Lucila Yaconis. A 20 años del homicidio, cotejan rastros de ADN para hallar al asesino
Desde el ataque en Núñez el 21 de abril de 2003, la madre de la víctima sostiene una tenaz búsqueda del agresor e impulsó la creación en 2013 del Registro Nacional de Datos Genéticos
Gabriel Di Nicola
Almorzaron y pasaron las primeras horas de la tarde juntas. Antes de despedirse, Isabel, su madre, le preguntó si quería esperarla en la vivienda de su abuela. Pero Lucila, que estaba en quinto año y era muy responsable con sus obligaciones del colegio, le respondió que quería ir a estudiar a su casa. Tenía que caminar ocho cuadras. Eran las 19 y ya había comenzado a oscurecer. Salió del hogar de su abuela e hizo el camino que conocía muy bien. Nunca llegó a su casa: un puñado de metros antes fue atacada junto a las vías del ferrocarril Mitre, en Núñez. El agresor intentó violarla y, finalmente, la asesinó.
El crimen ocurrió el 21 de abril de 2003. El homicidio está impune. Dos décadas después, la madre de la víctima, Isabel Yaconis, hoy presidenta de la Asociación Madres del Dolor, no pierde las esperanzas de que se logre identificar al asesino. La ilusión de que haya justicia sigue latente. Veinte años después, la causa sigue abierta. Un rastro, el semen que el asesino dejó en el cuerpo de la víctima, es la llave para identificar al homicida.
“El ADN es lo único que puede llevarnos hacia el asesino. Ya no voy a decir que no tengo esperanza de que se encuentre al homicida, hay funcionarios judiciales que trabajan muy bien y no bajan los brazos. Cada tanto la ilusión reaparece”, sostuvo a la nacion, 20 años después del crimen, la madre de la víctima.
El patrón genético del asesino de Lucila, que se obtuvo al levantar semen que había quedado en el uniforme escolar de la víctima, forma parte del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, aprobado por el Congreso en 2013, ley reglamentada en 2017.
Ese banco -en el que se almacenan unas 900 evidencias obtenidas en las investigaciones criminales y los perfiles genéticos de los condenados por este tipo de hechos- fue el logro de una ardua lucha de Isabel Yaconis, que lo impulsó para esclarecer el homicidio de su hija y otros crímenes impunes.
La causa, delegada en el fiscal de Núñez-saavedra, José María Campagnoli, sigue abierta. Según informaron fuentes judiciales a la nacion, se hicieron más de 60 comparaciones de ADN con el patrón genético del asesino. El último cotejo de ADN se realizó la semana pasada y se espera conocer el resultado en los próximos días.
En la investigación también participa la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), que, entre otros objetivos, tiene como función investigar y tratar de identificar a los delincuentes NN que protagonizan delitos y la búsqueda de prófugos. La dependencia fue creada en 2018 por el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, y está a cargo del fiscal Campagnoli.
“El paso del tiempo no es un tema que nos impida seguir investigando y buscando al asesino de Lucila”, afirmó a la nacion Romina Del Buono, directora general de la Ufecri.
Del Buono y Elías Collado, auxiliar fiscal de la Ufecri, fueron los ejemplos de los “funcionarios que trabajan muy bien” citados por Isabel Yaconis y que no bajan los brazos para buscar pistas y esclarecer el crimen de su hija.
El expediente, a cargo de la jueza Karina Zucconi, fue digitalizado. Hace cinco años, Campagnoli y su equipo pidieron la colaboración de una unidad especializada en crímenes complejos de la Policía de la Ciudad. “Tarde o temprano el homicida va a caer. Hoy la investigación se basa en el análisis y cruce de la información. Por ejemplo, cuando tomamos conocimiento de que un agresor sexual es detenido, analizamos dónde fue ese ataque y dónde trabajaba o vivía el sospechoso para determinar si puede tener vinculación con el caso Yaconis y, entonces, pedir una comparación de ADN”, explicó en su momento una fuente judicial.
No solo se piden cotejos de ADN con sospechosos detenidos en el área metropolitana. También con delincuentes sexuales apresados en el interior o en países vecinos.
“Se envió el patrón genético del homicida de Lucila a todas las provincias que ya tenían base de datos genéticos. Además, por medio de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación, les mandamos el ADN del sospechoso a todos los países limítrofes que tienen bancos de datos para hacer comparaciones”, dijo una fuente judicial al tanto de la investigación.
Por ejemplo, hace un tiempo, se hizo una comparación con el de ADN de un hombre apodado Víbora que había caído preso en Concordia, Entre Ríos. Como había vivido en Buenos Aires y su grupo sanguíneo coincidía con el del asesino de Lucila se le hizo el estudio genético, que dio negativo. “Cada comparación de ADN con el patrón genético del asesino se hace con la esperanza de que caiga el autor del crimen de Lucila”, sostuvo uno de los investigadores del caso.
La marca del criminal
Los analistas pudieron reconstruir rápidamente los últimos pasos de Lucila hasta que fue atacada. Salió del Instituto General San Martín, en Iberá y avenida Cabildo, al mediodía. Desde el colegio se fue a la casa de su abuela materna, situada a seis cuadras de la escuela, en Crisólogo Larralde y Cabildo. Allí se encontró con su madre para almorzar y pasar las primeras horas de la tarde juntas.
Cuando a Isabel se le hizo la hora de ir hasta el despacho del contador para el que trabajaba, en Villa del Parque, Lucila decidió irse a estudiar a su casa. Salieron juntas. A las pocas cuadras se separaron y la adolescente comenzó a caminar hacia su hogar, en Vilela al 1800. Según supo reconstruir la madre de la víctima, su hija caminó por Crisólogo Larralde hasta Arcos, dobló por Comodoro Rivadavia hasta O’higgins y después Paroissien, donde está la breve escalera y estrecho caracol del cruce peatonal de vías.
