¿Por qué no aprendemos de los errores?
El Gobierno ataca al sector más eficiente, competitivo, globalizado y dinámico del tejido económico nacional
Sergio Berensztein
Tuvimos que llegar casi a los 100.000 muertos por Covid-19 para que el Gobierno avanzara en su “proceso de aprendizaje” que, finalmente, derivó en la autorización para adquirir las vacunas norteamericanas. Nos costó dos experiencias hiper inflacionarias en 1989 y 1990 para que al menos por una década se conformara un consenso social a favor de la estabilidad que a la postre demostró ser transitorio: a partir de 2003 deglutimos en tiempo récord el pasajero superávit fiscal y entramos en una aceleración del gasto público sin precedente en tiempos de paz que explica este nuevo régimen de alta inflación que, para peor, ningún actor político discute seria y pragmáticamente cómo doblegar. La calidad de la educación pública se deteriora sistemáticamente desde hace décadas a pesar del incremento presupuestario, y no hay una reacción proporcional a este desastre que construimos a futuro: una sociedad cada vez menos competitiva, menos productiva, con peores salarios y con menos oportunidades. La inflación y una muy mala educación pública se combinan para multiplicar la pobreza presente y futura.
Nunca antes nuestras Fuerzas Armadas habían tenido un papel tan marginal, manejado recursos tan escasos, ni habían estado menos capacitadas para cumplir con su función de defender la integridad territorial y marítima del país. En un mundo tan convulsionado y en una región crecientemente conflictiva, carecer de una política de defensa pensada en función de los desafíos estratégicos de las próximas décadas puede terminar implicando una enorme ir responsabilidad. Asimismo, observamos resignados otra ola de inseguridad que afecta al conjunto de la sociedad, particularmente a los sectores más vulnerables. Se diluyó sin embargo esa vaga ilusión de relativa tranquilidad que hasta hace un tiempo predominaba en los countries y barrios privados, cuya proliferación fue el resultado de reacciones desesperadas frente al crecimiento de la criminalidad. En efecto, se multiplican las mafias, la pobreza y la desigualdad cuando fracasa y se ausenta el Estado, que en la divagante imaginación del Presidente se ha vuelto una gran máquina de ampliar derechos e incentivar el progreso.
Incapaz de brindar los bienes públicos esenciales a nivel nacional, provincial o local, el sistema institucional argentino genera desde hace décadas incentivos perversos que profundizan nuestra decadencia, entre ellos, que los ciudadanos ahorren en activos externos y fuera del país para protegerse de las pulsiones depredadoras y expropiatorias del conjunto de la clase política. La novedad en los últimos tiempos consiste en que no solo hay fuga de capitales, sino también de capitalistas y emprendedores, que, junto a sus familias, buscan destinos menos tóxicos para desarrollar sus proyectos de vida. A muchos terminó de convencerlos una presión tributaria descomunal que penaliza el ahorro y la inversión y desalienta el consumo, lo que es no solo contradictorio, sino también muy costoso para un gobierno que supone, erróneamente, que “capitalismo” es sinónimo de “consumir”.
Más allá de las caracterizaciones escatológicas a las que se refirió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo más grave es que suponga que decisiones trascendentales y dolorosas como las que implican abandonar la propia tierra por parte de decenas de miles de conciudadanos se explican por supuestas campañas en contra del país (peor aún, “por el odio al pueblo”) y no por criterios racionales y reflexiones ponderadas luego de un largo tiempo de maduración.
Esta incapacidad para aprender de los errores (propios y, por supuesto, ajenos) y rectificar cursos de acción para evitar pagar costos innecesarios se convirtió en una contundente expresión del disfuncionamiento del sistema político argentino. Desentrañar sus motivos y discontinuar esa dinámica constituye una tarea prioritaria y colectiva que excede los límites de esta columna. Pero no cabe duda de que otra palmaria manifestación de estos comportamientos autodestructivos es el nuevo conflicto con la cadena agroindustrial, que tendrá hoy la posibilidad de alcanzar visibilidad mediática con las movilizaciones organizadas en distintos puntos del país.
No vivimos una crisis económica aún mucho más desesperante gracias a los precios de las commodities agropecuarias. ¿Qué está haciendo el Gobierno? Atacando por diferentes mecanismos al sector más dinámico, competitivo, globalizado y eficiente de todo el tejido económico nacional. No es la primera vez. En el libro La primera revuelta fiscal de la historia: la 125 y el conflicto con el campo, que escribí junto a María Elisa Peirano, analizamos en detalle esa crisis que duró 129 días y fue el origen de la infausta grieta que tanto daño sigue generando. Pasaron 13 largos años y, curiosamente, algunos de los mismos protagonistas se empecinan en repetir comportamientos que, indudablemente, tuvieron consecuencias muy negativas para el conjunto de la sociedad.
Entonces, como hoy, había una suerte de simbiosis entre el liderazgo político individual, la institución presidencial (o vicepresidencial en este caso) y un aparato del Estado cada vez más grande, ambicioso, ineficiente y difícil de sustentar. Entonces, como hoy, se estableció un conflicto entre quienes se declaraban los defensores de la república frente al avance de un poder autocrático y quienes aseguraban defender un gobierno democrático y popular de la oligarquía, los medios hegemónicos y los poderes concentrados. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto de 2008? Por un lado, el enfrentamiento debilitó significativamente al gobierno, lo que derivó a su vez en el inicio de la etapa más radicalizada del kirchnerismo. Por otra parte, renovó los bríos de una oposición hasta entonces fragmentada. La elección de 2009 estuvo directamente vinculada con ese episodio, mientras que la de 2013 y, en particular, las presidenciales de 2015 tuvieron en el conflicto un antecedente fundamental: sectores importantes del peronismo habían tomado distancia del entonces oficialismo, en particular los asociados a la cadena agroindustrial en territorios importantes como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el interior de la provincia de Buenos Aires, apoyo que se volcó mayoritariamente a Cambiemos y que se mantuvo incluso en la derrota de 2019. ¿Tendrá esta nueva escalada consecuencias electorales para el FDT?
La presión tributaria global (no solo las retenciones), el crecimiento de la inseguridad (incluyendo los ataques a los silobolsas), el atraso en el tipo de cambio, los cepos a la exportación de carne vacuna, la estatización de la crucial Hidrovía (percibida en el sector como una nueva amenaza en términos de intervencionismo, costos y eficiencia en un sistema logístico que ya obstaculiza su crecimiento), las amenazas a la propiedad privada (en un contexto donde se han multiplicado las tomas de tierras ante la inacción de las autoridades) explican la movilización de hoy que tendrá un impacto político aún imposible de determinar. Pero que ejemplifica esa pulsión de la Argentina por repetir errores de forma sistemática, ahondar los problemas en vez de intentar al menos solucionarlos, preferir el conflicto en vez del consenso. El campo tampoco parece haber aprendido la lección: sigue aún sin haber logrado coordinar eficazmente sus acciones a pesar de la heterogeneidad que lo caracteriza, incrementando su capacidad de influencia y sobre todo comunicando de forma clara y contundente las principales demandas del sector.
No solo hay fuga de capitales, sino también de capitalistas y emprendedores que, junto a sus familias, buscan destinos menos tóxicos para desarrollar sus proyectos de vida
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