NO HAY REPÚBLICA, NI JUSTICIA, NI LIBERTAD INSTITUCIONAL, SIN LIBERTAD DE PRENSA

El valor de la libertad de prensa
El periodismo libre e independiente no está para satisfacer a los poderes de turno ni a ninguna mayoría circunstancial

Las últimas reuniones anuales de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y del Foro de Periodistas Argentinos (Fopea) se focalizaron en examinar el contexto en que hoy se debate la libertad de prensa en la Argentina, especialmente frente a las agresiones y amenazas contra profesionales de la prensa argentina que investigan los oscuros negocios del poder.

En el congreso de esta última entidad se destacó la exposición de Diego Cabot, periodista de investigación de por cuyo trabajo se conocieron los cuadernos de Centeno. La repercusión de esas notas tuvo relevancia mundial a raíz de su condición de prueba elocuente del compromiso de importantes funcionarios del kirchnerismo en casos de corrupción pública. Estos hechos fueron confirmados más tarde por confesiones judiciales de empresarios y figuras de notoria relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner e involucrados en anotaciones de los citados cuadernos.

Escribir o hablar contra quienes ejercen el poder tiene consecuencias riesgosas en dictaduras o en democracias de tan baja calidad institucional como la Argentina. Un informe reciente de Freedom House, el think tank norteamericano que se ocupa de estas cuestiones, ha mostrado al país en posiciones manifiestamente rezagadas en materia de derechos políticos y libertades civiles, dentro de una larga nómina encabezada por las naciones escandinavas (Finlandia, Noruega y Suecia), seguidas por Holanda y Canadá.

Cabot relató que el año último robaron el disco rígido de su computadora, más tarde alguien se apropió de una mochila donde guardaba elementos para las tareas periodísticas y, en febrero último, volvió a ser objeto de tres hechos contra bienes de su propiedad. El propio Cabot, como editor de Economía de este diario, vivió periódicamente las peripecias de informar, durante la era kirchnerista, sobre las estadísticas del Indec, que todos sabían que eran falsas. Fue una zozobra de años para desnudar lo ficticio y documentar lo real, un desafío sobre cómo hacer para que la verdad fuera validada por la sociedad.
Hay objetivos inalcanzables, pero al mismo tiempo hay principios eternos que defender a capa y espada. Véase lo que ocurre en los Estados Unidos, con un presidente a quien The Washington Post contabilizó haber incurrido en 25.000 mentiras y que, sin embargo, pese a perder la reelección, cosechó 70 millones de votos. Lo más relevante para el periodismo, fundado en su voluntad de resultar confiable sobre lo que informa, es aferrarse al principio de la sacralidad de los hechos.

Siempre hubo en la actividad política espacio para el embuste, tal vez no con la osadía con que se lo ha adoptado en la contemporaneidad. Pero siempre ha habido también un periodismo cuyo objetivo central –y principal activo– ha sido reflejar la realidad tal cual es, mientras se reserva, desde luego, el pleno ejercicio de la libertad para opinar, según su criterio editorial, sobre los hechos de actualidad o de la memoria histórica.
Quienes llevan una larga vida en este oficio saben por sobradas experiencias que ser parte del elenco de medios caracterizados por su seriedad otorga un aura de inapreciable valor en cuanto al desenvolvimiento de las labores periodísticas propias, tanto para el acceso a fuentes informativas de primer nivel en cualquier ámbito como para lograr verosimilitud ante las audiencias respecto de lo que escriben o dicen. Como contrapartida, esa ventaja natural redobla los deberes del periodista de reafirmar, con la probidad de su tarea, un prestigio de naturaleza institucional que es obra del tiempo. Es la conquista, sometida a la prueba irrefutable de décadas o de más de un centenar de años, de sucesivas generaciones de periodistas que perseveraron, siguiendo los dictados de una dirección recta, en la responsabilidad profesional y el estilo que terminaron por definir una identidad acreedora a la confianza y el prestigio social.

El presidente de Fopea, Fernando Ruiz, dijo que el apoyo de la gente es lo que más protegerá a los periodistas de ataques de todo tipo. Algo que será más fácil de obtener en sociedades cívicamente maduras y persuadidas de que la salud de la república depende esencialmente de la libertad de prensa y de la independencia judicial, como insistió ADEPA en su declaración anual. La prensa libre no está para satisfacer a los poderes de turno ni a ninguna mayoría circunstancial.
Cuando alguien flaquea en la defensa de ese concepto es oportuno recordar una de las legendarias anécdotas de este diario. Nuestra circulación había caído por el número de lectores desafectos con la decisión de Mitre, en un momento crítico de los noventa, de consensuar una política con Roca. Ante la preocupación del administrador de entonces, Mitre, que había fundado el diario en 1870, contestó: “Tendrá entonces que imprimir dos ejemplares: uno para usted y otro para mí”.
En todo tiempo se produce una pulsión inevitable entre el periodismo crítico y quienes disponen de poder. Esa tensión refiere no solo a la conducta de quienes deberían actuar sin excepciones como servidores públicos, sino a protagonistas de otros ámbitos, como los gánsteres del narcotráfico o del submundo futbolístico, por mencionar ejemplos notorios. Ahora se agrega la presión de las redes sociales, que se utilizan con frecuencia de modo sistematizado para desacreditar a los periodistas que informan sobre lo que los poderes procuran ocultar.
Sobre esto habló en Fopea Daniel Enz, destinatario de mensajes de aquella índole por el esfuerzo investigativo de su revista Análisis. Desde esta publicación, se puso al descubierto la trama de hechos habidos en Entre Ríos y que se investigan en sede judicial durante la gobernación de Sergio Urribarri, a quien el actual gobierno designó embajador en Israel.

Las reuniones de ADEPA y Fopea dejaron constancia, una vez más, de la consustanciación del periodismo argentino con las bases conceptuales establecidas en el ordenamiento constitucional vigente desde 1853/60. Esa lucha diaria por la libertad de expresión no se agotará nunca; tampoco la capacidad de resistencia para mantenerla viva por parte de quienes la consideran un derecho inalienable de la dignidad humana y han hecho de ella un oficio cotidiano que encarnan con orgullo.

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