JUSTICIA KKK

Ruta del dinero K: el fiscal desoyó datos de la UIF
En la gestión de Cambiemos, la UIF aportó evidencias del nexo de la expresidenta con el empresario; ahora el fiscal pide sobreseerla
 Hernán CappielloMarijuan en los terrenos de Lázaro Báez, cuando buscaba dinero enterrado
El fiscal Guillermo Marijuan consideró esta semana que las pruebas que había reunido en la causa conocida como “la ruta del dinero K” eran insuficientes para probar el vínculo comercial entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
Al hacerlo, desestimó un informe que había elaborado la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos, que aportó 75 indicios para refrendar que el matrimonio presidencial utilizó al dueño de Austral Construcciones como su “testaferro”.
En diciembre de 2019, días antes de que Alberto Fernández, asumiera el poder, la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno saliente de Cambiemos presentó ante la Justicia un escrito donde sintetiza los 75 indicios y evidencias que, a su juicio, prueban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner y que manejaba su dinero.
A pesar de estos indicios, que están en la causa judicial de la ruta del dinero K y que fueron presentados por la UIF como querellante, el fiscal Guillermo Marijuan entendió que no había pruebas y promovió esta semana el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esa causa por lavado de dinero.
Báez ya fue condenado a 10 años de cárcel en ese expediente, pero desde hace una década se investiga si los Kirchner están detrás de la plata que blanqueó el empresario. Marijuan dijo que no pudo probarlo.
La oposición, a través de Elisa Carrió, cree que lo hizo por su cercanía con Sergio Massa, quien necesita el aval de Cristina para su candidatura presidencial. Marijuan lo negó y dijo que hace meses que no habla con Massa y que no son íntimos amigos.
Este informe de la UIF, que se mantuvo en reserva, es anterior a la condena contra Cristina Kirchner en el caso de Vialidad a 6 años de prisión y al fallo de la Cámara de Casación que confirmó la condena por lavado de dinero contra Báez. Los jueces Mariano Borinsky y Ángela Ledesma entendieron que el delito precedente de donde provenía el dinero lavado por Báez era la evasión fiscal y no la obra pública corrupta con la que lo benefició el kirchnerismo. De ese argumento se vale Marijuan para despegar a Cristina Kirchner de esa plata.
Sin embargo, las evidencias que recoge el escrito de la UIF de 2019 no variaron estos años para sostener la implicación de la vicepresidenta e incluso algunos de ellos aparecen en las pruebas que sustenta su condena en la causa de Vialidad.
“La familia presidencial Kirchner utilizó a Lázaro Báez como testaferro de sus negocios criminales”, señala en la página 3 el escrito de la UIF, que lleva la firma de Mariano Federici, en ese momento titular del organismo.
El escrito de 60 páginas concluyó que “las evidencias lógicas que a esta altura, devienen irrefutables, demuestran a las claras que Lázaro Antonio Báez no era un empresario contratista más, sino que, por sus características, su rol encuadra en lo que se denomina ‘hombre de paja’ o más burdamente ‘testaferro’”.
Entre sus conclusiones, enumera el crecimiento de Báez como empresario ligado a los Kirchner y sus antecedentes, que no guardan relación con el empresario millonario que acumuló bienes inmuebles, rodados, aeronaves, bienes suntuarios y dinero en cuentas del exterior. Pasó a tener propiedades cuyo precio de venta era “antieconómico” para el empresario.
Indicó que las operaciones entre ambos eran “carentes de lógica económica comercial” y que el conglomerado del empresario “le transferían fondos a la familia Kirchner por pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos”.
En cambio cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones, no disponían del suyo, sino que Báez les “compraba” inmuebles y efectuaba préstamos, “que fueron repagados con los ingresos que él mismo generaba a la ex familia presidencial”.
Ante “gastos extraordinarios o imprevistos”, como la construcción del mausoleo donde están los restos de Néstor Kirchner, fue Báez quien se hizo cargo, dice el escrito.
