LOS KK CONTRA LA CORTE

El Gobierno usa los chats ilegales para ir contra la Corte
Apeló al espionaje clandestino para recusar a sus miembros
Hernán Cappiello
El Gobierno amplió ayer el pedido para apartar a todos los jueces de la Corte Suprema en la causa que obligó a devolverle a la ciudad de Buenos Aires los fondos recortados por la Nación.
Para justificar su pedido, la Casa Rosada apeló a los supuestos chats obtenidos a través del espionaje ilegal del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
El Gobierno amplió el pedido para apartar a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia por “razones de decoro y delicadeza” en la causa en la que decidieron que la administración nacional pague a diario a la Ciudad 1100 millones de pesos de la coparticipación federal. El pedido fue justificado en el inicio del juicio político contra los magistrados en el Congreso y en los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ministro porteño de licencia Marcelo D’Alessandro.
La solicitud lleva la firma del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, la principal espada jurídica de Cristina Kirchner, y pretende que para resolver en este caso los magistrados de la Corte convoquen a conjueces, es decir que se sortee la recusación entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país para que cinco de ellos decidan. Otra alternativa sería que la propia Corte decida rechazar in limine este recurso y seguir avanzando en el trámite del caso.
Esta ampliación de la recusación –adelantada por la nacion el fin de semana– es el preanuncio de un nuevo capítulo de la guerra jurídica con el gobierno porteño, que prepara un recurso para que la Corte haga cumplir al Estado nacional su fallo por el cual debe transferirle todos los días 1100 millones de pesos en concepto de coparticipación federal.
Se trata de una medida cautelar que dictó la Corte en esta causa por la coparticipación federal a fin del año pasado y que fue el disparador del pedido oficial de juicio político contra todos los jueces del máximo tribunal, junto con la difusión de supuestos chats entre D’Alessandro (de licencia) y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti, en los que supuestamente aludían a causas del tribunal.
La última semana del año pasado Zannini había recusado a los jueces de la Corte porque dijo que con la resolución de la medida cautelar adelantaron opinión sobre el fallo que deben dictar sobre el juicio de fondo. Ahora, en cambio, amplió el pedido por los chats y el pedido de juicio político.
En su escrito de 34 carillas, Zannini explicó que “escapa” a su representación la validez probatoria de estos chats, pero dijo que fueron los que motivaron el pedido de enjuiciamiento de los magistrados de la Corte. Se enfocó en particular en Rosatti por su relación con Robles y de quien dijo que “resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”.
“Si los hechos que reflejan los chats referidos fueran ciertos, sería obvio –y esto no requeriría de mayores explicaciones– que el doctor Rosatti no podría tener ya intervención alguna en una causa en la que un alto funcionario judicial de la Vocalía a su cargo habría interactuado de manera impropia con un funcionario político de una de las partes de este litigio”, dijo.
En cuanto al resto de los jueces de la Corte, señaló que están incluidos en el pedido de juicio político que les promovió el Gobierno. Habló de la necesidad de mantener la imparcialidad y de que no deben quedar siquiera apariencias de falta de objetividad. Deslizó que se verificaron lazos de uno de los jueces con una de las partes del juicio. Zannini escribió que “en el caso, los mensajes (“chats”) que trascendieron públicamente generan un fundado temor de parcialidad a partir de la sospecha de que a través del señor Robles la presidencia de la Corte le habría dado recomendaciones acerca de estrategias judiciales a una de las partes de este litigio (la CABA), en la persona del ministro de Justicia y Seguridad, doctor Marcelo D’Alessandro”.
La Corte retomó ayer su actividad y se reunirá la semana próxima en su primer acuerdo.

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