DESPLAZAMIENTO

El crédito a los privados, en una caída histórica
En forma creciente, los bancos destinan más fondos a inversiones en Leliq y bonos; el financiamiento a empresas y personas representa solo el 6,4% de la economía
Javier Blanco

El sostenido déficit en que incurrió el Gobierno y la emisión monetaria a la que echó mano recurrentemente para financiarlo derivaron en que quienes operan en la economía local (empresas, personas) se queden virtualmente sin acceso al crédito. Así lo revelan los datos oficiales: la relación crédito/tamaño de la economía (PBI) está apenas en el 6,4%, de lejos el menor nivel de los últimos 30 años. En 1999, había llegado a ser del 23%.
El sostenido déficit en que incurrió el Gobierno y la emisión monetaria espuria a la que echó mano recurrentemente para financiarlo lograron que quienes operan en la economía local (empresas, personas) se queden virtualmente sin acceso al crédito.
Lo dicen muy claramente los datos oficiales: la relación crédito/ tamaño de la economía (PBI) está apenas en el 6,4%, de lejos el menor nivel de los últimos 30 años. En 1999 había llegado a ser del 23% cuando el crédito hipotecario, por caso, se había hecho casi popular.
“En 2022 el crédito para la vivienda representó apenas 0,2% del PBI. Nunca en los casi 80 años que hay registros de préstamos hipotecarios tuvimos un número tan bajo”, observó al respecto por estos días el economista Federico González Rouco.
El ratio total de crédito/PBI, por caso, es del 27% en Uruguay, del 48% en Perú, del 71% en Brasil y del 109% en Chile, dato consignado solo para tener una idea del desfase.
A ese nivel se llegó tras una retracción del 11,7% en términos reales del stock total desembolsado al cabo de los últimos 12 meses, reconoció el propio Banco Central (BCRA) en su último Informe Monetario. “La realidad es que está en mínimos. El Estado (Tesoro y BCRA) como gran sustractor de recursos desplaza al sector privado y la falta de horizonmarzo tes inhibe a la banca. Así la economía se priva de un factor capaz de dinamizar la demanda”, explica el economista y consultor Hernán del Villar, titular del Estudio Alpha.
¿Cómo se llegó a eso? Gracias a la extraordinaria perseverancia que mostró la administración Fernández para inyectar un montón de pesos en la economía aunque no hubiera demanda.
Eso no solo inundó el mercado de plata ociosa (y dio vuelo a la inflación), sino que además obligó al Banco Central a esterilizar (retirar del mercado) buena parte de esos pesos, al punto de hacer crecer en 13 veces su deuda remunerada en 45 meses (pasó de $1,1 billones a $14,1 billones), convalidando tasas de interés cada vez más elevadas (pasaron del 38% al 97% nominal anual en tres años). Yayudóaencarecerelcostodelfinanciamiento hasta tornarlo inaccesible para la mayor parte de las empresas (a menos que accedan a las líneas de crédito subsidiadas) y de las personas, en especial, afectadas además por una caída de ingresos.
El regreso de un viejo conocido
Al fenómeno que limita las posibilidades de negocio e inversión en la economía local se lo conoce como crowding out, que no es otra cosa que el efecto de desplazamiento o expulsión de las empresas del mostrador de crédito, que se pasa a volcar a inversiones en papeles de la deuda pública para financiar al Estado.
“Los bancos cuentan con liquidez pero la colocan principalmente en bonos o letras emitidas por el Estado, sea el Tesoro o el Banco Central”, explica el economista Nery Persichini, director de GMA Capital, autor de un informe no casualmente titulado “Los tentáculos del Estado sobre los bancos”, para dar cuenta del fenómeno que asfixia la actividad.
“Con datos a marzo el 36% del activo del sistema financiero se explica por Leliq y pases, y otro 17% por tenencias de títulos públicos. En términos consolidados, el stock de títulos del Estado (incluyendo BCRA) pasó de representar el 29,4% del activo total en diciembre de 2019 a 53% en último. La contracara fue un menor crédito para el sector privado que, medido como porcentaje del activo, representa hoy apenas 27%, cuando promedió el 44% entre 2016 y 2019”, explica, al dar cuenta de una tendencia descendente que empezó en enero de 2020 y nunca se detuvo.
La Fundación Libertad y Progreso (FLyP) también advirtió en un informe que, si se mide contra el pico de la última década, alcanzado por el crédito al sector privado en mayo de 2018 ($17.724.286 millones a precios de hoy), la caída del financiamiento llega al 44,6%. “Otra forma de verlo es que, si desde el máximo mencionado, el crédito al sector privado hubiese acompañado la inflación, entonces hoy sería 2,2 veces más alto de lo que es”, detallan.
El trabajo destaca que la restricción afectó más a los créditos a personas y a largo plazo. “Los préstamos personales ajustados por inflación se contrajeron 71% desde diciembre de 2019 y tocaron el menor nivel desde noviembre de 2005, mientras que el crédito con tarjetas bajó un 28,8% a su nivel más bajo en 12 años, y el stock de créditos hipotecarios se contrajo un 79,1%, estando ahora en su menor nivel desde principios de la década de 1990”, detallaron.
La caída en el financiamiento al consumo es algo que el Gobierno ahora busca limitar de cara a las elecciones, sellando un acuerdo con los bancos públicos y de capital privado nacional para ampliar 30% los cupos de crédito permitido con tarjetas. Pero de la iniciativa no participan los bancos extranjeros, entre los que se cuentan dos de los grandes sucursaleros, y aún las entidades que lo suscribieron aclararon que esa mayor capacidad se habilitará a los clientes entre los que detecten capacidad de repago.
Por esta razón, el economista jefe de FLyP, Eugenio Marí, dice que la medida es un “nuevo parche que no ayuda para mejorar de modo sostenible la disponibilidad de préstamos”.
“El crédito al sector privado es un motor fundamental para financiar proyectos de inversión que garanticen un aumento en la productividad de la economía”, recuerda por si hiciera falta Persichini

