LOS QUE HUYEN DE VENEZUELA

El reto de los que ayudan a la diáspora venezolana
En Colombia, organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales en el éxodo del país gobernado por Maduro
Rafael Quintero Cerón
“Ver esa marea de gente pasando al frente de mi casa me llevó a no quedarme quieta. Yo vivía bien en mi casa en Chía [población aledaña a bogotá] y sentir la presencia de esos caminantes me activó una chispa. Es imposible no hacer nada. Teníamos que actuar”. Así recuerda la médica venezolana Carmen Aída Farías el origen, en 2018, de manitas Amarillas, una organización civil que se dedica a garantizar el derecho a la salud de migrantes y “de quienes lo requieran sin importar nacionalidad”.
Hoy, manitas Amarillas, gracias a su trabajo en campo, cuenta con el apoyo económico de organizaciones de cooperación internacional como Usaid, el Consejo Noruego y la Cruz Roja, y ha logrado reunir hasta un centenar de médicos y voluntarios en las brigadas de salud y entregas de alimentos.
La historia de manitas Amarillas es similar a las de cerca de mil organizaciones que nacieron de iniciativas ciudadanas que hacen trabajo de apoyo a la migración en diferentes ciudades de Colombia. Todas tienen un origen común: la unión de personas con vocación humanitaria tanto de Colombia como de Venezuela, a quienes las movió el deseo de ayudar a sus hermanos o compatriotas.
El número exacto de organizaciones es incierto toda vez que, explica Txomin Las Heras, presidente de la Asociación Diálogo Colombovenezolano e investigador adscrito del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, son cambiantes de acuerdo a las necesidades o las coyunturas del fenómeno migratorio. “Las organizaciones de carácter civil nacen y crecen de acuerdo a una necesidad puntual, como asistencia migratoria o ayuda en la pandemia, por ejemplo. pero otras permanecen porque cambian su foco y se adaptan a las nuevas realidades de la diáspora”.
Pero además tienen una ventaja. Conocen su población y están en el territorio. Por eso, llegan a donde las grandes organizaciones tienen más problemas en acceder, lo que los convierte en aliados estratégicos. “Podemos llegar a donde ellos no alcanzan”, explica la directora de manitas Amarillas.
“Somos entidades que tenemos mayor capacidad para aprovechar los recursos y adaptarlos a las necesidades puntuales que siempre son cambiantes”, agrega Juan Carlos Viloria, médico y vicepresidente de la asociación Venezolanos en barranquilla, quien asegura que sin la existencia de las organizaciones sociales de carácter civil, la migración habría desbordado a toda Latinoamérica.
“Nuestro poder de convocatoria tiene toda la fuerza en redes sociales. Es ahí donde convocamos a los profesionales de la salud que quieran
Más de siete millones de venezolanos dejaron su país en estos años
El 35% de los exiliados, unos 2,5 millones de personas, está en Colombia ayudar y a quienes lo necesiten. Es a través de esa vía que ampliamos nuestra fuerza y ahí nos vio la cooperación internacional y notaron nuestra capacidad de injerencia”, cuenta Aída Farías.
En su concepto, las redes sociales, particularmente Facebook e instagram, son fundamentales para estas organizaciones, no solo para sumar voluntarios y mostrar su trabajo, sino que además allí llegan todos los migrantes a buscar soluciones y contactos que les permitan acceder a sus derechos. Eso lo ha entendido bien “Venezolanos en Colombia”, una página de instagram que se ha convertido en un lazo entre quienes llegan y aquellos que los pueden orientar, además de ofrecer ofertas de empleo y otras oportunidades.
La periodista detrás de la página es Ana Karina Gómez, una joven venezolana quien, tras pasar lo que ella llama “la maldición del plátano verde”, representado en hambre, desempleo, falta de oportunidades y discriminación, decidió dedicar su tiempo a este portal, creado por una amiga migrante que la recibió al llegar al país.
“Tenemos contacto con más de 200 organizaciones en Colombia. Ellos nos contactan y nosotros los enlazamos con quienes pueden prestarles ayuda, puede ser para regularizarse o para buscar lugares donde comer, asistencia y atención en salud”, cuenta. El portal es una herramienta clave para quienes llegan pero también para quienes quieren quedarse. “Les ofrecemos contacto con personas que les dan asesoría jurídica para que puedan regularizarse y exigir sus derechos laborales sin ser vulnerados”, añade.
La fuerza de las redes sociales en el trabajo de estas organizaciones de apoyo está basada en tres pilares claves, de acuerdo con Viloria: “Lo primer es informar a través de estos medios la oferta institucional para migrantes, lo segundo es comunicar lo que hacemos de modo que sirva de visibilización de nuestros esfuerzos y lo tercero servir de articulador y referenciador con organizaciones del Estado y gobiernos locales encargadas de garantizar el acceso a derechos”.
Sin embargo, en junio de 2021, con la llegada del Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos (ETPV), los retos cambiaron. Ahora, las organizaciones saben que deben empezar a ayudar no solo con la diáspora, sino con la integración.
Y desde ese año, hay resultados interesantes en cuanto a la regularización de la población migrante en Colombia. Según datos de la Plataforma de Coordinación interagencial para Refugiados y migrantes de Venezuela, el 35% de los 7.131.435 venezolanos que salieron de su país están en Colombia, es decir, 2.477.588 personas. De ellos, el 58%, ya tienen en su poder el Permiso de Protección Temporal (PPT), que autoriza a los migrantes a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales.
“Esa cantidad de personas con el Permiso son un logro muy grande. Ya hablamos de más de un millón de personas que se integraron al país de forma legal y regular. Es un caso singular en el mundo. Pero falta mucho. Y ahí será clave la sociedad civil para articular con los gobiernos locales y la cooperación internacional herramientas para llegar a muchas más personas”, consideró Las Heras.
Pero no solo eso. Hay una gran preocupación entre las organizaciones migrantes, porque si bien hay decretos, normas y reglas desde el Gobierno central, muchas veces esas actualizaciones normativas no llegan a los funcionarios de base, a los empresarios o a otros sectores. Y eso perjudica el acceso a derechos.
Ese vacío, en palabras de Juan Viloria, debe ser el foco de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. información, traducida en pedagogía clara y oportuna para que tanto quien quiere regularizarse como la persona que debe recibir al migrante hablen el mismo idioma: el de la garantía de derechos.
“El gran desafío es cerrar las brechas para acceder a derechos. Eso se logra con información. Que el funcionario sepa en el banco que con el PPT se puede abrir una cuenta o que se puede hacer afiliación a salud. Que el gerente entienda que con ese documento se puede vincular laboralmente con todas las garantías y evitar la explotación. Cuando cerremos esas brechas habremos avanzado un gran paso”, consideró Viloria. “Creemos que es urgente que se mantenga el tema en la agenda, porque si bien se han dado pasos grandes en la regularización, el éxodo está muy lejos de terminar”

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