LA OFENSIVA CONTRA LA CORTE SUPREMA

La Justicia, en jaque
Diego P. Isabella
El funcionamiento institucional de un país y de una república depende, en gran medida, del adecuado y eficaz devenir de los órganos que la conforman. En especial el sistema de frenos y contrapesos, que presupone la existencia de una verdadera república, recae con mayor preponderancia en el rol de la Justicia cuando ella es llamada a dirimir las cuestiones que hacen al juzgamiento de la corrupción estatal y al control de los abusos de sus funcionarios. Sin una Justicia independiente, que contenga jueces probos y preparados, difícilmente podamos encontrar un marco eficaz para el desarrollo de un país que genere las condiciones de certidumbre jurídica necesarias para lograr atraer inversiones, mayor empleo y desarrollo de la sociedad.
Si bien resulta imposible reducir a esta sola cuestión la falta de institucionalidad, lo cierto es que la existencia de una Justicia eficaz es por lo menos la base de comienzo.
Y allí nos encontramos con enormes dificultades que vienen de décadas, pero que en este gobierno en particular se han profundizado a niveles inimaginables: el Ejecutivo atacando a la Corte porque no falla conforme sus intereses, en un escenario que denota y desenmascara la intención de socavar el prestigio del máximo tribunal, por medio de echar mano de un jury absolutamente injustificado.
Parecería que los bolsos con millones de dólares revoleándose por los tejados de los conventos, las obras públicas con sobreprecios e inconclusas, y un fallo condenatorio contra la vicepresidenta no son suficientes para el Presidente. No quiere ahora reconocer lo que antes sí hacía, la corrupción enclavada en las más altas esferas de su gobierno. No solo no lo hace, sino que además se atreve a atacar la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado, la Justicia.
La promoción por parte del presidente de la Nación de un jury a la Corte Suprema no es la única esconcursos trategia ideada para amordazar a la Justicia: hay otras artimañas que se vienen utilizando de antaño para el mismo fin por parte del Estado.
La sanción de diversas leyes, luego declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal de la Nación, que reglamentaban la integración, quorum y mayorías del organismo encargado de seleccionar a los jueces federales, el Consejo de la Magistratura, también fue un accionar ilegítimo, en ese caso del Poder Legislativo, para desequilibrar y desquiciar el mecanismo de selección de jueces en favor del poder político.
La falta de acuerdos para avanzar en la designación de jueces a nivel nacional, y también en la provincia de Buenos Aires, ha generado una vacancia histórica del orden del 25% en la Justicia. A nivel nacional, el Consejo de la Magistratura continúa desintegrado, faltan los representantes del Senado, en virtud del conflicto generado por el Frente de Todos, que trabó la designación de Juntos por el Cambio. Los siguen muy demorados, con escasos avances y la virtual parálisis del organismo encargado de conformar las ternas a jueces.
El Consejo de la Magistratura informa solo 10 concursos aprobados durante 2022, frente a las 242 vacantes a cubrir de la Justicia Federal. La demora también se traslada a las etapas ulteriores: la designación del postulante dentro de la terna por parte del Ejecutivo, y la del Senado aprobando los pliegos, proceso complejo que llevó a que en 2022 solo se nombraran 25 jueces.
Esta difícil situación exige una profunda reforma de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, que permita agilizar los trámites, transparentar y hacer objetivo el puntaje en las entrevistas personales, y, sobre todo, repensar un mecanismo que impida la obstaculización de los acuerdos.
Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; director del Instituto de Acceso a la Justicia AAJC

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