ES HORA QUE LOS PADRES "SE HAGAN CARGO"... TENER HIJOS NO ES SÓLO ENGENDRARLOS

Tomas de escuelas y el rescate del principio de autoridad
Si se ha llegado a la instancia de establecer un protocolo, ha sido como respuesta a la violencia moral, física y material ejercida en tantas usurpaciones

La decisión del gobierno porteño de establecer pautas de acción frente a tomas de escuelas estatales constituye un paso importante para garantizar tanto la integridad física de los estudiantes y de los docentes como los derechos de aprender y de enseñar. Representa también un avance en la consideración, el cuidado y la protección del mobiliario de las escuelas de gestión pública. Pero, fundamentalmente, implica volver a poner el acento en la responsabilidad que cabe a los adultos en estas manifestaciones que el año pasado, por ejemplo, terminaron con denuncias de abusos hacia una adolescente y la destrucción de bienes que son patrimonio de toda la comunidad.
Las nuevas pautas de acción fueron decididas a partir de un dictamen de la Procuración General, el órgano jurídico de la ciudad de Buenos Aires, respecto de las medidas por adoptar para salvaguardar los derechos de los menores de edad, las responsabilidades inherentes a los equipos de conducción de los establecimientos educativos y la corresponsabilidad de las familias de los estudiantes. Básicamente, el protocolo dispone:
Que la autoridad escolar debe comunicar esos hechos al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME, y citar, de forma inmediata, a los padres de los alumnos para que los retiren del establecimiento.
Que se labre un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer la conducción de la escuela y se la eleve a la máxima autoridad de la cartera educativa.
Que se fotografíe el estado del patrimonio escolar al comenzar la medida de fuerza.
Que los rectores que no cumplan con esas obligaciones serán pasibles de sanciones sobre su carrera docente.
Y que los padres que no retiren a sus hijos podrían ser considerados responsables de los daños que se registren en los edificios públicos y ser sometidos a una acción judicial.
Apenas conocidas estas medidas, hubo quejas airadas de parte de algunos especialistas en educación y de padres que ven vulnerado el derecho de los estudiantes a protestar. Nada de eso está vedado en la nueva disposición. De lo que se trata, por el contrario, es de que ese derecho se ejerza en libertad, pero respetando personas y bienes, permitiendo a quienes no participan de las tomas ejercer sus derechos a ser educados y a educar, y hacer responsables a los adultos de las conductas improcedentes de los menores a su cargo.
Si se ha llegado a la instancia de establecer un protocolo ha sido como respuesta a la violencia moral, física y material ejercida durante algunas de las 30 tomas realizadas tan solo en 2017. Desde ya que hubo muchos padres y tutores -la mayoría- que se hicieron cargo de sus hijos o representados, pero hubo otros que aprovecharon la impunidad que da la minoría de edad para canalizar a través de ellos sus propios reclamos político-partidarios. Y no fueron solo padres los que actuaron de manera equivocada. Hubo también educadores que se desentendieron de lo ocurrido y hasta una jueza que prohibió a las autoridades aplicar los procedimientos sancionatorios y disciplinarios establecidos al considerar, en una grosera interpretación de los hechos, que hacerlo era violar el derecho de los adolescentes a la libre expresión y a ser escuchados.
Es sabido que los chicos copian modelos de la sociedad adulta. Hace tiempo ya que en la nuestra muchos debates pretenden ser dirimidos en las calles, por la fuerza, mediante piquetes, amenazas y extorsiones. Ese ejemplo cunde con rapidez en las aulas, máxime si es apañado por adultos irresponsables que aprovechan los reclamos estudiantiles para agitar las aguas de la política.
La importancia de escuchar la opinión de los adolescentes no está en discusión. Pero sus opiniones no pueden ser impuestas. La decisión sobre el futuro de la educación y sobre los planes del sector la toman los adultos responsables de cada área. El personal especializado, con la debida experiencia y apertura al diálogo, es el más capacitado para buscar las mejores herramientas hacia una educación de calidad.
Es necesario que como adultos volvamos la mirada hacia los chicos, enseñándoles a reclamar sin agredir, a pedir sin exigir, a la importancia de expresarse, pero también de escuchar a los demás Y, fundamentalmente, urge restablecer el sano y necesario ejercicio del poder de autoridad que les cabe a los mayores.
Es hipócrita decir que no se quiere criminalizar a los adolescentes cuando está claro que se los criminaliza desprotegiéndolos, alentándolos a transgredir normas, a violentar la ley.
Hace falta una mayor conciencia cívica sobre el derecho de peticionar ante las autoridades. Se necesita que docentes, padres y alumnos vuelvan a formar aquel triángulo virtuoso basado en el respeto mutuo y el trabajo mancomunado que tan buenos resultados nos ha dado en el pasado.
Perturbar el funcionamiento escolar y consentir la usurpación y el daño a bienes públicos nunca será la solución a los problemas que atraviesa nuestro degradado sistema educativo. El colapso de la educación lleva inevitablemente al colapso de una nación.