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Se incrementan los depósitos “garantizados” con deuda pública
Las entidades constituyen 15% de los encajes con bonos, liberando pesos, que se pusieron en circulación
Los bancos locales tienen cada vez una mayor porción de los encajes prudenciales constituida en títulos públicos, es decir que la contracara de una parte creciente de los depósitos privados en pesos es crédito que le concedieron a un deudor –como el Tesoro nacional– con pésima reputación y evaluado por las propias calificadoras como “muy riesgoso”.
El fenómeno es la parte menos visible del crowding out. Pero esa exposición -que luce poco prudencial viene creciendo sostenidamente en los últimos cinco años, es decir, desde que el Estado perdió totalmente el acceso al financiamiento voluntario.
Sin esa posibilidad, fue la administración Macri la que dio el puntapié inicial en medio de la corrida cambiaria y la crisis de 2018 para que los bancos puedan integrar parte de los encajes con bonos del Tesoro nacional (Bontes), además de hacerlo con letras del Banco Central (las recordadas Lebac) y sus sucesoras, y muchos más masivas letras de liquidez (Leliq). Fue una manera de hacerse de financiamiento accesible y barato en medio de aquel tembladeral general, permitiendo a la vez a los bancos obtener rendimiento por colocaciones que, hasta entonces, estaban obligados a mantener a tasa cero.
“La flexibilización arrancó entonces, aunque en raras ocasiones esto representó más del 4% de los depósitos. Sin embargo, a partir de junio de 2021 se les otorgó la posibilidad de que emplearan otros bonos como efectivo mínimo además de los recién mencionados, y en el último año también se flexibilizaron ciertas regulaciones al respecto. De esta forma, los títulos encajables pasaron de representar 9,5% de los depósitos en abril de 2022 a 15,2% en abril del corriente año”, explica el economista Nery Persichini, de GMA Capital.
Una repetición riesgosa
Sobre esta cuestión, detalla este analista, hay puntos para destacar.
“El primero es la expansión monetaria que esto representa: en lo que va de 2023 se inyectaron $1,1 billones en la economía solo por este motivo. Dinero que antes estaba en efectivo, pero que no circulaba en la economía, fue canalizado para financiar el déficit fiscal”, alerta, recordando que esto se dio además en un marco en que el BCRA emitió otros $670.000 millones por adelantos transitorios, $1,1 billones más para llevar adelante recompras de bonos de la deuda en el mercado secundario y $3,36 billones más para pagar los intereses de la “bola de Leliq”.
“El segundo es obvio: el riesgo que representa integrar en exceso títulos públicos como encajes. Si bien es cierto que remunera mayores intereses, ante un potencial evento de estrés de la deuda pública, los bancos no saldrían indemnes. Al aumentar la exposición del sector bancario al soberano, crece el riesgo de contagio al sistema en su conjunto. Salvando las distancias, parte de la experiencia traumática de 2001 se vinculó a eso”, recuerda
El encaje es la porción del dinero captado de terceros (depósitos) que los bancos comerciales no pueden prestar. Ese dinero queda inmovilizado en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta en el BCRA. En este caso, parte creciente, tal como se detalló, se destinó a financiar gasto público.
Los datos de la última licitación de deuda, que el Gobierno presentó como muy exitosa, al conseguir una tasa de refinanciación del 131%, son reveladores respecto del abuso que hay con esta herramienta: más del 40% de lo colocado ($304.000 millones) fue explicado por el nuevo Bonte 25, un título suscripto íntegramente por los bancos porque, precisamente, lo pueden utilizar para integrar dicha posición de resguardo

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