CONFLICTO EN EL PODER JUDICIAL

Apartan al contador de la Corte y recrudece la interna
Es un hombre vinculado a Lorenzetti, el único que lo defendió
Hernán CappielloMaqueda, Rosatti y Rosenkrantz quedaron enfrentados con Lorenzetti
La Corte Suprema de Justicia quedó ayer otra vez envuelta en una interna expuesta públicamente. El desencadenante fue la decisión de desplazar al administrador del cuerpo, Héctor Marchi, un hombre vinculado al juez Ricardo Lorenzetti. La medida fue impulsada por los otros tres integrantes del cuerpo –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda– y generó un cruce de escritos y cuestionamientos.
La Corte Suprema de Justicia desplazó ayer por mayoría a su administrador general, Héctor Marchi, un funcionario vinculado a uno de los jueces del tribunal, Ricardo Lorenzetti. La decisión se vincula con un reacomodamiento interno del área, pero claramente pone de manifiesto el enfrentamiento entre los magistrados tras la elaboración de un informe que da cuenta de las críticas al funcionamiento de la obra social del Poder Judicial.
La Corte firmó una acordada, tras su reunión de acuerdos, que desplaza a Marchi por decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti, en cambio, presentó una disidencia en duros términos.
Lo ocurrido ayer dejó en evidencia las diferencias profundas entre. Lorenzetti y sus tres colegas. Lorenzetti dijo que el desplazamiento de Marchi era una sanción, un castigo por informar a la Comisión de Juicio Político que juzga la Corte acerca de irregularidades en la obra Social del Poder Judicial. Es una de las banderas del kirchnerismo para avanzar sobre la Corte.
Marchi era el administrador general de la Corte, cargo al que llegó de la mano de Lorenzetti. Sobrevivió a los cambios de presidentes de la Corte y a las embestidas de Elisa Carrió, quien lo denunció penalmente. Cuando asumió Rosenkrantz al frente de la Corte, se lo buscó desplazar, pero en esa ocasión los votos no acompañaron la decisión. Hoy ocurrió lo contrario.
En la Comisión de Juicio Político el oficialismo está esperando a Marchi con los brazos abiertos para que declare en contra de los jueces de la Corte. Quieren que sea su carta irrefutable para forzar la formalización de la acusación contra los magistrados, aunque no cuenten con el número de legisladores suficientes para aprobarla en el recinto.
La mayoría de la Corte dijo que el desplazamiento de Marchi se justifica en reorganizar dependencias internas y que no se trata de una represalia porque Marchi recusó a los jueces de la Corte en una causa que tiene Elisa Carrió en su contra. Negaron que fuera una venganza por el informe del contador Marchi del 19 de abril relativo a la Obra Social, pues el proyecto para correrlo fue anterior.
Los jueces trabajan desde el 29 de marzo el proyecto de acordada que firmaron ayer, según supo Ayer, Marchi informó que estaba enviando a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados un informe que daba cuenta de las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, uno de los temas por los cuales se está llevando adelante el proceso de enjuiciamiento contra los magistrados del máximo tribunal.
Fuentes de la Corte dijeron que la decisión de desplazar a Marchi estaba tomada desde antes de sus presentaciones de las últimas semanas (además del informe vinculado con la obra social, Marchi recusó a los cuatro jueces en una causa judicial).
Lorenzetti, en su disidencia, planteó que “es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado”, relataron fuentes del tribunal. Dijo que la  prueba de ello es que “se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración, para desplazar a un funcionario que hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”.
“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, advirtió el juez, que dijo que está en riego por una decisión “precipitada” la negociación de salarios, la administración de contratos, vehículos, fondos anticíclicos, elaboración del presupuesto, la relación con los bancos y temas impositivos de funcionarios y magistrados. A su entender, el apartamiento de Marchi es, en realidad, “una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar”. Marchi anunció anoche que se tomaría una licencia de 180 días como funcionario del Poder Judicial.
Lorenzetti entendió además que “la resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico”, y que el hecho de trasladar a Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social implica por su grado, “agregar un camarista más”.
También, el juez planteó sus dudas sobre el funcionamiento de una secretaría creada por Rosenkrantz cuando fue presidente y sobre el modo en que realizó el control de legalidad en la toma de decisiones de la presidencia del tribunal.
No es habitual que en la Corte se ventilen en púbico, y menos en los párrafos de una acordada, las diferencias de los jueces sobre temas administrativos y de dinero.
La mayoría de la Corte le contestó que en cuanto a las alusiones a la Secretaría de Desarrollo Institucional, que es la que cuestionó Lorenzetti, fue la conducta de la Secretaría General de Administración de Marchi y la del propio juez Lorenzetti la que impidió que realizara su tarea en forma adecuada.
Enumeraron la cantidad de propuestas elaboradas por la Secretaría de Desarrollo Institucional que el juez Lorenzetti retuvo durante más de tres años (por ejemplo, la creación de un sistema de estadísticas, el proyecto de reestructuración del sitio web y la propuesta de una nueva política de comunicaciones). Por lo demás, la Secretaría de Desarrollo Institucional fue creada por cinco jueces de la Corte, dijeron.
A las críticas de Lorenzetti a la manera en que se reorganizó la Corte le respondieron que muchas de esas acordadas llevan su firma. Y negaron que esta medida conlleve un mayor gasto.
La mayoría dijo que es falso que “organismos de control son siempre externos”, ya que la Ley de Administración Financiera prevé sistemas de control interno y externo, pero de naturaleza y finalidades distintas.
Lorenzetti cuestionó que desde 2021 algunas de las acordadas dictadas por la Corte no fueron elaboradas por las dependencias de la Secretaría General de Administración, lo cual habría dado lugar a “errores administrativos”. La mayoría le contestó que ninguna norma establece que las acordadas deban ser redactadas por un órgano determinado. Y le facturaron que en el pasado hubo importantes acordadas redactadas personalmente por el juez Lorenzetti.
En cuanto a las referencias al control externo realizado en el pasado por la Auditoría General de la Nación, el juez Lorenzetti soslaya -dijo la mayoría- que durante su presidencia se discontinuaron los acuerdos para que el organismo hiciera esa tarea, y que el último informe sobre la cuenta de inversión de la Corte realizado la Auditoría General de la Administración se refiere al ejercicio fiscal 2011 y contiene críticas a la gestión administrativa del Tribunal.
En su acordada la Corte decidió separar el área de auditoría del área de administración. Así dispuso “dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”.
Creó la Dirección de Control Interno y Auditoría que reportará al pleno de los jueces del tribunal para darle autonomía funcional con respecto a las áreas controladas. Activó, además, una “secretaría jurídica general”, una dirección de sumarios y otra de Asuntos Contenciosos. Y dispuso que la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho, que actualmente dependen de la Dirección Jurídica General y de la Secretaría General de Administración, se desempeñen en la órbita de la Secretaría Jurídica General.
Va a ser este organismo el que se encargará de las declaraciones juradas de bienes de los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Tendrá la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas. En noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y la publicará en la página web del Centro de Información Judicial.
Se creó además un área de Control Interno y Auditoría. Además, se decidió el traslado de Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social y que la secretaría que ocupaba quede a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font. La Secretaría Jurídica General quedará a cargo de Luis Sebastián Clérici.
El kirchnerismo no ve la hora de que Marchi declare en el juicio político

