EDITORIALES X 2

Un malentendido fatal del populismo
Lidia Beatriz Hernández y Marcelo Halperin
Quizás el malentendido fatal del populismo podría expresarse de la siguiente manera: como suposición errónea sobre el carácter inofensivo del engaño a poblaciones que, estando sometidas a penosas condiciones de vida, son incitadas al ejercicio de una fallida libertad de acción.
El engaño radica en la suscripción política y jurídica de promesas de autodeterminación y libertad. Pero debido a que las condiciones de subsistencia no pueden ser enteramente borradas de la conciencia, dichas propuestas se presentan como transgresiones exitosas.
Frente a una imagen arrasadora e implacable de las instituciones jurídicas, el populismo contraataca evocando… el principio del placer. La inocuidad del engaño populista parecería estar garantizada por el carácter estrictamente individual de las transgresiones autorizadas y reconocidas como legítimas, en tanto solo podrían ser llevadas a cabo por cada sujeto y para su propia intimidad. Se trata de flexibilizar al máximo los compromisos propios de las relaciones familiares; reconfigurar identidades sexuales; y facilitar e inducir (hasta con dádivas y subsidios incondicionados) el uso y consumo de dispositivos electrónicos y sustancias adictivas para recrear ensoñaciones placenteras.
Empeñado en esta estrategia política, el populismo va ensanchando los márgenes de reconocimiento y legitimidad a fin de colmar tales aspiraciones a título de compensación y a medida que aumenta el grado de dificultad en las condiciones de subsistencia.
Pero la hipótesis de inocuidad parece cada vez más inverosímil porque la tolerancia sobre conductas individuales no puede prescindir de las derivaciones interpersonales. Estas derivaciones son las que, curiosa mente, permiten sobrellevar aquellas duras condiciones de vida que el populismo aspira a negar o encubrir.
En las instituciones jurídicas, el cuidado sobre tales implicaciones interpersonales tiene un nombre: “orden público”. Determinadas cuestiones de derecho privado suelen estar resguardadas a título de “orden público”, por lo que no son susceptibles de alteración invocando la autonomía de la voluntad.
El problema social se manifiesta cuando las disposiciones de orden público, en lugar de ser modificadas o sustituidas, son directamente suprimidas por su sesgo represivo y en nombre de la libertad. Por ejemplo, el reconocimiento y la legitimación de la mayor precariedad y ligereza en los lazos familiares, de las intervenciones sobre el propio cuerpo en reivindicación del derecho a una diversidad sexual o bien la incitación al uso y consumo exacerbado de amuletos y sustancias adictivas traen consigo, necesariamente, la descalificación de una variedad de disposiciones de “orden público” instituidas precisamente para reducir los efectos de la vulnerabilidad de sujetos individuales privados de acompañamiento, fidelidad, cuidado y protección. El resultado es conocido: cuando los sujetos individuales son manipulados sin atender a sus pertenencias y referencias sociales mediante la supresión de instituciones de orden público, en lugar de una transgresión exitosa se instalan síndromes de abandono y desolación.
Finalmente, el desamparo puede invitar al alzamiento vandálico. En tales circunstancias, siguiendo a E. P. Thompson apropósito de las trágicas revueltas de campesinos ingleses hambreados durante los siglos XVII y XVIII, cabe preguntarse acerca del mensaje cifrado de los amotinados: ¿están impugnando el principio de autoridad o bien reclaman su pronta
Hernández, profesora titular consulta de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UBA; Halperin, investigador y docente en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata

