El calendario argentino marca todos los veranos negociaciones salariales con casos testigo en el gremio bancario (para el sector privado) y los docentes (para el sector público), por lo general igualmente conflictivas -a pesar de la disparidad de ingresos- y mucho más desde que en 2007 la inflación anual volvió a instalarse en dos dígitos. No hay excepción en 2018: el paro bancario del viernes está provocando trastornos para hacerse de efectivo en este fin de semana largo y es más que dudoso el comienzo de las clases el 5 de marzo en dos tercios de las provincias.
Sin embargo, el marco previo a la temporada alta de paritarias en el segundo trimestre va mucho más allá de la habitual tensión económica entre los ajustes salariales, la inflación pasada y la expectativa para este año. El cóctel agrega otros ingredientes de fuerte graduación en el terreno político, judicial y sindical.
Muy pocas veces como ahora quedaron al descubierto enormes fortunas personales de un puñado de gremialistas, apresados por orden judicial para investigar su dudoso origen. También los negocios turbios de empresas vinculadas con Hugo Moyano y la obra social de camioneros, surgidos de datos de la UIF y la AFIP. Sin este mal trago para el líder camionero, habría que preguntarse si hubiera convocado a la marcha del miércoles 21 a Plaza de Mayo para confrontar con la Casa Rosada, con el apoyo de la Ctera de Roberto Baradel, las dos ramas de la CTA y organizaciones sociales, pero sin el de los gremios de colectivos y trenes. De hecho, esta movida precipitó la enésima fractura de la CGT y la consabida división de sus dirigentes entre "duros" y "dialoguistas", ya evidenciada durante la negociación de la descafeinada reforma laboral con el Ministerio de Trabajo y su posterior empantanamiento en el Congreso.
Moyano es uno de los dirigentes con peor imagen en la opinión pública; incluso dentro de la interna sindical, desde que su alianza con Néstor Kirchner le otorgó una virtual patente para alzarse por la fuerza con afiliados de otros gremios. No es extraño que los "gordos" le pasaran factura al darle la espalda a la marcha y deslizaran que tiene el propósito personal de frenar las investigaciones judiciales y, además, salvar de la quiebra a OCA, sponsor del club Independiente. Además, su exabrupto destituyente ("a Macri le queda poco tiempo") le hizo un favor político al Gobierno; lo mismo que su intención de realinearse con Cristina Kirchner después de seis años de distanciamiento y con un peronismo atomizado y sin liderazgo. Cruzarse de mano es otra de sus especialidades.
De todos modos, sería un error suponer que la movilización del 21 F será un fracaso. El dirigente camionero y sus actuales compañeros de ruta buscan capitalizar la pérdida poselectoral de imagen del Gobierno de Mauricio Macri tras el mal manejo político de la reforma previsional y el deterioro de las expectativas económicas, en una sociedad dividida entre apostar a cambios con resultados inciertos o refugiarse en un pasado populista imposible de sostener. Los gremios y dirigentes kirchneristas que apoyan la marcha se ubican claramente en este segundo lote.
Pero en este verano caliente - no sólo por el clima- la Casa Rosada también hizo su aporte al malhumor social. Después de recalcular la meta oficial al 15%, el último relevamiento de expectativas (REM) del Banco Central, arrojó a fines de enero una suba de dos puntos (de 17,4% a 19,4%) en las proyecciones de inflación para este año, que varias consultoras elevan hasta 21/22%. El problema es que el primer cuatrimestre podría cerrar con una suba del IPC cercana a 7% -casi la mitad de la nueva meta-, debido a que el dólar abandonó el letargo de casi todo 2017 y se acumulan en este período aumentos de combustibles, prepagas, celulares, cigarrillos, electricidad, gas, colegios privados y -en el área metropolitana de Buenos Aires-, tarifas de colectivos, trenes, subtes y peajes, atenuados con descuentos. Ese pronóstico supone que en el resto del año la inflación debería desacelerarse a 0,6% mensual para cumplir con el objetivo oficial (pese a que en octubre habrá otros ajustes en luz y gas).
Otro problema es que esa perspectiva coincide con la época en que se concentra el grueso de las paritarias y pone en jaque la intención del Gobierno de fijar una pauta de aumento salarial de 15% (en principio, sin cláusulas de indexación automática) como "ancla" para la inflación futura. Esta será la base de la oferta del gobierno bonaerense -junto con un adicional por "presentismo"- en la paritaria docente convocada tardíamente para el próximo jueves.
