La Justicia bonaerense, un extraño olvido de Manes
DANIEL BILOTTA
Facundo Manes cumplió una regla que parecen respetar quienes fueron o aspiran ser candidatos por Juntos en la provincia de Buenos Aires, pero cuya vida cotidiana transcurre lejos de allí: omitir cualquier referencia embarazosa al estado de sus servicios de Justicia y de seguridad. Algo extraño para quienes están lanzados de forma prematura al proselitismo. El populismo institucional que le atribuyó al gobierno de Mauricio Macri es otra demostración del apego irrestricto a esa norma. Aunque llevándola más lejos en este caso. Expresaría la aparente resistencia a convertirse en candidato a gobernador: la forma de disimular las dificultades que tiene su proyecto presidencial, precisamente por la falta de una figura atractiva para el electorado bonaerense, el más numeroso. Esto complicaría las posibilidades de la UCR para competir en una PASo.
Esa es la disidencia tácita, pero profunda, que expresan los comunicados del Comité Nacional, que encabeza Gerardo Morales, y el bonaerense. Maxi Abad, titular de este último, no tuvo otra alternativa que respaldar a Manes. Lo eligió el año pasado para enfrentar a Diego Santilli en las primarias. Si el neurocientífico tuviese que ocupar ese rol, tal vez se vería forzado a quebrar el silencio que guardan quienes enfocan sus discursos en un cambio que garantice una mayor calidad institucional en esas áreas. Algo frecuente en Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. Pero, al igual que Santilli, Abad y quienes aspiran a representar a sus votantes no estimaron relevante aludir a la destitución de Martín Manuel ordoqui del Tribunal de Casación Penal. Resulta extraño. El juicio político contra el ahora exjuez fue iniciado en la gestión de la exgobernadora. Carrió fue una aliada crucial para avanzar en causas como estas. Desde su creación en 1994, es la primera vez que por unanimidad un jurado de enjuiciamiento resuelve destituir a un miembro de ese tribunal, el más importante después de la Corte.
ordoqui fue hallado responsable de dictar fallos para favorecer a integrantes de una megabanda delictiva dedicada al desfalco de viviendas en City Bell. El testimonio de Betina Lacki fue vital. La investigación de la fiscal en esa causa también lo implicó en el juicio oral y público que se le sigue a César Melazo, que comenzó dos días después de su destitución. El exjuez de Garantías de La Plata es acusado de liderar esa megabanda. Como a Cristina en la causa Vialidad, el beneficio de la duda lo eximiría del cargo de asociación ilícita, pero no de los de tenencia ilegal de armas de guerra y de negociaciones incompatibles con la función pública. Las escuchas telefónicas a ordoqui ordenadas por Lacki podrían complicar a Víctor Violini, Daniel Carral y Fernando Mancini, jueces del mismo tribunal.
En el jury a ordoqui, todos rechazaron conocer, y menos participar, de fallos amañados. Sus casos son trascendentes por otro sobre el que todavía no resolvió la Corte. El recurso extraordinario del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para que se anule la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos a la que fue condenado por la Justicia Correccional. Para hacerlo debería reunir una mayoría de seis vocales sobre siete posibles.
Menéndez es además titular del grupo Bapro. La sentencia en su contra está confirmada en dos instancias. La Corte tiene cuatro vocales y tres vacantes. Para evitar que esos lugares sean ocupados circunstancialmente por jueces de Casación, la Corte procura consensuar todos sus fallos. El de Menéndez divide opiniones. Hilda Kogan y Daniel Soria votarían por rechazar su pedido. A favor lo harían Luis Genoud y el siempre ubicuo Sergio Torres. Elegido por Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari para representar a Juntos en ese cuerpo.
No es la única calamidad con la que convive el exministro de Justicia de Vidal. Se habría autoimpuesto un compromiso exigente: que pase a Comodoro Py la causa donde se acusa a su exjefa de espionaje. La Cámara Federal de La Plata confirmó en ella al juez Nicolás Kreplak y a la fiscal Ana Russo. La esposa del fallecido Eduardo De Lázzari, que acusó en 2019 a Vidal de armar causas a los jueces que no se sometían a sus políticas.
Russo habría llegado al cargo en una negociación entre De Lázzari y Julián Álvarez. El viceministro de Justicia y el titular de la Corte habrían acordado eso a cambio de que Javier Rodiño sea juez en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Sebastián Scalera pidió a Carlos Baccini el juicio político de Rodiño por el supuesto vaciamiento del Policlínico Lomas.
Antes de ser juez, Rodiño fue síndico de la empresa que gerenciaba ese centro de salud. Scalera es el fiscal general adjunto en Lomas de Zamora y Baccini su superior. Scalera apelará el nuevo sobreseimiento dictado por Brenda Madrid a Pablo Moyano en la causa donde se investiga su presunta asociación ilícita con barras del club Independiente. La presencia del Sindicato de Camioneros compitió con la columna de Mario Secco en el acto de reconocimiento al papa Francisco convocado por el obispo Víctor Fernández en la catedral de La Plata, la semana pasada.
