LA OPINIÓN DE JORGE LIOTTI

Función especial en el Gaumont
Jorge Liotti
Los piqueteros ya llevaban un día de acampe en la avenida 9 de Julio; el gremio de los neumáticos mantenía un bloqueo irreductible que paralizaba las plantas automotrices; bandas auto-identificadas como mapuches tomaban por asalto las casas de Villa Mascardi y se parapetaban con barricadas; y alumnos de colegios porteños protagonizaban una insólita toma de las escuelas. Era martes al mediodía y el país se había transformado en un caótico campamento revolucionario.
En ese momento los ministros del Gobierno recibieron en el chat grupal un mensaje de la portavoz Gabriela Cerruti: “Compañeres, les invito a compartir con el Presidente la premier de la película Argentina 1985 en el cine Gaumont, este jueves a las 16 horas”. Alberto Fernández estaba decidido a ir porque consideraba que era “un acto de educación cívica”. Una manera de revivir la épica histórica del juzgamiento a los dictadores militares y eludir por un rato sus penurias del presente con sindicalistas y piqueteros. De inmediato le empezaron a llover mensajes de sus funcionarios recomendándole que no asistiera porque se interpretaría como una señal de disociación grave con la realidad. Reconsideró su decisión y finalmente no fue.
El episodio, mínimo pero significativo, terminó por graficar las extrañas dinámicas con las que se movió el Gobierno en una semana en la que volvió a instalarse con fuerza la sensación de que el país navega otra vez aguas turbulentas. Pasó hace un mes, con el atentado contra Cristina Kirchner; ocurrió en julio, cuando renunció Martín Guzmán y la economía se descalibró. La multiplicación y prolongación de los conflictos, inconexos entre sí, contribuyeron a configurar la percepción de que la Argentina bordea peligrosamente la frontera de la anarquía. O como diría el politólogo Luis Tonelli, la “inarquía, que es la incertidumbre absoluta. Si la anarquía es que todos tienen el mismo poder –el estado de naturaleza de Hobbes–, inarquía es que estamos todos impotentes con instituciones deslegitimadas que no confieren autoridad”. Esta vez no rige un temor a una disrupción institucional, sino a una escalada imparable de la conflictividad ante la retracción del Estado y la relativización del significado de las normas. Si el Estado es incapaz de brindar soluciones, también está descalificado para imponer la ley. Entonces hay que hacer valer el peso de la fuerza. No es casual que todas las tensiones son protagonizadas por grupos organizados, y no por ciudadanos autoconvocados.
El único factor común detrás de las disputas que sembraron la semana fue la inacción del Estado para prevenir, acotar o encarrilar las demandas. El Gobierno volvió a emerger sin coordinación ni reflejos para evitar las escaladas y fue interpelado en todas sus líneas. Aníbal Fernández, con Villa Mascar di tomada por los mapuches; Claudio Moro ni, con el ministerio tomado por alejandro crespo y los campera negra; Juan Zabaleta –que también tiene Hurlingham tomado, pero por La Cámpora–, desafiado por Eduardo Belliboni y sus huestes. Muchos se preguntaron por el papel de Juan Manzur, después de que el miércoles encabezara una deshilachada reunión de gabinete con solo siete ministros y el viernes a la mañana partiera otra vez para Tucumán. Hay áreas de la gestión que parecen haber claudicado, a la espera del Mundial y el calendario electoral. Como si el Gobierno se hubiese terminado un año antes y solo se dedicara a administrar los problemas sin poder resolverlos.
En este contexto no sorprendió el regreso de Cristina Kirchner a la insidia económica. El detonante fue la difusión del incremento de la indigencia en el primer semestre del año, que pasó del 8,2 al 8,8%, es decir, casi 7% más. Eso fue lo que miró la vicepresidenta, mucho más que la merma acotada de la pobreza. Tiene lógica, los sectores más desfavorecidos conforman su núcleo electoral. El dato fue particularmente preocupante porque corresponde a un período en el que los precios todavía no se habían desbocado del todo y en el que hubo un crecimiento de la actividad económica 6,5% superior al primer semestre de 2021. La lectura inequívoca es que con más inflación y un claro enfriamiento en la actividad y el consumo, la segunda mitad del año va a dar números mucho peores.