“Surgen indicios de una confusión patrimonial entre los patrimonios de los Kirchner y los de Báez”, dijo la UIF. Y puso como ejemplo los diez departamentos ubicados en la calle Bartolomé Mitre 535, de Río Gallegos, que se construyeron utilizando la figura de un fideicomiso, en el que se estipulaba que, una vez finalizada, Austral Construcciones y Néstor Kirchner dividirían en partes iguales los inmuebles, pero en la declaración jurada de bienes del expresidente se presenta como dueño del complejo.
La preferencia por Báez para recibir obra pública es otro indicio, al igual que la prioridad para recibir antes el pago de certificados de obra, beneficios que luego se probaron en el juicio donde fue condenada Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El efecto de los cuadernos
Otro indicio mencionado es que en el caso de los cuadernos de las coimas, a pesar de ser uno de los principales empresarios de la obra pública, no aparece pagando ningún soborno para mantener los contratos, como no ocurrió con los otros hombres de negocios dedicados a la obra pública, que admitieron haberlo hecho.
Una evidencia más de su particular estatus es que cuando se descubrieron sus maniobras “se puso en marcha un fenomenal encubrimiento, en el que formaron parte distintas áreas del Estado nacional: AFIP, UIF, BCRA, Procuración del Tesoro, Ministerio Público Fiscal, entre otras”.
Entre los 75 indicios y hechos que menciona la UIF están que “Báez empresario no fue otra cosa que la creación del matrimonio Kirchner, que por los cargos que ocuparon sucesivamente no podían acaparar aquel dinero a su nombre, ni ganar aquellas adjudicaciones con empresas de su propiedad, sino que necesitaban un empresario de confianza que oficiara de prestanombres”.
El origen del dinero lavado, para la UIF, era “la irregular asignación de obra pública a la empresa Austral Construcciones”, sin perjuicio de “las maniobras impositivas ilícitas que también llevó adelante, y que, consecuentemente, significó otro flujo de dinero ilícito”.
“El incremento patrimonial del ex matrimonio presidencial encuentra como contrapartida operaciones llevadas adelante con el entorno de Lázaro Báez”, señala la UIF al vincular las declaraciones juradas de los Kirchner con las maniobras de lavado.
“Báez le habría “prestado” a Néstor Kirchner 2,4 millones de dólares utilizados para la adquisición de un complejo hotelero”, dijo la UIF. Y “el mismo año en que le habría prestado 2,4 millones de dólares para la adquisición de un complejo hotelero, también le habría adquirido inmuebles de su propiedad, por más de 700.000 dólares”. “Hay una clara confusión patrimonial entre los Kirchner y Báez”, sostiene la UIF.
El informe de la UIF menciona que Báez y los Kirchner compartieron propiedades, terrenos y obras en construcción. Además había alquileres pagados por Báez a los Kirchner. En el caso de Austral, Máximo Kirchner entregaba 12 cheques una vez al año, y en el caso de Kank y Costilla, los pagos se hacían en sus oficinas. Los cheques fueron firmados por Martín Báez y cobrados por Máximo Kirchner, sin que se sepa que pasó con el dinero, dice la UIF.
“Los movimientos de dinero entre ambas familias eran constantes, dando cuenta de una economía simbiótica”, describe el informe. El otro flujo de fondos provino del alquiler de habitaciones en el Hotel Alto Calafate por parte de Austral, lo que se investiga en el caso Hotesur-los Sauces.
El financista de los Kirchner Ernesto Clarens declaró como arrepentido en el caso cuadernos que participaba en la recaudación del dinero en efectivo pagado por los empresarios (contratistas de obra pública), los cuales una vez reunidos eran cambiados por este en dólares billete, para luego entregarlos a los funcionarios del gobierno nacional.
“Báez y su conglomerado empresario, pese a carecer de justificación económica, le transferían fondos a la familia Kirchner bajo el concepto de pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos. A su vez, cuando los Kirchner necesitaron mayores fondos para, por ejemplo, realizar inversiones, Báez y las empresas de su conglomerado le “compraron” inmuebles y efectuaron préstamos, que fueron repagados con los ingresos que él mismo generaba a la ex familia presidencial”, dice la UIF.