El intendente quedó sin el control de la causa, donde está acusado por resistencia a la autoridad y coacción agravada tras irrumpir en la sesión de la Legislatura bonaerense que trataba la derogación del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. Una facultad que habría ejercido mediante Juan Pablo Caniggia. Fiscal inicial y confidente de sus colegas Virginia Huergo y Hugo Tesón en las reuniones que compartía con la vivienda de esa pareja en el barrio Villa del Plata de Punta Lara. Caniggia fue apartado por no apelar la morigeración de prisión concedida a Ángel “Pipi” Yalet, miembro de la megabanda. Huergo mantiene una estrecha relación con la diputada Susana González, exsecretaria de Seguridad de Secco y una de las fiscales en el juicio contra Melazo. Un rol en el que luce visiblemente incómoda. El de Ensenada es el único intendente alineado con Axel Kicillof.
For el decreto 1315 del 22 de septiembre, el gobernador creó la oficina de Contrataciones, que concentrará todas las licitaciones de la administración bonaerense. Un tributo de La Cámpora al modelo diseñado por Mario Quintana para el PAMI en el gobierno de Macri. La titular de esa oficina es María Victoria Anadón, ligada a Nicolás Kreplak. Hasta el mes pasado fue la secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Salud. De Anadón dependerá una estructura de 20 cargos jerárquicos que desplazará de esas funciones a la Contaduría General. Junto a la Dirección de Administración, dos áreas de solvencia técnica cuya conducción compartieron oficialismo y oposición desde el gobierno de Antonio Cafiero. Una tradición que Kicillof acaba de modificar, probablemente previendo que si el Frente de Todos conserva el gobierno, lo hará con una Legislatura desfavorable. Un escenario donde el servicio de los intendentes para destrabar el diálogo con Juntos en la primera mitad de su mandato podría ser una redundancia. La oficina de Contrataciones estará en la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero será ajena a cualquier injerencia de su titular, Martín Insaurralde. Una novedad que habría irritado al intendente de Lomas de Zamora. Casi tanto como las expresiones de Manes a Morales, que habría sabido de ellas por los medios. Por ahora solo conjeturas apresuradas en medio de una ceguera generalizada en Juntos sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Pero especialmente de Manes, votado para representar a los electores de ese distrito. ●
Facundo Manes cumplió una regla que parecen respetar quienes fueron o aspiran ser candidatos por Juntos en la provincia de Buenos Aires, pero cuya vida cotidiana transcurre lejos de allí: omitir cualquier referencia embarazosa al estado de sus servicios de Justicia y de seguridad. Algo extraño para quienes están lanzados de forma prematura al proselitismo. El populismo institucional que le atribuyó al gobierno de Mauricio Macri es otra demostración del apego irrestricto a esa norma. Aunque llevándola más lejos en este caso. Expresaría la aparente resistencia a convertirse en candidato a gobernador: la forma de disimular las dificultades que tiene su proyecto presidencial, precisamente por la falta de una figura atractiva para el electorado bonaerense, el más numeroso. Esto complicaría las posibilidades de la UCR para competir en una PASo.
Esa es la disidencia tácita, pero profunda, que expresan los comunicados del Comité Nacional, que encabeza Gerardo Morales, y el bonaerense. Maxi Abad, titular de este último, no tuvo otra alternativa que respaldar a Manes. Lo eligió el año pasado para enfrentar a Diego Santilli en las primarias. Si el neurocientífico tuviese que ocupar ese rol, tal vez se vería forzado a quebrar el silencio que guardan quienes enfocan sus discursos en un cambio que garantice una mayor calidad institucional en esas áreas. Algo frecuente en Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. Pero, al igual que Santilli, Abad y quienes aspiran a representar a sus votantes no estimaron relevante aludir a la destitución de Martín Manuel ordoqui del Tribunal de Casación Penal. Resulta extraño. El juicio político contra el ahora exjuez fue iniciado en la gestión de la exgobernadora. Carrió fue una aliada crucial para avanzar en causas como estas. Desde su creación en 1994, es la primera vez que por unanimidad un jurado de enjuiciamiento resuelve destituir a un miembro de ese tribunal, el más importante después de la Corte.
ordoqui fue hallado responsable de dictar fallos para favorecer a integrantes de una megabanda delictiva dedicada al desfalco de viviendas en City Bell. El testimonio de Betina Lacki fue vital. La investigación de la fiscal en esa causa también lo implicó en el juicio oral y público que se le sigue a César Melazo, que comenzó dos días después de su destitución. El exjuez de Garantías de La Plata es acusado de liderar esa megabanda. Como a Cristina en la causa Vialidad, el beneficio de la duda lo eximiría del cargo de asociación ilícita, pero no de los de tenencia ilegal de armas de guerra y de negociaciones incompatibles con la función pública. Las escuchas telefónicas a ordoqui ordenadas por Lacki podrían complicar a Víctor Violini, Daniel Carral y Fernando Mancini, jueces del mismo tribunal.
