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Luz verde de la UBA al canje de Massa, pero con una advertencia
CANJE FORZOSO. El dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas fue positivo, aunque dijo que aumentaría el endeudamiento en moneda extranjera
María Julieta RumiMassa y Claudio “Chiqui” Tapia, ayer, en una presentación por el Mundial Sub-20
Tal como se esperaba, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires dio ayer a conocer su dictamen sobre el canje de bonos en dólares de los organismos públicos por otros en pesos, que se leyó como un visto bueno a la operación en líneas generales más que nada porque se centró en las preguntas del Ministerio de Economía por los efectos en la valorización en pesos de las carteras.
Según el escrito, si bien la gran mayoría de los títulos del decreto 164/2023 forman parte de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), esos recursos son un stock que no debe confundirse con el flujo destinado al pago periódico de las jubilaciones. “La operatoria bajo análisis no se corresponde con ningún impacto directo en el haber a percibir por los beneficiarios enmarcados en el SIPA”, afirmaron.
Por otro lado, dijeron que el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
“En consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, un efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la Anses se encuentra incluida”, sostuvieron.
De todas formas, la facultad dijo que debe considerarse “el efecto relacionado con el aumento de la deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado, que resultaría como parte de la operación bajo análisis de la eventual venta de títulos públicos en el mercado a precios muy por debajo de la par, y cuya contrapartida es la convalidación de elevados retornos”.
En particular, sobre la pregunta por la operación de venta de los bonares y posterior suscripción del bono dual 2036, aseguraron que implicaría una revalorización patrimonial del 45,99%.
En segundo lugar, plantearon que el canje de los bonos globales implicaría una ganancia contable promedio del 104,4%, aunque si se toman precios de mercado potenciales de los títulos a canjear el resultado sería de +23,4%.
Para terminar, hicieron hincapié en que, más allá de las preguntas formuladas por el ministro de Economía, atendiendo a los principios de objetividad, rigurosidad e independencia de la FCE-UBA, sería necesario un análisis macroeconómico integral que excede el informe técnico para evaluar las consecuencias agregadas de la operación de canje.
“La valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento. Adicionalmente, la operatoria de desprendimiento de los títulos incluidos convalida reducidas paridades en el mercado actual. Queda fuera del presente informe evaluar si la premura por realizar la operatoria hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables”, señalaron.
Recibida la consulta, la facultad había difundido un comunicado diciendo que iba a responder “si bien no le corresponde, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica adoptadas por las autoridades”.
La elección de profesores
“La FCE-UBA deja en claro que las consultas efectuadas no abarcan al conjunto de operaciones ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada, cuyos alcances han sido discutidos en diversos medios a partir del anuncio de la medida. El informe que emitirá la FCE-UBA, en consecuencia, no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias para las que, como se mencionó, no ha sido consultada”, agregó.
Los profesores encargados de dar respuesta fueron Daniel Miliá y Julián Leone. La universidad había negado anteayer que los profesores a cargo del dictamen hubieran cambiado, y sobre los mencionados en comentarios periodísticos aclaró que Andrés López, consejero directivo, trabaja en temas totalmente distintos al eje de este informe; en tanto, Sebastián Katz se ve impedido de emitir opinión desde la UBA por su cargo en el Banco Central como gerente de Investigaciones Económicas, y Javier Curcio no tiene experiencia en la valuación de activos financieros.
En tanto, desde la facultad también precisaron los pasos que siguieron para designar a las autoridades que realizaron el dictamen. Dijeron, sobre eso, que una vez recibido el pedido de estudio, se trasladó primero al sector de asistencia técnica que realiza este tipo de trabajos, tanto para el sector público como para el sector privado. Después, se consultó a quienes tienen injerencia en el tema e incumbencia en la materia y ellos propusieron al consejo directivo -que es el órgano de gobierno de la facultad- los nombres de quienes creían que deberían realizar el estudio, para que se vote.
“El profesor titular regular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Andrés López, como consejero directivo, fue quien propuso a Julián Leone y Daniel Miliá como coordinadores de la respuesta al Ministerio. La propuesta fue votada por unanimidad del consejo directivo”, precisaron desde la casa de estudios.
Difundido el informe, López reiteró vía Twitter que la UBA no puede opinar institucionalmente sobre decisiones de política económica y tampoco lo hizo en este caso, sino que respondió a cuestiones de valorización contable de los organismos involucrados señalando algunos riesgos potenciales de la operación propuesta y escenarios potenciales en los cuáles el cálculo de los impactos patrimoniales solicitados podría ser menos favorable que en los previstos en las preguntas de Economía.

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