Concluye que “estas dos disímiles conductas demuestran que, en realidad, Lázaro Báez operaba como un “hombre de paja”, detrás del verdadero propietario de los bienes ilícitos, no solo mediante un flujo constante de gastos corrientes sino también a través de grandes transferencias, que solo pueden explicarse mediante el previo requerimiento por parte de quienes se sabían verdaderos titulares de los bienes del Grupo Báez”.
El patrimonio de Báez acreditado en la causa de la ruta del dinero es de 2.630 millones de pesos. “El único fundamento para tan abultado patrimonio es la existencia de una asociación ilícita cuyo objetivo primordial era construir el imperio Báez desviando dinero del Estado nacional”, concluyó la UIF.
Al relatar la ruta del dinero, parte de la plata era traída en efectivo desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando, mediante vuelos en aviones privados de la familia Báez, y administrados por Top Ai. Desde allí era trasladada e ingresada en “cuevas financieras” de la City, entre ellas SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero, para ser reenviado a cuentas offshore.
Esa plata, dice la UIF, hace el camino inverso realizado por Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner. “Muñoz y Báez no solo integraban asociaciones ilícitas con la familia Kirchner, sino que además utilizaron mecanismos similares para remitir dinero al exterior”, señala la UIF.
Ambas estructuras (la de Muñoz y Báez) operaron con las sociedades pantalla creadas por Clarens. “Otro indicio que debe ser valorado es justamente la utilización de los mismos operadores financieros para realizar similares operaciones de lavado de activos”, dice el escrito que dejó Cambiemos al dejar el gobierno.
“Lázaro Báez no parece ser el único lavador con que contaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero sí quizás el más importante. En su maratónica carrera como empresario de la construcción se vislumbra claramente el hilo conductor de las maniobras investigadas en todos los expedientes judiciales”, dice la nota. Y señala que cuando Báez empezó a ser investigado, las agencias del Estado lo protegieron.
“Por ello, a nuestro entender, surge palmariamente que los hechos analizados no fueron realizados por Báez en soledad, sino bajo la supervisión del matrimonio Kirchner y sus funcionarios dependientes, quienes se erigían como verdaderos dueños del dinero lavado y acompañaron al empresario patagónico en su periplo. Lo ungieron desde empleado bancario hasta megaempresario, le asignaron la casi totalidad de obra pública en Santa Cruz”.
Basa las afirmaciones en las declaraciones como arrepentidos que hicieron Clarens, el condenado José López y el contador Víctor Manzanares. “Los tres coinciden en el rol asignado a Báez y su vínculo con la familia Kirchner”, dijo la UIF.
Relató una declaración de Manzanares donde el contador le aconsejó a Néstor Kirchner cancelar una deuda con Báez de 8 millones de dólares que había en su declaración jurada. Kirchner lo hizo en 2008, con un depósito en el Banco de Santa Cruz, donde tenía los plazos fijos. “Mientras ocurría esto, que duró alrededor de dos horas, Néstor Kirchner con Lázaro Báez transitaban las calles de la ciudad en un auto conducido por Daniel Muñoz, ansiosos por recibir novedades y saber si el tema estaba o no concluido. Muñoz así me lo comentó, también me dijo que Néstor Kirchner le había dicho a Lázaro Báez: ‘Fíjate a ver cómo me la devolvés’”.
La UIF menciona además una escucha telefónica realizada a Báez donde este menciona que sus bienes no son de su propiedad, sino que “alguien de arriba” se los habría dado para que los administre”. Dijo la UIF que al menos ese dato debe ser analizado como un indicio más
Errata
● En la nota “Embajada paralela con Venezuela: procesan al clan Levy por lavar cientos de millones de dólares”, de la edición de ayer, se consignó por error que el juez en lo Penal Aguinsky había procesado a Miguel Álvaro Romero y Horacio Ismael Beresñak. En rigor, los sobreseyó de manera definitiva, al igual que a Julio César Barlocco y Juan Ignacio Simó, tras concluir que no participaron en la presunta maniobra delictiva, dejando asentados “el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados”.

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