En el jury a ordoqui, todos rechazaron conocer, y menos participar, de fallos amañados. Sus casos son trascendentes por otro sobre el que todavía no resolvió la Corte. El recurso extraordinario del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para que se anule la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos a la que fue condenado por la Justicia Correccional. Para hacerlo debería reunir una mayoría de seis vocales sobre siete posibles.
Menéndez es además titular del grupo Bapro. La sentencia en su contra está confirmada en dos instancias. La Corte tiene cuatro vocales y tres vacantes. Para evitar que esos lugares sean ocupados circunstancialmente por jueces de Casación, la Corte procura consensuar todos sus fallos. El de Menéndez divide opiniones. Hilda Kogan y Daniel Soria votarían por rechazar su pedido. A favor lo harían Luis Genoud y el siempre ubicuo Sergio Torres. Elegido por Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari para representar a Juntos en ese cuerpo.
No es la única calamidad con la que convive el exministro de Justicia de Vidal. Se habría autoimpuesto un compromiso exigente: que pase a Comodoro Py la causa donde se acusa a su exjefa de espionaje. La Cámara Federal de La Plata confirmó en ella al juez Nicolás Kreplak y a la fiscal Ana Russo. La esposa del fallecido Eduardo De Lázzari, que acusó en 2019 a Vidal de armar causas a los jueces que no se sometían a sus políticas.
Russo habría llegado al cargo en una negociación entre De Lázzari y Julián Álvarez. El viceministro de Justicia y el titular de la Corte habrían acordado eso a cambio de que Javier Rodiño sea juez en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Sebastián Scalera pidió a Carlos Baccini el juicio político de Rodiño por el supuesto vaciamiento del Policlínico Lomas.
Antes de ser juez, Rodiño fue síndico de la empresa que gerenciaba ese centro de salud. Scalera es el fiscal general adjunto en Lomas de Zamora y Baccini su superior. Scalera apelará el nuevo sobreseimiento dictado por Brenda Madrid a Pablo Moyano en la causa donde se investiga su presunta asociación ilícita con barras del club Independiente. La presencia del Sindicato de Camioneros compitió con la columna de Mario Secco en el acto de reconocimiento al papa Francisco convocado por el obispo Víctor Fernández en la catedral de La Plata, la semana pasada.
El intendente quedó sin el control de la causa, donde está acusado por resistencia a la autoridad y coacción agravada tras irrumpir en la sesión de la Legislatura bonaerense que trataba la derogación del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. Una facultad que habría ejercido mediante Juan Pablo Caniggia. Fiscal inicial y confidente de sus colegas Virginia Huergo y Hugo Tesón en las reuniones que compartía con la vivienda de esa pareja en el barrio Villa del Plata de Punta Lara. Caniggia fue apartado por no apelar la morigeración de prisión concedida a Ángel “Pipi” Yalet, miembro de la megabanda. Huergo mantiene una estrecha relación con la diputada Susana González, exsecretaria de Seguridad de Secco y una de las fiscales en el juicio contra Melazo. Un rol en el que luce visiblemente incómoda. El de Ensenada es el único intendente alineado con Axel Kicillof.
For el decreto 1315 del 22 de septiembre, el gobernador creó la oficina de Contrataciones, que concentrará todas las licitaciones de la administración bonaerense. Un tributo de La Cámpora al modelo diseñado por Mario Quintana para el PAMI en el gobierno de Macri. La titular de esa oficina es María Victoria Anadón, ligada a Nicolás Kreplak. Hasta el mes pasado fue la secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Salud. De Anadón dependerá una estructura de 20 cargos jerárquicos que desplazará de esas funciones a la Contaduría General. Junto a la Dirección de Administración, dos áreas de solvencia técnica cuya conducción compartieron oficialismo y oposición desde el gobierno de Antonio Cafiero. Una tradición que Kicillof acaba de modificar, probablemente previendo que si el Frente de Todos conserva el gobierno, lo hará con una Legislatura desfavorable. Un escenario donde el servicio de los intendentes para destrabar el diálogo con Juntos en la primera mitad de su mandato podría ser una redundancia. La oficina de Contrataciones estará en la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero será ajena a cualquier injerencia de su titular, Martín Insaurralde. Una novedad que habría irritado al intendente de Lomas de Zamora. Casi tanto como las expresiones de Manes a Morales, que habría sabido de ellas por los medios. Por ahora solo conjeturas apresuradas en medio de una ceguera generalizada en Juntos sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Pero especialmente de Manes, votado para representar a los electores de ese distrito. ●
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