Por ahora, el oficialismo apuesta a aprovechar el desprestigio social de Moyano y Baradel, así como la actual división de la dirigencia sindical. Un extremo es el gremio mercantil del eternizado Armando Cavalieri, que acordó con las entidades empresarias ajustes salariales de 2% mensual en enero, febrero y marzo para recuperar la pérdida sufrida con el 20% de 2017, y "tomó nota" del ofrecimiento de una suba de 15% en dos tramos para este año, sin mencionar cláusulas gatillo. O sea, el mismo esquema que busca aplicar la Casa Rosada. En el otro está el gremio bancario, donde su titular Sergio Palazzo ya anunció otro paro para el 19 y 20 de febrero tras considerar "una burla" la oferta de un aumento salarial de 9%. Sin embargo, las cuatro asociaciones de bancos (Adeba, ABA, ABE y Abbapra) replicaron en conjunto que dicho aumento es retroactivo a enero, será ajustado por inflación y ese punto "fue omitido por el sindicato". Pero una clave del conflicto es que los trabajadores no afiliados dejarán de pagar el aporte "solidario" de 1% de sus sueldos a la Asociación Bancaria, que implica más de $500 millones al año y cuya supresión fue avalada por un dictamen oficial.
Tanto entre el sindicalismo "dialoguista" como en el ambiente empresarial se descuenta que si la inflación supera el 15%, en todos los casos habrá negociación y homologación de compensaciones salariales, pese a las confusas señales del Ministerio de Trabajo. La idea sería ahora incluir cláusulas de indexación espaciada o bien de revisión posterior de salarios, siempre que el piso de aumento ronde el 15% o el 16%. Pero las negociaciones serán más complicadas en los sectores donde los ajustes de 2017 se ubicaron en torno o por debajo de 20% frente a la inflación de 24,8%.
Muy pocas veces como ahora quedaron al descubierto enormes fortunas personales de un puñado de gremialistas, apresados por orden judicial para investigar su dudoso origen. También los negocios turbios de empresas vinculadas con Hugo Moyano y la obra social de camioneros, surgidos de datos de la UIF y la AFIP. Sin este mal trago para el líder camionero, habría que preguntarse si hubiera convocado a la marcha del miércoles 21 a Plaza de Mayo para confrontar con la Casa Rosada, con el apoyo de la Ctera de Roberto Baradel, las dos ramas de la CTA y organizaciones sociales, pero sin el de los gremios de colectivos y trenes. De hecho, esta movida precipitó la enésima fractura de la CGT y la consabida división de sus dirigentes entre "duros" y "dialoguistas", ya evidenciada durante la negociación de la descafeinada reforma laboral con el Ministerio de Trabajo y su posterior empantanamiento en el Congreso.
Moyano es uno de los dirigentes con peor imagen en la opinión pública; incluso dentro de la interna sindical, desde que su alianza con Néstor Kirchner le otorgó una virtual patente para alzarse por la fuerza con afiliados de otros gremios. No es extraño que los "gordos" le pasaran factura al darle la espalda a la marcha y deslizaran que tiene el propósito personal de frenar las investigaciones judiciales y, además, salvar de la quiebra a OCA, sponsor del club Independiente. Además, su exabrupto destituyente ("a Macri le queda poco tiempo") le hizo un favor político al Gobierno; lo mismo que su intención de realinearse con Cristina Kirchner después de seis años de distanciamiento y con un peronismo atomizado y sin liderazgo. Cruzarse de mano es otra de sus especialidades.
De todos modos, sería un error suponer que la movilización del 21 F será un fracaso. El dirigente camionero y sus actuales compañeros de ruta buscan capitalizar la pérdida poselectoral de imagen del Gobierno de Mauricio Macri tras el mal manejo político de la reforma previsional y el deterioro de las expectativas económicas, en una sociedad dividida entre apostar a cambios con resultados inciertos o refugiarse en un pasado populista imposible de sostener. Los gremios y dirigentes kirchneristas que apoyan la marcha se ubican claramente en este segundo lote.