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El poderoso administrador judicial al que se le acabó el crédito político
Lorenzetti fue su único defensor; manejaba una caja de $155.000 millones

Hernán CappielloHéctor Daniel Marchi
Héctor Daniel Marchi era hasta ayer el administrador general de la Corte, cargo al que llegó de la mano de Ricardo Lorenzetti, el único de los jueces del Máximo Tribunal que intentó evitar su desplazamiento. El contador llevaba más de 15 años en ese cargo estratégico desde donde manejaba una caja de $155.000 millones.
Sobrevivió a los cambios de presidentes de la Corte y a las embestidas de Elisa Carrió, quien lo denunció penalmente en 2016 por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que fue desestimada por el entonces juez federal Sergio Torres. También se lo intentó desplazar cuando asumió Carlos Rosenkrantz al frente de la Corte, pero los votos no acompañaron.
Llegó a la Corte como subadministrador del tribunal a finales de 2003, cuando asumió Lorenzetti como juez. Era la manera de neutralizar a Nicolás Reyes, el hábil administrador heredado del menemismo. Reyes se retiró en 2008 y Marchi, que había aprendido a su lado los secretos del Palacio de Justicia, quedó al frente.
Marchi trabajó en el PAMI en Santa Fe. En 2001 llegó a ocupar la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, durante la segunda gestión de Ricardo Peirone, y de allí escaló hasta ser ministro de Hacienda del gobernador Jorge Obeid, peronista como él, aunque hoy Marchi ya no tiene una activa militancia. Rafaela es también la ciudad de Lorenzetti.
En la Corte, Marchi concentró la administración y la manejaba desde hacía más de una década con el mismo ímpetu con el que jugaba al fútbol como marcador central en la liga santafesina. Es conocido por ser un hombre serio, algo parco y duro negociador.
En 2012, cuando las relaciones entre el kirchnerismo y la Justicia se tensaron, estuvo detrás de la decisión de la Corte de prestarle dinero al Consejo de la Magistratura para pagar sueldos, recursos que nunca fueron reintegrados. Era también el administrador del fondo anticíclico que asciende $155.000 millones, un respaldo que creó Lorenzetti y que permitió generosas ganancias en el mercado financiero.
Su paso por innumerables cargos no le impidió a Marchi mantener un obsesivo perfil bajo. En la Corte dirigió el Comité de Inversiones, donde se decidían las obras de infraestructura de la Justicia

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