“En Comodoro Rivadavia y O’higgins Lucila se cruzó con una mujer muy conocida mía y la saludó. Hasta ahí nadie la seguía. Por eso siempre pensé que el asesino estaba al acecho”, sostuvo Isabel.
Todo parece indicar que el homicida interceptó a Lucila en el paso a nivel de Paroissien y las vías, el cruce más cercano que tenía para llegar hasta su casa, a una cuadra de allí. “El asesino la arrastró unos 100 metros por el terraplén. Lo sabemos porque en el camino perdió el zapato derecho y la media quedó manchada de clorofila”, recordó hace un tiempo a la nacion Isabel, la madre de la víctima. El agresor no pudo concretar la violación, pero dejó su marca. Los peritos hallaron semen del asesino en el uniforme de la chica. Se pudieron determinar el grupo sanguíneo y el ADN completo.
“Lo que quiere Isabel y lo queremos nosotros es que aparezca el asesino de Lucila. En el hipotético caso de que no se encuentre al homicida, nuestra intención es dejar una base de datos genéticos que funcione y que sirva. Necesitamos una base de datos genéticos que contemple a toda persona que ingrese en el sistema carcelario, como tiene Uruguay, y que posibilitó esclarecer el asesinato de Lola Chomnalez”, sostuvo el abogado Víctor Varone, quien junto con su socio Gabriel Iezzi acompaña a Yaconis
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Diez policías, culpables de abusos y torturas en una comisaría
La Matanza. Un subcomisario, jefe de la seccional en La Tablada, figura entre los responsables de ataques sexuales a presas
Un jurado popular declaró ayer culpables a diez policías por los abusos sexuales y vejámenes de varias detenidas, quienes sufrieron consecuencias “nefastas y traumáticas”, cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en la comisaría de la localidad bonaerense de La Tablada, en La Matanza informaron fuentes judiciales. Fueron 28 las víctimas de los brutales ataques dentro del calabozo de esa seccional.
La decisión de los jurados fue tomada durante la madrugada tras varias horas de deliberación luego de que durante toda la semana escucharon los diferentes testimonios en la sede de la Unión Industrial local, ubicada en San Justo.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, quien estaba a cargo de la comisaría 3a. de La Tablada cuando se produjeron los ataques, fue declarado culpable como coautor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario de la fuerza policial reiterado en cinco hechos”, junto a la agente Silvina Eva Suárez.
Además, a los subinspectores Javier Ramón González y Ángel Ariel Reales los consideraron “partícipes secundarios” de esos delitos.
En tanto, por “severidades” fueron declarados culpables Gómez, González, Reales, Silvia Viviana Solari y Lara de las Nieves Taramazzo, mientras que por “vejaciones” Hernán Federico Garzón, Johanna Elizabeth Romero y Yanina Ester Vargas. Según las fuentes, el jurado también culpó a Javier Norberto Hinojosa por “encubrimiento por favorecimiento personal”.
Por su parte, los policías Maida Celeste Ruiz, Cristian Andrés Aliaga, Ariel Hernán Pasquale, Leandro Fabio Maidan y Valeria Alejandra Suárez fueron declarados “no culpables”.
Tras el veredicto del jurado, el magistrado Gerardo Gayol del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, cuando se realizará la audiencia de cesura en la que impondrá las penas correspondientes.
El calabozo del horror
Fueron 28 las víctimas que presentaron denuncias por vejaciones contra esos uniformados; en varios casos las detenidas en calabozos también resultaron abusadas, mientras que otras diez evidenciaron lesiones por torturas, según figura en el expediente judicial.
Los casos de agresiones sexuales dentro de esa unidad policial en La Tablada se iniciaron en septiembre de 2019. El 19 de diciembre de ese año, con la excusa de buscar un celular, los policías hicieron una requisa; uno de los uniformados se hizo pasar por un ginecólogo y abusó de varias detenidas. Y el 5 de enero de 2020 fueron torturadas diez mujeres que estaban alojadas en el calabozo de esa dependencia de la policía bonaerense.
Durante los testimonios de las víctimas se conocieron otros episodios de abusos y torturas. Solo el subcomisario Gómez, el oficial inspector Aliaga y el subinspector González llegan al juicio detenidos, mientras que el resto cumplía prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Durante el juicio, el fiscal Jorge Yametti y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representó a las víctimas, dieron por acreditados los abusos sexuales y vejámenes cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020, en la seccional 3a. de La Matanza, con jurisdicción en La Tablada.
En el procesamiento con prisión preventiva de los policías, la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mari Castillo, compartió en su momento “lo sostenido por la fiscalía en cuanto a que resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas”.
En el escrito al que Télam tuvo acceso, Castillo dijo que hubo “situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron –en mayor o menor medida– sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnóstico, asimilables a los episodios narrados en autos”.
La magistrada tuvo en cuenta las declaraciones de los integrantes de los equipos de Inspecciones y Salud Mental de la CPM que entrevistaron a las víctimas.
“Y ello encuentra asimismo sustento en los testimonios juramentados de los miembros de la CPM, quienes, en alguno de los casos, han sido las primeras personas en tener contacto directo con la situación y las víctimas, al acercarse a la comisaría en cuestión, entrevistarse con las femeninas alojadas, escucharlas y observar las condiciones en que aquellas se encontraban”, destacó.
Al respecto, uno de los integrantes de la CPM afirmó que al salir del lugar tuvieron “la sensación de que fue como haber estado en un campo de concentración” y que hace doce años recorren cárceles y comisarías para inspeccionar, pero este “nivel de tortura y vejámenes” no lo veían “hace tiempo”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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