JUICIO POLÍTICO, ESPIONAJE Y VIALIDAD

Se agudiza el conflicto tras un despido en la Corte
El exadministrador apuntó a tres miembros del tribunal; dura réplica
Laura SerraFabián marelli
Frente a la Comisión de Juicio Político de Diputados, el exadministrador general de la Corte Suprema Héctor Marchi se despachó con dureza contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, autores de su desplazamiento la semana pasada: advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona y denunció que, desde entonces, ha sufrido seguimientos y amenazas. Asimismo, enfatizó que Maqueda fue el responsable de dirigir la obra social del Poder Judicial, denunciada por presuntas irregularidades. La Corte reaccionó enviando una dura respuesta a la Comisión.
“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de la obra social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad”, enfatizó Marchi, aunque indicó que no presentará una denuncia penal al respecto, como le reclamaron desde la oposición.
El tenor de la exposición de Marchi, que llegó al tribunal de la mano del juez Ricardo Lorenzetti, desató un verdadero revuelo en la Comisión. Los legisladores acordaron recibirlo nuevamente la semana próxima para que abunde sobre los manejos del alto tribunal.
Marchi apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, presidente del máximo tribunal. Lo responsabilizó de las intimidaciones sufridas y de esconder un “cuarto informe de auditoría” que realizó sobre las irregularidades en la obra social. El exadministrador asumió el control del organismo tras la pandemia, en 2021; ya por entonces se acumulaban una serie de denuncias sobre desmanejos. La Corte ordenó que se efectuara una auditoría sobre el período 2008-2021. Los auditores realizaron tres informes que revelaron severas irregularidades.
Luego Marchi ordenó una cuarta auditoría, sobre la gestión de Mariano Althabe, nombrado por Rosatti como director de la obra social. Según trascendió, se habrían detectado pérdidas por $2700 millones.
“Hubo reticencia a recibir el informe cuatro, lo envié ‘de prepo’ a la presidencia [a cargo de Rosatti], lo recibió Robles. Me consta que al Dr. (Ricardo) Lorenzetti no se lo mandó, no sé si lo hizo a los demás ministros. Esto obedece al grado de informalidad con que se maneja actualmente la Corte. El informe cuatro es la punta del ovillo; involucra al Dr. [Mariano] Althabe. Robles escondió el informe. Es grave”, acusó Marchi.
Marchi fue desplazado de su cargo el jueves pasado con el voto de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. El único en oponerse a su salida fue Lorenzetti, quien en su disidencia sostuvo que el exadministrador recibió una “sanción” por anticipar que enviaría información a la Comisión de Juicio Político.
De inmediato, Marchi fue citado por los diputados oficialistas, en el marco del enjuiciamiento que promueven contra los jueces de la Corte. Una de las causales es, precisamente, las presuntas irregularidades detectadas en la obra social.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda negaron las afirmaciones de Mar chi. En una nota que enviaron ala Comisión,le endilgaron al juez Lo renz et ti, presidente del tribunal hasta 2018, y a Marchi, su administrador general, la responsabilidad directa en los manejos de la obra social.
En la nota, los tres magistrados enfatizaron que nunca existió un “informe Marchi” –en referencia a la cuarta auditoría por los $2700 millones– y que su contenido “es falaz, parcial y malintencionado”.
“No existió esa pérdida, se actuó de la misma manera que en años anteriores y, si hubiese existido, fue su responsabilidad exclusiva”, indicaron desde el máximo tribunal. Asimismo, aclararon que la Corte “nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la obra social”, en alusión al juez Maqueda.
Además, indicaron que el máximo tribunal“no tiene responsabilidades de gestión” sobre el organismo y que sus funciones“se acotan a supervisar [a través de la secretaría que ocupaba Marchi] aspectos puntuales definidos en el Estatuto”. Agregaron que antes, en el período 2008-2018, todas las resoluciones llevaban la firma del entonces presidente de la Corte, Lorenzetti

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El hacker que intrusó el celular de D’Alessandro pidió ser arrepentido
ESPIONAJE. Sus abogados dijeron que colaborará para identificar a los autores intelectuales

