos, un grupo.
En el universo de prestaciones previsionales, hay 3,3 millones obtenidas con la totalidad de los aportes hechos y otras 3,6 millones que requirieron de una moratoria. Las moratorias se habilitaron hacia mediados de la década pasada y consistieron en la posibilidad de declararle a la AFIP una deuda por aportes no hechos en ciertos períodos predefinidos, para obtener un plan de pagos con un fuerte subsidio implícito y con descuento de las cuotas del haber mensual. Es una política que permitió elevar a más de 90% la proporción de adultos mayores con ingreso, pero que no previó las fuentes de financiamiento ni discriminó, en los primeros años, a la población eventualmente beneficiaria (ingresaron personas de poder adquisitivo alto o que ya tenían prestaciones).
De todas formas, es cierto que en el financiamiento del sistema general (e incluso desde antes de las moratorias) los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores no son la única fuente de recursos. Los pagos dependen también y en buena medida, de impuestos generales.
El objetivo revelado por Moroni de achatar la pirámide será, tal como se anticipa, una razón para la judicialidad. Quienes cobran más obtuvieron su prestación dentro de un sistema legal y en función de los aportes que habían hecho. Hasta ahora se les garantizaba una movilidad igual a la del resto de los jubilados. El plan oficial suma un agravante al carácter discrecional que lleva en su ADN: la aplicación de la movilidad se suspende en un mes para el cual ya estaba definido el porcentaje, porque se trata de compensar un daño ya producido por la inflación. Después de la aprobación de la ley de fines de 2017, jueces de primera y de segunda instancia, en la causa promovida por el abogado previsionalista Miguel Ángel Fernández Pastor ya cuestionaron que la nueva fórmula se haya aplicado ya desde marzo de 2018, en lugar de esperar a un momento posterior; ello porque el período que se estaba compensando había transcurrido durante la vigencia de la fórmula anterior.
Hay un hecho más que podría alentar la litigiosidad: la intención inicial del Gobierno fue incluir en la suspensión de las actualizaciones a todos los regímenes especiales, como los de docentes, exmagistrados del Poder Judicial, científicos y excombatientes de Malvinas. Finalmente, esos grupos y otros más seguirán con movilidad, lo que genera una situación de trato desigual para quienes están en el sistema general, los únicos que dependerán de la discrecionalidad política con respecto a lo que ocurrirá con sus haberes.

S. S.