EDITORIAL

Colegios tomados, padres denunciados
Es imprescindible restablecer el respeto a la autoridad y poner límites a medidas de fuerza de estudiantes para proteger los derechos de todos
La reciente toma del Colegio Nacional de Buenos Aires por un grupo de estudiantes en contra de la continuidad de la rectora, Valeria Bergman, confirma la subversión de valores a la que asistimos
Atrapados en un círculo vicioso, si no atendemos debidamente la cuestión educativa, los jóvenes seguirán creyendo que tienen permiso para todo
Qué lejos parece haber quedado el tiempo en el que las escuelas eran espacios privilegiados para el aprendizaje, especialmente así reconocidos por padres que respetaban y apoyaban a los coeducadores de sus hijos, hoy vilipendiados con demasiada frecuencia.
La reciente toma del Colegio Nacional de Buenos Aires por un grupo de estudiantes en contra de la continuidad de la rectora, Valeria Bergman, junto a numerosos episodios similares ocurridos en los últimos tiempos en distintos establecimientos educacionales porteños, confirman la subversión de valores a la que asistimos.
Una sociedad empobrecida no es solo la que exhibe un 40% de pobres, sino también aquella incapaz de promover el respeto por los principios y valores que hacen a nuestra convivencia.
Los reclamos por mejoras de infraestructura, cantidad y calidad de viandas, así como por la readecuación de las pasantías obligatorias de los colegios pueden cursarse por vías institucionales. Que así se haga garantiza el respeto por los derechos de todos, algo que los chicos deben aprender y que sus mayores no les estamos enseñando con tan malos ejemplos. Promover el diálogo y la participación es también educarlos. A su edad son considerados inimputables, pero cabe recordar como antecedente al alumno que reiteradamente amenazó con explotar una bomba en un establecimiento; la Justicia responsabilizó a su madre.
El gobierno porteño, tal como había anticipado, pidió por vía judicial los resarcimientos correspondientes a los perjuicios ocasionados con las tomas. Con un reclamo de 50 millones de pesos asociados al costo laboral de haber tenido cerrados los establecimientos, denunció penalmente a 366 padres e impulsó 21 presentaciones civiles.
“Cuando se produce una toma, si las familias deciden no retirar a los chicos, son tan responsables como los chicos”, afirmó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Las denuncias, radicadas en el fuero penal y contravencional tienen base en que los padres permitieron la usurpación de un edificio público.
Las voces de la oposición no se hicieron esperar y calificaron de “medidas a contramano” y de “vergüenza” lo que claramente constituye un razonable mecanismo de reparación que combate el extendido registro de que todo está permitido sin medir consecuencias. Los padres que avalaron las tomas y firmaron estar de acuerdo, aprobando el accionar de sus hijos, recibirán formalmente la demanda. Ella contempla un monto por escuela, en función de los días sin clases, y el correspondiente prorrateo entre los padres.
Con la misma lógica, los piqueteros o manifestantes que vandalizan lugares públicos deben ser sancionados. No podemos seguir minando el principio de autoridad y alentando el descontrol y la falta de respeto por los derechos y los espacios de todos. Atrapados en un círculo vicioso, si no atendemos debidamente la cuestión educativa, las jóvenes generaciones seguirán creyendo que tienen permiso para todo. Confundir el respeto a la autoridad con autoritarismo es peligroso. Los límites razonables siempre son saludables, pues protegen los derechos de todos y favorecen la convivencia.

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