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El sideral costo de la TV Pública
Sumamente costoso y totalmente acrítico sobre los actos de gobierno, el canal oficial elude a la oposición y da amplio espacio a condenados del oficialismo
Dos legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron ya hace un tiempo que se presente en el Congreso la titular de Radio Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, para que informe sobre varios temas: la cobertura del Olivos gate, los gastos por la cobertura del Mundial de Qatar, la millonaria indemnización de Orlando Barone, el escandaloso retiro de bolsas con 11 millones de pesos, la denuncia por abuso sexual de un empleado y la renuncia del director Leo Flores.
A esa lista habría que agregar en lugar prioritario, si no en el primero, una explicación que justifique haberle regalado cincuenta minutos de la pantalla de la TV Pública –es decir, de todos los argentinos– al ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja, que reivindicó como una gesta los luctuosos hechos sucedidos hace cincuenta años en Rawson y Trelew, que incluyeron, además, el secuestro de un avión de línea de Aerolíneas Argentinas. Asombró que el entrevistador no le hiciera ni una sola pregunta incisiva ni, mucho menos, una repregunta, por lo cual todo el envío (en verdad, casi un monótono y larguísimo monólogo del exterrorista) resultó apologético de aquella etapa tremebunda de los sangrientos años setenta. La señora Lufrano debería argumentar largamente ante los representantes del pueblo en el Parlamento las razones de esa incomprensible difusión, que extendió, con envíos del mismo tenor, a otros medios oficiales bajo su órbita, como Radio Nacional.
Por lo que esta funcionaria ni siquiera se toma el trabajo de ocultar, su suerte en lo más alto de la administración pública está en todo momento íntimamente ligada a Alberto Fernández. De hecho, encabeza con una foto de ambos su cuenta de Twitter. No es para menos: cuando el actual presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y ella dirigía la TV Pública, abandonó ese puesto en 2008, en coincidencia con el alejamiento de Fernández, quien a partir de ese momento, tras el conflicto con el campo y durante diez años, se convirtió en furibundo crítico del kirchnerismo. Lufrano volvió a un cargo superior, como titular de RTA, que conduce junto con la TV Pública, la red de emisoras de Radio Nacional y el Canal 12, de Trenque Lauquen, al mismo tiempo que Alberto Fernández se convirtió en presidente de la Nación.
Entre un destino y otro, la actual mandamás de los contenidos audiovisuales públicos cobró del Estado una suculenta indemnización que, no obstante, no le impidió volver a la misma estructura estatal con un sueldo superior.
Junto con su segundo en el directorio de RTA, el actor Osvaldo Santoro, recibió a una delegación de funcionarios de la cancillería cubana y, según se informa en el sitio web del holding estatal, se “evaluaron posibilidades de intercambio”. Hay que reconocerle cierta coherencia ideológica a la señora Lufrano: Vaca Narvaja y sus secuaces, luego de sus violentas andanzas de hace medio siglo, se refugiaron en la isla caribeña que el castrismo retiene con mano militar desde hace 63 años. ¿Qué tipo de materiales valiosos puede brindar un país sojuzgado hace tanto tiempo por un implacable autoritarismo vitalicio a una democracia, como la nuestra, que el año que viene cumplirá cuarenta años de vigencia sin interrupciones?
La inclinación de la pantalla estatal por darles vidriera a personajes condenados por la Justicia (lo es Vaca Narvaja, sentencia que no borró el indulto que el presidente Carlos Menem otorgó en 1990 a jefes militares y guerrilleros) se constata en la atención periódica y acrítica que les brinda a otros sentenciados en distintos tribunales, como Milagro Sala y Amado Boudou.
Recientemente, se publicó un pormenorizado informe que demostró cómo los dirigentes de la oposición son muy esporádicos convidados de piedra en la TV Pública, mientras se realzan de manera abrumadora la mayoría de las actividades del oficialismo. En el primer semestre de 2022, la TVP gastó un 114% más que el año pasado (es decir que superó ampliamente la inflación acumulada en el mismo período). El Estado destina actualmente 14.000 millones de pesos anuales a mantener el canal oficial (para 2023, el Gobierno prevé llevar el presupuesto a 25.000 millones), un costo sideral que de ningún modo justifica las contraprestaciones descriptas.

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