Pero en este verano caliente - no sólo por el clima- la Casa Rosada también hizo su aporte al malhumor social. Después de recalcular la meta oficial al 15%, el último relevamiento de expectativas (REM) del Banco Central, arrojó a fines de enero una suba de dos puntos (de 17,4% a 19,4%) en las proyecciones de inflación para este año, que varias consultoras elevan hasta 21/22%. El problema es que el primer cuatrimestre podría cerrar con una suba del IPC cercana a 7% -casi la mitad de la nueva meta-, debido a que el dólar abandonó el letargo de casi todo 2017 y se acumulan en este período aumentos de combustibles, prepagas, celulares, cigarrillos, electricidad, gas, colegios privados y -en el área metropolitana de Buenos Aires-, tarifas de colectivos, trenes, subtes y peajes, atenuados con descuentos. Ese pronóstico supone que en el resto del año la inflación debería desacelerarse a 0,6% mensual para cumplir con el objetivo oficial (pese a que en octubre habrá otros ajustes en luz y gas).
Otro problema es que esa perspectiva coincide con la época en que se concentra el grueso de las paritarias y pone en jaque la intención del Gobierno de fijar una pauta de aumento salarial de 15% (en principio, sin cláusulas de indexación automática) como "ancla" para la inflación futura. Esta será la base de la oferta del gobierno bonaerense -junto con un adicional por "presentismo"- en la paritaria docente convocada tardíamente para el próximo jueves.
Por ahora, el oficialismo apuesta a aprovechar el desprestigio social de Moyano y Baradel, así como la actual división de la dirigencia sindical. Un extremo es el gremio mercantil del eternizado Armando Cavalieri, que acordó con las entidades empresarias ajustes salariales de 2% mensual en enero, febrero y marzo para recuperar la pérdida sufrida con el 20% de 2017, y "tomó nota" del ofrecimiento de una suba de 15% en dos tramos para este año, sin mencionar cláusulas gatillo. O sea, el mismo esquema que busca aplicar la Casa Rosada. En el otro está el gremio bancario, donde su titular Sergio Palazzo ya anunció otro paro para el 19 y 20 de febrero tras considerar "una burla" la oferta de un aumento salarial de 9%. Sin embargo, las cuatro asociaciones de bancos (Adeba, ABA, ABE y Abbapra) replicaron en conjunto que dicho aumento es retroactivo a enero, será ajustado por inflación y ese punto "fue omitido por el sindicato". Pero una clave del conflicto es que los trabajadores no afiliados dejarán de pagar el aporte "solidario" de 1% de sus sueldos a la Asociación Bancaria, que implica más de $500 millones al año y cuya supresión fue avalada por un dictamen oficial.
Tanto entre el sindicalismo "dialoguista" como en el ambiente empresarial se descuenta que si la inflación supera el 15%, en todos los casos habrá negociación y homologación de compensaciones salariales, pese a las confusas señales del Ministerio de Trabajo. La idea sería ahora incluir cláusulas de indexación espaciada o bien de revisión posterior de salarios, siempre que el piso de aumento ronde el 15% o el 16%. Pero las negociaciones serán más complicadas en los sectores donde los ajustes de 2017 se ubicaron en torno o por debajo de 20% frente a la inflación de 24,8%.
Ante la virtual ruptura de la CGT y el enfrentamiento con Moyano, la Casa Rosada optó por reforzar el diálogo con los "gordos", siempre dispuestos a asegurar gobernabilidad a cambio de beneficios que, por lo general, tienden a engrosar la "caja" de sus obras sociales. La estrategia no es muy diferente a la aplicada por el propio Macri como jefe de gobierno porteño, que en ocho años sólo tuvo un conflicto inicial (y rápidamente zanjado) con el gremio que desde hace casi cinco décadas regentea Amadeo Genta.
Pero esta necesidad política aleja la perspectiva de adaptar al siglo XXI convenios colectivos y estatutos legales que no se actualizan desde hace más de 40 años. El politólogo Julio Burdman subraya, en un informe de la consultora Analytica, que si bien los gremios suelen considerarse a sí mismos como "entidades privadas", tienen mucha influencia en la salud, la seguridad social, la legislación laboral y la política económica. Otro tanto podría decirse con respecto a la política educativa (con el Estatuto Docente de 1969) o de transporte de pasajeros y cargas.
La renovación claramente no forma parte del modelo sindical con dirigentes vitalicios o hereditarios, que en muchos gremios están jaqueados por sectores combativos de una izquierda anacrónica que potencia los conflictos y la toma de empresas. De ahí que no pocos empresarios adopten aún la actitud de preferir lo malo conocido aunque signifique mayores costos fijos, antes que a arriesgarse a situaciones impredecibles. La gran novedad es la judicialización de patrimonios o negocios sospechosos de sindicalistas emblemáticos, que hasta hace poco parecían impensables de ver a la luz del día.
N. O. Sc
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