Hugo Alconada Mon
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker de 22 años que confesó haber tomado el control del teléfono celular del entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, solicitó ayer a la Justicia ingresar al régimen del “arrepentido” para avanzar con la investigación por presunto espionaje ilegal.
En un escrito de apenas dos carillas que firmaron sus abogados, Nuñes Pinheiro planteó que está “dispuesto a seguir colaborando” con la investigación, como así también “a realizar cualquier tarea pendiente a esclarecer los hechos y llegar a los autores intelectuales que lo han utilizado” para esas tareas de espionaje.
En la misma línea, Nuñes Pinheiro también le requirió a la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público porteño que tome las diligencias necesarias para que concreten las medidas de protección ya ordenadas en el expediente, el 12 de este mes, pero que en la práctica siguen en el aire.
Transcurridas casi dos semanas desde que se ordenaron “de manera urgente medidas de protección tendientes a asegurar tanto la integridad física de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro como la de su grupo familiar por el término en que dure el proceso”, remarcaron sus defensores, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, esas disposiciones no se concretaron. “Por lo expuesto, solicitamos se insista con las autoridades provinciales de Misiones que las medidas ordenadas se pongan en práctica”, insistieron.
Los investigadores liderados por la fiscal porteña Daniela Dupuy buscan, mientras tanto, avanzar en la cadena de responsabilidades para determinar quién le ordenó a Nuñes Pinheiro que hackeara los teléfonos de funcionarios de Pro y de jueces incómodos para el kirchnerismo, aunque el hacker sostuvo que prendió fuego su teléfono para destruirlo y arrojó luego sus restos al río Paraná, cerca de Eldorado, Misiones.
La hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que el principal acusado, Nuñes Pinheiro, se dedicaría de manera habitual a la intrusión ilegal de teléfonos celulares. Solo durante 2022 habría avanzado contra decenas de dispositivos. En ocasiones, a pedido de un usuario de la red Telegram al que identificó como “ElJuanxd”, quien continúa en las sombras.
Un movimiento en particular de Nuñes Pinheiro mientras hackeaba a sus víctimas levantó las suspicacias dentro de la Unidad Fiscal. Para ingresar al sistema Nosis, Nuñes Pinheiro creó un perfil falso a nombre de Nicanor Moreno Crotto, quien trabajó para Marcos Peña, en la Jefatura de Gabinete, durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Por qué escogió el hacker ese nombre? ¿Fue algo aleatorio? ¿O acaso el mismo que le pagó $15.000 por “objetivo” le indicó que utilizara ese nombre para desviar las sospechas?
Al declarar en tribunales, Nuñes Pinheiro aportó datos sobre un posible eslabón en la cadena de responsabilidades. Sería un joven oriundo de José C. Paz, cuyo nombre sería Emanuel Ángel Elías, que habría participado en la operatoria para pagarle por sus servicios como hacker, lo que desde entonces también procuran verificar los investigadores judiciales.
En ese sentido, los defensores del ahora hacker confeso reclamaron que la Justicia debe encuadrarlo dentro del régimen del “imputado colaborador”, con las consiguientes exigencias y beneficios previstos por la ley.
“En vista a su entera buena fe procesal que ha quedado demostrada a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración en ambas declaraciones indagatorias”, indicaron Noguera y Kapko, “entendemos que corresponde dar tratamiento en forma especial [a Nuñes Pinheiro], teniendo en cuenta sus condiciones personales a fin de que pueda ser tratado como arrepentido”, plantearon.

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Luciani denunció a Máximo Kirchner por los chats con López
VIALIDAD. Es un desprendimiento de las pruebas del juicio; también apuntó a los empresarios Caputo, De Sousa y Corcho Rodríguez
Hernán Cappiello
El fiscal Diego Luciani denunció al diputado Máximo Kirchner, a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez, y a exfuncionarios del Banco Nación, entre otros, a partir de las irregularidades que surgieron del juicio oral y público del caso Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión.
En un escrito de 171 carillas, presentado ante la Cámara Federal, para sortear al juez que le toque, el fiscal enumeró siete diferentes maniobras, supuestamente irregulares, que surgieron de las pruebas que se ventilaron en el juicio oral, y en particular de los mensajes hallados en el teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado en varias causas por enriquecimiento ilícito y corrupción.
Muchas de esas maniobras ya forman parte de investigaciones en trámite, pero otros son hechos nuevos de los que se tuvo conocimiento a partir de la prueba que se publicitó en el juicio oral.
Luciani destacó que se deben investigar los mensajes que intercambiaron el empresario Caputo con José López, donde le reclamaba un pago por una obra. “Caputo mantiene comunicaciones con José López (con quien, aparentemente, tenía una relación personal de amistad) y le solicitó, por fuera de los canales administrativos correspondientes el pago de distintos certificados de obra”, dice la denuncia. El fiscal agregó que “se observa que López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada” por Caputo
Caputo integró el círculo íntimo del expresidente Mauricio Macri, quien supo definirlo como su “hermano de la vida”. De Sousa es el socio del empresario Cristóbal López, ambos ligados al kirchnerismo e investigados en la causa Hotesur y Los Sauces, que espera una definición en la Cámara de Casación. Corcho Rodríguez es investigado como presunto intermediario de las coimas que el gigante brasileño Odebrecht admitió haber pagado en la Argentina.
Luciani se detuvo en el caso del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, cuya construcción supervisaba la presidenta Cristina Kirchner, a través de su secretario Mariano Cabral y del ahora ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Dijo que allí “se advierten irregularidades groseras en un proceso licitatorio”.
Luciani dedicó un capítulo de su denuncia a Máximo Kirchner y las conversaciones del teléfono de López que “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”.
La obra “se adjudicó ilegalmente”, dijo Luciani, el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA –empresa del Grupo Báez–. El contrato se suscribió el 12 de febrero de 2015 por $216.489.537. Luciani recordó que no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía, que el pliego de Kank fue descalificado y “si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque transcurría el último año del período presidencial de Cristina Fernández”.
“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, escribió Luciani. La orden de la licitación provenía “de los más altos cargos del Poder Ejecutivo, de los cuales Máximo Kirchner era claro intermediario, agregó

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