Gritos y cruces en el inicio del juicio a la Corte
Desde el oficialismo quieren que el debate se prolongue hasta mediados de año
Gustavo YbarraEl peronista Juan Manuel Pedrini (Chaco) se enfrenta con Juntos por el Cambio
Un fuerte debate político cargado de acusaciones marcó la apertura del tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados del juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, que el oficialismo impulsó tras el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.
La oposición acusó al peronismo de montar un “circo mediático” con el único objetivo de desgastar a los jueces. El oficialismo ratificó que pretende prolongar el proceso hasta mediados de año.
Lo que iba a ser un trámite formal decantó en un debate político cargado de acusaciones en el que tanto el oficialismo como la oposición adelantaron sus argumentos a favor y en contra de la apertura del tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados del juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema, cuya autoría ideológica Juntos por el Cambio le adjudica a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La Comisión de Juicio Político definirá recién el 9 de febrero el inicio del debate de las acusaciones. Así lo confirmó su presidenta, la oficialista Carolina Gaillard (Entre Ríos), quien señaló, además, que la semana próxima habrá un nuevo encuentro para escuchar a los autores de los proyectos que reclaman la destitución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El encuentro previsto para dentro de dos semanas será clave, porque también se resolverá la lista de testigos que serán citados a declarar y se tendrá el primer esbozo de las pruebas, como las conversaciones privadas cuya validez legal está cuestionada, que el kirchnerismo pretenderá usar para demostrar el mal desempeño de los jueces.
Todo indica que con la mayoría absoluta que tiene el peronismo en la Comisión de Juicio Político, 16 sobre un total de 31 miembros, podrá imponer su criterio con facilidad para, al final del camino, emitir dictamen. Sin embargo, el despacho tendrá escasas chances de prosperar en el recinto, si se toma en cuenta que el Frente de Todos no tiene, ni se preocupó por buscar, el consenso político para alcanzar el voto de los dos tercios de los presentes que requiere la Constitución.
La escasa viabilidad de que la acusación fue la razón esgrimida por el opositor Omar de Marchi (Pro-Mendoza) para sospechar de las intenciones del oficialismo y calificar al proceso como un “circo mediático” que impulsa el Frente de Todos como una maniobra para distraer la atención de los temas que acucian a la sociedad, como la inflación y la pobreza, y como represalia del kirchnerismo por el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires en su pelea por la reducción de fondos de la coparticipación federal. La jugada del oficialismo mereció también la crítica de Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), el único miembro de la Comisión de Juicio Político que no integra ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, quien acusó al kirchnerismo de poner en marcha “una embestida política para paralizar la Justicia”. Según el legislador, la maniobra se sustenta en tres pilares: el proceso político contra los magistrados, la amenaza de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto del Poder Ejecutivo y la ampliación de la Corte de 5 a 15 miembros.
El oficialismo pretende extender el proceso hasta mediados de año con el objetivo de desgastar al tribunal.
“No venimos a montar ningún circo. Venimos acá a plantear un camino previsto en la Constitución”, salió al cruce el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez (Santa Fe). “Hay sospechas gravísimas, no solo de imparcialidades y arbitrariedades, sino también de persecución política”, agregó Martínez, adhiriendo a la línea discursiva de Cristina Kirchner. La reunión arrancó a las 11.10 con presencia perfecta del oficialismo, incluidos los dos diputados que responden al ministro de Economía, Sergio Massa.
El debate comenzó a tomar color y calor a medida que a una intervención opositora se sumaba una del oficialismo. En una dura intervención, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-Buenos Aires), denunció que la acusación contra la Corte “surgió después de que Cristina Kirchner desoyó el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y después del fallo que el Presidente y un grupo de gobernadores decidieron desoír, pero debieron recular, en palabras de Cristina Kirchner, por la coparticipación”. “Son fallos que les molestan al poder político, todo lo demás que están agregando me parece cotillón”, agregó López. “Estamos acá para que no avancen brutalmente contra la cabeza del Poder Judicial”, agregó.
Desde el oficialismo se insistió en las acusaciones contra las supuestas arbitrariedades de los jueces de la Corte en sus fallos. Así, el exradical Leopoldo Moreau habló de “funcionamiento mafioso” del tribunal y volvió a la carga con la acusación contra los jueces Rosatti y Rosenkrantz por haber aceptado ser nombrados por decreto en el gobierno de Mauricio Macri. Desde la oposición calificaron sus palabras de falacia, ya que ambos juristas fueron designados con acuerdo del Senado a mediados de 2016.
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