LA OPINIÓN DE JUAN LLACH

Combatir la pobreza es tarea de todos
La herencia recibida obliga a definir políticas de Estado que comprometan al Gobierno, a los empresarios, a los trabajadores y a las organizaciones civiles en una acción integral

Alegrarse cuando aumenta la pobreza porque se detesta al gobierno de turno ha llegado a ser una extendida y penosa costumbre nacional. Ocurrió durante el kirchnerismo y se repite ahora. Entre 2003 y 2015 muchos opositores negaron que existieran progresos en reducir la pobreza o aceptaron a regañadientes los explicados por "los planes", lo que les hizo difícil entender el apoyo electoral al oficialismo. En la vereda opuesta, se alababa acríticamente la inclusión, despreocupándose de la sostenibilidad de las mejoras y ocultando su deterioro con relatos falaces. Utilizar la pobreza como herramienta del discurso político es doblemente lamentable por el desprecio que implica y porque distrae las ideas, energías y pasiones de la búsqueda de soluciones duraderas para quienes sufren carencias e indignidades. La grieta retórica ayuda así a perpetuar la grieta social.

Somos parte de una región, América del Sur, con el peor desempeño económico del siglo. Afortunadamente ha habido diferencias importantes entre países. Perú es la estrella, pero también lucen Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay. Pese a diferencias ideológicas todos evitaron el populismo económico, es decir, no buscaron maximizar demagógicamente el bienestar presente a costa del futuro, sino que tuvieron también en cuenta a las próximas generaciones. En contraste, el chavismo apostó todo a que el petróleo valiera por siempre 100 dólares, y Venezuela muestra hoy con patética claridad lo que ocurre cuando el populismo se lleva a su extremo. La Argentina siguió un camino análogo, menos extremo no tanto por voluntad del gobierno, sino por el proceder de actores y estructuras políticas, sociales y económicas más fuertes y diversas. Se evitaron así las peores caras del populismo venezolano, con su mezcla de hiperinflación latente y feroz desabastecimiento, pero no sus causas. El precio fue igual muy alto y el gobierno de Cambiemos heredó el aislamiento internacional, el cepo cambiario, la sobrevaluación del peso, los subsidios de servicios públicos a pobres y a ricos, los récords de evasión tributaria y gasto público, un Banco Central casi sin reservas y recesión. El futuro se hipotecó sin piedad.

Por todo esto, el probable aumento en 2016 del porcentaje y del número de personas bajo la línea de pobreza será pura herencia, un virus inoculado cuya causa no es la vacuna con la que ahora se lo procura combatir. Es pues incompleto analizar esta cuestión sin referencia a sus causas o como si se debiera a las políticas económicas de hoy. Sorprendió que tal contexto no fuera mencionado en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, institución de excelente trayectoria que mantuvo viva la verdad estadística en medio del oscurantismo de 2007 a 2015. Diversos cuestionamientos a este informe no se refieren a sus números, sino al hecho de añadir, por primera vez, un análisis coyuntural trimestral publicado al día siguiente de terminado el período estudiado.
También se pierde objetividad si se ignora el drástico recorte de los subsidios a los hogares más ricos, subsidios y recortes de magnitud tal vez inédita a escala mundial en tiempos de paz. En cifras aproximadas, el gobierno anterior autodenominado progresista destinó en 2015 cerca de 210.000 millones de pesos -unas siete veces las asignaciones familiares por hijo (AUH)- a subsidiar al tercio de hogares de mayores ingresos. En los primeros cinco meses de este año el gobierno de Cambiemos habrá recortado el 72,9% de esa cifra, unos 153.000 millones. La poda incluye parte de los subsidios a la energía (42.000 millones), al "dólar ahorro" (40.000), al "dólar turista y tarjeta" (35.000), al transporte (11.000) y al dólar futuro puramente especulativo (25.000, por lo menos).

El presidente Macri ha propuesto lograr "pobreza cero", objetivo deseable y posible, pero también ambicioso. Un primer paso, quizás factible para 2019, podría ser "indigencia cero", análogo a "hambre cero". Hay bastante acuerdo de los actores políticamente influyentes sobre los principales objetivos del combate de la pobreza. Empleos formales y sostenibles; hambre cero y nutrición diez; educación inclusiva de calidad e integrada al mundo del trabajo; acceso universal a la salud, a viviendas dignas en un medio ambiente sano, con agua potable y servicios sanitarios. Los acuerdos ralean a la hora de elegir caminos. Así suelen omitirse condiciones necesarias como los equilibrios macroeconómicos (empleo, monetario, fiscal, externo), niveles adecuados de inversión o mayor productividad de todos los factores. Lo que se está haciendo hoy a este respecto redundará en beneficio de los pobres en el futuro, tal como se ha visto en los países sudamericanos mencionados que no cayeron en el populismo.

Combatir eficazmente la pobreza no es tarea sólo del Gobierno, sino de todos, y debería empezar llevándola desde las guerras de datos partidistas hasta los acuerdos político-sociales. No será fácil. En la mayoría de las dirigencias predominan hoy las demandas sectoriales, justas o no, y es muy marcada la escasez de propuestas que comprometan esfuerzos propios. En el caso de los empresarios argentinos -bastante menos en los de empresas extranjeras- hay parquedad en la inversión. Como acostumbrados a la dependencia del gobierno reciente aparecen esperando "algo más", tal vez el "shock" injusto e inviable que algunos aconsejan. No es igual la parsimonia a la hora de fijar precios altos, preventivos, que dañan los índices de inflación por más que luego se compensen con descuentos astronómicos o notas de crédito a proveedores. También es evidente que, no obstante algunos progresos, la evasión tributaria sigue siendo muy alta en varios sectores y en esto se debería aplicar el rigor de la ley más clara y prontamente.
En cuanto a los precios y a la inversión, los puntos de encuentro del Gobierno y los empresarios deberían ser más diálogo y mejor información. La concertación inicialmente anunciada para enero se dejó de lado. Debería volverse a esta iniciativa, una vez superada la dura tarea de los grandes aumentos tarifarios, no para marcar el camino, pero sí para fijar y comunicar rumbos. El Gobierno también ha anunciado políticas más directamente vinculadas a lo social, como la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de las personas, la reducción del IVA sobre alimentos y otros bienes básicos y las tarifas sociales, que alcanzarán a más de seis millones de personas para el caso de trasportes metropolitanos. Hacia adelante se avizora un plan para facilitar el primer empleo formal. En varios de estos casos hay moras en su implementación.

Ha llegado el momento de contar con un programa integral de combate de la pobreza, como política de Estado que comprometa al Gobierno, a trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Un programa que incluya como instrumentos centrales el desarrollo económico sostenible, la creación de empleos, la política de hambre cero y nutrición diez, y una educación inclusiva de calidad y vinculada al mundo del trabajo.
Sociólogo y economista, ex ministro de Educación de la Nación