La vicepresidenta ya estaba alerta desde una semana antes, cuando había sido advertida por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige Hernán Letcher, el economista que más escucha, después de Axel Kicillof. Allí se vinculaba la profundización del deterioro de los indigentes con el incremento de los precios de los alimentos. “Tres empresas líderes en rubros de alimentación reflejan en los balances de este año importantes tasas de rentabilidad bruta, pese a que los primeros meses de 2022 fueron de cierto amesetamiento del consumo, y en algunos rubros verificaron cierto nivel de recesión”, marca el estudio que apunta contra Arcor, Molinos Río de la Plata y Ledesma. Allí estuvo la inspiración intelectual de los tuits del miércoles. “Para Cristina, el aumento de precios de los productos básicos no es un mecanismo económico, es una política para desestabilizar al Gobierno”, ilustra un morador del Instituto Patria.
En el campamento de sergio massa relativizaron el señalamiento de Cristina, resaltaron que ambos hablaron antes y después de los mensajes y entienden que se trata de “un guiño para su propia tropa”. Sin embargo, dentro del Gobierno y en el mundo privado se leyó como el primer raspón en la carrocería del ministro. “Empezó a instalarse la idea de que a Sergio los números no le cierran”, sintetiza un hombre cercano al Presidente. En La Cámpora no pronostican una escalada crítica que reedite los mejores capítulos de la vieja serie “Cristina versus Martín”, pero sí resaltan que “aunque hay voluntad de acompañar, el sector más marginado tiene que estar adentro” y que “Cristina no se va a incinerar por Sergio; evaluará resultados”. Reapareció el pliego de condiciones.
El kirchnerismo no solo leyó los índices sociales, también interpretó que varios de los conflictos tienen como denominador común el envalentonamiento de la izquierda trotskista, en particular del Partido Obrero, que desafía su base de sustentación. Quizás por eso Máximo Kirchner mantiene una línea abierta a través de Pablo Moyano, quien ofició de representante de Alejandro Crespo en el conflicto de los neumáticos. Juan Grabois, en tanto, es el nexo con Belliboni. El kirchnerismo no deja de hacer el doble juego de ser parte del Gobierno y al mismo tiempo oxigenar su naturaleza opositora, para liberar la presión de sus bases.
Massa, astuto, ya ofrece una respuesta a estas presiones. Impulsa un bono a la indigencia cuyo formato, monto y universo recién empezarán a discutirse mañana con la Anses. El mismo instinto de supervivencia llevó a Massa a postergar un mes más la suba de las tarifas. Lo hizo con argumentos técnicos atribuidos a la segmentación imposible, aunque también pesó la lectura política de la oportunidad. Lo que aseguran en su entorno que no está dispuesto a hacer es endurecer los controles de precios, como pretende Cristina.
Cuando el lunes a la noche Alberto Fernández recibió a la cúpula de la CGT los gremialistas le pidieron mayor participación para moderar la tensión social, minimizando el dato de que en ese mismo acto estaban generando un cortocircuito fatal con Pablo Moyano. El Presidente cumplió: buscó calmar la interna al recibir al camionero dos días después y ofreció a Julio Vitobello como intermediario con Crespo para acercar posiciones. El propio Fernández habló con los empresarios del sector de neumáticos para conciliar. Su mejor versión por un rato volvió a ser la del operador tras bambalinas, como cuando era jefe de Gabinete. Pero eludió ejercer su poder presidencial al pasar por alto la violenta ocupación de camioneros en una planta logística de Avellaneda y al obviar las exaltaciones verbales de Moyano hijo que auguran más conflictividad.
En esa misma cena del lunes, Fernández sorprendió a los comensales con una confidencia: quiere que haya PASO el año próximo para poder competir por su reelección. A uno de sus íntimos le confesó esta semana: “Si el kirchnerismo no se da cuenta de que en 2023 habrán pasado 20 años desde que Néstor llegó al poder, y cómo se desgastaron en el camino, no entienden nada. Nosotros desde el peronismo debemos enfrentarlos”. Otra función para el Gaumont.•
“Para Cristina, el aumento de precios es una política para desestabilizar al Gobierno”, ilustra un morador del Instituto Patria

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